89468 Tendencias del Gobierno Tendencias Corporativo del Gobierno de las Empresas Corporativo Públicas de las Empresas Públicas en América Latina Tendencias y Casos de Países Banco Mundial Julio 2014 Banco Mundial Noviembre 2014 Prácticas Mundiales de Buen Gobierno Unidad de Región de Reducción la Pobreza de América LatinayyGestión el Caribe Económica Unidad del Sector Público Copyright © 2014 Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo/Grupo del Banco Mundial 1818 H St, NW Washington, DC 20433, USA Impreso Agosto 2014 Diseño Gráfico: Viktoria Kirjuchina Aviso Legal: El Banco Mundial no acepta responsabilidad alguna por cualquier consecuencia derivada de su uso o interpretación. El Banco Mundial no garantiza la exactitud de la información incluida en esta publicación y no aceptan responsabilidad alguna por cualquier consecuencia derivada de su uso o interpretación. Los límites, los colores, las denominaciones y demás información contenida en los mapas de este libro no presuponen, por parte del Grupo del Banco Mundial juicio alguno sobre la situación legal de cualquier territorio, ni el reconocimiento o aceptación de dichos límites. Los resultados, interpretaciones y conclusiones expresadas en este libro son en su totalidad de los autores y no deben ser atribuidas en forma alguna al Banco Mundial, a sus organizaciones afiliadas o a los miembros de su Directorio Ejecutivo ni a los países que representan. Informe No.: 89468-LAC Tendencias del Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas en América Latina Tendencias y Casos de Países Banco Mundial Julio 2014 Prácticas Mundiales de Buen Gobierno Región de América Latina y el Caribe IV Agradecimientos Este estudio fue preparado por un equipo del Banco Mundial compuesto por Alexandre Arrobbio (Líder del Equipo del Proyecto), Fanny Weiner (Líder del Equipo del Proyecto), Federico Guala, Alejandra Nuñez, José Garrido Christopher Russel, Rolando Ossowski Santiago Pinto, María Inés Vasquez, Alejandro Guerrero, y Ana Mie Horigoshi Reis. Los pasos iniciales hacia la elaboración de esta publicación surgieron de la inter- acción entre las autoridades del Ministerio de Hacienda de Paraguay y el Banco Mundial durante el período 2009-2011. En particular, esta iniciativa fue parte de la asistencia técnica del Banco Mundial asociada con una serie de reformas implementadas por el Gobierno de Paraguay, las que tenían el objetivo de fortalecer el marco institucional y de gobierno corporativo de la supervisión de las empresas públicas. Como parte de este compromiso, la Unidad de Monitoreo de Empresas Públicas (UMEP) de Paraguay junto con el Banco Mundial organizaron un Taller Técnico sobre Supervisión de las EP en los Países de América Latina y el Caribe, en diciembre de 2011 en Punta del Este, Uruguay. En marzo del 2014, los resultados iniciales fueron presentados en el Encuentro Anual de la Red Latino Americana de Gobierno Corporativo de Empresas Públicas en Buenos Aires, Argentina, lo cual fue co-organizado por la OCDE, CAF y el Banco Mundial. El equipo del Banco Mundial agradece a las siguientes representantes del Go- bierno de Paraguay su colaboración, comentarios y sugerencias: Dionisio Borda (Ex- Ministro de Hacienda Paraguay) y Manuel Caballero (Ex-Vice-Ministro de Economía e Integración de Paraguay), y a Rogelio Cáceres, Patricia González, Elvio Brizuela, Yenny Alfonso, Leticia Antúnez y Francisco Servín. Queremos agradecer a todos los gobiernos participantes, sus respectivos jefes de Unidades de Supervisión y sus equipos por su colaboración; Noel Giacomitti y Cláu- dio Machado (Brasil); Mónica Singer González, Hugo Caneo, Víctor Selman, Eduardo Charme y Augusto Veas Rojas (Chile); Ciceron Fernando Jimenez Rodriguez (Colombia), George Reinoso (República Dominicana); Alma Rosa Moreno (México); Diego Galindo y Elizabeth Lau Chong (Panamá); Titto Almora, Mercedes Auqui y Mario Gonzáles (Perú); Ángel Fernández Álvarez y Natividad Bris Barrio (España); Graciela Pérez Montero, Te- resa Chávez y Germán Benítez (Uruguay). El equipo agradece la valiosa guía y el asesoramiento por Rodrigo A. Chaves, J. Humberto Lopez, Arturo Herrera y Rossana Polastri, y además por Henri Fortin, Rajeev Swami, Kathrin Plangemann, Ruxandra Burdescu, Alberto Leyton, y Marijn Verhoeven. Esta publicación estuvo respaldada por el Ministerio de Hacienda de España a través del Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC). V Agradecimientos Principales Abreviaturas y Acrónimos General (documento conjunto) CDB Banco de Desarrollo de China (China Development Bank) CEO Director Ejecutivo MF1 Ministerio de Finanzas IFRS Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards) OCDE/OECD Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Organization for Economic Co-operation and Development) PIB Producto Interno Bruto EP Empresas Públicas Casos y ejemplos de país Capitulo II.1 | El caso de Brasil BNDES Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) DEST Departamento de Coordinación y Control de Empresas Estatales (Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais) ELETROBRAS Empresa Brasileña de Energía Eléctrica (Centrais Elétricas Brasileiras S.A.) PDG Plan Integral de Gastos (Programa de Dispêndios Globais) PETROBRAS Empresa Brasileña de Petróleo S.A. (Petróleo Brasileiro S.A.) SEST Secretaría de Coordinación de Empresas Públicas (Secretaria de Controle de Empresas Estatais) SIIF Sistema Integrado de Información Financiera (Sistema Integrado de Informação Financeira) Capitulo II.2 | El caso de Chile CODELCO Corporación Nacional de Cobre CORFO Corporación de Fomento de la Producción ENAP Empresa Nacional del Petróleo SAE Sistema Administrador de Empresas SEP Sistema de Empresas Publicas SVS Superintendencia de Valores y Seguros de Chile 1 El acrónimo “MF” se usa en todo el documento para Ministerio/Secretaria de Finanzas/Hacienda, Ministerio/Secretaria de Economía y Finanzas, y Ministerio de Finanzas y Administración Pública. VI Capitulo II.3 | El caso de Colombia CONPES Consejo Nacional de Política Económica y Social DNP Departamento Nacional de Planeación ECOPETROL Empresa Colombiana de Petróleos MCC Empresas de capital mixto OPN Oficina del Presupuesto Nacional Capitulo II.4 | El caso de Paraguay ANDE Administración Nacional de Electricidad ANNP Administración Nacional de Navigación y Puertos CNEP Consejo Nacional de Empresas Públicas COPACO Compañia Paraguaya de Comunicaciones CTI Comisión Técnica Inter-institucional ESSAP Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay INC Industria Nacional del Cemento PETROPAR Petróleos Paraguayos PGN Presupuesto General de la Nación UMEP Unidad de Monitoreo de las Empresas Públicas Capitulo II.5 | El caso de Perú CGR Controladoría General de la República del Perú CORPAC S.A. Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial FONAFE Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado Capitulo II.6 | El caso de España IGAE Intervención General de la Administración del Estado POA Plan Operativo Anual RTVE Radiotelevisión Española SEPI Sociedad Estatal de Participaciones Industriales VII Capitulo II.7 | El caso de Uruguay ANCAP Administración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland ANTEL Administración Nacional de Telecomunicaciones BROU Banco de la República Oriental del Uruguay DEP Departamiento de Empresas Públicas IAS Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards) OPP Oficina de Planeamiento y Presupuesto SIIF Sistema Integrado de Información Financiera TCR Tribunal de Cuentas UTE Administración Nacional de Usinas y Transmisiones Eléctricas Capitulo II.8 | Empresas líderes del estado: El caso de Panama Canal y PEMEX ACP Autoridad del Canal de Panamá CA Consejo de Administración CAED Comité de Auditoria e Evaluación de Desempeño CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos CRE Comisión Reguladora de Energía OIC Órgano Interno de Control PEMEX Petróleos Mexicanos SENER Secretaría de Energía SFP Secretaría de la Función Pública VIII IX X Contenido Resumen Ejecutivo 1 Introducción 7 PARTE I – Tendencias en Gobierno Corporativo de EP en América Latina 12 I.1 | Marco Jurídico 14 I.2 | Función de Propiedad 28 I.3 | Monitoreo de Desempeño 38 I.4 | Procedimientos de los Directorios 50 I.5 | Riesgos Fiscales 60 PARTE II - Casos de Países 72 II.1 | El caso de Brasil 74 II.2 | El caso de Chile 86 II.3 | El caso de Colombia 96 II.4 | El caso de Paraguay 104 II.5 | El caso de Perú 112 II.6 | El caso de Spain 124 II.7 | El caso de Uruguay 134 II.8 | Empresas líderes del estado: Los casos del Canal de Panamá y PEMEX 142 Anexos 154 Referencias Bibliográficas 169 XI XII Resumen Ejecutivo El principal objetivo de este informe es proveer un análisis descriptivo de las prácticas y tendencias vigentes relacionadas con aspectos de gobierno corporativo de las Empresas Públicas (EP) en varios países de América Latina. El informe ofrece a pro- fesionales y funcionarios vinculados con el gobierno corporativo de las EP un conjunto de prácticas y tendencias vigentes en varios países de América Latina, y también aporta experiencias y buenas prácticas internacionales. El informe tiene además la intención de contribuir a la discusión y creciente interés sobre gobierno corporativo de las EP, así como incentivar el desarrollo de futuros trabajos analíticos en esta área. En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el sector de las EP contribuye de forma significativa al PIB y representa una parte importante del gasto público consolidado. Además, en muchos casos, las EP son actores clave y estratégicos de la economía de cada país mediante la provisión de bienes y servicios esenciales, operando frecuentemente con una posición dominante de mercado en sectores críticos como petróleo, electricidad, y transporte, y también suelen operar en mercados más competitivos como servicios financieros, y telecomunicaciones. Las EP están cada vez más presionadas, tanto por los gobiernos de sus respectivos países como por la com- petencia internacional, a operar y lograr sus metas de un modo más eficiente y efectivo. En este contexto, alcanzar prácticas de buen gobierno corporativo resulta crítico para lograr una provisión eficiente de bienes y servicios por parte de las EP, y también para que éstas alcancen sus objetivos de corto, mediano y largo plazo, dentro de un marco fiscal sostenible. Este informe ha sido elaborado en colaboración directa con funcionarios rela- cionados con el sector de las EP de 8 países de América Latina y el Caribe, y España. Se basa fundamentalmente en información financiera y otros datos pertinentes de dichos países correspondientes al período 2010-2013. Cabe mencionar además que como par- te de las tareas de iniciales y de recopilación de datos para la elaboración del informe se contó con la participación de representantes del sector de las EP de Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú, España, y Uruguay que asistieron al Taller Técnico sobre Supervisión de las EP en los Países de América Latina y el Caribe, organizado por la Unidad de Monitoreo de las EP de Paraguay (UMEP) y el Banco Mundial en Diciembre de 2011 en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. La Parte I del informe, denominada “Tendencias del Gobierno Corporativo de las EP en América Latina“ fue elaborada en base a tres temáticas conceptuales complemen- tarias y estrechamente interrelacionadas. En primer término (Capítulo I.1), se ofrece un análisis del marco legal y jurídico bajo el cual se desenvuelven las EP en varios países de la región. En segundo término, se tratan temas específicos de gobierno corporativo, abordando primero la función del Estado como propietario de las EP (Capítulo I.2), y luego la forma en que el Estado ejerce dicha función en dos áreas clave: Monitoreo del Desempeño (Capítulo I.3), y Procedimientos de los Directorios (Capítulo I.4). Final- mente, en tercer término, se abordan temas relacionados a la problemática de Riesgo Fiscal (Capítulo I.5) inherente al desempeño del sector de las EP, primero en cuanto a la identificación de los principales riesgos, y luego a la gestión de los mismos por parte del Estado, incluyendo tareas de supervisión, elaboración de informes financieros, y 1 Resumen Ejecutivo tareas específicas de mitigación de riesgos. Después de presentar el marco conceptual correspondiente a cada uno de estos temas, se lleva a cabo un análisis descriptivo de las prácticas y tendencias vigentes observadas en seis países de América Latina —es- pecíficamente, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay —utilizando como in- formación de base el material presentado en la Parte II y también consultas específicas realizadas por el Banco a representantes del sector de las EP en dichos países. La Parte II del informe, denominada “Casos de País” examina aspectos de go- bierno corporativo de las EP en los seis países de América Latina arriba mencionados, y de forma complementaria, hace lo mismo para el caso de España, y también para los casos de dos empresas emblemáticas por su influencia y tamaño relativo: la petrolera PEMEX de México y el Canal de Panamá. Como fue mencionado, los casos de país han sido elaborados en estrecha colaboración con funcionarios de los respectivos países. Su estructura ofrece en primer término una descripción sintética de la cartera de las EP y una evaluación de su relevancia económica. Luego se analizan aspectos clave del gobierno corporativo de las EP, en base a los principios y directrices formulados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Estos aspectos incluyen la función de propiedad del Estado y la rendición de cuentas, así como temas vinculados a la supervisión del desempeño, la divulgación de información, mecanismos de auditoría, y el rol del directorio de las empresas. Todos los casos concluyen con una breve consideración de los desafíos actuales detectados en cada país en el área de gobierno corporativo de EP. Prácticas y Tendencias de Gobierno Corporativo de las EP en América Latina Marco y organización institucional En general, la organización de la función de propiedad de las EP mantiene sus características propias, dependiendo del país que se considere. El marco institucional y organizacional que determina la función de propiedad de las EP en cada uno de los seis países analizados no responde de forma definida a un esquema típico de orga- nización, ni tampoco pareciera depender del número o tamaño de las empresas, ni de la importancia estratégica del sector de las EP, sino más bien de un conjunto de aspectos históricos, económicos y político-institucionales propios de cada país. De todos modos, fue observado el uso de arreglos institucionales que apuntan gradualmente hacia una mayor centralización. En efecto, exceptuando el caso de Co- lombia, en los otros cinco países analizados se pudo observar un marco organizacional e institucional de propiedad de las EP de tipo híbrido, donde se combinan arreglos insti- tucionales propios del modelo tradicional (descentralizado) con otros del modelo cen- tralizado. Perú y Chile resultaron ser los casos dentro de la muestra de países consid- erada donde la función de propiedad de las EP se lleva a cabo de forma centralizada con más claridad, mientras que en los restantes casos predomina un esquema de propiedad de las EP con protagonismo de los ministerios sectoriales, si bien es preciso destacar esfuerzos hacia el logro de una mayor centralización en la supervisión, sobre todo en Brasil, y más recientemente, en Paraguay. 2 Rendición de cuentas y mecanismos de supervisión Documentos de planificación La formulación del presupuesto anual y su debida aprobación y escrutinio son procesos que se respetan en la gran mayoría de los casos. A pesar de que las EP han lo- grado por diversos motivos una mayor flexibilidad presupuestaria a lo largo del tiempo, éstas deben atenerse por lo general a metas y limitaciones financieras especificadas por la autoridad del gobierno central. Además, en varios de los países considerados, los presupuestos de las EP forman parte del presupuesto nacional, y como tal, están sujetos al escrutinio y aprobación anuales del Congreso. Por otra parte, algunos países han logrado avances importantes en cuanto al desarrollo de un marco para la gestión por desempeño de las EP. Alcanzar un marco sólido y efectivo para la gestión por desempeño de las EP no es un objetivo fácil, debido a diversos factores, algunos de índole estructural —como son la prevalencia de arreglos institucionales “híbridos” de propiedad de las EP y el uso por el momento limitado de herramientas de presupuesto por resultados— y otros más específicos, como la fre- cuente no internalización de conflictos entre objetivos comerciales y no comerciales, el bajo grado de institucionalización de dichos objetivos, o simplemente, por la naturaleza compleja y dinámica de las actividades que suelen llevar a cabo este tipo de empre- sas. Dentro de la muestra de países considerados, Chile, Perú y Paraguay representan las experiencias recientes más sólidas de implementación de contratos de gestión por desempeño entre el gobierno y las EP, aunque cabe señalar que el grado de desarrollo de dichos contratos y los resultados alcanzados en su implementación son disímiles, según el país que se considere. Procedimientos del Directorio y la Gerencia En varios países se han tomado medidas orientadas a otorgar una mayor au- tonomía financiera y poder de decisión al directorio y la gerencia de las EP. No ob- stante, el proceso de toma de decisiones por parte de las empresas continúa estando habitualmente asociado al cumplimiento de objetivos de política específicos del sector y a restricciones financieras establecidas por el gobierno central. Asimismo, se observaron avances concretos en cuanto a la implementación de buenas prácticas relacionadas a juntas de directorio y gerencias de las EP. Dentro de la muestra de seis países de América Latina, fue posible verificar una clara separación entre el directorio y la gerencia de las EP; además, el directorio se encarga por lo gen- eral de elegir a la gerencia de cada empresa. Más aún, en los casos de Chile y Perú, pioneros en la región en cuanto a la implementación de reformas integrales de gobierno corporativo de las EP, se han establecido reglamentaciones que tienden a promover la nominación y designación de directores y gerentes en base a mérito y calificaciones, algo que también sucede en Brasil. Informes Financieros y Auditoría Externa Varios países latinoamericanos están llevando a cabo avances significativos en relación con la armonización de normas aplicables a las EP respecto a divulgación de información y aplicación de normas contables. En la actualidad, los gobiernos suelen contar con información financiera relevante y oportuna de las EP y otros entes descentralizados por medio de modernos sistemas informáticos. En cuanto a normas contables, si bien existen disparidades entre los países considerados, se advierte una tendencia general hacia la aplicación de normas homogéneas para todas las EP, común- mente con exigencias similares a las que se aplican al sector privado, y en los casos más 3 Resumen Ejecutivo avanzados, como por ejemplo en Chile, en consonancia con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La elaboración y remisión de informes financieros anuales por parte de las EP es una práctica habitual en todos los países analizados, y está casi siempre ligada a procedimientos institucionales adecuados para garantizar su cumplimiento y transpar- encia. En algunos casos dichos informes se llevan a cabo con periodicidad trimestral. La administración de cada EP es responsable de presentarle al ministerio de finanzas o ministerio de planificación respectivo, así como a varias entidades de control guberna- mental (internas y externas) un informe financiero y contable anual. En la mayoría de los casos, dicha información está además disponible al público a través de internet. En los casos de Chile y Perú, las respectivas agencias centrales habitualmente consolidan en un informe anual la información de las empresas bajo su supervisión. El SEP en Chile elabora una memoria anual que consolida el desempeño financiero del sector de las EP que supervisa y la envía al Presidente y a ambas Cámaras del Legis- lativo. Por su parte, el FONAFE en Perú utiliza un sistema electrónico de datos que le permite centralizar la entrega de informes financieros de las EP. En todos los países analizados los estados financieros anuales de las EP son auditados por un ente público contralor externo o por una firma especializada del sec- tor privado. En la mayoría de los casos este tipo de auditorías se lleva a cabo por empre- sas especializadas y aplicando estándares de calidad internacional. Como es de prever, dentro de esta tendencia generalizada cada país muestra características específicas. En el caso de Paraguay, por ejemplo, el proceso de auditoría externa al que se someten los estados financieros de las EP ha sido fortalecido notablemente en los últimos años, tras la creación del Consejo de Empresas Públicas (CEP) en 2008; en Uruguay todas las EP son auditadas por el Tribunal de Cuentas de la República, y complementariamente, por empresas auditoras internacionales; en Perú, en cambio, este proceso es llevado a cabo por empresas auditoras del sector privado seleccionadas a través de un proceso de solicitud de propuestas, dirigido por la Contraloría General. También se observó un incipiente grado de desarrollo en la evaluación de riesgo fiscal y pasivos contingentes vinculados a las EP y otros entes públicos relevantes. Esto adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta el importante tamaño relativo del sector de las EP y su función estratégica en la economía de cada país. Los casos de Chile, Colombia y Perú son por el momento los más avanzados y reglamentados en este sentido, y también se han llevado a cabo avances en Brasil a través de un anexo sobre riesgo fiscal que acompaña a la ley anual de presupuesto de ese país. Además, varios países han avanzado recientemente en la mitigación de dichos riesgos a través de la re- ducción de actividades cuasi-fiscales —por ejemplo, introduciendo transferencias pre- supuestarias para cubrir el costo operativo real de las EP, considerando explícitamente sus objetivos comerciales y no comerciales— y también a través del fortalecimiento de diversos procedimientos y sistemas de gobierno corporativo, como se muestra a lo largo del presente informe. 4 Desafíos futuros Todos los países considerados en este informe han logrado avances significa- tivos en el área de gobierno corporativo de sus EP, pero queda todavía por delante un largo camino que recorrer en este sentido. Existe un reconocimiento generalizado entre los países de la región de que la implementación de buenas prácticas de gobierno cor- porativo puede ayudar a que las EP logren sus metas y objetivos de manera más efec- tiva y eficiente, y en consecuencia, varias medidas de reforma se han llevado a cabo en los últimos años orientadas a fortalecer dichas prácticas. Sin embargo, existen también varios desafíos por delante: • Fortalecer —en algunos casos— el marco legal-institucional que define la función del Estado como propietario de las EP. • Continuar implementando medidas que promuevan una mayor independencia y profesionalismo en el directorio y la gerencia de las empresas; • Elevar los estándares de los informes financieros hasta alcanzar el nivel de prácticas aceptadas internacionalmente; • Continuar implementando medidas que apunten al desarrollo de un sólido y efectivo “marco para la gestión por desempeño”; • Continuar avanzando en la identificación, evaluación, y gestión de riesgo fiscal asociado al sector de las EP, así como en la elaboración y publicación de informes pertinentes. 5 Resumen Ejecutivo 6 Introducción 1. A pesar de los profundos cambios estructurales que ha experimentado en las últimas décadas, el sector de las empresas públicas (EP) continúa cumpliendo una fun- ción importante y estratégica en la mayoría de los países de América Latina. Las EP siguen siendo agentes importantes en lo que concierne al gasto público y a la gestión de bienes públicos en muchos países. Además contribuyen de manera significativa a la prestación de servicios públicos y comerciales para los ciudadanos. En consecuencia, están cada vez más presionadas, tanto por los votantes nacionales como por la com- petencia internacional, para operar y lograr sus objetivos de la manera más eficiente y efectiva. En este contexto, buenas prácticas de gobierno corporativo son fundamen- tales para asegurar que las EP presten servicios eficientes, garantizar que las empresas adhieran al principio de disciplina fiscal, y contribuir a que alcancen sus objetivos estra- tégicos de corto, mediano y largo plazo, dentro de un marco fiscal sostenible. 2. Las EP enfrentan varios desafíos, y la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo se considera un aspecto clave para mejorar su desempeño gen- eral. Algunos de los desafíos más importantes generalmente están relacionados con la eficiencia y la efectividad en la prestación de servicios. Otros están vinculados con la gestión de riesgos fiscales asociados a la operación de las EP. Existe consenso en cuanto a que el grado de éxito que un país puede alcanzar al afrontar estos desafíos y, por lo tanto, en la mejora del desempeño general de sus EP, está vinculado con el marco jurídico y normativo asociado a dichas empresas. 3. En este contexto, este informe tiene como objetivo proporcionar una visión general de las prácticas y tendencias de gobierno corporativo de las EP observadas en varios países de América Latina. Mediante la descripción y comparación de las prácticas y tendencias de gobierno corporativo de las EP que se aplican en diferentes países de América Latina, este informe brinda una base para la identificación de prácticas que han demostrado ser exitosas en la región, así como para la detección de los principales desafíos y las oportunidades de mejora. Alcance y metodología 4. El principal objetivo de este informe es proveer un análisis descriptivo de las prácticas y tendencias vigentes relacionadas con aspectos de gobierno corporativo de las Empresas Públicas (EP) en varios países de América Latina. El informe ofrece a pro- fesionales y funcionarios vinculados con el gobierno corporativo de las EP un conjunto de prácticas y tendencias vigentes en varios países de América Latina, y también aporta experiencias y buenas prácticas internacionales. El informe tiene además la intención de contribuir a la discusión y creciente interés sobre gobierno corporativo de las EP, así como incentivar el desarrollo de futuros trabajos analíticos en esta área. 5. A los efectos del presente informe, el sector de las EP de cada país com- prende fundamentalmente a aquellas empresas que llevan a cabo actividades de tipo comercial, y donde el gobierno central es propietario de al menos el 20 por ciento de su capital accionario. Los casos excepcionales donde se consideran empresas con partici- pación estatal inferior, o sin fines de lucro, son aclarados oportunamente. Por otro lado, 7 Introducción las EP que son propiedad de gobiernos subnacionales, si bien también pueden ejercer un rol económico y social muy importante en algunos países, sobre todo en aquellos que están organizados jurídicamente como Federaciones, no han sido incluidas. 6. Este informe ha sido elaborado en colaboración directa con funcionarios re- lacionados con el sector de las EP de ocho países de América Latina y el Caribe, y Es- paña. Se basa fundamentalmente en información financiera y otros datos pertinentes de dichos países correspondientes al período 2010-13. Cabe mencionar además que como parte de las tareas de iniciales y de recopilación de datos para la elaboración del informe se contó con la participación de representantes del sector de las EP de Bra- sil, Chile, Colombia, República Dominicana, México, Panamá, Paraguay, Perú, España, y Uruguay que asistieron al Taller Técnico sobre Supervisión de las EP en los Países de América Latina y el Caribe, organizado por la Unidad de Monitoreo de las EP de Para- guay (UMEP) y el Banco Mundial en diciembre de 2011 en la ciudad de Punta del Este, Uruguay. 