New Approaches to Closing the Fiscal Gap

Abstract

As the COVID‐19 crisis recedes, Latin America and the Caribbean (LAC) is back to work and looking forward. Reported deaths related to the pandemic are low and have plausibly converged to global levels. Yet low vaccination rates in some countries leave them vulnerable to new variants. In most countries, gross domestic product (GDP) and employment have fully recovered their 2019 levels, although forecasted growth rates might be said to be “resiliently mediocre”: banking systems appear sound, and rising debt burdens are manageable so far, but growth is not expected to exceed the low levels of the 2010 decade. Poverty in terms of income (monetary poverty) has largely receded with the economic recovery, but the longer‐term scars of the pandemic in terms of education and health have planted deep seeds of future inequality. Redressing these problems and undertaking the structural reforms needed to reach higher levels of growth and reduce poverty remain central on the policy agenda. The new and unwelcome entrant in the policy space is inflation. While comparable to advanced country levels and well managed by regional monetary authorities, inflation nonetheless is being propelled by forces that may give it more staying power than originally hoped. Finally, public deficits induced by the pandemic and the need to finance critical government programs and directions have opened a fiscal gap and led to constrained fiscal space. The need to close the fiscal gap, put debt on a sustainable footing, and generate fiscal space to finance necessary physical and social investments has led to a search for new revenues and in particular to pressure to increase income taxes. In looking at any tax hike, concerns center on the possible depressive effects on growth, overall progressivity, and possible incentives for informality. This report presents new evidence on these effects for value added taxes (VAT) and income taxes. It also advocates for steps to cut wasteful government spending and increase government efficiency - both to generate substantial resources and as an entry point to a broader agenda of state modernization and generating public trust.

A medida que la crisis de la COVID‐19 se disipa, América Latina y el Caribe (ALC) vuelve a trabajar con la expectativa puesta en el futuro. El número de muertes reportadas relacionadas con la pandemia es bajo y posiblemente haya convergido con los niveles mundiales. No obstante, las reducidas tasas de vacunación observadas en algunos países los dejan a merced de nuevas variantes. En la mayoría de los países, el producto interno bruto (PIB) y el empleo recuperaron los niveles de 2019, aunque las tasas de crecimiento previstas podrían describirse como “resilientemente mediocres”: los sistemas bancarios parecen estar sanos y las cargas de deuda crecientes son manejables por el momento, si bien no se espera que el crecimiento supere el bajo nivel observado en la década de 2010. La pobreza en términos de ingreso (pobreza monetaria) en general retrocedió con la recuperación económica, aunque las secuelas a largo plazo de la pandemia, en términos de educación y salud, plantaron las semillas de la desigualdad futura. Rectificar estos problemas y llevar a cabo las reformas estructurales necesarias para lograr un mayor nivel de crecimiento y reducir la pobreza siguen siendo el núcleo de la agenda de políticas. El nuevo e inesperado jugador en el marco político es la inflación. Si bien la inflación se compara con los niveles observados en los países avanzados y está bien manejada por parte de las autoridades monetarias regionales, aun así está siendo impulsada por fuerzas que podrían hacer que su capacidad de permanencia sea mayor a la prevista. Por último, los déficits públicos inducidos por la pandemia y la necesidad de financiar programas y orientaciones críticas del sector público produjeron una brecha fiscal y llevaron a una reducción del margen fiscal. La necesidad de cerrar la brecha fiscal, colocar la deuda en una trayectoria sostenible y generar espacio fiscal para financiar las inversiones físicas y sociales necesarias derivó en la búsqueda de nuevos ingresos y, de forma particular, en una suba de los impuestos sobre la renta. Al evaluar cualquier incremento de impuestos, las inquietudes se centran en los posibles efectos contractivos sobre el crecimiento, la progresividad general y los posibles incentivos a la informalidad. Este informe presenta evidencia nueva en torno a los efectos del impuesto sobre el valor agregado (IVA) y los impuestos sobre la renta. También aboga a favor de medidas para recortar el malgasto público y elevar la eficiencia del sector público, tanto para generar recursos significativos como para servir de puerta de entrada a una agenda de modernización del Estado y suscitar confianza en la población.