7. Este informe consta de dos partes. La primera parte, Tendencias del Gobierno Corporativo de las EP en América Latina, fue elaborada sobre la base de tres temas conceptuales estrechamente interrelacionados. En primer término (Capítulo I.1), se of- rece un análisis del marco legal y jurídico bajo el cual se desenvuelven las EP en varios países de la región. En segundo término, se tratan temas específicos de gobierno cor- porativo, abordando primero la función del Estado como propietario de las EP (Capí- tulo I.2), y luego la forma en que el Estado ejerce dicha función en dos áreas clave: Monitoreo del Desempeño (Capítulo I.3), y Procedimientos de los Directorio (Capítulo I.4). Finalmente, en tercer término, se abordan temas relacionados a la problemática de Riesgo Fiscal (Capítulo I.5) inherente al desempeño del sector de las EP, en distintos países de la región y otras partes del mundo, primero en cuanto a la identificación de los principales riesgos, y luego a la gestión de los mismos por parte del Estado, incluyendo tareas de supervisión, elaboración de informes financieros, y tareas específicas de mit- igación de riesgos. Después de presentar el marco conceptual correspondiente a cada uno de estos temas, se lleva a cabo un análisis descriptivo de las prácticas y tendencias vigentes observadas en seis países de América Latina —específicamente, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay —utilizando como información de base el material presentado en la Parte II y también consultas específicas realizadas por el Banco a rep- resentantes del sector de las EP en dichos países. 8. En la segunda parte del informe, denominada Casos de Países, se examinan aspectos del gobierno corporativo de las EP en los seis países de América Latina men- cionados arriba y, de forma complementaria el caso de España y de dos EP emblemáti- cas por su influencia y tamaño relativo: la empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el Canal de Panamá. Como se mencionó anteriormente, los casos de países fueron elab- orados en estrecha consulta con funcionarios públicos del sector de las EP, e incluyen a Brasil (Capítulo II.1), Chile (Capítulo II.2), Colombia (Capítulo II.3), Paraguay (Capí- tulo II.4), Perú (Capítulo II.5), España (Capítulo II.6) y Uruguay (Capítulo II.7). Los casos trascendentes de PEMEX y el Canal de Panamá se presentan en el Capítulo II.8. Los ca- sos de países utilizan una estructura común: en primer lugar, se ofrece una descripción sintética de la cartera de las EP del país y una evaluación de la relevancia económica del sector; luego, se analizan los aspectos clave del gobierno corporativo de las EP, sobre la base de las directrices y los principios formulados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)2, incluyendo: la propiedad estatal, la 2 OECD, 2005. 8 supervisión y la rendición de cuentas, el seguimiento del desempeño, la divulgación de información, los mecanismos de auditoría y la función del directorio. Todos los capítulos concluyen con una breve consideración sobre los desafíos actuales en materia de gobi- erno corporativo que enfrenta el sector de las EP de cada país. Los principios centrales del gobierno corporativo 9. Los pilares principales del gobierno corporativo de las EP, según se definen en las directrices de la OCDE, han proporcionado los fundamentos conceptuales para la elaboración de este informe. (véase el recuadro I.1). Estas directrices incluyen un marco jurídico y normativo eficaz; la función de propiedad y los mecanismos de supervisión; la divulgación de información y transparencia, y la función del directorio. Las directrices de la OCDE proporcionan un parámetro de orientación a los gobiernos para mejorar el desempeño de sus EP. Recuadro I.1 Los principios centrales del gobierno corporativo Fuente: OCDE, 2005 I. Garantizar un marco jurídico y regulatorio efectivo para las EP. El marco jurídico y regulatorio de las empresas públicas debería garantizar la igualdad de condiciones en los mercados en los que compiten las empresas del sector público y las empresas del sector privado, con el fin de evitar dis- torsiones de mercado. El marco debería basarse y ser plenamente compati- ble con los Principios de la OCDE sobre gobierno corporativo. II. El papel del Estado como propietario (función de propiedad). El Estado debería actuar como un propietario informado y activo, y establecer una política de propiedad clara y consistente, garantizando que el gobierno corporativo de las empresas públicas se realiza de forma transparente y res- ponsable, con el nivel necesario de profesionalismo y efectividad. III. Transparencia y divulgación. Las empresas públicas deberían mantener un elevado nivel de transparencia de conformidad con los Princi- pios de la OCDE sobre gobierno corporativo. Estos incluyen, en particular, lo siguiente: la publicación de un informe agregado anual sobre las EP por entidad propietaria; el desarrollo de procedimientos de auditoría interna de las EP, monitoreados por el directorio y el comité de auditoría u órgano societario equivalente; auditorías externas anuales independientes y basa- das en estándares internacionales; los mismos estándares de contabilidad y auditoría de alta calidad para las EP y las empresas que cotizan en bolsa, y la divulgación de la información importante descrita en los Principios de la OCDE sobre gobierno corporativo. 9 Introducción IV. Las responsabilidades de los directorios de empresas públicas. Los directorios de las empresas públicas deberían contar con la suficiente autoridad, competencia y objetividad para realizar su función de guía estra- tégica y supervisión de la administración. Deberían actuar con integridad y asumir la responsabilidad por sus acciones. 10. El marco jurídico y regulatorio de las EP debería garantizar la igualdad de condiciones para las empresas del sector público y las empresas del sector privado. Para ello, el Estado debe: separar claramente su función de propiedad de las demás funciones que cumple; ejercer activamente su función de propiedad con respecto a la definición de los objetivos de las empresas y a su implementación, y a la vez, limitar cuidadosamente su participación en la gestión diaria de las EP; otorgar facultades a los directorios de las EP para que administren sus empresas de forma independiente y sin interferencia política; garantizar el trato equitativo para sus accionistas, incluidos los accionistas minoritarios, y crear mecanismos para facilitar la rendición de cuentas y la divulgación pública de la información sobre el desempeño financiero y no financiero de sus empresas. Los aspectos jurídicos de las EP se abordan en el Capítulo I.1. 11. La organización de la supervisión de las EP puede clasificarse según tres modelos que caracterizan al Estado como propietario: descentralizado, centralizado y dual. La función de propiedad del Estado se aborda en el Capítulo I.2, y también en todos los casos de países. En las situaciones de propiedad dual, la supervisión de las EP es llevada a cabo, en parte, por los ministerios sectoriales u otras unidades del gobierno y, en parte, por el Ministerio de Hacienda, aunque en estrecha coordinación entre ambos. En el caso de una propiedad centralizada, la función de supervisión es responsabilidad de una agencia central o un “holding” de empresas. En el modelo descentralizado, cada ministerio sectorial asume la responsabilidad por las EP que le corresponden. Si bien el modelo descentralizado prevaleció hasta la década de 1980, la tendencia actual apunta hacia una adopción de prácticas relacionadas con el modelo centralizado. 12. La transparencia y la divulgación de información incluyen la presentación de informes sobre el desempeño y la situación financiera de la EP a la entidad propietaria y al público en general a través de varios mecanismos. Estos mecanismos se dividen en informes ex ante, ex post y consolidados, los cuales se analizan tanto en la primera como en la segunda parte del informe. La información ex post incluye principalmente la fijación de objetivos para el desempeño de una EP en un período futuro, mientras que la información ex post incluye cuentas y estados financieros y de desempeño elabora- dos por la EP. En aquellos casos en los que existe un informe consolidado sobre las EP, éste generalmente se presenta de forma anual y habitualmente es elaborado por una entidad centralizada o una entidad de auditoría del gobierno. Este tipo de informes consolidados tienen como objetivo informar tanto al Poder Legislativo como al público en general. La transparencia del trabajo de las EP depende no sólo de la divulgación de tales documentos, sino también de la calidad del contenido, su pertinencia y la puntu- alidad de su divulgación. 13. La publicación anual de auditorías externas de los estados financieros de las EP también se considera un factor esencial para el buen gobierno corporativo de las EP. Las auditorías financieras son fundamentales para asegurar a la entidad que ejerce la propiedad, y al público, que los estados financieros de las EP presentan adecuada- 10 mente su situación financiera y su desempeño. La implementación y la publicación de auditorías financieras representan un elemento importante de la rendición de cuentas. Existen otros temas relacionados con la calidad del proceso de las auditorías externas de las EP incluyen: la selección del auditor, ya que se tiende cada vez más a utilizar empresas de auditoría externas independientes; la adopción de reglas que garanticen la independencia del auditor; la función de la Institución Suprema de Auditoría, y la existencia de comités de auditoría en los directorios de las EP. Una síntesis sobre las prácticas en varios países de América Latina en relación con estos temas se encuentra en el Capítulo I.5 (Riesgo Fiscal) y en la segunda parte del informe (Casos de Países). 14. El cumplimiento de las responsabilidades del directorio de una EP puede ilustrarse mediante un ejemplo hipotético de un banco de tres patas. Una pata rep- resenta al propietario, la segunda pata al directorio, y la tercera pata a la gerencia. Al igual que ocurre con un banco de tres patas, si una de sus patas es muy corta —o muy “débil”, en esta analogía— o muy larga —o muy “fuerte”, el banco no tendrá estabilidad y caerá. De acuerdo con este enfoque, las directrices de la OCDE sugieren que un buen modelo de gobierno corporativo para las EP debería incluir una estructura de gobierno corporativo compuesta por tres niveles diferenciados, cada uno con una función especí- fica: (i) la función de propiedad del Estado, que es responsable de definir la política de propiedad y los objetivos de alto nivel para las EP; (ii) un directorio al cual el Estado le asigne la responsabilidad de supervisar la elaboración de una estrategia para alcanzar los objetivos que éste último ha fijado, y realizar el seguimiento de los avances, y (iii) la gerencia ejecutiva, responsable de las tareas operativas de acuerdo con la estrategia propuesta, y que debe rendir cuentas al directorio acerca de la implementación de dicha estrategia. En el Capítulo I.4 y en los casos de países, se ofrecen consideraciones acerca de la función de los directorios y las gerencias de las EP, y se incluye evidencia empírica de varios países de América Latina.  11 Introducción PARTE I Tendencias en Gobierno Corporativo de EP en América Latina Marco Jurídico I.1 I.1.1 Regímenes Jurídicos Aplicables al Gobierno Corporativo de las EP 15. Existen dos modelos principales de gobierno corporativo a los cuales se ajusta el manejo de las empresas. Existen dos modelos de gobierno corporativo apli- cables a las empresas de propiedad privada y de las empresas públicas que cotizan en bolsas de valores. Uno de los modelos está basado en normas de cumplimiento estricto mientras que el otro se basa en principios de adopción voluntaria. El primero consiste en leyes mercantiles y reglamentos de cumplimiento estricto que imponen requisitos de transparencia en la divulgación de información financiera y no financiera de las em- presas. Bajo el segundo, conocido también como “cumplir o explicar”, las empresas adoptan voluntariamente un código de gobierno corporativo cuyas recomendaciones exceden lo dispuesto en la legislación mercantil. La regulación administrativa requiere a las empresas que adoptan estos códigos para reportar su cumplimiento a los organis- mos reguladores financieros .3 3 Bernal et al., 2012. 14 Recuadro I.2. Modelos de Gobierno Corporativo Fuentes: Bernal et al, 2012; Colombia Capital, 2009 Existen dos modelos de gobierno corporativo aplicables a las empresas de propiedad privada y a las empresas públicas que cotizan en bolsas de valo- res: Modelo de cumplimiento estricto: Un ejemplo del modelo de gobierno corpo- rativo de cumplimiento estricto es el sistema jurídico de los Estados Unidos, que cuenta con leyes federales como la Sarbanes-Oxley Act de 2002 y la Do- dd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010; reglamen- tos expedidos por la Securities and Exchange Commission, las bolsas de va- lores y otros órganos reguladores; y la legislación mercantil de cada Estado. Modelo “cumpla o explique”: Un ejemplo del modelo “cumpla o explique” es la adopción del Código de Mejores Prácticas Corporativas o “Código País” colombiano, que establece estándares con respecto a la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, revelación de información financiera y no financiera, y resolución de controversias. Las sociedades colombianas ins- critas o con valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores deben remitir a la Superintendencia Financiera la Encuesta de Mejores Prác- ticas Corporativas basada en el Código, mediante la cual pueden explicar al mercado el por qué no se ha implementado un determinado estándar o se han adoptado medidas distintas a las recomendadas. 16. El modelo “cumplir o explicar” presenta ventajas claras para la gestión de las empresas públicas. La flexibilidad del modelo “cumplir o explicar” permite a las EP adaptar la aplicación de las buenas prácticas de gobierno corporativo de acuerdo con múltiples objetivos comerciales y de política pública que, bajo ciertas circunstancias, pueden ser incompatibles4. El mismo puede aplicarse a la gestión de todas las EP, en el sentido de la adopción voluntaria de estándares que exceden los requisitos mínimos establecidos en la legislación y la vigilancia de su implementación por la entidad que ejerce los derechos de propiedad del Estado. En Perú, por ejemplo, el FONAFE expidió un Código Marco de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo su ámbito, que establece los estándares mínimos para el desarrollo de códigos de buen gobierno y un plan de acción para su implementación por parte de cada empresa5. A nivel de EP específicas, la empresa colombiana de petróleo ECOPETROL emitió la “Declaración de la Nación en su calidad de Accionista Mayoritario”, que aborda temas como la toma de decisiones especiales por parte de la asamblea de accionistas y la participación de los accionistas minoritarios en la junta directiva6 . 4 Ib. 5 Corporación FONAFE, Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, Marzo 2013. 6 ECOPETROL, Declaración de la Nación en su calidad de Accionista Mayoritario de 26 de julio de 2007. 15 Marco Jurídico 17. Las EP tienen formas jurídicas corporativas diversas, que varían dependi- endo del momento de su creación, la entidad que ejerce la propiedad de las mismas, su posición en la administración y su objeto. Por lo general las EP son entidades separadas de la administración pública, y dependiendo del ordenamiento jurídico que les es apli- cable tienen personalidad jurídica de derecho público o de derecho privado. Cada país define sus tipos de empresas públicas de modo distinto, usando criterios diversos, in- cluyendo la participación en el capital social, el control efectivo y el objeto de la empresa, entre otros. Recuadro I.3. Definiciones de empresa pública en algunos países de América Latina Fuentes: Elaboración propia, con colaboración de funcionarios del sector de las EP de los respectivos países, y en base a legislación y normas vigentes. Existe una variedad de definiciones de empresa pública, de acuerdo con cri- terios diversos, como la participación en el capital social, el control efectivo y el objeto de la empresa, entre otros: Brasil: La legislación brasileña prevé dos tipos de EP: las empresas públi- cas y las sociedades de economía mixta. Ambas figuras deben constituirse como personas jurídicas de derecho privado. En las primeras, el Estado tiene la propiedad absoluta, y pueden tomar cualquier forma corporativa prevista en la ley mercantil. En las segundas, el Estado es propietario de más de la mitad de las acciones con derecho a voto, y deben por ley tomar la forma de sociedades anónimas. Un ejemplo de empresa pública es el Banco Nacional de Desarrollo Económico (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES). Ejemplos de sociedades de economía mixta son el Banco de Brasil, PETROBRAS y ELETROBRAS. Chile: La ley chilena contempla las empresas públicas creadas por ley, sin establecer una tipología específica. La ley dispone que todas las EP creadas por ley forman parte de la Administración Pública, junto con los Ministerios, las Intendencias, las Gobernaciones y los órganos y servicios públicos crea- dos para el cumplimiento de la función administrativa. Ejemplos de empre- sas públicas creadas por ley son la empresa minera Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y Correos. Además existen sociedades anónimas de las cuales el Estado de Chile es el único accionista o accionista mayoritario que si bien no son creadas por ley, requieren de una habilitación legal previa para su constitución (por ejemplo, Metro S.A.) Estas sociedades se rigen por la legislación común aplicable a las sociedades anónimas inscritas en bolsa. 16 Paraguay: En Paraguay las EP son de dos tipos: empresas públicas y socieda- des anónimas con participación accionaria del Estado. Ejemplos de empresas públicas son la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Industria Nacional del Cemento (INC) y Petróleos Paraguayos (PETROPAR). Cada una de estas empresas ha sido creada a través de sus respectivas cartas orgá- nicas, en donde las empresas son definidas como institución autónoma con personería jurídica propia y se establece el objeto de su creación. Ejemplos de sociedades anónimas con participación accionaria del Estado son Com- pañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO), y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP). 18. Las EP que han adoptado la forma de sociedad anónima se regulan por el derecho mercantil. En general, las EP que han adoptado formas jurídicas de derecho privado, como las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comercia- les del Estado en Colombia, y las sociedades de economía mixta en Brasil, se rigen por el derecho mercantil7, especialmente en cuanto a su procedimiento de creación, estructura y responsabilidades del directorio, derechos de los accionistas, requisitos de divulgación de información financiera y no financiera, y procedimientos de disolución. Las empresas que colocan instrumentos en bolsas de valores nacionales e internacionales también es- tán reguladas por las normas expedidas por las Comisiones de Valores respectivas. Por ejemplo, PETROBRAS está sujeta a la normativa de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil8 y a las disposiciones de la Sarbanes-Oxley Act y las reglas de la Securities and Ex- change Commission de los Estados Unidos. Las sociedades de derecho privado también están sujetas a normas de derecho público, por ejemplo, de las leyes de presupuestos y fiscalización, contrataciones públicas, y de procedimiento administrativo para impugnar actos de carácter general que estas emitan. 19. Las EP que han adoptado formas jurídicas de derecho público se regulan por el derecho administrativo. Las EP con forma jurídica de derecho público se regulan generalmente bajo una ley de carácter general que estructura la Administración Pública o por una ley de EP, que prevé sus objetivos y regula su constitución, funcionamiento, control y evaluación. Por ejemplo, en muchos países las grandes EP que operan en secto- res clave para las economías nacionales, por ejemplo la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), PEMEX y la Autoridad del Canal de Panamá se rigen por sus leyes de creación o leyes orgánicas específicas. Las empresas de derecho público también están sujetas a las leyes administrativas de responsabilidades y leyes de presupuesto y fiscalización de la actividad pública, entre otros ordenamientos. 7 Decreto-Ley no. 200, de 25 de febrero de 1967, por el cual se prevé la organización de la administración federal, se establecen directrices para la reforma administrativa y otras disposiciones, Art. 5; Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones, Art. 85. 8 Ley no. 6.404 de 15 de diciembre de 1976, sobre Sociedades por Acciones, Art. 235. 17 Marco Jurídico Recuadro I.4. Ejemplos de leyes administrativas aplicables a Empresas Públicas en América Latina Fuente: Elaboración propia en base a legislaciones aplicables. Colombia: En Colombia las empresas oficiales de servicios públicos domici- liarios se regulan por la Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. Ecuador: En Ecuador las EP se regulan por la recientemente expedida Ley Orgánica de Empresas Públicas. México: En México los organismos descentralizados y las empresas de parti- cipación estatal mayoritaria están regulados por dos ordenamientos; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Uruguay: En Uruguay, la creación de entes autónomos y servicios descen- tralizados, la designación y destitución de sus directores, los requisitos de divulgación de información financiera y la impugnación de sus decisiones es- tán previstos en la propia Constitución de la República Oriental del Uruguay, Artículos 185-201. En varios países las grandes EP que operan en sectores clave se rigen por sus propias leyes. Corporación Nacional del Cobre (CODELCO): Las normas relacionadas con el gobierno corporativo de CODELCO se encuentran contenidas en la Ley No. 20.392, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre. Petróleos Mexicanos (PEMEX): PEMEX se regula por la Ley de Petróleos Mexicanos. Autoridad del Canal de Panamá: La Autoridad del Canal de Panamá se rige por la Ley No. 19 de 11 de junio de 1997 por la que se organiza la Autoridad del Canal de Panamá. 20. En algunos casos las leyes administrativas exigen la aplicación supletoria del derecho mercantil. En Perú, por ejemplo, la protección de accionistas minoritarios y la distribución de dividendos en las empresas del Estado se rigen por la Ley General de 18 Sociedades9. En Chile, por su parte, las reglas de derecho mercantil sobre conflictos de intereses imposibilitan a los miembros del Consejo de Administración de CODELCO para votar en decisiones en las que tengan interés10. 21. Por otra parte, la aplicación de la normativa sobre el mercado de valores im- plica estándares más robustos de transparencia y divulgación de información. En América Latina, importantes EP como ECOPETROL, CODELCO y SEDAPAL cotizan sus acciones en mercados de valores locales, y cuentan con la participación minoritaria de accionistas privados generada por medio de ofertas públicas iniciales nacionales11. La posibilidad de financiamiento por medio de valores posibilita la aplicación de un marco normativo que permite a las EP competir con el sector privado y que establece estándares más robustos de divulgación de información financiera y no financiera. Sin embargo, la sujeción de las empresas públicas a las normas de derecho privado no es suficiente para aislarlas de las presiones políticas que en muchas ocasiones enfrentan. Lo anterior requiere reglas claras que definan el papel del Estado y el gobierno corporativo de las empresas. 22. La OCDE y la CAF han formulado directrices que proporcionan orientación para reformar las leyes aplicables a las EP a fin de incrementar su eficiencia y transparen- cia en sus operaciones. Según las Directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las EPs y los Lineamientos para el Buen Gobierno Corporativo de las Empresas del Estado de la CAF, los marcos jurídicos de las EP deben tender a lograr lo siguiente: prim- ero, la separación del papel del Estado como propietario de otras funciones que el mismo desempeña; segundo, el ejercicio activo de la función de propiedad por parte del Estado, especialmente en cuanto a la definición de objetivos y mecanismos para implementarlos; tercero, el otorgamiento de facultades a los directorios de las EP para gestionar sus em- presas de manera independiente y sin injerencias políticas, y cuarto, la creación de me- canismos para facilitar la rendición de cuentas y la divulgación al público de información sobre el desempeño financiero y no financiero de las empresas. Marco jurídico y ejercicio de los derechos de propiedad de I.1.2 las EP por parte del Estado: tendencias recientes en América Latina 23. En varios países de América Latina se pudo observar el uso de leyes gene- rales (o leyes marco) que regulan la creación y funcionamiento de las EP. En Brasil, por ejemplo, el Decreto-Ley 200 de 1967 establece la definición de las EP —empresa pública y sociedad de economía mixta— y dispone que ambas figuras deben regularse por el derecho privado. En forma similar, la Ley 489 de 1998 en Colombia y la Ley 27170 que crea el FONAFE en Perú establecen un marco jurídico general para las EP de esos países, re- spectivamente.12 En cambio, en otros países como Chile, Uruguay y Paraguay, la creación de las EP está prevista directamente en sus respectivos textos Constitucionales, lo cual 9 Decreto Legislativo No. 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado. 10 Ley No. 20.392, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO). 11 Núñez et al., 2012. 12 En el caso de Perú, además, y según se regula en el Decreto Legislativo N° 1031, las EP se rigen por las normas de la actividad empresarial del Estado y de los sistemas administrativos del Estado, en cuanto sean aplicables, y supleto- riamente, por las normas que rigen la actividad empresarial privada, principalmente por la Ley General de Sociedades y el Código Civil. 19 Marco Jurídico implica un nivel mayor de generalización al respecto, y el uso frecuente de leyes específi- cas asociadas a las distintas empresas. 13 24. Sin perjuicio de lo anterior, en la mayoría de los países de la región existen leyes específicas o sectoriales (de índole comercial o administrativa) que crean y regulan el funcionamiento de las EP, sobre todo en el caso de grandes empresas que operan en sectores estratégicos. La Ley 5662 de 1971 que crea el BNDES en Brasil y el caso de ELEC- TROPERU que responde a la ley general de electricidad en Perú son ejemplos en este sen- tido. Por su parte, en Paraguay, ante la ausencia de una ley marco, las empresas públicas se rigen de acuerdo a sus cartas orgánicas, mientras que las sociedades anónimas con participación accionaria del Estado lo hacen de acuerdo a leyes específicas y sus estatu- tos. Similarmente, en Chile las EP más importantes son creadas por leyes específicas que además establecen su régimen jurídico. Existe además en este país un grupo de socie- dades comerciales donde el Estado es dueño mayoritario o total de las acciones, que se rigen por la ley de sociedades anónimas, de aplicación general a las empresas privadas. 25. El ejercicio efectivo de los derechos de propiedad del Estado requiere que el mismo establezca los límites de su participación en la gestión cotidiana de las EP. El gobierno debe evitar su injerencia en la gestión cotidiana de las EP más allá del ejercicio de sus derechos de propiedad, lo cual requiere delinear los límites de la participación del Estado en el manejo de sus EP. Lo anterior es importante porque, en muchos casos, la función de propiedad del Estado en sus EP es difusa, recayendo en distintos ministerios. Para tal efecto, el marco jurídico en varios países de América Latina garantiza la igualdad de condiciones para las empresas de propiedad pública y privada, así como condiciones competitivas para el acceso al financiamiento. La ley también define claramente las re- sponsabilidades mínimas del Estado como accionista. 26. La legislación debe procurar que no se establezcan ventajas competitivas para las EP sobre las empresas del sector privado. La legislación no debe otorgar ventajas a las EP sobre las empresas del sector privado, ni tampoco debe establecer excepciones de la aplicación de leyes sobre ayudas públicas que limiten la libre competencia14. En Brasil, la Ley de la Administración Pública Federal dispone que las EP y las sociedades de economía mixta deben estar sujetas a las mismas condiciones de operación que las empresas del sector privado, con la única diferencia que las primeras están sujetas a la supervisión del ministerio del sector15. Sin embargo, en varios países de América Latina algunas EP continúan siendo asistidas mediante subsidios y exenciones derivados de la aplicación de leyes fiscales16. 27. La ley también debe especificar las responsabilidades del Estado como ac- cionista. Las responsabilidades mínimas del Estado como accionista comprenden, como mínimo, estar representado en las juntas generales de accionistas y votar sus acciones, participar en la nominación de los directorios y mantener un diálogo continuo con los ór- ganos de control17. Los países en los cuales se aplican las normas de derecho mercantil a la gestión interna de las EP, como Chile, requieren a la entidad que ejerce los derechos de 13 Existen además en varios casos leyes que afectan de un modo u otro al sector de las EP. En Uruguay, por ejemplo, a partir de 1991 el Parlamento autorizó a las EP a asociarse en forma temporal o permanente, con otras EP o empresas privadas nacionales o extranjeras, con autorización previa del Poder Ejecutivo. De este modo, los regímenes de orga- nización jurídica son múltiples, y van desde los típicos de derecho público hasta aquellos donde se aplica el derecho privado, pasando por una amplia gama de situaciones intermedias. En Paraguay, por su parte, se ha promulgado recientemente la Ley 5058/2013 que crea el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), entidad que centraliza la supervisión y control de las EP. 14 OECD 2005 15 Decreto-Ley no. 200, de 25 de febrero de 1967, por el cual se prevé la organización de la Administración Federal, se establecen directrices para la Reforma Administrativa y otras disposiciones, Art. 178. 16 Andrés et al., 2011 17 OECD, 2005 20 propiedad, sea el ministerio de finanzas o del ramo, o la entidad coordinadora, participar en las juntas de accionistas en representación del Estado18. 28. Las EP deben mantener un elevado nivel de transparencia con respecto a la evaluación de su gestión. Esto implica principalmente la aplicación de estándares de con- tabilidad y auditoría y la elaboración de informes sobre el desempeño de estas empresas. En América Latina, en general las EP que son sociedades mercantiles reguladas bajo el derecho privado están más alineadas con los estándares internacionales de contabilidad y auditoría. En Brasil, la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley 11638 de 2007 establecen obligaciones sobre contabilidad, elaboración de estados financieros y auditorías inde- pendientes. La última dispone que las empresas pueden optar por cumplir con las normas relativas a los estados financieros emitidos por la Comisión Nacional de Valores19. Hacia las mejores prácticas de gobierno corporativo: reformas y tendencias recientes en América Latina I.1.3 29. En los últimos años varios países han buscado reformar sus prácticas de buen gobierno corporativo a través de reformas legislativas y regulatorias. Con respecto al gobierno corporativo en general, en América Latina se han diseñado Códigos de Gobi- erno Corporativo de cumplimiento voluntario, con apoyo en las herramientas de la Nueva Gestión Pública y de los trabajos de la OCDE y de la CAF. En cuanto a las EP, en muchos casos se ha buscado asimilar el manejo de estas empresas al régimen aplicable a las empresas de propiedad privada, especialmente al régimen de las sociedades anónimas abiertas. 18 Sistema de Empresas SEP, Código SEP, Sección I, 3b. 19 Ley no. 10.303 de 31 de octubre de 2001, que modifica y adiciona disposiciones de la Ley no 6.404, de 15 de diciem- bre de 1976, que regula a las Sociedades por Acciones, y de la Ley no 6.385, de 7 de diciembre de 1976, que regula el mercado de valores y crea la Comisión de Valores, Ley no. 11.638 de 28 de diciembre de 2007, que modifica y deroga disposiciones de la Ley no 6.404, de 15 de diciembre de 1976, y de la Ley no 6.385, de 7 de diciembre de 1976, y ex- tiende a las empresas grandes las disposiciones para la elaboración y divulgación de estados financieros. 21 Marco Jurídico Recuadro I.5. Reformas al régimen jurídico del gobierno corporativo de las EP en América Latina Fuentes: Elaboración propia, sobre la base de normas y leyes vigentes. Chile: Con motivo de su ingreso a la OCDE, Chile ha introducido reformas a la legislación aplicable al Sistema de Empresas Públicas y a los estatutos orgá- nicos de la minera CODELCO, una de las empresas más importantes del país. El Código SEP contiene 30 principios de gobierno corporativo para las empre- sas bajo su ámbito, incluyendo el marco legal, el ejercicio de la propiedad, el tratamiento de los accionistas y las responsabilidades de los directorios. El Código también incluye un código de ética y explica las normas aplicables sobre transparencia, el régimen laboral, la contratación de bienes y servicios, y los presupuestos e inversiones. Perú: En Perú se creó el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) para normar y dirigir la actividad empresa- rial del Estado. El FONAFE emitió un Código de Buen Gobierno Corporativo para las EP bajo su ámbito. Este código está compuesto por 34 principios que representan las mejores prácticas del gobierno corporativo de EP donde el Estado es propietario mayoritario o absoluto. Los principios están agrupados en las siguientes áreas: objetivos; marco jurídico; derechos de propiedad, directorio y gerencia; política de riesgos y código de ética; y transparencia y divulgación de la información. El directorio y la junta general de accionistas de cada EP aprueban el Código de Buen Gobierno Corporativo, cuyo cumpli- miento es motivo de un informe anual, aprobado por el directorio de cada EP. Paraguay: En Paraguay, se ha promulgado la Ley 5058/2013 que crea el Con- sejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), otorgándole el marco legal al an- terior Consejo de Empresas Públicas (CEP) para dar sostenibilidad a los avan- ces obtenidos durante el proceso. El CNEP está conformado por el Ministro de Hacienda, dos ministros sectoriales y el Procurador General de la Repúbli- ca. Con esta ley, la Unidad de Monitoreo de Empresas Públicas (UMEP), que se desempeñaba como unidad ejecutora del CEP, se convierte en Dirección General de Empresas Públicas (DGEP), y está compuesta por un equipo téc- nico conducido por un director nombrado por el Presidente de la República. 22 30. Durante este tiempo también se ha llevado a cabo un proceso significativo de expansión y restructuración de empresas públicas específicas en sectores estratégi- cos. En América Latina varias EP han efectuado reformas a sus estatutos de gobierno de manera voluntaria, para promover la eficiencia en su manejo y, en algunos casos, para fa- cilitar su participación en los mercados de capitales. En general los estándares adoptados han excedido los requisitos establecidos en la legislación mercantil de esos países. Recuadro I.6. Reformas a los Estatutos Orgánicos de EPs Petroleras en América Latina Fuente: Núñez et al., 2012 En América Latina varias empresas públicas petroleras han reformado volun- tariamente sus estatutos orgánicos para promover el buen gobierno corpo- rativo, estableciendo estándares que exceden los mínimos establecidos en la legislación. Por ejemplo, la Petróleo Brasileiro (PETROBRAS) reformó sus estatutos para mejorar el funcionamiento de su directorio y la protección de los intereses de sus accionistas. La empresa también aprobó un Código de Mejores Prácticas de Gobernanza Corporativa y un Código de Ética. Del mis- mo modo, la empresa colombiana ECOPETROL modificó su forma corporativa y adoptó voluntariamente prácticas de gobierno corporativo para facilitar su emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. 31. En varios países de América Latina, las leyes aplicables establecen las fac- ultades mínimas de los directorios de las empresas públicas. En Perú, por ejemplo, la ley administrativa peruana dispone que el directorio debe establecer y hacer cumplir las es- trategias y políticas sustantivas de la EP. Sus funciones deben estar claramente definidas en los estatutos de la empresa. En México, por su parte, la ley de paraestatales contiene una lista exhaustiva de las facultades de los directorios de las empresas de participación estatal mayoritaria. 23 Marco Jurídico Recuadro I.7. Obligaciones mínimas de los directorios a nivel legislación en Perú y México Fuentes: Reglamento del Decreto Legislativo No. 1031 Perú: La ley administrativa peruana dispone que las funciones del directo- rio deben estar claramente definidas en los estatutos de la empresa. El di- rectorio también debe aprobar lineamientos internos destinados a prevenir conflictos entre sus propias funciones y aquellas del gerente general. Dichos cargos deben ser ejercidos por personas distintas. El directorio debe reali- zar una autoevaluación anual de su desempeño y remitir el informe de dicha evaluación a la junta general de accionistas; también debe emitir un informe sobre operaciones que puedan afectar a los accionistas minoritarios y sobre operaciones extraordinarias o estratégicas de la EP. Los demás derechos y obligaciones del directorio se encuentran establecidos en la Ley General de Sociedades20. México: En México, la ley de paraestatales autoriza a los directorios de las empresas de participación estatal mayoritaria para formular los programas institucionales de la empresa y los presupuestos; tomar las medidas per- tinentes para que las funciones de la entidad sean realizadas de manera eficiente; establecer procedimientos de control de calidad de los servicios prestados; establecer sistemas de control y mecanismos de evaluación del desempeño de sus operaciones; fijar los precios de los bienes y servicios que produzcan; aprobar la concertación de créditos; aprobar los estados finan- cieros y autorizar su publicación; aprobar las bases para las compras guber- namentales; autorizar la creación de comités; acordar pagos extraordinarios y aprobar las bases para cancelar adeudos con terceros21. 32. En algunos países las leyes administrativas también contienen deberes de carácter general en relación con los accionistas minoritarios de las empresas públicas. Por ejemplo, en Perú los reglamentos aplicables requieren a las empresas del Estado en las que exista participación minoritaria establecer políticas internas que aseguren el tratamiento equitativo de los accionistas, especialmente en cuanto a derechos de voto y de acceso a información de la empresa22. El FONAFE también ha desarrollado una política específica para el tratamiento de los accionistas minoritarios de las EP bajo su ámbito. 20 Reglamento del Decreto Legislativo No. 1031 21 Ley Federal de las Entidades Paraestatales, Art. 59. 22 Reglamento del Decreto Legislativo No. 1031, Art. 3. 24 Recuadro I.8. Política pública de protección de los accionistas minoritarios en Perú Fuente: Corporación FONAFE, Acuerdo de Directorio no. 006-2011/006-FONAFE. En Perú, el FONAFE recientemente desarrolló una política específica para la protección de los accionistas minoritarios de las EP bajo su ámbito. La misma dispone que los derechos y obligaciones de los accionistas de sus EP son aquellos provistos en la Ley General de Sociedades, con excepción de los re- quisitos de divulgación de información ahí dispuestos. Específicamente, las EP deben proporcionar a los accionistas la siguiente información en sus pági- nas de internet: un calendario anual previsto para la realización de las juntas, información sobre las convocatorias, la agenda a ser tratada e información relacionada con la misma, el balance general, estado de ganancias y pérdi- das, presupuesto y flujo de caja trimestrales y la proyección al cierre del año. 33. En algunas EP la legislación requiere la representación de los empleados en el directorio. En América Latina, las leyes orgánicas de algunas grandes EP que desempe- ñan actividades esenciales para la economía nacional, como la producción de petróleo o el cobre, requieren la representación de los empleados en el directorio. A nivel legislación se precisa de procedimientos transparentes para su nombramiento y reglas para resolver posibles conflictos de interés. En Chile, por ejemplo, las leyes orgánicas de algunas EP, como CODELCO, requieren la representación de los empleados en el directorio, pero di- chos miembros no tienen derechos de voto en asuntos en los cuales tengan un posible conflicto de interés, como aquellos relacionados a las negociaciones de los contratos laborales23. 34. En otros países las empresas públicas han adoptado sus propios estándares internos, los cuales exceden las protecciones previstas en la ley. En Colombia, por ejem- plo, los estatutos de ECOPETROL facultan a todos los accionistas de la sociedad, incluidos los accionistas minoritarios, a participar y votar en las Juntas Generales de Accionistas; a recibir dividendos; a tener acceso a la información pública de la sociedad en tiempo oportuno; a solicitar convocatorias a reuniones extraordinarias; a pedir autorizaciones para encargar auditorías especializadas y a formular propuestas en relación al buen go- bierno corporativo de la empresa. Específicamente en relación con los accionistas minori- tarios, en 2007 la empresa emitió un documento titulado “Declaración de la Nación en su calidad de accionista mayoritario de ECOPETROL” para formalizar la protección de dichos accionistas minoritarios en cuanto a la distribución de dividendos, la toma de decisiones especiales y el derecho de retiro de las sesiones de la Asamblea24. 35. Las leyes administrativas también suelen requerir que se apliquen proced- imientos de auditoría interna y externa a las EP. Por ejemplo, en Chile, el Código del SEP 23 Ley No. 20.392, modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), Art. 8(b). 24 ECOPETROL, Rights and Obligations of Shareholders, at http://www.ecopetrol.com.co/contenido. aspx?catID=427&conID=41101; Núñez et al., 2012. 25 Marco Jurídico requiere el establecimiento de procedimientos de auditoría interna bajo la supervisión del directorio25. En Perú, la normativa requiere a las empresas bajo el ámbito de la FONAFE a realizar auditorías externas a cargo de sociedades de auditoría elegidas a través de con- curso público26. En otros países algunas grandes EP han reformado sus procedimientos de auditoría interna con el objetivo específico de cumplir con la Sarbanes-Oxley Act. Por ejemplo, en Brasil, PETROBRAS en 2004 estableció un “Sistema Integrado de Evaluación y Métodos de Control Interno”, bajo el cual se creó un comité de gestión de riesgos con la participación de empleados y ejecutivos. En Colombia, por su parte, ECOPETROL reformó su código de buen gobierno para establecer la obligación de adoptar mecanismos eficien- tes de control interno27. 25 Código SEP, Principio 15. 26 Reglamento del Decreto Legislativo No. 1031 27 Núñez et al., 2012 26 27 Marco Jurídico Función de Propiedad I.2 36. Pese a la ola de privatizaciones que tuvo su auge en los años 90, las EP continúan siendo actores económicos muy importantes en la mayoría de los países lati- noamericanos, tanto por su tamaño como por su participación clave, frecuentemente a través de empresas monopólicas u oligopólicas, en sectores estratégicos. En la mayoría de los países de la región se observa que el sector de las EP suele concentrarse en unas pocas empresas de gran tamaño e importancia económica y estratégica. Sin embargo, y como se analiza en detalle en este capítulo, el marco jurídico y organizacional que define la función de propiedad de las EP conserva sus características específicas, según sea el país que se considere. I.2.1 Marco Conceptual 37. La función de propiedad de las EP debe ser entendida en el contexto del presente análisis como la forma en que el Estado se organiza para ejercer la propiedad sobre las empresas que le pertenecen. En algunos casos la institución o entidad pública que ejerce los derechos de propiedad sobre las EP es además la propietaria legal del patrimonio de dichas empresas. En otros casos, la entidad que es dueña legalmente del patrimonio de las EP puede haber delegado sus derechos de propiedad a otra entidad o grupo de entidades, por ejemplo a un ministerio sectorial o a una agencia de propiedad centralizada. 38. La función de propiedad de las EP, en el sentido que se utiliza aquí, puede ser ejercida no solamente por el propietario legal de las empresas, sino además por la agencia o ministerio al que le haya sido delegado el derecho de ejercer dicha función. En particular, puede que en un país determinado el propietario legal de las acciones de las EP más importantes sea el ministerio de finanzas, pero que éste haya delegado en min- isterios sectoriales o en una agencia centralizada los derechos y funciones típicamente asociados a la propiedad de las empresas. 39. Siguiendo la terminología sobre gobierno corporativo, el ejercicio de la fun- ción de propiedad por parte del Estado sobre las EP debe entenderse aquí en forma simi- lar a los derechos fundamentales que ejercen los accionistas sobre una corporación. Es decir, aquella entidad o grupo de entidades públicas que ejerciten la función de propiedad 28 de las EP estarán típicamente a cargo de la nominación de miembros del directorio, la votación en asambleas generales anuales, y otras funciones clave como el monitoreo del desempeño de las empresas, la aprobación de inversión de capital adicional, la venta de activos, etc. 40. Debido a que en la mayoría de los casos las EP se proponen alcanzar al mismo tiempo objetivos comerciales y sociales, la intención del Estado de ejercer su rol de propietario de sus empresas en forma efectiva resulta muchas veces un tema com- plejo, dinámico y desafiante. Es común, por ejemplo, observar al Estado ejerciendo su función de propietario de las EP a través de múltiples instituciones —ministerio de fi- nanzas, ministerios sectoriales, gabinete de ministros, entes reguladores o contralores, etc.- lo cual puede llevar en algunos casos a la fragmentación de responsabilidades y resultados sub-óptimos en términos de rendición de cuentas. Esto debe ser tenido en cuenta junto con otros aspectos relacionados, por ejemplo, la frecuente designación de gerentes (CEOs) y miembros del directorio de las empresas a través de procesos donde se anteponen consideraciones de tipo político, o la ausencia de una clara división entre las funciones del Estado como propietario de las EP, regulador de los mercados donde éstas operan, y hacedor de políticas públicas. Todos estos temas suelen tener repercusiones más complejas en casos donde el Estado es copropietario junto al sector privado. 41. Sin embargo, es posible distinguir, a través de la evidencia empírica, algu- nos principios clave sobre cómo mejorar la rendición de cuentas de las EP, otorgándoles al mismo tiempo una mayor autonomía en la toma de decisiones operativas. En particular, a través de la experiencia de reformas llevadas a cabo en una gran cantidad de países sobre el sector de las EP y siguiendo los principios sobre gobierno corporativo de las empresas públicas de la OCDE, es posible distinguir algunos principios que llevarían al Estado a ejercer en forma más efectiva su función de propietario de las EP, a saber: (i) creando reglas claras y efectivas para que el Estado ejerza sus derechos de propiedad; y (ii) procurando que el Estado se concentre en el ejercicio adecuado de su funciones clave como propietario —por ejemplo, incorporando reglas claras y transparentes para la designación de directores y CEOs en base al mérito profesional y conocimiento técnico—, y (iii) delegue en el directorio y gerencia de las EP las responsabilidades sobre el funcio- namiento operativo de estas últimas. Modelos de propiedad 42. La función de propiedad de las EP ha ido transformándose en el tiempo a medida que los gobiernos han intentado mejorar la capacidad productiva y la efectividad en la provisión de servicios. Si bien existe un grado significativo de variantes de acuerdo al país que se considere, los modelos de propiedad de las EP pueden agruparse, grosso modo, dentro de cuatro enfoques28: • El modelo descentralizado, donde las responsabilidades de propiedad suelen repartirse entre varios ministerios de línea y a veces también otros organismos públicos. • El modelo dual, donde además de los ministerios de línea existe una institución complementaria —frecuentemente el ministerio de finanzas, o una agencia de supervisión a su cargo, o un grupo de ministros liderados por el ministro de finanzas— que comparte los derechos y responsabilidades de la propiedad de las EP. • El modelo de consejo, donde si bien la propiedad se mantiene dispersa entre varios 28 Téngase además en cuenta que es posible que en un país se observe la aplicación simultánea más de uno de estos modelos. Por ejemplo, que el estado ejerza la propiedad de acuerdo al modelo dual para un grupo de EP, y que en otras se aplique el modelo tradicional o descentralizado. 29 Función de Propiedad ministerios y agencias, existe además un organismo consejero o coordinador creado con el propósito de aconsejar a los ministros en temas de propiedad de las EP. • El modelo centralizado, donde las responsabilidades de propiedad recaen sobre una agencia centralizada e independiente, o bajo la autoridad de un sólo ministerio. 43. La evidencia empírica demuestra que no existe un modelo o enfoque que sea aplicable en todos los casos. Por el contrario, se observa que la función de propiedad de las EP tiende a ajustarse a la situación específica de cada país, teniendo en cuenta las características del sector de las EP y también factores asociados al contexto político, económico e institucional. En varios casos se observa también, y en especial en América Latina, la vigencia de más de un modelo en un mismo país -ciertas EP son supervisadas siguiendo las premisas del modelo centralizado o dual, y otras operan por fuera de este esquema institucional, en forma descentralizada. 44. En términos generales, distintas variantes compatibles con el modelo de- scentralizado han sido la forma más frecuente y tradicional en que se ha observado la función de propiedad de las EP, si bien en los últimos años se observa una tendencia hacia una mayor centralización. En varias regiones del mundo, incluyendo algunos países de LAC, se han ido introduciendo políticas y reformas que apuntan a una mayor central- ización de la propiedad de las EP, dando lugar así a casos donde el modelo tradicional (de- scentralizado) es reemplazado por una función de propiedad de las EP de tipo “híbrido” y en algunos casos dual, y donde los principios de gobierno corporativo que dan lugar a los modelos de consejo o centralizado son considerados como casos de buenas prácticas. I.2.2 Hallazgos y tendencias recientes en América Latina 45. En general, la organización de la función de propiedad de las EP mantiene sus características propias, dependiendo del país que se considere. Según información relevada en seis países de América Latina —Brasil, Chile, Colombia, Perú, Paraguay y Uru- guay, es posible constatar un panorama bastante similar al de otras regiones del mundo, a saber, que el marco institucional y organizacional que determina la función de propie- dad de las EP en cada país, si bien puede en cada caso identificarse —en mayor o menor medida— con alguno de los modelos de propiedad definidos en la sub-sección preceden- te, no responde en forma definida a un esquema típico de organización, ni tampoco pare- ciera depender del número o tamaño de las empresas, ni de la importancia estratégica del sector de las EP, sino más bien de un conjunto de aspectos históricos, económicos y político-institucionales propios de cada país. 46. También se observó —dentro de la muestra de seis países considerados—el uso de arreglos institucionales que apuntan hacia la centralización de la propiedad de las EP. En efecto, cinco de los seis casos país analizados —Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Paraguay— exhiben un marco organizacional e institucional de propiedad de las EP de tipo “híbrido”, donde se combinan aspectos del modelo tradicional (descentralizado) con aspectos del modelo centralizado, es decir, donde la función de propiedad de las empre- sas es ejercida por un grupo de empresas (holding), por una agencia u organismo central, que puede ser creada ad-hoc, o simplemente, por un ministerio —típicamente el ministe- rio de finanzas—u organismo público de similar envergadura. Por el contrario, en el caso de Colombia se observa un esquema de organización más bien compatible con el modelo descentralizado, donde distintas unidades de gobierno —usualmente varios ministerios y otras agencias de gobierno—ejercen al mismo tiempo la función de propiedad de las EP, de acuerdo a su ámbito de competencia. 47. Cabe destacar, sin embargo, y en consonancia con lo expresado más arriba, 30 que dentro del sub-grupo de cinco países que muestran un marco institucional y orga- nizacional que combinan aspectos centralizados y descentralizados, se advirtieron claras diferencias. La Tabla I.1 muestra la composición básica y las funciones y atribuciones del marco institucional compatible con el modelo centralizado en cada uno de estos cinco países. Allí se pueden observar claramente las diferencias existentes según el país que se considere, tanto en lo respectivo a aspectos organizacionales-institucionales, como al alcance y calidad de la supervisión y control que depende de sus respectivas agencias centrales. 48. Perú y Chile resultaron ser los casos donde la función de propiedad de las EP se lleva a cabo de forma centralizada con más claridad. El Fondo Nacional de Financia- miento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) en Perú y el Sistema de Empresas Públicas (SEP) en Chile se distinguen de las agencias centralizadas de los demás países en una cuestión clave para el correcto ejercicio de la función de propiedad: tienen la po- testad de designar/remover a los miembros del directorio de las EP que se encuentran bajo su supervisión. Al mismo tiempo, tanto el FONAFE como el SEP delegan el manejo de aspectos operativos en las respectivas gerencias y directorios de las EP. 49. Sin embargo, existen varias diferencias significativas entre un caso y otro. En primer lugar, el FONAFE es básicamente una agencia compuesta por ministros presi- dida por el Ministro de Economía y Finanzas, mientras que el SEP es un organismo téc- nico asesor del Estado respecto del control de la gestión de las EP. En segundo lugar, el FONAFE, al ser presidido por el MF, cumple un rol clave en la consolidación y aprobación de los presupuestos anuales de las EP, mientras que el SEP en Chile se limita a elevar al Ministerio de Hacienda los anteproyectos de presupuesto de las EP, tras su verificación técnica enfocada en el análisis de proyectos de inversión. Por último, debe señalarse que el esquema institucional del SEP, que representa uno de los ejemplos lideres para el manejo centralizado de la función de propiedad de las EP en LAC, queda en cierto modo oscurecido debido al carácter restringido de su órbita de supervisión —supervisa a 23 de un total de 33 empresas, pero no incluye a las principales EP de Chile, entre ellas CODELCO y ENAP. 29 50. En Brasil se puede apreciar —durante la última década— un intento por avanzar hacia una supervisión más centralizada de las EP a través de un esquema lidera- do por tres ministerios, y un departamento técnico (DEST). En 2007 el Gobierno Federal creó la Comisión Interministerial de Gobernanza Corporativa y de Administración de Par- ticipaciones Societarias del Estado (Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União- CGPAR) como eje de la central- ización de las funciones de supervisión. Los miembros permanentes de la Comisión son el Ministro de Planificación, el Ministro de Finanzas, y el Ministro de Estado, mientras que representantes de otros ministerios sectoriales pueden participar a solicitud de los miem- bros permanentes. Por su parte, el DEST, órgano técnico de coordinación de las EP que depende de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Planificación, cuya existencia data de 1979, concentra sus funciones en la supervisión y planificación estratégica de la cartera de las EP (122 EP sobre un total de 147, incluyendo a las más importantes en cuanto a tamaño).30 29 Un aspecto relevante a destacar es la remisión al poder legislativo en septiembre de 2013 de un proyecto de ley que pretende institucionalizar el SEP con rango legal, aumentando su grado de independencia frente al poder ejecu- tivo y estableciendo criterios de aplicación general sobre gobierno corporativo de las empresas bajo su supervisión. 30 Las 25 EP restantes son financiadas a través de la Tesorería General y por ende controladas en forma directa por el MF. 31 Función de Propiedad Tabla I.1: Funciones y atribuciones del marco institucional compatible con el modelo centralizado en 5 países de América Latina País Ministerio/agencia centralizada o Composición básica Alcance grupo de empresas - CGPAR: compuesto por tres miembros permanen- tes: Ministro de Finanzas, Comisión Interministerial de Gobernan- Ministro de Planificación, za Corporativa y de Administración de Significativo. DEST su- y Ministro de Estado) y, de Participaciones Societarias del Estado pervisa 122 de un total ser requerido, por otros (Comissão Interministerial de Governança de 147 EP, incluyendo Brasil ministros sectoriales. Corporativa e de Administração de Parti- las más grandes del cipações Societárias da União- CGPAR) y país (PETROBRAS, ELE- - DEST: departamento téc- Departamento de Coordinación y Control TROBRAS, y BNDES). nico a cargo de la supervi- de las Empresas Públicas (DEST) sión de las EP. Depende de la Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Planificación. Consejo de nueve miembros, más un director ejecutivo. Limitado. No incluye Chile Sistema de Empresas (SEP) Todos designados por el a las empresas más poder ejecutivo, de acuerdo grandes. al marco legal vigente. Consejo de Empresas Públicas (CEP) y Unidad de Monitoreo de Empresas Públi- El CEP está compuesto por cas (UMEP). el Ministro de Hacienda, Alto. Prácticamente Monitoreo de Empresas Públicas (UMEP) dos ministros sectoriales y todas las EP del sector Paraguay Pasan a ser, desde septiembre de 2013 el Procurador General de la no-financiero, incluyen- —Ley Nº 5058/13— “Consejo Nacional de República. La UMEP es la do a las más grandes Empresas Públicas” y” Dirección General unidad técnica y ejecutora de Empresas Públicas”, respectivamente que depende del CEP. Directorio compuesto por el ministro de Economía y Significativo. Abarca a Finanzas (quien lo preside), todas las EP donde el Fondo Nacional de Financiamiento de el presidente del Consejo Estado es el principal Perú la Actividad Empresarial del Estado de Ministros, y 3 ministros accionista, dentro del (FONAFE) sectoriales. Tiene además ámbito del Gobierno un director ejecutivo, de- Central, excepto PE- signado por el ministro de TROPERU. Economía y Finanzas. Total. El alcance de la super- - Departamento de Empresas Públicas de - OPP/DEP: cuenta con un visión de OPP/DEP y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto director y un staff técnico MEF/UAM comprende a (OPP/DEP) de 6 miembros. todas las EP vinculadas Uruguay al Gobierno Central, - Unidad de Asesoría Macroeconómica del - MEF/UAM: cuenta con un incluyendo a las seis EP Ministerio de Economía y Finanzas (MEF/ director y un cuerpo técnico más grandes del país UAM) de 14 miembros. (ANCAP, UTE, ANTEL, BROU, OSE y ANP). 32 Funciones y atribuciones del marco institucional compatible con el “modelo centralizado” ¿Designa miembros del directorio de ¿Cumple un rol importante en la asamblea general de ac- las EP que supervisa? cionistas de las EP?1 No. Los Directorios de las EP están por lo general conformados por varios repre- sentantes del ministerio sectorial vincu- lado, y son nombrados por una asamblea de accionistas o por decreto del Presiden- No. te de la República. . También suele formar parte del directorio un representante técnico del Ministerio de Planificación, y, desde 2010, de un representante gremial. Sí, y existen reglas y requisitos claros En forma indirecta, a través del directorio de las EP. para las designaciones. No. Las designaciones son generalmente No. por decreto presidencial. Las EP que no Las S.A. (entre ellas COPACO, ESSAP) tienen una asamblea anual son Sociedades Anónimas y se rigen por de accionistas donde se aprueban los balances financieros y se sus respectivas Cartas Orgánicas (entre transfieren dividendos a la TGN. Intervienen en este proceso los ellas PETROPAR y ANDE) no tienen un ministros sectoriales y el Procurador General de la República. directorio, son presididas por un CEO de- Las EP que se rigen por cartas orgánicas no tienen asamblea signado por el presidente de la República. anual. Se “negocia” cada año una determinada transferencia de Las Sociedades Anónimas (S.A.) tienen un recursos al TGN, que se incluye en el presupuesto. Intervienen el estatuto y generalmente cuentan con un MH, y el CEO de la empresa. directorio, nombrado también por decreto del poder ejecutivo. Si. El Directorio del FONAFE (en particu- lar el ministro de finanzas y el ministro sectorial que corresponda) designa a los directores de las EP, que deben ser luego Sí, junto con los respectivos directorios de las EP, al ser el FONA- ratificados por la Junta General de Accio- FE responsable de ejercer la propiedad de las acciones de las EP nistas. Existen reglas y requisitos claros (empresas bajo alguna forma societaria) y los derechos sobre las para las designaciones. Los Directores de EP de derecho público. las EP eligen a sus gerentes (CEO) tras un proceso de selección llevado a cabo por empresas especializadas. No. No. El art 197 de la CN dispone que los Direc- El Art. 185 de la Constitución Nacional establece que los servicios tores serán designados por el Presidente industriales y comerciales del Estado deben ser administrados por de la República en acuerdo con el Consejo Directorios conformados de tres a cinco miembros. de Ministros, previa aprobación de al De acuerdo a las normas del derecho público, las EP que son menos 3/5 de los miembros del Senado. propiedad exclusiva del Estado y son administradas por directorios designados por el poder ejecutivo, no llevan a cabo asambleas anuales. El Directorio de estas EP se reúne semanalmente para toma de decisiones- generalmente de carácter operativo. La remisión de dividendos al Estado está reglamentada por ley, y es comunicada por la OPP al inicio de cada ejercicio. 33 Función de Propiedad 51. De todos modos, la función de propiedad de las EP en este país mantiene varias características del modelo descentralizado, con un protagonismo importante de los ministerios sectoriales. Por un lado, los directorios de las EP suelen estar integrados por varios representantes del ministerio sectorial vinculado. Por otro, el DEST no cumple en la práctica un rol significativo en cuanto a monitoreo de las EP, ni tampoco supervisa el proceso de auditoría externa de sus estados contables y financieros. El rol clave de “propietarios” que cumplen algunos ministerios en Brasil debe analizarse dentro del con- texto del tamaño e importancia estratégica de algunas de sus empresas vinculadas —por ejemplo, PETROBRAS, la mayor EP de petróleo y gas natural de Brasil, con un presupuesto que llega a casi el siete por ciento del PIB, vinculada al Ministerio de Minas y Energía; y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDES), que cumple un rol clave en la política del Estado dentro del sector financiero, vinculado al Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio. 52. Paraguay es otro país de la región que ha introducido reformas en los últi- mos años con la intención de lograr una supervisión más centralizada de sus EP. El sector de las EP en este país es importante en cuanto a su tamaño relativo (14.5 por ciento del PIB) y abarca varios sectores, concentrándose en áreas clave como petróleo, electricidad y telecomunicaciones. La creación en 2008 del Consejo de Empresas Públicas (CEP) y de la Unidad de Monitoreo de las EP (UMEP) fue una de las iniciativas de reforma del sec- tor público promovidas en ese entonces por el Ministerio de Hacienda, en un intento por reducir los efectos cuasi-fiscales y sociales no deseados relacionados con resultados sub- óptimos de la administración de las EP y del suministro de servicios básicos que éstas provén. 53. Los resultados de esta iniciativa han sido alentadores, y se continúa traba- jando actualmente en su implementación y consolidación. Estas reformas pusieron fin en Paraguay a décadas de vigencia de un modelo tradicional de propiedad de tipo de- scentralizado, bajo el cual los niveles de supervisión y control eran muy deficientes. En pocos años, la estructura política-técnica (CEP-UMEP) ha logrado introducir al Ministerio de Hacienda en la supervisión de las EP, y se han registrado varios avances concretos en esta línea, por ejemplo, la firma de contratos de gestión trianuales entre el CEP y cinco de las principales empresas del país, y un rol activo de la UMEP para impulsar un pro- ceso transparente y efectivo de auditorías externas anuales de los estados contables y financieros de las EP. En septiembre del 2013, el CEP fue institucionalizado a través de la aprobación de una ley que crea el Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), forta- leciendo de este modo el marco institucional para la supervisión de las EP y garantizando la sostenibilidad de las reformas implementadas. La nueva legislación también dispuso elevar el rango de la UMEP a “Dirección General de Empresas Públicas”. 54. Uruguay es otro país donde las EP tienen una importante relevancia económica y estratégica, y donde la propiedad de estas últimas se maneja de acuerdo a un mix de arreglos institucionales centralizados y descentralizados. La centralización se evidencia a través del rol de dos entidades públicas, concretamente: (i) el Departa- mento de Empresas Públicas, que depende de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (DEP/OPP), que concentra sus actividades en aspectos de análisis y asesoramiento pre- supuestario y evaluación de proyectos de inversión de las EP; y (ii) la Unidad de Asesoría Macroeconómica, que forma parte del Ministerio de Economía y Finanzas (UAM/MEF), enfocada en la definición de directrices macroeconómicas para la elaboración del pro- grama financiero del Gobierno, y en lo que respecta al ámbito específico de las EP, en el análisis y seguimiento periódico del impacto cuasi-fiscal asociado al resultado operativo de las mismas. Tanto OPP como MEF participan en otros aspectos relevantes, como el monitoreo del desempeño de empresas que reciben subsidios del Tesoro, aunque debe señalarse que no ejercen un rol en la práctica en cuanto a la supervisión y seguimiento 34 de los resultados de las auditorías externas de los estados contables-financieros de las EP, ni cuentan con atribuciones, de acuerdo a normas constitucionales vigentes, sobre el proceso de designación de directores de las empresas. Ejemplos de buenas prácticas en otros países I.2.3 55. La intención aquí es la de ilustrar con algunas experiencias observadas en países de otras regiones del mundo, donde se han implementado con efectividad medi- das orientadas hacia la centralización de la propiedad de las EP. Teniendo siempre pre- sente que no existe un modelo o enfoque que sea aplicable en todos los casos, y que por el contrario, se observa que la función de propiedad de las EP tiende a ajustarse a la situación específica de cada país, el propósito de esta sub-sección es simplemente el de aportar, a modo de referencia, algunos casos (países) donde la implementación de medi- das y reformas orientadas a lograr un manejo más centralizado de la propiedad de las EP se ha llevado a cabo de forma efectiva y conforme a la aplicación de principios fundamen- tales de gobierno corporativo. 56. Un buen ejemplo de reformas dirigidas hacia una mayor centralización de la función de propiedad de las EP en países de la OCDE es la creación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en España. La SEPI, creada en 1996, consiste en un grupo de empresas (holding) que depende actualmente en forma directa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP) y tiene participación directa y mayoritaria en 18 EP que emplean más de 80.000 trabajadores. Además, tiene participación como accionista minoritario directo en siete EP (cinco de ellas cotizan en mercados bursátiles), e indirectamente en más de 100 empresas. Su implementación formó parte de un intento de reforma del gobierno que incluyó la reestructuración y una mayor centralización de la supervisión del sector de las EP, basada en resultados. 57. Otro caso a destacar es el de Nueva Zelanda, que migró del modelo de- scentralizado al modelo de tipo dual. A diferencia de varios casos donde la dualidad se manifiesta a través de “compartir” aspectos de la función de propiedad de las EP entre un ministerio clave y los ministerios sectoriales, en el caso de Nueva Zelanda la propiedad se refleja de forma directa y explícita a través de la división del capital accionario de las EP entre el Ministerio de Finanzas y el ministerio sectorial que corresponda, en partes iguales. El Ministerio de Finanzas se concentra en aspectos de eficiencia económica y de impacto fiscal del desempeño de las EP. En este sentido, toma el liderazgo en temas económicos, venta de acciones y reportes financieros, y tiene responsabilidad plena en la aprobación de venta de activos. Por su parte, los ministerios sectoriales adoptan una perspectiva comercial, con énfasis en asegurar que las EP sean empresas exitosas en los mercados que operan. De este modo, los ministerios sectoriales, fundamentalmente a través de una Unidad Consejera (CCMAU, Crown Company Management Advisory Unit), toman el liderazgo en lo que respecta al monitoreo del desempeño, y tienen la respon- sabilidad plena en cuanto al nombramiento de miembros del Directorio de las EP. 35 Función de Propiedad Recuadro I.9: El caso de la SEPI en España Fuente: Elaboración Propia, en consulta con el Gobierno de España Aspectos a destacar: • Se desempeña como un instrumento de política el Gobierno, constitu- yéndose en un agente especializado en procesos de restructuración y supervisión de empresas públicas. • Funciona como una corporación con autonomía financiera. Sus principa- les fuentes de financiamiento provienen de: (i) la administración de sus propios activos; (ii) los ingresos de procesos de privatizaciones; (iii) los dividendos de participación en sus sociedades y (iv) préstamos de mer- cados financieros privados, dentro de los límites establecidos por la ley anual de Presupuesto General del Estado. • Está conformada por un Presidente y un Consejo de Administración (con un límite máximo de 15 consejeros). El presidente es nombrado por el Go- bierno, a propuesta del MHAP, mientras que los consejeros (o directores) son nombrados por el MHAP, generalmente a propuesta de los ministe- rios sectoriales. • La SEPI aplica sobre las EP bajo su control un mecanismo integrado de planificación y supervisión denominado “Sistema de Planificación, Se- guimiento y Control”. Mediante este sistema la SEPI aplica directrices homogéneas para las EP en términos de rendición de cuentas, asuntos fiscales y financieros. El mismo se implementa en tres etapas: supervi- sión del proceso presupuestario de las EP; control periódico (mensual o trimestral) de la ejecución del presupuesto; y evaluación final del desem- peño y reporte de los resultados. Desafíos a futuro: • Consolidar el rol de “propietario” de la SEPI fortaleciendo el mecanismo de designación de los directores de las EP que representa. Con carácter general, el funcionamiento del Directorio de las sociedades públicas se regula por la normativa mercantil y societaria pública, no teniendo una regulación específica. En la práctica los directores son nombrados por los respectivos Directorios de las EP, en base a una propuesta definida por el MHAP y los ministerios sectoriales, y luego elevada por el Directo- rio de la SEPI al Directorio de la EP correspondiente. • Ampliar el alcance de supervisión de la SEPI. Existe un número importan- te de EP en España que son de propiedad directa del Gobierno Central, ya sea por medio del MHAP o de los ministerios sectoriales. El principal desafío para el Gobierno en el área del gobierno corporativo es continuar desarrollando y adoptando medidas que podrían beneficiar a un conjun- to más amplio de las EP. 36 37 Función de Propiedad Monitoreo de Desempeño I.3 58. Este capítulo se refiere a una de las principales funciones del Estado como propietario: el monitoreo periódico del desempeño de las EP. La evidencia empírica de diversos países muestra que el monitoreo efectivo del desempeño de las EP puede llevar a un mejor desempeño, tanto financiero como no financiero. Un sólido marco de moni- toreo del desempeño, establece objetivos y metas claras vinculadas a la estrategia de las EP, y al hacerlo, proporciona claridad al directorio y a la gerencia respecto a las expecta- tivas del gobierno. Esto provee un marco que permite al directorio establecer y ejecutar la estrategia de las EP, con un grado apropiado de autonomía, y a la vez, las convierte en responsables de su desempeño ante las entidades propietarias (y el gobierno en general). 59. En el establecimiento del marco de desempeño para las EP, un reto fun- damental para las entidades propietarias es el hecho que las EP son habitualmente establecidas por el gobierno (y continúan bajo su propiedad) debido a que tienen tanto objetivos comerciales como no comerciales. La entidad propietaria del Estado debe ase- gurarse que cada EP cumpla con las metas y objetivos establecidos, y tomar acciones en caso contrario. En muchos casos, las metas no financieras implican costos financieros, haciendo difícil que el directorio y los ejecutivos de la EP puedan establecer claramente sus prioridades. Además, existen asimetrías de información que permiten a los gerentes ocultar resultados insatisfactorios, o incluso exceder su mandato. También pueden influ- enciar la negociación y el monitoreo del desempeño, ya que los gerentes tienen un mejor entendimiento del desempeño y operación de su empresa que los agentes externos. 38 Marco Conceptual I.3.1 Desarrollo de un Marco de Gestión del Desempeño 60. Un adecuado marco de monitoreo del desempeño busca reconocer las tensiones inherentes relacionadas al desempeño de la EP, tales como el conflicto entre los objetivos comerciales y no comerciales, y la asimetría de la información entre la gerencia y las entidades propietarias, etc. El hecho de que el marco de monitoreo sea ex- plícito en la identificación de los objetivos financieros y no financieros centrales de las EP, así como en la identificación de las preferencias del gobierno respecto de la importancia relativa de los distintos objetivos estratégicos de cada EP, habilita a la unidad o entidad propietaria relevante con la capacidad de desarrollar metas de desempeño apropiadas que reflejen estas propiedades. 61. Este marco implica que, a fin de establecer metas específicas de desem- peño para cada EP, los gobiernos deben definir un mandato, una estrategia, y un con- junto de objetivos individuales para cada empresa pública. Los mandatos de las EP, habitualmente definen el sector en el cual operan, así como su principal línea de negocio. Algunas veces, los mandatos incluyen servicios públicos y obligaciones sociales como por ejemplo compromisos relacionados con temas de empleo. De este modo, los man- datos suelen identificar expresamente el mix de objetivos comerciales y de política de la empresa. Con base en su mandato, cada EP necesita desarrollar su estrategia propia, la cual es posteriormente aprobada por su directorio (y también explícita o implícitamente por la entidad propietaria). Una misión, una visión y un plan estratégico claros, proveen claridad conceptual para la gerencia y los empleados. Las estrategias claras proveen una base sólida para medir el desempeño, e incluyen objetivos y metas específicas. Los obje- tivos deben ser claros, realistas, y ser medidos posteriormente por indicadores clave de desempeño. Estructuración de Contratos de Desempeño 62. En la mayoría de los países los contratos de desempeño, se encuentran en el centro del marco de gestión del desempeño de las EP. Estos contratos tienen dife- rentes nombres en cada país, y habitualmente reflejan su estatus legal. Algunos ejemplos son los documentos de objetivos, las declaraciones de intención empresarial, los memo- rándums de entendimiento, la declaración de expectativas, las cartas de los grupos de in- terés, o las cartas de acuerdo y planes de negocio. Idealmente un contrato de desempeño debe incluir los elementos detallados en la Tabla I.2. 39 Monitoreo de Desempeño Tabla I.2: Principales elementos de contratos de desempeño de EP Fuentes: Banco Mundial, 2014; OCDE, 2010 Concepto Descripción Mandato de las EP Define las actividades principales y secundarias del ne- gocio, y de cuya ejecución es responsable el directorio. El mandato provee beneficios de doble vía: por un lado sirve como una restricción a la empresa, al imponer disciplina contra la realización de actividades no relevantes, que pueden ir en perjuicio del mejor interés del propietario, y por otro lado, protege al directorio y a la gerencia de ser presionados para realizar actividades inconsistentes con el negocio central. La estrategia de las EP Una misión, visión y un plan estratégico, proveen claridad conceptual tanto para la gerencia como para los emplea- dos. Las estrategias claras proveen una base para medir el desempeño, y deben incluir objetivos y metas especí- ficos. Una descripción clara y ex- En especial de aquellos costes financieros asociados con plícita del coste financiero metas sociales, tales como cobertura mínima, acceso de estimado de los objetivos los consumidores de bajos ingresos, etc. Esta descripción no comerciales de las EP proporciona al Estado una visión general de los costes en los que debe incurrir para alcanzar los objetivos sociales. Indicadores de desempeño Son los elementos principales que permiten revisar financieros y no financie- y monitorear el desempeño de la empresa. Una clave ros, y metas asociadas comúnmente usada para crear indicadores de desempeño efectivos, es asegurarse que son específicos, medibles, alcanzables, orientados a resultados y con plazos de tiempo establecidos (SMART por sus siglas en inglés). Indicadores de desempeño inapropiados pueden llevar a consecuencias no intencionadas, como por ejemplo incentivar a la gerencia de la EP a mejorar el resultado de un indicador a costa de los objetivos empresariales. Procesos de reporte y su A no ser que se indique lo contrario en la ley o regulación, frecuencia los contratos de desempeño deberían establecer explíci- tamente los requerimientos y plazos para presentar los reportes de la EP. Una declaración que El nivel de los dividendos en cada EP depende de su describa la política de estructura de capital, rentabilidad, e inversiones de capi- dividendos tal estimadas. Una política de dividendos, permite a la entidad propietaria un mejor control de las expectativas de la EP, ya que un balance general “generoso”, puede fomentar que los directorios se extiendan más allá de su negocio central y perfil de riesgo adecuado. 40 63. La entidad propietaria y la EP son responsables de negociar y discutir el contenido y el alcance del contrato de desempeño. En los países en los que este proceso está más avanzado, las metas esperadas de los indicadores de desempeño relevantes son monitoreadas, revisadas y acordadas anualmente. En muchos países, los contratos de desempeño de las EP son públicos, y son generalmente enviados al poder legislativo para fortalecer la rendición de cuentas. Es crucial que las expectativas del gobierno respecto a las EP estén establecidas en el contrato de desempeño de una manera formal y clara y sean divulgadas públicamente. Para negociar el contrato de una manera apropiada, las entidades propietarias necesitan tener un buen conocimiento de la industria basado en investigación, experiencia y dialogo con la empresa pública, además del apoyo de exper- tos externos en aquellos casos en que sea necesario. 64. La manera en la que los contratos de desempeño son preparados y nego- ciados, varía entre países, pero resulta reseñable citar algunos marcos de monitoreo reconocidos. Estos marcos difieren en algunos aspectos, en parte debido a diferencias en la estructura de las entidades propietarias de los gobiernos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, el marco sigue un enfoque “de abajo hacia arriba”, con las negociaciones entre el directorio de la EP y la entidad propietaria en el centro del proceso. Por otro lado, en Sudáfrica, el contrato de desempeño es mucho más que un “documento de expectativas”, y es elaborado hasta cierto punto por la entidad propietaria de la EP. Hallazgos y tendencias recientes en América Latina I.3.2 65. El desarrollo de un marco de gestión del desempeño sólido y efectivo para las EP, es un desafío para la mayoría de países de América Latina. Por una parte, hay factores estructurales, tales como la prevalencia de modelos “híbridos” de propiedad (ver Capítulo I.2) y el uso limitado del herramientas de presupuesto orientadas al resultado y desempeño en la región, lo cual impide introducir cómodamente la lógica de los con- tratos de desempeño de manera estándar para instituciones que operan por fuera del gobierno central, como las EP. Por otra parte, las posibilidades concretas de construir un marco de gestión del desempeño adecuado, no sólo requiere internalizar la naturaleza conflictiva entre el logro de metas comerciales y no comerciales, sino también tomar en consideración factores de contexto relevantes, tales como la complejidad del negocio de las EP, la estructura de mercado donde operan, etc. Además, cuando las experiencias de monitoreo de desempeño han sido exitosas, han evolucionado durante muchos años, e implementarlas requiere capacidad razonable y un alto nivel de coordinación relativo en- tre las entidades propietarias y las EP.31 66. Dentro de la muestra de seis países de América Latina considerados, los casos de Chile, Perú y Paraguay representan las experiencias más sólidas de monitoreo del desempeño de las EP. En el caso de Chile el directorio y la gerencia de las EP super- visadas por la entidad propietaria (Sistema de Empresas-SEP) deben rendir cuentas a esta última a través del monitoreo y evaluación de metas anuales, a través de contratos de desempeño o contratos similares. Los contratos de desempeño incluyen indicadores 31 Ej. Cuando se introduce un marco de monitoreo del desempeño, las entidades propietarias usualmente necesitan iniciar con el acopio de información de referencia de cada EP y formar un equipo de especialistas que pueda desarrollar un entendimiento y experiencia en las operaciones de las EP monitoreadas. 41 Monitoreo de Desempeño financieros y no financieros y metas asociadas entre el SEP y cada una de las EP32. En el Perú, las EP supervisadas por el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empre- sarial del Estado (FONAFE) elaboran un “plan estratégico institucional” a cinco años como herramienta de gestión que define los objetivos de las empresas a corto, mediano y largo plazo. Los planes estratégicos incluyen indicadores de desempeño y metas asociadas que permiten el monitoreo de resultados. En primer lugar son aprobados por el directorio de la EP, y luego requieren aprobación del ministerio sectorial y del directorio de FONAFE, para luego ser ratificados por la Junta General de Accionistas. Un enfoque similar usando “contratos de desempeño” fue lanzado en 2009-2010 en Paraguay entre CEP-UMEP y seis EP, incluyendo las más grandes del país. Tabla I.3: Contratos de desempeño entre las entidades propietarias y EP individuales Fuentes: Elaborado en base a la información reportada por los casos países. País Brasil El Departamento de Cordenação e Governanca das Empresas Estatais DEST ha implementado contratos contractuales (casos piloto) únicamente con 4 EP en la última década. Hubieron otras experiencias aisladas de contratos de desempeño firmados entre las EP de servi- cios públicos (agua y sanidad y electricidad) y ministerios de línea relacionados. Los casos piloto del DEST introdu- jeron indicadores acordados relacionados a: desempeño financiero, entre ellos, rendimiento de activos líquidos; provisión de servicios, cobertura mínima; y administración interna, como por ejemplo, recursos humanos, control interno, etc. Estos contratos también contemplaban san- ciones financieras, como eliminación parcial o completa de bonos/dividendos, en casos de incumplimiento de las metas acordadas para los indicadores. Sin embargo, (de acuerdo al DEST), el cumplimiento fue débil y por lo tanto el impacto de estas herramientas de rendición de cuentas en mejorar el desempeño no ha sido significativo. 32 Los instrumentos de monitoreo de desempeño en el caso de las empresas bajo supervisión SEP son: i) “Planes de Gestión Anual” en el caso de empresas portuarias; ii) “Convenios de Gestión” el caso de empresas con garantía estatal respecto de operaciones de crédito específicas; y iii) “Convenios de Metas” para el resto de las empresas. Por último, es importante observar que la mayor EP Chilena—relacionada al sector de la minería— se encuentran fuera del alcance de la supervisión del SEP, y por ello, no está sujeta a este tipo de acuerdos de monitoreo. 42 Chile Los directores y administradores de las EP bajo super- visión del SEP, son responsables de estas a través del monitoreo y evaluación de las metas anuales a través de acuerdos de desempeño y herramientas similares. El SEP evalúa el desempeño de las EP a través de instrumentos específicos, tales como planes de gestión anual (aplicados a empresas portuarias y asociados a incentivos monetar- ios), contratos de programación y contratos de desem- peño. Estos contratos de desempeño incluyen: indicado- res financieros; indicadores de provisión de servicios e indicadores de gestión interna. El cumplimiento efectivo de los indicadores de desempeño es evaluado anual- mente por el Consejo SEP, contemplándose la posibilidad de sanciones en el directorio en caso de incumplimientos injustificados. Colombia No hay contratos de desempeño firmados entre las EP y las entidades propietarias (ministerios de línea relacio- nados). Los directorios de las EP definen sus “objetivos financieros y de desempeño” los cuales deben estar alineados con los objetivos nacionales, según lo estipula el Plan de Desarrollo Nacional, y estos objetivos deben ser aprobados también por los accionistas. En la práctica, las EP tienden a elaborar sus propios planes corporativos, tomando en consideración tanto los planes del sector estratégico (el Plan Nacional de Energía es un ejemplo) como sus propios objetivos. No se ha reportado infor- mación relacionada a la elaboración de indicadores de desempeño y actividades de seguimiento/monitoreo. 67. Uruguay también ha progresado recientemente en cuanto al monitoreo del desempeño de las EP. El Gobierno de Uruguay, a través del DEP, ha estado trabajando re- cientemente en la implementación de contratos de desempeño con las EP que financian al menos parte de sus costos operativos a través de subsidios dela Tesorería General. Estos contratos especifican una serie de indicadores de desempeño financieros y no financie- ros, así como metas asociadas, y también contemplan un sistema de compensaciones y sanciones basado en resultados. 68. Finalmente, el Gobierno de Brasil no llegó a implementar contratos de desempeño con las EP en una escala significativa durante la última década, y este tipo de contratos no fueron utilizados en Colombia hasta el momento. El DEST ha implementado acuer- dos contractuales (casos piloto) únicamente con cuatro EP durante la última década, y el impacto de estas herramientas de rendición de cuentas en la mejora del desempeño no ha sido significativo, según lo reporta el Gobierno de Brasil. En el caso de Colombia, no se firmaron contratos de desempeño hasta ahora, entre las EP y sus entidades propietar- ias respectivas—, es decir, ministerios de línea relacionados, debido a la estructura de propiedad descentralizada actual. 43 Monitoreo de Desempeño I.3.3 Ejemplos de buenas prácticas 69. Buenos directrices y prácticas se encuentran en los países de la OCDE, donde el uso de monitoreo del desempeño ha resultado efectivo para mejorar la ren- dición de cuentas y responsabilidad de las empresas públicas. Mejorar la gobernanza de las EP es un reto complejo en todo el mundo; la evidencia muestra que uno de los prin- cipales retos que se debe afrontar es el fortalecimiento de la manera en la que los gobi- ernos ejercen su función de propiedad, lo cual implica el uso de herramientas adecuadas y efectivas de monitoreo del desempeño. A continuación se detallan diferentes ejemplos reportados por la OCDE.33 Establecer Objetivos 70. En una estructura centralizada de propiedad de las Empresas Públicas, los objetivos pueden ser definidos tanto para la entidad propietaria como para la EP. Para la entidad propietaria, puede ser útil identificar un grupo de indicadores, que serán calculados para el total de la cartera de las EP, o por lo menos para una parte significativa de ella. El Recuadro I.10 ilustra el caso de la Agence des Participations de l’État (APE) en Francia, que tiene un claro enfoque hacia metas cuantitativas y financieras. Recuadro I.10: Indicadores específicos para evaluar el des empeño de la propiedad estatal en Francia Fuentes: OCDE, 2010 Objetivo 1: Asegurar el incremento en el valor de las acciones Estatales. • Indicador 1: Rentabilidad operacional del capital (resultado operacional/ activos). • Indicador 2: Rentabilidad financiera (resultado neto/acciones). • Indicador 3: Margen operacional (resultado operacional/volumen de negocios). • Indicador 4: Sostenibilidad del endeudamiento (EBITDA/deuda neta). Objetivo 2: Asegurar el éxito de las transacciones de venta. •  Indicador 1: Diferencia entre recibos de las ventas y valor intrínseco o de mercado de las acciones vendidas (basado en valoración hecha por la Comisión de Participación y Transferencia). •  Indicador 2: Nivel de honorarios y comisiones pagadas a los asesores. Objetivo 3: Contribución a la reducción en la deuda estatal. •  Indicador 1: Reducción de la deuda e intereses cargados de entidades de la administración pública. • Indicador 2: Disminución en la deuda e intereses cargados del Estado. 33 OECD, 2010. 44 71. Fijar objetivos para las EP mediante contratos de desempeño o herra- mientas similares, implica un proceso de negociación entre cada empresa y la entidad propietaria correspondiente, además de requerir conocimiento de la industria y fuertes habilidades de modelado financiero. Como se menciona por la OCDE, “También se re- quiere cierto nivel de experiencia operacional, para establecer los determinantes clave del desempeño, y el espacio de tiempo en el cual es razonable esperar resultados. La combinación de conocimiento de la industria con la capacidad financiera y experiencia operacional, debería estar presente en los directorios de las EP, y reflejada también al interior de la entidad propietaria, para permitir un dialogo informado y balanceado…”. “Para negociar adecuadamente, y reducir la brecha de información, la entidad propietaria debe desarrollar un nivel de conocimiento apropiado de la industria, en base a investig- ación y análisis, así como también en la historia de dialogo y retroalimentación de los directorios de las EP”34. También resulta útil estandarizar, y de ser posible, formalizar el proceso de desarrollo de contratos de desempeño a través de la legislación, regulación y/o protocolo. El recuadro I.11 ilustra el ejemplo de la experiencia de Nueva Zelanda con el proceso de negociación de objetivos corporativos en el “ciclo de planificación empre- sarial” y la redacción de “declaraciones de voluntad corporativa”, que es el nombre que se otorga a los contratos de desempeño de las EP. Recuadro I.11: Negociación de objetivos corporativos en Nueva Zelanda. Fuente: OECD, 2010  as etapas principales del ciclo de planificación empresarial y redacción de L declaraciones de voluntad corporativa son: • Inicialmente, los ministerios accionistas escriben a la junta directiva de cada compañía de la Corona, antes del inicio de cada ronda de planifi- cación, para detallar los requerimientos de información, plazos (fechas clave) y cualquier cuestión especial que la compañía deba tratar durante la ronda de planificación. • Posteriormente, se requiere que los directorios evalúen su ambiente de negocios, reevalúen su dirección estratégica, provean un plan detallado para el año siguiente, y proporcionen proyecciones financieras para los próximos dos a cuatro años. • Tras la entrega de los pronósticos y planes de negocio a los ministerios accionistas, los asesores preparan un informe sobre estos documentos para que sea considerado por los ministerios accionistas, y se entregan informes borrador de la Declaración de Intenciones Corporativas junto con el plan de negocio. Al respecto, la Ley de Empresas Públicas, la Ley de DIC y legislaciones específicas para cada compañía, requieren que los directorios entreguen un borrador de DIC a los ministros con participa- ción accionaria, por lo menos un mes antes del final de cada año fiscal. 34 OECD, 2010. 45 Monitoreo de Desempeño • Después, los ministerios accionistas pueden buscar mayor información a través de sus asesores. • A continuación, los ministerios accionistas consultan con el directorio de la empresa cualquier asunto o preocupación que tengan respecto a los planes de negocios y la declaración de intenciones. Esta fase ocurre, ya sea mediante comunicación formal escrita, o más habitualmente me- diante reuniones entre los ministerios accionistas, asesores y el directo- rio (conocida como la reunión de planificación de negocios). • Luego de la reunión de planificación de negocios, los ministerios accio- nistas resaltan por escrito al directorio su entendimiento de los principa- les resultados y problemas discutidos. • El directorio entonces considera los resultados de la reunión de planifica- ción de negocios junto a los comentarios enviados por los ministerios, y de ser necesario, revisa sus planes de negocio y declaración de intencio- nes. Posteriormente, el directorio entrega un documento final de plan de negocios y declaración de intenciones a los ministerios accionistas. • Los ministerios presenta los DIC finalizados en el Parlamento. 72. Uno de los principales desafíos para establecer objetivos en la elaboración de los Contratos de Desempeño es desarrollar indicadores de desempeño relevantes. A continuación, el recuadro I.12 ilustra algunas reglas utilizadas en Francia y Nueva Ze- landa con dicho propósito. Como se explicó anteriormente, estos indicadores son gener- almente clasificados como “financieros” y “no financieros”, y las metas asociadas a ellos son usadas para evaluar y monitorear el desempeño. Las principales fuentes para decidir si las metas son apropiadas, son el rendimiento histórico, el benchmarking frente otras empresas similares del sector privado, y la capacidad efectiva de la empresa. 46 Recuadro I.12: Desarrollo de indicadores de desempeño relevantes Fuente: OCDE, 2010 Francia: •  Relevantes - Consistentes con los objetivos. - Relacionados con un aspecto material del resultado esperado. - Proporcionan bases para emitir un juicio. • Útiles - No producen efectos contrarios a los buscados. - Son elaborados a intervalos regulares. • Confiables - Comparables en el tiempo, espacio y entre competidores. - Pueden ser inmediatamente utilizados por las agencias correspondientes. • Verificables - Son comprendidos inmediatamente o explicados claramente. - Son duraderos, e independientes de imponderables de la organización. - Son confiables más allá de la duda razonable. - Pueden ser construidos a un coste razonable. Nueva Zelanda Los indicadores de rendimiento (financiero y no financiero) deben: • Ser relevantes para el negocio de la EP y la Ley de EP. • Ser específicos y medibles sin ambigüedad. • Ser oportunos y capaces de ser auditados cuando sea apropiado. • Estar dentro de la responsabilidad o poder de control de las EP. • Ser consistentes con la finalidad de la EP y los principios del negocio. • Respetar la sensibilidad comercial, cuando sea apropiado. • Fomentar y reflejar las mejores prácticas. •  Asegurar la participación de los empleados en la elaboración de  los indicadores, y su empoderamiento. 47 Monitoreo de Desempeño Monitoreo y Auditoría del Desempeño 73. Los indicadores de desempeño y los resultados periódicos basados en me- tas deben estar disponibles para los principales usuarios involucrados, de forma que se les permita monitorear el desempeño de las EP y verificar la relevancia y calidad de la información. Los principales receptores de dicha información son las entidades propi- etarias, los ministerios de línea, el ministerio de hacienda, instituciones de auditoria y otras agencias del gobierno, dependiendo del marco regulatorio o esquema institucio- nal. El monitoreo efectivo del rendimiento de la EP por parte de la entidad propietaria respectiva requiere generalmente un proceso de monitoreo continuo, que incluye entre otros el uso de información externa, revisión del rendimiento y reuniones regulares con el directorio de la EP. Los informes anuales de revisión del rendimiento son la fuente primaria de información sobre el rendimiento de las EP y son elaborados por la entidad propietaria y distribuidos a otras instituciones públicas relevantes. Es importante re- saltar que la divulgación de los indicadores de rendimiento puede ser restringida en los casos en que involucre información comercial sensible. 74. Los indicadores de desempeño, tal como son establecidos en los contra- tos de desempeño o herramientas similares, también deben estar sujetos a auditorías internas y externas independientes. La auditoría por parte de las instituciones de au- ditoria del Estado, y por empresas privadas, asegura al propietario estatal, grupos de interés y al público, la calidad y precisión de la información provista por las EP respecto al cumplimiento de metas. Sin una adecuada auditoría independiente de la información de desempeño, es posible que la baja calidad de la información, un débil análisis, o la presión política, lleven a concebir una imagen distorsionada del rendimiento de la EP. Al respecto de este asunto, las directrices de la OCDE sugieren “desarrollar procesos de auditoría interna eficientes y el establecimiento de la función de auditoria interna, que es monitoreada por, y reporta directamente a la junta directiva y al comité de auditoría o al órgano de la EP equivalente”. 48 Recuadro I.13: Monitoreo y auditoría del desempeño de las EP en Italia Fuente: OCDE, 2010  onitoreo M •  El Ministerio de Economía y Finanzas, que es la entidad propietaria, lleva a cabo un monitoreo constante sobre el desempeño y gestión de las EP. Cada compañía debe proporcionar al Ministerio detalle de la siguiente información y documentación: - El presupuesto anual para el siguiente año; -  Reportes semestrales sobre el desempeño y estados financieros, detallando las diferencias con el presupuesto y cifras de años ante- riores; - Las cifras estimadas al cierre del año. •  Las EP deben también señalar potenciales áreas críticas, y proporcionar toda la información relevante, incluyendo el plan de negocios aprobado por el directorio. •  Adicionalmente, el accionista puede recibir información de cada EP, por medio de sus representantes designados en el directorio y la Junta de Auditoría (El Código Civil Italiano [Art. 2449] permite al Estado, como pro- pietario de la empresa, designar uno o más miembros del directorio y de la Junta de Auditores de Cuentas, con los mismos derechos y obligacio- nes de los miembros de la junta elegidos por el GSM). Auditoría • Auditoría Interna: En todas las EP, la oficina de auditoria interna reporta directamente a la Junta Directiva en semestralmente sobre los siguientes asuntos: evaluación de la eficiencia de los procesos internos de audito- ria, revisiones realizadas y posibles áreas de riesgo. Adicionalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas, como entidad propietaria, ha promo- vido activamente que todas las EP designen un oficial superior (usual- mente el CFO) como responsable de los procesos de contabilidad y de los estados financieros de la compañía. Este oficial, es designado por la Junta Directiva, reporta directamente a ella, y es responsable del Informe Anual de la Compañía y la información financiera frente a todos los accio- nistas y grupos de interés. • Auditoría Externa e Independiente: Todas las EP, están sujetas a una au- ditoria anual realizada por auditores externos independientes, quienes son designados por el GSM. Se requiere que los auditores externos es- tén debidamente registrados en la Comisión de Valores e Intercambios (CONSOB), para asegurar que cumplen con los más altos estándares de calidad. • Auditoría Estatal: La actividad de las EP es supervisada y auditada por la Oficina Nacional de Auditoría (Corte dei Conti). Un oficial designado por el ONA, asiste a las reuniones de la Junta Directiva, y se envía al Par- lamento un informe anual realizado por la ONA sobre el desempeño de cada EP. 49 Monitoreo de Desempeño Procedimientos de los Directorios I.4 I.4.1 Marco Conceptual 75. El directorio35 se refiere al órgano de gobierno de una institución corpora- tiva, como por ejemplo, una EP. Es un equipo de toma de decisiones colectivas, cuya efectividad está en función de las habilidades y experiencia de sus miembros, y de cuán relevantes son esas habilidades y experiencia para los temas estratégicos que enfren- tan la EP. El directorio es habitualmente responsable de la supervisión estratégica, la aprobación del plan de negocios, el nombramiento y supervisión de la alta gerencia, y de reportar el desempeño de la EP a los accionistas. 76. Algunas buenas prácticas de un directorio dentro de un marco efectivo de gobernabilidad son: • Un proceso sólido de selección y nombramiento, diseñado para nombrar directores que tengan el conjunto de habilidades, conocimientos y experiencia más apropiados para ayudar a la EP a alcanzar su mandato legal y comercial. • Un objetivo primario de la EP claramente establecido, que guíe la toma de decisiones del directorio y la gestión comercial de la empresa. • Un requerimiento para participar activamente en la elaboración de documentos de planificación y contratos de desempeño, comúnmente definidos como “plan de negocios” o “declaración de intenciones corporativas”, que establezcan cómo el directorio supervisará la EP, de manera que alcance su objetivo primario, y cumpla con su mandato legal y comercial. El documento de planificación debe estar basado en un conjunto de indicadores de desempeño financieros y no financieros. • Informes públicos y periódicos ex post sobre los objetivos y metas establecidos en el documento de planificación. • Auditorías independientes de los estados financieros anuales de las EP, preparados de acuerdo a estándares contables apropiados. • Una separación clara entre el gobierno como propietario y el directorio; asegurando que los ministros y funcionarios del gobierno no sean nombrados como directores de las EP. • Una gerencia separada del directorio, pero que le rinda cuentas sobre el desempeño de la EP respecto a los objetivos y metas, tal y como aparecen en los documentos de planificación. • Un proceso formal para evaluar el desempeño del directorio, que se mantenga separado de la evaluación del desempeño de la EP basado en objetivos y metas pre-definidos. 35 En varios países este órgano es nominado como Junta Directiva 50 77. Marco Jurídico. El estudio de la OCDE sobre prácticas de directorio, resalta que “el rol del directorio debe estar claramente definido y fundado en la legislación, de preferencia de acuerdo con la ley general de empresas, y que el Estado debe informar al directorio acerca de sus objetivos y prioridades a través de los canales apropiados, para asegurar la máxima autoridad e independencia del directorio”36 78. Los miembros del directorio de las EP deben tener un entendimiento claro del papel del puesto para el que han sido designados. Este rol se encuentra habitual- mente definido en la ley de creación de la EP, ya sea bajo la forma de una ley general o una ley específica. El objetivo debe ser claro e inequívoco, y capaz de ser medido. El desempeño de los directores debe ser evaluado sobre el logro del objetivo. En diversas leyes de Empresas Públicas, esté es denominado como objetivo “primario” o “princi- pal”. En la primera ley de EP desarrollada a mediados de 1980 en Nueva Zelanda el objetivo era descrito en términos de “ser exitoso”, lo cual era definido como “ser tan rentable como otras empresas comparables, que no sean propiedad del Estado37” En legislación más reciente, el objetivo ha sido algunas veces descrito en términos de que la EP logre suficiente rentabilidad para cubrir su costo de capital ajustado por el por el nivel de riesgo al que se ve sometida. Proceso de selección y deberes de los directores 79. Todos los directores deben ser nombrados con base en la valoración que el candidato elegido tiene las habilidades, conocimiento y experiencia más relevantes para ayudar a la EP a alcanzar su objetivo primario. En algunos países el proceso de selección y nombramiento de los directores de EP es establecido como parte de la ley de creación y regulaciones de la EP, o bien a través de un gabinete directivo. En el caso de aquellas EP que cotizan en la bolsa de valores existe un proceso formal para nombrar directores, el cual consiste generalmente en elecciones en la Asamblea General Anual de accionistas. Sin embargo, este proceso no garantiza que los directores nominados y nombrados por el gobierno como accionista de la empresa sean elegidos de forma meritocrática. La calidad de las deliberaciones del directorio depende en gran medida en función de la calidad e independencia del juicio de cada director. 80. Deben quedar claramente definidos tanto el rol, como los deberes y respon- sabilidades bajo los cuales los directores de las EP operan, y en relación a los cuales deberán rendir cuentas. Si la EP no está registrada como una compañía y está sujeta a las obligaciones establecidas en la legislación para compañías relevantes, puede que sea necesario asegurar que deberes comparables estén establecidos en las reglas de la EP, o bien en la legislación de creación de la empresa. Independientemente de si el Estado administra las EP a través de un modelo de propiedad centralizado o descen- tralizado, existe una ventaja en asegurar que los deberes y las responsabilidades de los directores de las EP estén establecidos a alto nivel, de manera consistente a través de toda la cartera de empresas públicas. El Estado debería usar su papel de propietario para establecer el uso de mejores prácticas en los deberes y responsabilidades de los directores y en el gobierno corporativo en general. 81. Es también importante que exista una clara separación entre el directo- rio y la gerencia de la empresa. El tener a miembros de la gerencia como parte del directorio adiciona poco o ningún valor a la gobernabilidad de la organización, pues 36 OECD, 2013. 37 Ley de Empresas Publicas de Nueva Zelanda, 1986 51 Procedimientos de los Directorios la gerencia sigue estando obligada a remitir informes y recomendaciones a consid- eración del directorio, independientemente de si tienen asiento en él. Al contrario, la presencia de la gerencia puede complicar las prácticas del directorio, ya que es más difícil hacer rendir cuentas a un gerente general que también es director. Asi- mismo, la práctica de tener un presidente ejecutivo, como en el caso de varias cor- poraciones en Estados Unidos, puede crear un ambiente donde la presidencia es todopoderosa y el directorio es incapaz de ejercer el nivel requerido de supervisión. 82. Los ministros y otros funcionarios del sector público no deberían formar parte de los directorios de empresas públicas que tienen un enfoque comercial. En el caso de EP no comerciales, donde la empresa está desarrollando funciones del Estado y están completa o fuertemente financiadas de manera directa por el presupuesto de la nación, puede ser justificable tener al ministro del sector o a un funcionario público den- tro el directorio. Sin embargo, en el caso de las EP con enfoque comercial, los ministros y funcionarios públicos tienen conflictos de intereses irreconciliables entre su papel como ministros o funcionarios públicos y su papel como directores de la EP. Además, la posibilidad de que los miembros de la junta directiva sean designados mediante nom- bramientos políticos, en lugar de calificaciones técnicas, erosiona la independencia y la autonomía de los directorios de las EP 38. 83. También existen otros aspectos relevantes a fin de promover la indepen- dencia de los miembros del directorio de las EP. Por ejemplo, de acuerdo a la IFC39,un “director independiente”, es definido como una persona que entre otras cosas: no tiene ningún contrato de servicios con las EP o partes relacionadas, incluyendo a sus accioni- stas mayoritarios y miembros de la alta gerencia; no ha sido contratado por ninguna EP o ninguna de las partes relacionadas, incluyendo accionistas mayoritarios en los últimos cinco años; no está afiliado con ningún cliente relevante o proveedor; y no está afiliado a ninguna compañía que sirva de asesor o consultor de una EP. 84. Una vez que se designa a un nuevo director es altamente recomendable que cuente con un curso de introducción efectivo para apoyarlo a cumplir su papel. Puede llevar entre dos a tres años que un director recién nombrado contribuya plenamente a las discusiones del directorio. Por ello, es de interés para todas las partes que el direc- tor pueda contribuir plenamente en un corto periodo de tiempo. Esto puede alcanzarse si se proporciona una introducción adecuada a los directores recién nombrados. Las directrices de la OCDE sobre Juntas Directivas de Empresas Públicas constatan que los “Programas de introducción deben coincidir con las necesidades de cada directorio. De- ben servir como un vehículo para mejorar la efectividad de los miembros del directorio”. Idealmente, el curso introductorio debe ser realizado tanto por la agencia que designa al nuevo director, así como por la EP de cuya junta directiva formará parte. Rendición de cuentas y transparencia 85. La base de cualquier modelo efectivo de gobernanza de EP es el marco de rendición de cuentas, apoyado por un nivel de transparencia adecuado. Los directorios de las EP administran fondos públicos y deben estar sujetos a un marco de responsabi- lidad al menos comparable con aquel aplicable a los directores de empresas privadas. Además, al reconocer que las EP son responsables de administrar recursos públicos, es posible argumentar que los requerimientos de transparencia deban ser aún mayores que aquellos comúnmente adoptados en el sector privado. 38 Banco Mundial, 2006 39 Corporación Financiera Internacional (IFC), 2012 52 86. El directorio debe asegurar que la EP cuente con controles internos adec- uados y auditorías internas y externas efectivas. Los directorios de las EP deben ser responsables de la supervisión y publicación anual de los estados financieros audita- dos correspondientes al ejercicio fiscal inmediatamente anterior, los cuales deben pub- licarse preferiblemente a más tardar dentro de los 3 meses siguientes al cierre del año fiscal. Concretamente, se considera como buena práctica la existencia de un comité de auditoría conformado por un grupo de miembros de la junta directiva creado para permitir un examen detallado de los estados financieros. El comité de auditoría gener- almente es responsable de supervisar los reportes financieros de las EP y, en algunos casos, de la evaluación del riesgo corporativo. Los informes financieros revisados por el directorio también deben estar sujetos a una auditoría externa independiente. 87. La rendición de cuentas del directorio requiere el uso de planes de negocio con una visión de futuro que cubra un plazo de al menos tres a cinco años. No es posible cumplir con los requerimientos mínimos de un director si hay incertidumbre sobre la posición financiera actual de la empresa, así como de los planes futuros del directorio y la gerencia en términos financieros y operativos. En algunos casos, la legislación de las EP requiere que la junta elabore una guía general para los planes de negocio futuros, usualmente denominada “declaración de intenciones corporativas”, las cuales deben estar disponibles al público de manera gratuita. A fin de mejorar la rendición de cuen- tas, los documentos de planificación de las EP deben contener una mezcla relevante de indicadores de rendimiento financiero y no financiero, junto a las metas asociadas a cada indicador. La legislación modelo de empresas públicas requiere que las EP pub- liquen resúmenes sobre sus informes anuales y medidas del desempeño actuales en relación a las metas. 88. En algunos casos, el registro parcial puede ser utilizado para implementar un marco de gobernabilidad más robusto y transparente en las empresas públicas. El Estado puede permitir el registro parcial de acciones de sus EP en bolsas de valores internacionales y en el mercado de valores doméstico. Las EP más grandes de Brasil son un buen ejemplo de esto. Esta práctica tiene varios beneficios directos, tales como el incremento de la habilidad para obtener capital, pero también el fortalecimiento del marco de gobernabilidad bajo el cual operan las EP, mediante el incremento de la re- sponsabilidad y transparencia del directorio y la gerencia. Las EP parcialmente registra- das en el registro mercantil deben someterse a las reglas establecidas por la bolsa de valores, en la cual cotizarán sus acciones, y estar sujetas a un elevado nivel de revisión y escrutinio por parte de los corredores de bolsa y otros observadores del mercado. Tendencias y Hallazgos Recientes en América Latina I.4.2 89. En general, hay una mezcla de prácticas adoptadas en los países de América Latina en relación a los directorios y la gestión de las EP. La Tabla I.4. resume algunas prácticas actuales encontradas en seis países de Latinoamérica. Esta tabla fue constru- ida tomando como base la información recopilada por el Banco Mundial y próvido por representantes de los gobiernos relacionados con los respectivos sectores de EP. 90. Sin embargo, fue posible identificar varias tendencias clave que resulta meritorio destacar. En primer lugar, en prácticamente todos los países analizados, el directorio de las EP tiene la potestad de designar a la gerencia, y además participa en la aprobación de informes financieros de las empresas, previo a su diseminación. También 53 Procedimientos de los Directorios se comprobó que es frecuente entre los países de la región el uso de leyes y otras nor- mas que establezcan funciones y atribuciones mínimas del directorio de las EP. Además, tres de los seis países seleccionados -Brasil, Chile y Perú- han confirmado la selección de directores siguiendo un proceso basado en mérito y calificaciones. Por último, se pudo verificar que la representación sindical en el directorio de las EP y el uso de sancio- nes -pecuniarias o de otra índole- para casos de bajo desempeño de la EP- de acuerdo a indicadores y metas pre-establecidos- son más bien la excepción que la regla. 91. Los países muestran a veces características particulares cuya descripción ayuda a comprender mejor la comparación de la Tabla I.4. Por ejemplo, en Paraguay sólo unas pocas empresas tienen conformado un directorio, de modo que las EP están habitualmente conducidas por un CEO designado por el Presidente de la República, si bien el CEP puede recomendar su nombramiento. También el CEP puede sugerir al Presi- dente la dimisión del CEO de una EP determinada ante casos de bajo desempeño. Por otro lado, en Perú se ha eliminado recientemente la figura del “Presidente Ejecutivo” para la mayoría de las EP bajo la órbita del FONAFE, lo cual ha contribuido a la sepa- ración de roles entre directorio y gerencia de esas empresas, mientras que por el con- trario, en Uruguay, todavía resulta frecuente la intervención del directorio en cuestiones operativas de las EP. Finalmente, y como se señala en el capítulo anterior, en Uruguay también se encuentra por el momento en una etapa inicial la medición del desempeño de las EP —y el eventual uso de sanciones al directorio en función de dicha medición— y se limita al caso de algunas empresas que reciben subsidios del Tesoro Nacional. Table I.4: Prácticas referidas al Directorio y la Gerencia de las EP en 6 países de América Latina Fuente: Elaboración propia, en coordinación con funcionarios del sector de las EP de los respectivos países. Colombia Paraguay Uruguay Brasil Chile Perú Concepto ALGU- El directorio elige a la gerencia SI SI SI NOS SI SI CASOS La entidad propietaria (min- isterio, agencia centralizada, etc.) u otra institución (presi- NO NO NO SI NO NO dencia, gabinete de ministros, etc.) elige a la gerencia. Clara separación de roles entre SI SI SI NO SI NO, directorio y gerencia. Selección de directores en base a mérito y calificaciones. SI SI NO NO SI NO 54 El directorio participa formal- ALGU- mente en la aprobación de SI SI SI NOS SI SI informes financieros de la EP, CASOS previo a su diseminación. Existen normas/leyes que es- tablecen funciones y atribucio- SI SI SI NO SI SI nes mínimas del directorio. Existe legislación que dispone ALGU- la representación sindical en el SI NOS NO NO NO NO directorio. CASOS El directorio está sujeto a ALGU- eventuales sanciones en caso NO SI NO NO NO NOS de bajo desempeño de la EP. CASOS Ejemplos de buenas prácticas I.4.3 92. Con el propósito de ilustrar las mejores prácticas en la materia, algunos ejemplos fueron extraídos de la OCDE y del Banco Mundial.40 Los gobiernos de la OCDE han prestado más atención al papel de los directorios con el propósito de mejorar la gobernanza y desempeño de sus Empresas Públicas, fortaleciendo también la respon- sabilidad del Estado como propietario. Al mismo tiempo, el Banco Mundial ha obser- vado los problemas de gobierno corporativo en las EP, incluyendo los procedimientos de las juntas directivas, y ha revisado prácticas de diversos países alrededor del mundo, algunas de los cuales son mencionadas a continuación. Selección y designación de los miembros del directorio 93. En la OCDE, es posible encontrar procesos de selección y designación de directores de Empresas Públicas basados en habilidades. En general, un número rela- tivamente pequeño de países ha establecido en su legislación las calificaciones for- males mínimas que las personas deben cumplir para ser elegibles para una nominación al directorio de una EP. En el Reino Unido, por ejemplo, la selección y designación de los miembros del directorio está regulada por un proceso que involucra al directorio de la EP y al accionista ejecutivo (la entidad de coordinación del gobierno) en varias etapas. Nueva Zelanda, por otra parte, a través su la unidad de monitoreo centralizado de las EP,41 ha adoptado un enfoque integral para la designación de miembros de jun- tas directivas, que va desde la solicitud, vetado y recomendación de candidatos, hasta la realización de cursos de introducción después que se realizado un nombramiento. Asimismo, cuando los ministros designan a una persona específica para el directorio 40 OECD, 2013; World Bank, 2014. 41 Crown Ownership Monitoring Unit (COMU). 55 Procedimientos de los Directorios deben certificar que han seguido el proceso establecido. En Canadá, cuando surgen vacantes en el directorio, el ministro responsable de nominar al candidato, y el personal de apoyo de su despacho, se guía por el perfil del candidato, desarrollado por el direc- torio de la EP para identificar a miembros potenciales.42 Recuadro I.14: Proceso de selección y designación de miembros del directorio en Nueva Zelanda Fuentes: Banco Mundial, 2014, adaptado de la UMPC, “Proceso de Designación,” http://www.comu.govt.nz/board-appointments/process/. En Nueva Zelanda, el proceso de designación puede variar dependiendo de la junta directiva en cuestión, pero los siguientes pasos detallan el proceso general que la Unidad de Monitoreo de Propiedad de la Corona (UMPC) sigue para todos los nombramientos. Perfil de habilidades: La UMPC analiza la composición del directorio de la EP en conjunto con los ministros y el presidente del directorio de la compañía en la que surgió la vacante, para determinar las habilidades generales y expe- riencia requerida que serían ideales en el nuevo director, para luego preparar las especificaciones del puesto. Identificación del candidato: La herramienta primaria de la UMPC para iden- tificar a candidatos potenciales es su base de datos de designaciones, aun- que los candidatos interesados también pueden aplicar directamente a po- siciones específicas, o registrarse en el sistema para ser considerados para futuras oportunidades. Los Ministros también consultan a sus colegas en el gobierno sobre candidatos idóneos, y solicitan nominaciones por parte de otras agencias del gobierno. Lista corta: Los Ministros consideran a todos los postulantes y confeccionan una lista corta de candidatos preferidos, que parecen coincidir con las habili- dades necesarias para cada directorio. 42 OCDE. 2013 56 Debida diligencia e identificación de conflictos de interés: Los candidatos de la lista corta pueden emprender un proceso de debida diligencia antes de que se tome la decisión final. Esto les permite evaluar si aceptarán el puesto ofrecido, y permite a la UMPC y al presidente del directorio formar una se- gunda opinión sobre la idoneidad de cada candidato, incluyendo posibles conflictos de interés (tales como conexiones familiares, vínculos personales o profesionales con las EP o su gerencia, la dirección o propiedad en otra empresa que realiza trabajos para la EP). En aquellos casos en los que se identifique un conflicto de interés, se debe tomar una decisión respecto a si se bloquea la designación, o si es posible proceder con esquemas de gestión de conflictos de interés apropiados. Designación: Después que un candidato ha confirmado su disponibilidad para servir en el directorio, los ministerios accionistas recomiendan el nom- bramiento de la persona seleccionada al gabinete y al comité de honores. Esta designación es confirmada mediante una notificación de nombramiento. En la mayoría de los casos, el ministro del sector hace la designación, y se notifica tanto a la EP como al candidato elegido. Definición de las responsabilidades principales del directorio 94. La definición del rol y las responsabilidades principales de los directorios de Empresas Públicas está generalmente basada en leyes, decretos y códigos de gobierno corporativo. Sin embargo, en la práctica no siempre hay un claro entendimiento de lo que el directorio requiere hacer a fin de ejercer sus funciones eficazmente. Tal como se mencionó anteriormente, una definición clara del objetivo “primario” o “principal” de las EP como parte del marco jurídico de las mismas, ya sea a través de una ley general o por medio de una legislación específica, es altamente aconsejable. El objetivo debe ser claro e inequívoco, capaz de medirse, y el desempeño de los directores debe ser evaluado con respecto al eventual logro de los objetivos a lo largo del tiempo. 95. En Sudáfrica y en la India, los directorios de las EP han sido receptores ex- presos de cierta autonomía, dependiendo de su relación con la entidad propietaria. Las responsabilidades del directorio se basan en el código de gobierno corporativo usado por compañías registradas en el registro de comercio, y en orientación adicio- nal proporcionada para las EP por el ministerio correspondiente. En la India, el grado de autonomía delegada al directorio está vinculada con el tamaño y rendimiento de la EP, otorgándose mayor poder a los directorios de las Empresas Públicas con mejor desempeño. Asimismo, algunos países de la OCDE han implementado recientemente políticas que conceden mayor poder a los directorios de las EP y clarifican sus respon- sabilidades, de acuerdo a las directrices de la OCDE y algunas prácticas corporativas de las compañías del sector privado.43 43 Banco Mundial, 2014 57 Procedimientos de los Directorios Recuadro I.15: Potenciando las juntas directivas de las EP en la India y en Sudáfrica Fuente: Banco Mundial, 2014 En Sudáfrica los directorios de las EP son expresamente responsables a través del Protocolo de Gobierno Corporativo en el Sector Público 2002. El protocolo es utilizado en conjunto con el código de gobierno corporativo de Sudáfrica, el Código King, que es aplicable a una serie de empresas incluyen- do aquellas inscritas en el registro de comercio. El protocolo asigna también claras responsabilidades a los directorios de las EP. De acuerdo a este docu- mento: “el directorio de la EP tiene completa y absoluta responsabilidad so- bre el desempeño de la EP.” Asimismo, el protocolo especifica aquellos casos en los que el Gobierno comparte poder con el directorio. Por ejemplo, señala que el directorio debe consultar al “accionista” (ministro correspondiente) respecto a la elección del Presidente Ejecutivo, y que el accionista debe apro- bar la nómina de salarios de los miembros del directorio. Adicionalmente, el protocolo establece que los objetivos del acuerdo de desempeño entre el accionista y la EP son el punto de referencia para medir el desempeño de la empresa, la junta directiva, la presidencia y el director. En la India, las responsabilidades de los directorios están definidas en el có- digo de gobierno corporativo, que es aplicable a todas las empresas del sec- tor público central (ESPC). El código establece requisitos similares a los que las empresas privadas registradas deben cumplir. Adicionalmente, un siste- ma de delegación formal basado en el desempeño de la compañía, determina qué decisiones son de competencia exclusiva del directorio, y cuáles deben ser compartidas con el ministerio correspondiente. Bajo este sistema, cada EP es clasificada en base a su tamaño, rentabilidad y gobernabilidad. Maha- ratnas y Navratnas, las más grandes compañías en la India, tienen el mayor grado de libertad, mientras que Miniratnas (empresas pequeñas) tienen menor libertad. Asimismo, algunos poderes adicionales son delegados a to- das las EP con fines de lucro, y se establece un umbral para operaciones que involucran gastos de capital, consorcios, subsidiarias, fusiones y adquisicio- nes, de manera que aquellas acciones que se encuentran por debajo dicho umbral no requieren la aprobación del ministerio. 58 59 Procedimientos de los Directorios Riesgos Fiscales 44 I.5 I.5.1 Posibles riesgos fiscales planteados por las empresas públicas 96. Diversos factores pueden generar riesgos fiscales relacionados con las EP. Se considera que las actividades cuasifiscales no compensadas, la interferencia política en las operaciones de las EP, su endeudamiento excesivo, las deficiencias en la pre- sentación de informes de dichas empresas y la supervisión insuficiente del gobierno son algunas de las principales fuentes potenciales de riesgo fiscal más significativas relacionado con las EP. La experiencia muestra que tales riesgos a veces pueden ser importantes. En varios casos, las pérdidas y deudas significativas de las EP han dado lugar a un costoso respaldo financiero por parte del gobierno, incluyendo operaciones de rescate financiero significativas e imprevistas y aumentos de la deuda del gobierno. 44 Este capítulo se basa principalmente en estudios previos sobre riesgo fiscal (FMI, 2005; Cebotari, 2008; Cebotari et al, 2009; Petrie, 2013) y sobre EP (Allen and Vani, 2013) 60 Cuadro I.5: Las EP como fuentes de riesgos fiscales Posibles fuentes de riesgos Ejemplos seleccionados fiscales relacionados con las EP Actividades cuasifiscales no  recios de las EP fijados a niveles inferiores a los • P compensadas y pasivos con- de mercado o de la recuperación de los costes que tingentes generan pérdidas no compensadas por el presu- puesto. Exigencias de realización de actividades no relacio- •  nadas con los objetivos empresariales, incluido el reemplazo del gasto público. Factores macroeconómicos y  ariaciones en el crecimiento, la inflación, los tipos • V otros factores generales de cambio y las tasas de interés que influyen en las operaciones de las EP y el valor de activos y pasivos. Volatilidad e incertidumbre de los precios de los •  commodities. • Desastres naturales. Fuentes sectoriales y especí- • Variaciones en la demanda del producto de las EP. ficas • Prestación de servicios esenciales por parte de las EP. • “Demasiado grande para caer”. • Cambios en los costes de producción de las EP. • Deuda y pasivos contingentes de las EP. • Inestabilidad de las condiciones climáticas. Deficiencias relacionadas  istemas inadecuados de gerencia, control, cont- • S con el gobierno corporativo abilidad, auditoría y presentación de informes de de las EP, la supervisión del las EP. gobierno, la presentación Seguimiento y supervisión poco estrictos de las EP •  de informes y la gestión de por parte del gobierno, informes fiscales insufici- riesgos entes, deficiencias en la divulgación y la gestión de riesgos fiscales. 97. Una gestión adecuada de los riesgos fiscales relacionados con las EP es fun- damental. Dicha gestión involucra elementos clave del gobierno corporativo de las EP; supervisión estricta por parte del gobierno, presentación de informes fiscales y divul- gación de los riesgos fiscales, y estrategias de mitigación de riesgos. El Banco Mundial ha realizado varios estudios sobre el desempeño de las EP y ha destacado la necesidad de contar con prácticas adecuadas de gobierno corporativo para ayudar a abordar las principales deficiencias de las EP, muchas de las cuales pueden generar riesgos fiscales evitables45. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sugerido criterios para evaluar los riesgos fiscales planteados por las EP y ha proporcionado recomendaciones para la supervisión, la divulgación y la gestión de riesgos fiscales, incluidos aquellos derivados 45 Banco Mundial (1995 y 2006); Polackova y Schick, 2002; Tordo, 2011 61 Riesgos Fiscales de las EP, y sobre la transparencia fiscal46. De modo similar, las directrices de la OCDE sobre el gobierno corporativo de las EP también destacan la necesidad de transparencia y divulgación de la información 47. Actividades cuasifiscales 98. Las actividades cuasifiscales pueden definirse como las actividades realiza- das por entidades públicas no gubernamentales en nombre del gobierno para cumplir objetivos de políticas48. Los gobiernos usan las actividades cuasifiscales para cumplir diversos objetivos sociales, económicos y políticos. En el caso de las EP, los ejemplos de actividades cuasifiscales incluyen las reglamentaciones que les ordenan proporcionar bienes y servicios a precios subsidiados o inferiores a los del mercado, o que exigen la provisión de servicios gratuitos o la prestación universal de servicios, la imposición por parte del gobierno de actividades no relacionadas con el negocio de la empresa, o la interferencia política en las operaciones de las EP. Los riesgos fiscales pueden surgir cuando las consecuencias financieras de estas actividades cuasifiscales no son com- pensadas adecuadamente. 99. Algunas actividades cuasifiscales pueden estar justificadas. Las actividades cuasifiscales compensadas de forma adecuada y transparente desde el presupuesto pueden ser una manera eficiente de llevar a cabo ciertas políticas gubernamentales para lograr objetivos legítimos, en particular cuando las alternativas fiscales no están disponibles desde el punto de vista operativo, o son más costosas. 100. Las EP pueden ser obligadas a cobrar precios inferiores a sus costos o a los precios de referencia internacionales pertinentes. Entre los ejemplos se incluyen las EP de sectores tales como la electricidad, el abastecimiento de agua y saneamiento, el transporte y las telecomunicaciones que deben fijar tarifas inferiores a los niveles de recuperación de costos. Estos subsidios generalmente se proporcionan sin transfer- encias adecuadas del presupuesto para cubrir las consiguientes pérdidas. En algunos casos, sin embargo, es posible que los precios subsidiados no necesiten transferencias del presupuesto para preservar la viabilidad de las EP. Por ejemplo, en muchos países exportadores de petróleo, las empresas petroleras nacionales están obligadas a vender productos derivados del petróleo a los consumidores nacionales a precios inferiores al costo de oportunidad, pero superiores a los costos de las empresas. Sin embargo, incluso en tales casos, los subsidios ilimitados aumentan los riesgos fiscales para el sector público en su conjunto. 101. Se puede exigir a las EP que realicen actividades no relacionadas con sus objetivos empresariales. Por ejemplo, las reglas fiscales orientadas al déficit y la deuda del gobierno pueden proporcionar incentivos para desplazar actividades hacia las EP sin compensación. Esto también puede ocurrir si no existen reglas fiscales formales. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando existe una intención deliberada de reducir el déficit y la deuda declarados por el gobierno.49 Si las operaciones de las EP no están cubiertas por la presentación de informes fiscales, puede surgir un incentivo para inducir a las EP a realizar gastos no compensados a fin de mostrar mejores resultados fiscales a nivel del gobierno, a costa de generar pasivos contingentes. 46 FMI, 2005, 2007 y 2012; Cebotari et al, 2009, y Kopits y Craig , 1998 47 OCDE, 2005 48 FMI, 2007; Tommasi, 2013 49 Irwin, 2012 62 102. La interferencia política en las operaciones de las EP puede generar inefi- ciencias y riesgos fiscales. Por ejemplo, las políticas de empleo dirigidas, explícitas o implícitas y que dan lugar al exceso de empleo en las EP generan costos operativos y riesgos financieros y sociales en los casos de aquellas EP que puedan ser reestructura- das o privatizadas en un futuro. Las exigencias de comprar bienes y servicios de prov- eedores nacionales conllevan riesgos relacionados con los precios y la disponibilidad. 103. Las actividades cuasifiscales también pueden surgir como resultado de “re- stricciones presupuestarias blandas”. El gobierno puede dar subsidios a través de las EP en forma de tasas de recaudación bajas y tolerancia de pagos atrasados. A veces, es posible que las EP no tengan facultades suficientes (en cuanto a procedimientos lega- les o apoyo político), predisposición o capacidad para garantizar la cobranza completa y oportuna de las tarifas. Los pagos atrasados y el incumplimiento de obligaciones de pago operan como un subsidio implícito porque implican una transferencia no transpar- ente de recursos a algunos usuarios y pérdidas de ingresos para las EP. Asimismo, las dificultades para suspender los servicios a los clientes con facturas vencidas en el caso de los servicios públicos son un problema frecuente. 104. Las actividades cuasifiscales no compensadas son una de las principales fuentes de pasivos contingentes. Si las actividades cuasifiscales son compensadas con transferencias presupuestarias,50 el saldo fiscal del gobierno general incluye los cos- tos relacionados con la consecución de los objetivos de políticas a través de las EP. Sin embargo, en muchos países, las EP llevan a cabo actividades cuasifiscales sin una compensación adecuada y transparente del presupuesto. Cuando las transferencias presupuestarias no son suficientes para cubrir las pérdidas de operación y las inver- siones adecuadas, las EP pueden verse obligadas a pedir dinero prestado, a menudo con garantías del gobierno, o a atrasarse en los pagos. Esto, a su vez, da lugar a la acumulación de pasivos contingentes por parte del gobierno, lo cual puede afectar la sostenibilidad de la deuda pública. Los pasivos contingentes pueden ser explícitos, como en el caso de garantías del gobierno, o implícitos, si existen expectativas de que el gobierno eventualmente rescatará a las EP en dificultades. Estos problemas pueden agravarse especialmente cuando la presentación de informes de las EP y la supervisión por parte del gobierno no son adecuadas. 105. Las actividades cuasifiscales no compensadas pueden financiarse medi- ante endeudamiento a futuro, en forma de postergación de los gastos necesarios de las EP. Las EP que no son capaces de obtener ingresos suficientes o que tienen dificultades financieras pueden recurrir a la reducción de los gastos necesarios en operaciones, mantenimiento y gastos de capital. Este enfoque generalmente conlleva el deterioro de la cobertura y la calidad de los servicios, con los riesgos conexos, incluida la seguridad operativa, y el riesgo de que se produzcan nuevas caídas en la producción. También tiene consecuencias a mediano y largo plazo, al reducir el capital de las EP y generar riesgos fiscales derivados de los gastos futuros que deberán realizarse para mejorar o restablecer la viabilidad de los servicios. 50 FMI, 2005; y Cebotari et al, 2009 63 Riesgos Fiscales Recuadro 1.16: Riesgos fiscales relacionados con las empresas públicas. Ejemplos de países • En El Salvador, las tarifas que cobra la empresa de servicios públicos de agua y saneamiento (Administración Nacional de Acueductos y Alcantaril- lados -ANDA) han sido aproximadamente un 50 % inferiores a los costos. El presupuesto de la empresa no ha sido suficiente para pagar los insumos. En consecuencia, ANDA se ha atrasado reiteradamente en los pagos del sumi- nistro eléctrico a la empresa generadora estatal (Comisión Ejecutiva Hidro- eléctrica del Río Lempa), y no ha podido cubrir completamente el servicio de la deuda, lo que ha generado pasivos contingentes para el Gobierno, que se han materializado en varias oportunidades51. • En Ghana, las actividades cuasifiscales en forma de precios subsidiados de la energía no compensados por el presupuesto generaron pérdidas im- portantes en la refinería de petróleo estatal y el sector de la electricidad. Los retrasos para ajustar los precios de los productos refinados del petróleo y las tarifas de la electricidad a principios de la década de 2000 ocasionaron grandes pérdidas acumuladas, del orden del 7 % del PIB en el caso de la re- finería solamente52. • En Dubai, Emiratos Árabes Unidos, varias empresas relacionadas con el Gobierno acumularon pasivos equivalentes al 79 % del PIB. Cuando se desencadenó la crisis económica mundial, estos pasivos se tornaron in- sostenibles y dieron lugar a un rescate financiero por parte de Abu Dhabi en 201053. Factores macroeconómicos y otros factores generales 106. Los cambios repentinos e imprevistos en los tipos de cambio y las tasas de interés pueden afectar las finanzas de las EP y los presupuestos de los gobiernos. Las EP que dependen de ingresos en moneda nacional pueden endeudarse en moneda ex- tranjera. Esto genera descalces de moneda entre los ingresos y el servicio de la deuda, lo cual plantea riesgos fiscales en caso de que se devalúe la moneda nacional. Además, las empresas petroleras estatales y otras empresas estatales de exportación de recur- sos naturales enfrentan riesgos fiscales causados por las apreciaciones de la moneda nacional, algo que quizá sea más difícil de advertir. Esto se debe a que su saldo externo 51 FMI, 2011 52 Chivakul y York, 2006; FMI, 2007a 53 FMI, 2012 64 (exportaciones y rendimientos de activos externos menos importaciones y servicio de la deuda externa) es casi siempre positivo. Entonces, si la moneda nacional se aprecia en términos reales, el poder adquisitivo nacional de los recursos extranjeros netos deven- gados en favor de la empresa disminuye. La inversión y la gestión de la deuda de las EP también pueden ser vulnerables a aumentos en las tasas de interés, tanto nacionales como internacionales. Recuadro I.17: Un Marco para analizar el riesgo fiscal de 54 las EP: El caso de Jamaica Fuente: Longmore, et al El análisis del riesgo fiscal de las EP puede realizarse utilizando técnicas de predicción. En un primer paso, se construye un escenario base del desempe- ño financiero de cada EP relevante. Luego se procede a desarrollar dos esce- narios (optimista y pesimista) para analizar el impacto de shocks favorables o adversos en las operaciones de las entidades seleccionadas. El siguiente paso es realizar una prueba de estrés para analizar cómo los riesgos ma- croeconómicos podrían afectar al sector de las EP en general. Cambios, en por ejemplo, el precio del petróleo y tasas de cambio, podrían afectar a algu- nas empresas estatales favorablemente y a otras de manera desfavorable. La prueba de estrés responde a la interrogante del efecto acumulado que estos factores tienen sobre los resultados financieros globales y el impacto fiscal del sector de las EP. El análisis de riesgo fiscal fue aplicado a ocho entidades en Jamaica, y se enfocó en los organismos públicos (OP-que incluye a las empresas estatales de acuerdo a la definición nacional, y entidades similares no-incluidas en el presupuesto), que presentaban el riesgo fiscal más significativo. El conjunto de los ocho OP seleccionados representan el 2 por ciento del PIB (medido como ingresos totales antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización). De los ocho OP, tres registraron pérdidas durante el año fis- cal 2011/12, y transferencias del gobierno central para apoyar a estas entida- des durante el año fiscal 2013/14. Dichas transferencias alcanzaron J$ 15,1 mil millones (1 por ciento del PIB). De acuerdo a los supuestos del escenario base, el desempeño operativo y el riesgo fiscal de los ocho OP claves se dete- riora durante el año fiscal 2013/14, para luego mejorar en el mediano plazo. 54 Este recuadro se base en la herramienta diagnostica de riesgo fiscal elaborado por Verhoeven et al. (2008) y la aplicación a Jamaica por Longmore, Reveira Cazorla and Verhoeven (2014). 65 Riesgos Fiscales Se realizó un análisis de escenarios para cada OP, incluso para la empresa de transporte público JUTC (Por sus siglas en inglés) (gráfico 1). En el escena- rio pesimista, con precios de combustible más elevados, un tipo de cambio depreciado, tasas de interés más altas, y fijando las tarifas de autobuses establecidas por el gobierno, la JUTC tendría necesidades de financiamiento substanciales a medio plazo, que equivaldrían aproximadamente J$3.5 mil millones o 0,2 por ciento del PIB durante el año fiscal 2015/16. 1.000 Ingresos operacionales/deuda neta Necesidad neta de financiamiento 1.000 800 3.000 600 2.000 millones de J$ porcentaje 1.000 400 0 -1.000 200 -2.000 0 -3.000 2012 / 13 2013 / 14 2014 / 15 2015 / 16 -4.000 2012 / 13 2013 / 14 2014 / 15 2015 / 16 Escenario base Escenario optimista Escenario pesimista Las pruebas de estrés ilustran la vulnerabilidad a los choques macroeconó- micos que presenta el desempeño financiero de las EP y su impacto fiscal. El desempeño de las EP es más susceptible al riesgo de la tasa de cambio. Una devaluación del 20 por ciento en el año fiscal 2013/14 aumentaría la deuda neta en un 1,7 por ciento del PIB para los ocho OP durante la gestión 2015/16, e incrementaría su necesidad de financiamiento al 0,6 por ciento del PIB en el mediano plazo. El efecto combinado de un choque modesto adverso en el tipo de cambio, el precio del petróleo y la tasa de interés, sumaría el 2 por ciento del PIB a la necesidad de financiamiento de las ocho OP clave en el mediano plazo. Si bien este efecto puede parecer moderado, serían difíciles de manejar considerando la ajustada situación fiscal actual de Jamaica. 107. La volatilidad y la incertidumbre de los precios internacionales de los com- modities pueden generar riesgos fiscales para las EP y las finanzas públicas. Las empre- sas generadoras del sector eléctrico que dependen de combustibles fósiles enfrentan riesgos importantes relacionados con el precio de los insumos, los cuales se agravan 53 Banco Mundial, 2006. 54 Allen and Vani, 2013. 66 si no se permite que las tarifas respondan adecuadamente a los cambios en los costos. Las EP que exportan recursos naturales enfrentan importantes riesgos relacionados con los ingresos. La distribución de esos riesgos entre la EP y el gobierno depende del régimen fiscal aplicado al sector de recursos naturales. Por ejemplo, los ingresos por exportaciones de PEMEX, la empresa petrolera nacional de México, disminuyeron considerablemente en 2009, cuando el precio internacional promedio del petróleo ex- perimentó una baja repentina; los ingresos se redujeron del 5,3 por ciento del PIB en 2008 al 4 por ciento del PIB en 2009,55 y esta reducción se trasladó luego al gobierno en forma de menores impuestos. I.5.2 Gestión de los riesgos fiscales de las I.5.1 empresas públicas 108. Una gestión adecuada de los riesgos fiscales relacionados con las EP in- volucra elementos clave del gobierno corporativo de las EP, supervisión apropiada por parte del gobierno y divulgación de posibles riesgos, y estrategias de mitigación de riesgos. Mediante la planificación financiera, la elaboración de presupuestos y la pre- sentación de informes adecuados y oportunos por parte de las EP, el gobierno recibe información sobre lo que ocurre en el sector de las EP, las áreas con dificultades finan- cieras existentes y potenciales que necesitan atención, y las perspectivas futuras. La supervisión del gobierno debe permitir la identificación de los riesgos relacionados con las EP y su divulgación y escrutinio. También debería servir de base para establecer las medidas de mitigación de riesgos, si fueran necesarias. Planificación financiera, elaboración de presupuestos y presentación de informes de las empresas públicas 109. Las EP deben definir claramente sus objetivos comerciales y no comerciales, y deben incluir el costo de las actividades cuasifiscales en sus presupuestos e informes financieros ex post. Se hace cada vez más hincapié en la provisión de información no financiera por parte de las EP, las cuales a menudo combinan objetivos comerciales y de políticas (no comerciales)56 En particular, se debe informar sobre todas las actividades cuasifiscales obligadas o motivadas por objetivos de políticas gubernamentales. Tordo (2011) pone de relieve que la transparencia con respecto a las responsabilidades y los diversos objetivos de las EP y la importancia relativa de esos objetivos podrían reducir las percepciones del riesgo. Como buena práctica, en los presupuestos de las EP se de- ben especificar las actividades cuasifiscales, y se debe indicar claramente cómo están presupuestadas para ser financiadas. Además, los estados financieros y los informes anuales de las EP deben incluir el costo real de las actividades cuasifiscales y las trans- ferencias conexas del presupuesto. 55 Ingresos de exportación expresados en moneda nacional en los estados financieros de PEMEX (PEMEX, 2009) como coeficiente del PIB nominal, según lo informado en Perspectivas de la economía mundial, del FMI. 56 Banco Mundial, 2006 67 Riesgos Fiscales 110. El establecimiento de objetivos financieros explícitos es un componente im- portante de la transparencia, la rendición de cuentas y la gestión de riesgos de las EP57. Los objetivos y los resultados se pueden comparar con los estándares regionales y del sector. Se pueden someter a pruebas de tensión de riesgos de deterioro para evaluar la solidez financiera de la EP. 111. Para que la supervisión del gobierno y la gestión de riesgos sean efectivos, es necesario que las EP presenten informes oportunos y completos al gobierno. La pre- sentación de informes y el seguimiento son fundamentales para ayudar a gestionar los riesgos fiscales, lo que incluye la capacidad de identificar problemas inminentes o la po- sibilidad de pasivos futuros en una etapa temprana, y de adoptar medidas correctivas. Por lo tanto, las EP deben presentar los datos pertinentes al gobierno periódicamente, y el gobierno debe estar en condiciones de consolidar y analizar esta información y, por ende, de detectar los posibles riesgos fiscales que podrían surgir a partir de las opera- ciones de las EP. 112. La revisión de seis países de América Latina puso en evidencia el uso de prácticas adecuadas en cuanto a normas contables, informes financieros y auditoría externa por parte de las EP. En particular, en la mayoría de los países se constató la aplicación de normas contables similares a las que se utilizan en empresas del sec- tor privado, y una creciente armonización con las Normas Internacionales sobre Infor- mación Financiera (NIIF). También se pudo verificar que en todos los países analizados las EP elaboran y publican sus respectivos informes financieros, al menos con periodi- cidad anual. Es más, en algunos casos dichos informes se presentan también en forma consolidada para el sector de las EP —por ejemplo, la Memoria Anual Consolidada que publica el SEP en Chile, o el Informe Anual que prepara el FONAFE en Perú. Por último, pudo también corroborarse que los estados contables y financieros de las EP son au- ditados anualmente por un ente público contralor externo o por una empresa especial- izada del sector privado, y en varios casos —específicamente, algunas EP de Brasil, Perú, Paraguay y Uruguay— por ambos. A pesar de estos logros, en algunos casos se observan todavía oportunidades de mejora en cuanto a elevar la calidad de las audi- torías a estándares internacionales, en particular con respecto al proceso de selección de firmas auditoras del sector privado y al papel de los Entes Auditores Supremos del Estado. 113. También se observó un incipiente grado de desarrollo en la evaluación de riesgo fiscal y pasivos contingentes vinculado a las EP y otros entes públicos relevantes. Los casos de Chile, Colombia y Perú son los más avanzados y reglamentados en este sentido. En Chile la Dirección de Presupuesto (DIPRES) publica anualmente un informe sobre pasivos contingentes del Gobierno;59 en Colombia, el marco fiscal de mediano plazo que se anexa a la ley de presupuesto anual contiene estimaciones sobre pasivos contingentes referidos a desastres naturales, sociedades público-privadas, juicios con- tra el Estado y garantías a deuda emitida por entes públicos (incluyendo las EP); y en Perú la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal requiere la estimación de pasivos contingentes por parte del Ministerio de Finanzas a partir de 2012.59 Por su parte, la ley de directrices presupuestarias en Brasil contiene un anexo sobre riesgo fiscal, donde se analizan entre otros factores garantías de endeudamiento y procesos judiciales relacio- nados al sector de las EP. 57 Allen y Vani, 2013 58 El valor presente de los pasivos contingentes totales del Gobierno en Chile a fines de 2012 (asumiendo total materialización de riesgos) ascendía a 3,7% del PIB, de los cuales un tercio aproximadamente (1.1% del PIB) estaba vinculado a garantías de endeudamiento de las EP. 59 Las garantías del Gobierno a deuda emitida por las EP ese año alcanzaban 0,6% del PIB a fines de ese año. 68 Supervisión, presentación de informes y divulgación de información por parte del gobierno 114. El gobierno debe realizar un seguimiento de las operaciones de las EP de forma precisa, integral y constante. La supervisión incluye diversas funciones, como el examen de los planes estratégicos, los pronósticos financieros y el desempeño fi- nanciero de las EP, la identificación de las EP que presentan riesgos altos (por ejem- plo, empresas vulnerables y que generan pérdidas) y la gestión de una amplia base de datos sobre las EP. Se debe proporcionar información detallada y transparente sobre las operaciones de las EP al Poder Legislativo y al público general. La presentación de informes ayuda a implantar la rendición de cuentas y la evaluación adecuada de los riesgos fiscales. 115. Varias consideraciones sugieren ampliar la cobertura fiscal y los indicado- res fiscales más allá del gobierno general, a fin de abarcar todas las EP. La falta de cobertura de las operaciones de las EP en las cuentas públicas y estadísticas fiscales puede ocasionar problemas; por ejemplo, puede impedir la percepción adecuada de su impacto macroeconómico y los riesgos fiscales que pueden generar. La transparencia fiscal y la gestión de riesgos requieren que se informen todas las actividades de índole fiscal, es decir, del sector público no financiero consolidado, y los riesgos fiscales cor- respondientes. Las operaciones de las EP deben incluirse en todo análisis amplio de las finanzas públicas, dado su posible impacto en la política fiscal y los pasivos contin- gentes. Una cobertura fiscal amplia tiene varias ventajas, en particular, las siguientes: • Permite un análisis más preciso de la posición fiscal. • Reduce los incentivos para trasladar actividades a las EP. • Reduce las probabilidades de que aparezcan inesperadamente pasivos contingentes no registrados. • Mejora la percepción de riesgos fiscales. • Promueve el buen gobierno y puede mejorar la confianza del mercado. 116. La divulgación de los riesgos fiscales ayuda a gestionar tales riesgos y puede aumentar la eficiencia en la asignación de recursos públicos. Cebotari y otros (2009) destacan que la disponibilidad pública de información sobre los riesgos fiscales somete el análisis a un escrutinio adicional, promueve respuestas de políticas económi- cas más rápidas y homogéneas, fortalece la rendición de cuentas, y mejora la calidad de las decisiones y la evaluación de la eficacia en función de los costos de la toma de ciertos riesgos. Varios países han sancionado leyes sobre la divulgación de riesgos fis- cales o pasivos contingentes. Estas tendencias reflejan la percepción cada vez mayor de la importancia de estos temas, las normas estadísticas y contables internacionales cada vez más sofisticadas y exigentes, la introducción de leyes de responsabilidad y transparencia fiscal en algunos países, y las iniciativas internacionales que promueven la transparencia. Los países, en general, han ampliado gradualmente el alcance de los riesgos fiscales estimados y divulgados. 69 Riesgos Fiscales 117. Lo ideal es que la divulgación de los riesgos fiscales relacionados con las EP sea una parte integral de la divulgación general de riesgos fiscales que realiza el gobierno. Los riesgos fiscales y los pasivos contingentes planteados por las EP son un componente potencialmente importante de los riesgos fiscales generales que enfrenta el gobierno. Se recomienda un enfoque holístico para el análisis de riesgos, ya que un riesgo fiscal específico puede, en realidad, actuar como un seguro contra otros riesgos potenciales. 118. Los riesgos fiscales relacionados con las EP pueden formar parte de un informe de riesgos fiscales integral que se elabora anualmente y se presenta con el pre- supuesto, como se hace en algunos países. Según las circunstancias de cada país y la importancia relativa de los diversos riesgos, el informe de riesgos fiscales puede incluir el análisis de riesgos económicos y riesgos específicos y abarcar la deuda pública, los pasivos contingentes, las EP, los gobiernos subnacionales y las asociaciones público- privadas. Estrategias de mitigación de riesgos 119. Las estrategias de mitigación de riesgos tienen como fin identificar y re- ducir los posibles riesgos fiscales antes de que se asuman o se concreten, o minimizar el costo una vez que un riesgo se ha concretado60. En el caso de los riesgos fiscales identificados, priorizar las políticas de mitigación de riesgos debe basarse en la proba- bilidad de que un riesgo determinado se concrete y en el impacto fiscal resultante si se concreta. Sin embargo, los costos también entran en juego: es importante evaluar si los beneficios previstos de la mitigación de los riesgos superan a los costos de implementar dicha mitigación61. En este contexto, las políticas de mitigación de riesgos relevantes para las EP dependerán de los riesgos específicos enfrentados y planteados por el sec- tor de las EP, y de los beneficios y costos eventuales de las medidas de mitigación de riesgos. 120. La compensación presupuestaria adecuada de los costos de las actividades cuasifiscales es esencial para reducir los riesgos fiscales. Cuando el gobierno compensa plenamente a las EP por las actividades cuasifiscales, los costos y los riesgos generados por la consecución de objetivos de políticas gubernamentales se incorporan explícita- mente en el saldo presupuestario y la deuda del gobierno. Además de reducir consider- ablemente los riesgos relacionados con las EP, la compensación presupuestaria total de las actividades cuasifiscales puede fomentar una asignación más eficaz de los recursos y una mejor percepción de los riesgos: obliga a las actividades cuasifiscales a competir de forma justa por los escasos recursos públicos en el proceso presupuestario, y obliga al gobierno a incorporar explícitamente los riesgos fiscales. 121. El otorgamiento de garantías de deudas de las EP, que puede ser una fuente importante de riesgos fiscales, debe controlarse estrictamente62. Las garantías de deu- das emitidas por el gobierno para las EP y otras entidades descentralizadas relevantes deben ser analizadas en todos los casos por el Ministerio de Hacienda y contar con su aprobación. La aprobación legislativa es muy recomendable, ya que establece clara- 60 Petrie, 2013 61 Hardy, 2010 62 FMI, 2005a; Cebotari, 2008 70 mente que las garantías plantean riesgos que pueden ser una carga para futuros presu- puestos y, por ende, necesitan autorización parlamentaria. 122. El sesgo en favor de otorgar garantías de deudas en exceso puede reme- diarse estableciendo límites cuantitativos y exigiendo la aprobación legislativa para modificarlos. Es posible que exista un sesgo a favor de otorgar garantías excesivas que no son eficientes en función de los costos: es posible que las garantías no estén su- jetas al mismo grado de inspección que los gastos asignados en el presupuesto y, a diferencia de los gastos en efectivo, quizá no tengan que competir por el espacio fiscal en el proceso presupuestario. El establecimiento de límites para el otorgamiento de garantías fomentaría la competencia por la aprobación y fortalecería el establecimiento de prioridades. 123. Los riesgos exógenos a veces pueden mitigarse mediante el uso de instru- mentos de mercado. Por ejemplo, los riesgos relacionados con la moneda, las tasas de interés, los precios y el clima pueden cubrirse mediante la transferencia del riesgo a mercados financieros que estén en mejores condiciones de asumirlos, con un costo. Sin embargo, el uso de instrumentos de mercado para reducir el riesgo requiere una capacidad técnica considerable y un sólido gobierno corporativo, y no debe intentarse si no se cuenta con estos elementos. 124. En algunos casos, la diversificación puede reducir los riesgos. Por ejem- plo, la diversificación de las fuentes de energía de compañías eléctricas públicas que dependen en gran medida o exclusivamente de una fuente de energía puede mitigar la inestabilidad de los costos y los riesgos fiscales relacionados63. 125. El fortalecimiento de los procedimientos de inversión en las EP reduce los riesgos a largo plazo. La calidad de la inversión en las EP es un factor determinante para la sostenibilidad de la empresa y depende de la solidez de los mecanismos de inversión que se implementen. Las deficiencias en la evaluación inicial, la selección, la ejecución y la evaluación de los proyectos pueden ser fuentes importantes de riesgo fiscal debido a que pueden perjudicar la sostenibilidad de la empresa, y se las debe abordar según sea necesario. 63 Yépez-García y Dana, 2012 71 Riesgos Fiscales Tabla I.6: Informes Financieros y de Auditoría Externa: el caso de seis países de América Latina Fuente: Elaboración propia, en base a información de la Parte II y en consulta con funcionarios del sector de las EP de los países respectivos. Informes sobre Auditorías Normas Informes riesgo fiscal País Externas Contables Financieros y pasivos Independientes contingentes Aplicación Anexo sobre de normas Sí (Contraloría riesgo fiscal de internas y NIIF Si, anuales y de General y em- Brasil la ley de direc- en carácter acceso público. presas audito- trices presupu- complemen- ras externas). estarias. tario Si, trimestrales Informe Normas simil- y anuales y de sobre pasivos ares a las del acceso público. Sí (empresas contingentes Chile sector privado, auditoras inter- publicado en su mayoría Memoria Anual nacionales). anualmente por NIIF Consolidada DIPRES. (SEP). Estimaciones En proceso de sobre pasivos armonización contingentes en Sí (empresas Si, anuales y de Colombia entre las nor- el marco fiscal auditoras acceso público. mas internas y de mediano privadas). las NIIF. plazo de la ley de Presupuesto. Normas inter- nas contables y auditoría, Sí (Contraloría basadas en General de la Si, anuales y de Paraguay estándares No. República y acceso público. internaciona- empresas audi- les. Aplicación toras privadas) de las NIIF en proceso. 72 Sí (empresas auditoras Estimación privadas selec- Normas con- de pasivos Si, anuales y de cionadas a tables simil- contingentes acceso público. través de un ares a las del requerida por la Perú Informe anual proceso de sector privado, Ley de Respon- consolidado solicitud de incluyendo NIIF sabilidad y (FONAFE) propuestas, 2003. Transparencia dirigido por Fiscal. la Contraloría General). Los estados contables de las Normas con- EP contienen Sí (Tribunal tables simil- notas y consid- de Cuentas y ares a las del Si, anuales y de Uruguay eraciones sobre empresas audi- sector privado, acceso público. riesgo fiscal. toras interna- incluyendo NIIF No existe una cionales). 2003. sistematización general. 73 Riesgos Fiscales PARTE II Casos de Países 75 El caso de Brasil II.1 II.1.1 Cartera de Empresas Públicas 1. A pesar de haber tenido una historia reciente de intensas privatizaciones, las Empresas Públicas (EP) continúan siendo actores importantes en Brasil.94 Una cantidad de información clave confirma su relevancia en la economía. Por ejemplo, emplean alre- dedor de 500.000 personas (0,7 por ciento del empleo total); el presupuesto agregado de las EP es aproximadamente 30 por ciento del PIB;95 y la inversión total por las EP alcanza aproximadamente el 2,3 por ciento del PIB. Al mismo tiempo pagan dividendos y contribuyen a las finanzas del Gobierno al pagar impuestos y tarifas por un monto que alcanza casi el 3 por ciento del PIB o el 9 por ciento del total de los ingresos públicos.96 2. Hay un total de 147 EP vinculadas al Gobierno Central en Brasil. De estas empresas, 38 son de absoluta propiedad del Gobierno y 25 tienen control directo del Estado ya que están totalmente financiadas por el presupuesto estatal. El resto de las empresas financian sus actividades con sus propios recursos o a través del mercado y están indirectamente controladas por el Estado. 3. Las EP en Brasil operan tanto en mercados competitivos como en los no- competitivos. Sus actividades están concentradas en los sectores del petróleo y gas natural, finanzas, electricidad y servicios. Unas pocas EP de envergadura tienen un papel preponderante en sus respectivos sectores: Empresa Brasileña de Petróleo S.A. (Petróleo Brasileiro S.A.- PETROBRAS) es la más grande empresa de petróleo y gas na- tural con un presupuesto que llega a casi el 7 por ciento del PIB de Brasil; Banco do Brasil, Caixa Econômica, y el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) son los actores más importantes en el sector financiero con un presupuesto agregado de aproximadamente 4,3 por ciento del PIB. El presupuesto de la empresa de servicios postales estatales, Empresa Brasileira 94 Este trabajo centra su atención en las EP vinculadas al Gobierno Federal. 95 Es importante notar que el presupuesto combinado de las diez mayores EP de Brasil (PETROBRAS, BR, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ELETROBRAS, Banco do Nordeste do Brasil, Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO, y Casa da Moneda do Brasil llegaron a casi 13 por ciento del PIB y contribuyeron el 86 por ciento del empleo de las EP en 2010. 96 Las cifras son para 2010 y se calcularon usando datos oficiales obtenidos del Ministerio de Planificación y del Minis- terio de Hacienda 76 de Correios e Telégrafos, es 0,33 por ciento del PIB y la Empresa Brasileña de Energía Eléctrica (Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS) lidera el sector electricidad con un presupuesto de 0,3 por ciento del PIB. En términos de la distribución de las em- presas en los distintos sectores, la tabla que aparece más abajo muestra que el 43 por ciento de las empresas operan en el sector del petróleo y el gas natural, y 37 por ciento en los sectores de electricidad, finanzas y servicios. 4. Las EP tienen una presencia importante en la Bolsa de Valores de Brasil. Ocho empresas cotizan en la Bolsa de Valores BM&F BOVESPA, que da cuenta de aproxima- damente 25 por ciento de su total capitalización del mercado de la que solamente PE- TROBRAS representa un 17 por ciento97. Figura II.1: Distribución de las EP por Sector Fuente: Ministerio de Planificación Otros 10 Electricidad 19 Infraestructura Petróleo y Gas Natural 9 63 Total 147 Servicios 16 Transporte 3 Financiero 19 Investigación Industria 4 4 II.1.2 Función de propiedad: Marco y organización institucional 5. El Gobierno de Brasil aplica un modelo híbrido para la supervisión de las EP. Mientras que el Ministro de Finanzas (MF) tiene el papel principal en la fijación de tari- fas, el Ministerio de Planificación se concentra en aspectos presupuestarios, y a través del Departamento de Coordinación y Control de las Empresas públicas (Departamento de Coordenação e Controle das Empresas Estatais - DEST) —su organismo de coordinación para la supervisión de las EP— es responsable de la planificación estratégica, los progra- mas de inversión y la gestión de la organización y desempeño de las EP. El DEST depende 97 The Governance of Mixed-Ownership Enterprises in Latin America: Discussion Paper, OECD 2012 77 El Caso de Brazil de la Secretaría Ejecutiva del Ministerio de Planificación y tiene influencia sobre 122 EP. 98 Entre sus obligaciones se encuentra coordinar la elaboración del presupuesto de las EP y monitorear su ejecución (incluidas las metas fiscales y las inversiones), consolidar e infor- mar datos económicos y financieros de las EP, y fomentar la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo. De modo complementario, varios ministerios sectoriales (pre- sentados en el Anexo A) también tienen un papel significativo, tanto en la planificación del sector como en los aspectos técnicos, tales como la definición del sector y de puntos de referencia y metas de calidad en el servicio. Finalmente, los organismos regulatorios asumen responsabilidades relativas a la protección del consumidor, las conductas anti- competitivas y la regulación del sector. 6. La supervisión de la mayoría de las EP en Brasil ha sido fortalecida técnicamen- te por el rol del DEST, y consolidada institucionalmente a través del Comité de Gobierno de las EP. Por un lado, el DEST es un departamento técnico dentro del Ministerio de Plani- ficación a cargo de la supervisión directa de las EP. Por otro lado, el Comité de Gobierno de las EP es un organismo político compuesto por tres miembros permanentes (el Ministro de Finanzas, el Ministro de Planificación y el Ministro de Estado) y, de ser requerido, por otros ministros sectoriales. El Comité recibe apoyo técnico del DEST, coordina a los princi- pales actores institucionales en la supervisión de las EP, y tiene un rol preponderante en la toma de decisiones estratégicas relativas a la cartera de las EP—como en el caso de las fusiones y adquisiciones o de las privatizaciones. 7. El Ministerio de Planificación asume el rol principal en la definición del marco general para las políticas de contratación de personal de las EP. El Ministerio de Planifica- ción tiene competencia (por el Decreto 3.735) para aceptar o rechazar planes y topes de contratación de personal; convenios colectivos de trabajo; programas de participación en las ganancias para empleados; programas de retiro incentivado; etc. Además, la Ley 3.255 establece límites a los beneficios del personal de las EP. II.1.3 Rendición de Cuentas y Mecanismos de Supervisión Declaraciones de objetivos y documentos de planificación 8. Contratos de gestión/desempeño. Durante la última década, el DEST ha im- plementado cuatro pilotos con contratos de desempeño,99 que incluían indicadores de resultados claramente definidos, metas financieras (por Ej. rendimiento de los activos líquidos), metas de entregas del servicio, y algunos indicadores de gestión interna (por Ej. recursos humanos, control interno, aspectos técnicos, etc.). Los contratos de desempeño incorporan sanciones financieras (eliminación parcial o completa de primas/dividendos) asociadas con el incumplimiento de estas metas acordadas entre el DEST (o el Directorio, en algunos casos) y la EP. Sin embargo, de acuerdo al DEST, el impacto de estas herra- mientas de rendición de cuentas sobre una mejora en el desempeño no ha sido significa- 98 Conceptualmente, el presupuesto fiscal en Brasil diferencia dos tipos de EP: (a) aquellas empresas que financian sus ac- tividades con sus propios recursos o el mercado; y (b) aquellas que dependen del presupuesto fiscal para pagar sus gastos corrientes. Sólo el primer grupo de empresas se encuentra bajo supervisión del DEST, y son objeto de estudio en este capítulo (el Anexo A muestra una lista completa de empresas estatales dependientes del DEST). 99 La Empresa de Energía Eléctrica Estatal (Companhia Estatal de Energia Elétrica - CEEE) y la Empresa de Aguas del Distrito Federal de Brasil (Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB) firmaron contratos de desempeño con las autoridades que formulan sus políticas sectoriales respectivas. Estas autoridades están también a cargo de monitorear y hacer cumplir los contratos. La Empresa de Saneamiento de Rio Grande también firmó un acuerdo de desempeño, pero en este caso se creó un comité especialmente para supervisar el contrato. 78 tivo hasta el momento. Es importante además destacar que DEST ha firmado programas anuales donde se vinculan los pagos de salarios con el eventual logro de metas pre-defi- nidas con alrededor de 20 EP vinculadas al Gobierno Central.100 9. Presupuestos de las EP y planes de inversión. Los aprueba el ejecutivo y el legislativo, respectivamente, tal como está indicado en la Constitución y la Ley de Presu- puesto. La Ley de Directrices para el Presupuesto (Lei de Diretrizes Orçamentárias) asigna la responsabilidad de aprobar el presupuesto de los gastos corrientes de las EP a la Presidencia. Sin embargo, los planes de inversión de las EP tienen que ser aprobados por el Congreso Nacional, dentro del marco del plan de inversión general del Gobierno para el año. En el caso particular de las EP de propiedad total del Estado, la ley de responsabili- dad fiscal (LC-101) impone límites y restricciones a los gastos. El DEST es responsable de la preparación del Plan Integral de Gastos (Programa de Dispêndios Globais - PDG) para las EP usando el Sistema Integrado de Información (SIEST). 10. Formulación y aprobación del presupuesto. Las EP en Brasil elaboran y envían sus presupuestos anualmente, junto con el resto de los organismos del Gobierno. La ela- boración de presupuestos basados en resultados es común para las EP que distribuyen dividendos/primas entre sus empleados, mientras que la elaboración de presupuestos por programas es la práctica usual para el resto de las EP. El presupuesto propuesto de cada EP es autorizado por la asamblea de accionistas, y luego enviado para su aproba- ción al Ministerio de Finanzas o al correspondiente Ministerio de línea, los cuales llevan a cabo luego una decisión colegiada con asesoramiento del Ministerio de Planificación. Una vez que se hayan autorizado estas instancias, los presupuestos de las EP son emiti- dos a la Legislatura y aprobados y publicados de maneja conjunta con el presupuesto del Gobierno Central, por lo que se garantiza que la información presupuestaria esté amplia e inmediatamente disponible para el público. Informes: Monitoreo del desempeño y divulgación ex post 11. Informes de ejecución presupuestaria. El DEST supervisa la ejecución del pre- supuesto y las operaciones financieras de las EP usando SIEST. Los gastos de las EP son mensualmente monitoreados y conciliados con las cuentas presupuestarias sobre una base de efectivo. Cada dos meses, el DEST informa en línea la ejecución del presupuesto para cada EP basada en sus respectivos planes de inversión.101 12. Otros informes clave de las EP. Regularmente, los CEO de las EP elaboran in- formes que contienen información financiera y otro tipo de información complementaria acerca del desempeño y otros aspectos técnicos de la empresa, los que se entregan al directorio y se utilizan con fines de auditoría interna. El directorio de cada EP es respon- sable de presentarle a varias entidades de control gubernamental (internas y externas) un informe financiero anual con información agregada. Además, los directorios de las EP presentan sus declaraciones y estados financieros anuales tanto internamente, para los organismos de control relevantes en el Ejecutivo y el Legislativo, como externamente, a través de su publicación en línea.102 Por otra parte, cabe destacar que según los requeri- mientos de la ley presupuestaria anual del Gobierno Central (Lei de Diretrizes Orçamen- tárias), aquellas EP que reciben transferencias corrientes del Tesoro deben elaborar un 100 Dichos programas se denominan Programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). 101 Toda esta información se encuentra disponible para el público en http://www.planejamento.gov.br/secretaria. asp?cat=20&sec=4 . 79 El Caso de Brazil anexo que presente una estimación de riesgos fiscales. Auditorías de las EP 13. Las EP deben implementar auditorías externas. Tanto el Tribunal de Cuentas (Tribunal de Contas da União - TCU) como la Oficina del Contralor General (Controladoria Geral da União - CGU) están autorizadas a realizar auditorías externas sobre las EP. Ade- más, el Directorio selecciona firmas extranjeras para auditar la gestión de las EP. Para la auditoría externa anual, la auditoría cubre aspectos financieros y contables. Estas audi- torías se publican en internet y también son entregadas a los organismos de control del Gobierno y Legislativos.103 14. Sin embargo, los auditores externos independientes son frecuentemente seleccionados por medio de un proceso de adjudicación que no necesariamente con- sidera la relevancia de las condiciones técnicas. La Ley sobre Licitaciones Públicas de Brasil104 expone diferentes modalidades para las licitaciones públicas, entre las que se incluyen las condiciones técnicas y el precio, o el precio solamente. Algunos auditores in- dependientes han sido seleccionados usando la modalidad del precio solamente; Para las licitaciones en las que se considera la competencia técnica, la capacidad no siempre es el factor más ponderado en la decisión final, que es guiada por el precio y por consiguiente puede poner en peligro los estándares de calidad de la auditoría. Directorios y administración de las EP 15. Los directorios supervisan todas las EP vinculadas al Gobierno Federal, de manera directa o por medio de un grupo de empresas. El Directorio está compuesto por varios miembros, incluido un representante técnico especializado del Ministerio de Planeamiento, varios representantes del ministerio del sector respectivo, también con importantes antecedentes técnicos, y desde 2010, un representante del personal. La estructura de los directorios de las EP de Brasil está compuesta por un presidente, un vice-presidente y un número variable de directores. A menudo, los expertos de área también participan regularmente en las reuniones de directorio como asesores. En al- gunos casos en particular, el directorio cuenta con un sólido cuerpo técnico, indepen- diente del personal de la EP. 16. A pesar de que los miembros del directorio son seleccionados de forma dis- crecional, tienen mandato por un tiempo determinado, que no guarda relación con el propio mandato del Gobierno. Los ministerios de supervisión seleccionan sus respec- tivos miembros de directorio de acuerdo a criterios técnicos, pero sin ninguna base competitiva sistemática. Existe un control de fondo por medio de la “Casa Civil” (Oficina Ejecutiva del Presidente) para garantizar la solidez técnica en la selección. La duración del mandato es fija, y generalmente no está relacionada con el mandato del Gobierno. 17. Existe una definición clara de los roles entre el directorio y el director de la EP. Mientras que el área de responsabilidad del director está centrada en la administra- ción de los negocios de la EP, el Directorio tiene a su cargo las siguientes responsabili- dades de supervisión: • Ofrecer las directrices generales para las actividades de los negocios de la EP; 102 Por favor referirse a http://www.planejamento.gov.br/secretaria.asp?cat=20&sec=4. 103 Las declaraciones auditadas son públicas y están disponibles en el sitio Web de las empresas. Por ejemplo, en el caso de PETROBRAS, el informe independiente de los auditores se encuentra en http://www.petrobras.com.br/ rs2010/en/ 104 Ley Número 8666/93. 80 • Evaluar el desempeño del director de la EP; • Organizar la asamblea general de accionistas; • Evaluar el informe de gestión anual de la empresa; • Decidir sobre ofertas públicas o resguardos de garantías; • Autorizar el arrendamiento o venta de acciones fijas; y • Seleccionar y rechazar firmas de auditoría independientes. 18. Las reuniones de Directorio son frecuentes y reciben apoyo técnico. Las “Reuniones Ejecutivas de Directorio” se realizan semanalmente, y su contenido a menudo se relaciona con decisiones y procedimientos de rutina. Además, las Reuniones del “Con- sejo Fiscal” y del “Consejo Administrativo” se llevan a cabo mensualmente, y la agenda y la discusión adoptan una dimensión más estratégica. 19. Sin embargo, los mecanismos de selección de los directores de las EP siguen siendo discrecionales. La Oficina del Procurador General (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN, en el Ministerio de Finanzas), designa a los directores de las EP con un contrato por un término fijo, por sugerencia de los ministros sectoriales. La Casa Civil revisa los antecedentes de los candidatos, pero sólo en algunos casos existen reglamen- taciones claras que estipulan una experiencia académica mínima. De manera informal, la afiliación política ha desempeñado su rol en los procesos de selección. BNDES: Un actor clave en la economía de Brasil II.1.4 20. Desde su creación en la década de 1950, el Banco de Desarrollo Brasileño o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, (BNDES) ha sido el instru- mento principal para el financiamiento en el largo plazo de las inversiones en todos los segmentos de la economía brasileña. La verdadera relevancia que tiene el BNDES se puede ilustrar a través de distintos indicadores. En 2011, el BNDES tenía 2.500 emplea- dos y ofrecía aproximadamente la mitad del crédito total en Brasil (el crédito total y el crédito BNDES como proporción del PIB fueron, respectivamente, 46 por ciento y 21 por ciento en 2011). Los desembolsos totales del BNDES totalizaron USD 82.300 millones y alcanzaron un valor de mercado de aproximadamente USD 60.500 millones en 2011. Figura II.2: Desembolsos BNDES y Cartera de Acciones (en USD miles de millones) Fuente: BNDES 19,8 22,5 24,1 28,2 34,0 49,7 12,2 49,8 25,3 13,4 71,6 59,1 25,1 96,3 75,6 48,1 82,3 60,5 50,8 6,9 8,4 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Desembolsos Valor de mercado Valor de costo 81 El Caso de Brazil 21. El BNDES se estableció el 20 de junio de 1952, bajo la Ley 1628, como orga- nismo del gobierno, con el objetivo de desarrollar y llevar a cabo políticas de desarrollo económico nacional. Posteriormente, de acuerdo a la Ley 5662, del 21 de junio de 1971, el BNDES se convirtió en una empresa del Estado bajo el derecho privado, que dio por resultado una mayor flexibilidad para recaudar e invertir fondos, además de una menor interferencia política. 22. El tamaño de la cartera de préstamos y del capital accionario del BNDES es comparable con los de otras instituciones financieras reconocidas. Para evaluar su tamaño y relevancia, en la siguiente tabla se muestran varios indicadores que compa- ran al BNDES con otros bancos de desarrollo internacionales. En términos de activos totales y desembolsos de préstamos, el BNDES se ubica segundo después del Banco de Desarrollo de China (China Development Bank - CDB). Sin embargo, en relación al tama- ño de sus respectivas economías, los desembolsos de préstamos por parte del BNDES alcanzan el 5 por ciento del PIB, mientras que los préstamos por el CDB son del 2 por ciento. Además, el Retorno sobre el promedio de Patrimonio Neto (ROE) del BNDE es el más alto entre los bancos de desarrollo internacionales considerados en esta muestra. Tabla II.1: BNDES comparado con los Bancos Multilaterales (en USD millones) Banco de BNDES BID BIRF CAF Desarrollo de China 30 jun. 31 dic. 2009 31 dic. 2009 31 dic. 2009 31 dic. 2009 2009(*) Activos totales 222,050 84,006 275,420 15,887 665,168 Patrimonio neto 15,867 20,674 40,037 5,287 55,471 Ingresos netos 3,868 794 3,114 235 4,673 Desembolsos por 78,910 11,424 18,564 4,584 92,998 préstamos Préstamos totales 162,917 58,049 105,698 11,687 543,196 Capitalización 7.10% 24.60% 14.50% 31.90% 8.30% ROA 2.30% 1.00% 2.40% 2.40% 0.80% ROE 29.00% 4.00% 8.00% 4.70% 8.80% Fundado 1952 1959 1945 1968 1994 82 23. La presencia del BNDES es significativa a lo largo de toda la economía bra- sileña. El BNDES ofrece apoyo al financiar proyectos que incluyen inversiones, adquisi- ción de equipamiento y exportación de bienes y servicios. Además, el BNDES fortalece la estructura de capital de las empresas privadas y destina financiamiento no reembol- sable a proyectos que contribuyen al desarrollo social, cultural y tecnológico. Figura II.3: Desembolso del BNDES por sector 7% 8% 5% 5% 7% Fuente: BNDES 12% 12% 14% 9% 7% 16% 12% 14% 17% 21% 8% 6% 5% 6% 7% 33% 36% 35% 30% 39% 35% 31% 38% 40% 40% 46% 48% 50% 53% 46% 47% 40% 43% 40% 32% 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Industria Infraestructura Agricultura Comercio y Servicios Gobierno corporativo 24. Las políticas del BNDES son establecidas por el Ministro de Estado para Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. No obstante, la empresa todavía le informa al DEST del Ministerio de Planificación su desempeño financiero y económico. Tal como fue mencionado anteriormente, este departamento está a cargo de preparar el PDG para todas las EP bajo su supervisión, inclusive el BNDES. 25. Las prácticas de gobierno corporativo de las BNDES se basan en los princi- pios de transparencia, trato justo de todos los accionistas y rendición de cuentas. La implementación de estas prácticas intenta no sólo optimizar el desempeño del BNDES sino también proteger a su accionista único, el Gobierno Central y a otros accionistas como los empleados, acreedores, trabajadores y la sociedad en general. Dentro de la organización, las prácticas de gobierno corporativo son examinadas en diferentes eta- pas por: (i) la Junta Consultiva, (ii) el Comité Auditor, (iii) el Consejo Fiscal, y el Consejo Administrativo, y (iv) la Oficina del Ombudsman. Junta Consultativa 26. La Junta Consultiva es el organismo superior de las directrices. Consta de 83 El Caso de Brazil once miembros, entre los que se incluye el Presidente de la Junta; cuatro selecciona- dos por los Ministros de Estado para Planificación, Presupuesto y Gestión; Trabajo y Empleo, Finanzas, y Asuntos Exteriores, respectivamente, y el otro por el Ministro de Estado para Desarrollo, Industria y Comercio Exterior. El Presidente del BNDES es el Vice-Presidente de la Junta. Los Miembros de la Junta Consultiva son designados por el Presidente de la República por un período de tres años a partir de que se publica la fecha de su designación, renovable por igual período. Los posibles candidatos deben poseer conocimientos y experiencia sobresalientes en el área, integridad moral y una reputación intachable. La Junta Consultiva se reúne trimestralmente y, extraordina- riamente, cuando la convoque el o la Presidente, a su discreción, o a solicitud de al menos dos de sus miembros. La Junta sólo toma decisiones en presencia de al menos seis de sus miembros. Entre las obligaciones de la Junta Consultiva se encuentran: • Dar su opinión, cuando lo solicite el Ministro de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, acerca de asuntos relevantes referidos al desarrollo económico y social del país y que estén más directamente relacionados con los esfuerzos del BNDES; • Asesorar al Presidente del BNDES acerca de las directrices generales para los esfuerzos del Banco y promover la divulgación de objetivos, programas y resulta dos de las operaciones del BNDES en las principales instituciones del sector económico y social; • Examinar y aprobar, tal como sea propuesto por el Presidente del BNDES, políticas generales y programas a largo plazo conformes a la política económica y financiera del Gobierno Central. Comité Auditor 27. El Comité Auditor del BNDES actúa como organismo auxiliar de la Junta Consultiva, a quien debe reportarse. Esto se estipula de acuerdo a una cláusula del estatuto y siguiendo los lineamientos del Código de Mejores Prácticas de Gobierno Cor- porativo del Instituto Brasileño de Gobierno Corporativo (Instituto Brasileiro de Gover- nança Corporativa - IBGC). El Comité puede estar conformado por hasta seis miembros (en la actualidad son tres) nombrados por la Junta Consultiva. El mandato es por un período indefinido, que puede concluir en cualquier momento por resolución de la Junta Consultiva. Entre las obligaciones del Comité Auditor se encuentran: • Recomendar el auditor independiente que va a ser contratado por la admini- stración; • Revisar los estados financieros cada seis meses antes de su publicación; • Evaluar la efectividad de las auditorías internas e independientes; • Recomendar la corrección o mejora de las políticas, prácticas y procedimientos identificados dentro de los poderes del Directorio; • Preparar un informe que contenga información acerca de sus actividades y evaluar la efectividad de los sistemas de control internos. Consejo Fiscal 28. La legislación brasileña establece la figura de un consejo fiscal para em- presas y sociedades de responsabilidad limitada. El consejo fiscal es esencialmente un organismo supervisor y de inspección que se reporta directamente a los accionistas. En el caso del BNDES, la Ley de Sociedades Comerciales de una empresa define las responsabilidades de los Consejos Fiscal y Administrativo y las reglas de designación de sus miembros. El Consejo Fiscal del BNDES está formado por tres miembros y tres suplentes, todos con un plazo en el cargo de dos años, renovable por un período igual. 84 Dos miembros y sus suplentes son designados por el Ministro de Estado de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior, y un miembro y su suplente son designados por el Minis- tro de Estado de Finanzas, como representantes del Tesoro Nacional, designados por el Presidente de la República, en cualquier caso. Entre las obligaciones del Consejo Fiscal se encuentran: • Examinar y brindar opiniones acerca de los balances, otros estados financieros, y las cuentas semestrales de los directores del BNDES; • Cumplir con otras obligaciones establecidas en la Ley de Sociedades Anónimas. Por ejemplo, los organismos de administración, dentro de los diez días y por medio de un comunicado formal, deben entregarles a los miembros del Consejo Fiscal en función una copia de las actas de sus reuniones y, dentro de los quince días de su culminación, copias de los balances y otros estados financieros preparados periódicamente, así como informes de la implementación del presupuesto. Oficina del Ombudsman 29. La oficina del Ombudsman ofrece servicios al mediar en cuestiones entre los ciudadanos y la institución. Aporta clarificación y busca fortalecer los lazos entre el BNDES, sus clientes y el público en general. Con tal fin, fomenta las iniciativas des- centralizadas, voluntarias y efectivas tendientes a mejorar los servicios ofrecidos, por lo que se transforma en un instrumento de inclusión social. Esta oficina contribuye a mejorar el proceso democrático al actuar de modo independiente, imparcial y confiden- cial para transmitir las demandas del público y los clientes al BNDES. El Ombudsman es designado por el Presidente del BNDES y conserva su cargo indefinidamente; su cargo finaliza a discreción del Presidente en cualquier momento. Iniciativas de reforma II.1.5 30. Luego de la crisis de deuda de los 80, el gobierno brasileño cambio una extensa cartera de EP, que jugó un papel importante en la economía, con el inicio de un plan de privatización a gran escala. Antes de 1990, comenzó un esquema de priva- tización limitado, y el Gobierno Central privatizó 38 empresas. Entre 1990 y 1992 se privatizaron 15 EP, lo que dio por resultado alrededor de USD 3.500 millones en ingresos totales. Posteriormente se vendieron otras 18 EP, que reportaron más de USD 5.000 millones. Para 1994 se habían vendido 25 empresas públicas, mayormente a cambio de certificados de deuda y poco dinero en efectivo. 31. Esta segunda ola de privatizaciones bajo la administración de Cardozo que inició en 1994, estuvo enfocada en las EP responsables de la mayor parte de la infraes- trutura económica de Brasil, incluyendo empresas en los sectores de energía, transpor- te y comunicaciones. Sin embargo, la empresa estatal más grande Brasil, PETROBRAS, quedó fuera del programa debido a restricciones constitucionales. 32. El Gobierno ha tomado algunas medidas para fortalecer y centralizar la supervisión de las EP en los últimos años. Partiendo de una supervisión totalmente descentralizada donde los ministerios sectoriales tuvieron un papel importante, el Go- bierno Central inició la centralización de las funciones de supervisión al crear en 1978 la Secretaría de Coordinación de las Empresas Públicas (Secretaria de Controle de Em- presas Estatais - SEST), dependiente del Ministerio de Planificación. También se crearon organismos reguladores con posterioridad a 1994 para reforzar la supervisión técnica y 85 El Caso de Brazil el marco legal de los sectores estratégicos. 33. Luego de las reformas de privatización en los años 90, el Gobierno optó por una mayor centralización de la función de supervisión. En 2007, el Gobierno Central creó la Comissção Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União (CGPAR), como eje de la centralización de las fun- ciones de supervisión. Los miembros permanentes del comité son el Ministro de Planifi- cación, el Ministro de Finanzas, y el Ministro de Estado, mientras que otros ministerios sectoriales pueden participar a pedido de los miembros permanentes. El DEST ejerce el rol de Secretaría Ejecutiva para el Comité, cuya función está centrada en la supervisión y planificación estratégica de la cartera de las EP, así como en mejorar el gerenciamiento de las mismas, poniendo énfasis a la administración financiera pública de estas firmas. 34. Los tres actores principales a lo largo del proceso de reforma gradual de la supervisión han sido el Ministerio de Planificación, el DEST (dentro del Ministerio de Planificación), y el Ministerio de Finanzas. Mientras que el proceso de privatización ocasionó agitaciones políticas y se lo fomentó principalmente en períodos de dificul- tades con las finanzas públicas, la reforma de la supervisión de las EP fue un proceso gradual iniciado con la creación del SEST, y con la progresiva consolidación de la es- tructura de supervisión institucional. La estructura de supervisión resultante, lejos de estar completamente centralizada, distribuye responsabilidades entre el organismo de coordinación de la supervisión (DEST), el Comité de Gobierno de las EP, los organismos reguladores y varios ministerios sectoriales. 35. En 2010, se modificó el marco legal para introducir la participación obligato- ria de un representante del personal en cada Directorio de las EP. Tabla II.2: Marco legal PROTECCIÓN LEGAL NORMA CONSTITUCIÓN LEY DECRETO MENOR División de responsabilidades entre los Ministerios X X X en la función de propiedad de la cartera de las EP Creación de la Unidad de Monitoreo X de las EP Reglas de designación y desti- No establecido tución del Directorio/CEO de la EP Requisitos de informes de las EP, X X si hay alguno Requisitos de auditorías de las EP, X X si hay alguno Mecanismos de evaluación del X X desempeño de las EP 86 Desafíos futuros 36. El principal desafío en el área de gobierno corporativo en Brasil concierne a la relación entre el Estado como principal accionista y otros accionistas. De modo específico, las reglas que reglamentan esta relación han estado sujetas a varias modifi- caciones, y el marco legal actual está todavía siendo cuestionado. Si se tiene en cuenta la significativa participación de las EP de Brasil en los mercados de capital, a menudo se argumenta, por un lado, que el control del gobierno sobre las empresas que cotizan en bolsa puede tener consecuencias no deseadas, debido en primer lugar al conflicto de intereses que puede surgir cuando el Estado es simultáneamente accionista y regu- lador. Generalmente también se supone que la ley de empresas podría influir sobre el comportamiento del Estado como accionista. 37. Hay otras áreas específicas de gobierno corporativo que presentan desafíos concretos para las EP. En particular, es importante continuar implementando medidas que garanticen un funcionamiento apropiado de los directorios. Algunos de los aspec- tos que requerirían atención son aquellos relacionados con la definición de los roles y responsabilidades entre los directorios; la independencia de los directores externos; y en algunos casos, los aspectos de remuneración de los miembros del directorio. 87 El Caso de Brazil El caso de Chile II.2 II.2.1 Cartera de Empresas Públicas 38. Si bien el sector de las Empresas Públicas (EP) es relativamente pequeño en Chile, algunas de las empresas desempeñan un papel importante en sectores estra- tégicos de la economía chilena.21 En términos generales, las EP emplean alrededor de 49.000 personas (0,7 por ciento del empleo general); los gastos agregados representan aproximadamente 9,4 por ciento del PIB; los ingresos generados por todas las EP alcan- zan el 12,8 por ciento;22 y la inversión total el 1,2 por ciento. Al mismo tiempo, contribu- yen a las finanzas públicas por medio de impuestos, tasas, regalías y dividendos en un monto que alcanza casi el 2,5 por ciento del PIB o el 6 por ciento de los ingresos totales del Gobierno Central.23 39. El universo de las EP en Chile incluye 33 empresas vinculadas al Gobierno Central. De las 33 empresas, 27 son propiedad del Estado en un 100%, y el resto tienen alguna participación del sector privado. Operan tanto en mercados competitivos como en los no-competitivos, y sus actividades están extendidas a través de los diferentes sectores. No obstante, las EP son importantes en los sectores minero y financiero, en los cuales los ingresos de las EP representan el 11 por ciento y el 1,1 por ciento del PIB de Chile, respectivamente.24 También participan activamente en transporte, infraestructura de puertos, comunicaciones, defensa, agua y saneamiento, y servicios. Los ingresos generados por las EP en cada uno de estos últimos sectores representan menos del 0,2 por ciento del PIB. 21 Este trabajo sólo centra su atención en las EP vinculadas con el Gobierno Central. 22 Cabe destacar que CODELCO, la Corporación Nacional del Cobre, y ENAP, la Empresa Nacional del Petróleo, com- binadas contribuyen con casi el 90 por ciento de los ingresos totales generados por el todas las EP en 2010. Además, CODELCO es responsable de casi el 95 por ciento de todas las transferencias de las EP al Gobierno Central. 23 Las cifras corresponden al año 2010 y se calcularon utilizando datos oficiales obtenidos de la Dirección de Presu- puestos del Ministerio de Hacienda. 24 Banco del Estado de Chile es la única EP en el sector financiero. 88 Figura II.4: Distribución de las EP por Sector Financiero 1 Minería 4 Servicios Transporte 8 2 Total 33 Agua y saneamiento 2 Operadores portuarios 10 Comunicaciones 6 Tabla II.3 Distribución de las EP por Sector Sector Ingresos (como porcentaje del PIB) Minería 11.0 Transporte 0.2 Operadores portuarios 0.1 Comunicaciones 0.2 Agua y saneamiento Menos del 0,1 Servicios 0.2 Financiero 1.1 Total 12.8 89 El Caso de Chile II.2.2 Función de propiedad: Marco y organización institucional 40. En la actualidad, Chile mantiene una estructura híbrida de la función de pro- piedad. Por un lado, la representación de la propiedad y las responsabilidades respecto del control y la supervisión de la mayoría de las EP (23 de 33) figuran en el denominado “Sistema de Empresas” (SEP). El SEP es un organismo técnico asesor del Estado a car- go del control centralizado de la gestión de las EP.25 Por otro lado, las principales EP chilenas no se encuentran bajo el control y la supervisión del SEP, y operan en forma descentralizada y autónoma, vinculándose con el Gobierno por lo general a través de ministerios sectoriales afines a su área de competencia. En particular, la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO), la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), el Banco del Estado de Chile las empresas en el sector comunicaciones, y todas las empresas esta- tales relacionadas a la defensa están sujetos a acuerdos institucionales separados. De hecho, muchas de estas empresas tienen un marco regulatorio desarrollado específica- mente para sus operaciones y aprobado mediante leyes especiales. 41. El SEP está dirigido por un Consejo, integrado por 9 miembros26, y está ad- ministrado por un Director Ejecutivo que reporta al Consejo. Bajo la supervisión del Di- rector Ejecutivo, tres áreas llevan a cabo las funciones del SEP: la Dirección Corporativa, la Fiscalía y su Área de Administración. Por otra parte, cuenta con una Contraloría que también responde al Director Ejecutivo. En total, el personal del SEP está compuesto por veintiséis funcionarios. 42. Las principales funciones del SEP son nominar y designar los directores de las EP, aprobar los planes estratégicos, establecer metas anuales y controlar la ges- tión de las EP bajo su supervisión. El Ministerio de Hacienda aprueba los presupuestos anuales y los proyectos de inversión de las EP, autoriza los préstamos y aprueba las contribuciones fiscales. El SEP verifica que los presupuestos sean razonables y que su gestión, iniciativas estratégicas y proyectos de inversión estén alineados con la planifi- cación estratégica. La tarea de control de gestión del SEP consiste en evaluar los resul- tados que recibe de las EP y brindarles a estas los aportes necesarios con el objetivo de mejorar su funcionamiento. 43. El SEP suministra información al Ministerio de Hacienda sobre los proyectos de inversión y los presupuestos de las EP. La decisión del Ministerio es relevante en la medida en que determina la aprobación o el rechazo de dichos proyectos y presupues- tos. Asimismo, el SEP tiene la obligación de presentar un informe anual que dé cuenta del desempeño de las EP al Congreso y al Presidente de la República. 25 Jurídicamente el SEP es un Comité de CORFO, y comúnmente se denomina al SEP como un grupo de las EP. El Anexo B muestra la lista completa de empresas bajo supervisión del SEP 26 De los miembros del Consejo, 3 son designados por el Presidente de la República; 2 son nombrados por el Ministerio de Hacienda; 1, por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo; y 3, por el Vicepresidente de la CORFO, de los cuales, 1 es propuesto por el Ministerio de Minería y 1 por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 90 Figura II.5: Organigrama del SEP Consejo SEP Presidente SEP Dirección Ejecutiva Contraloría Area Fiscalía Dirección Corporativa Administrativa 44. Aquellas empresas que tomen créditos con garantía del Estado deben sus- cribir previamente con el SEP un “convenio de programación”. En dichos convenios se especifican los objetivos y los resultados esperados de su operación y programa de inversiones. El grado de cumplimiento anual de los respectivos convenios es reportado al Presidente de la República y al Congreso Nacional. Rendición de cuentas y Mecanismos de supervisión Declaraciones de objetivos y documentos de planificación II.2.3 45. Convenios de gestión/desempeño. Los directores y los gerentes de las EP tienen que rendir cuentas al SEP y el SEP fija metas anuales mediante convenios de desempeño y evalúa el desempeño de las EP a través de instrumentos específicos: pla- nes de gestión anual para las empresas portuarias; convenios de programación; y con- venios de desempeño. Los convenios de desempeño abarcan: indicadores financieros; indicadores de desempeño para medir la entrega del servicio; e indicadores de gestión interna (recursos humanos, control interno y aspectos técnicos). En general, existen consecuencias por no alcanzar las metas establecidas.27 27 Por ejemplo, en el caso de las empresas portuarias, los miembros del directorio no reciben un complemento salarial. 91 El Caso de Chile 46. Formulación y aprobación del presupuesto. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda está a cargo de asignar recursos públicos a las EP. Cada año, en octubre, las EP deben presentar una propuesta de presupuesto a la Dirección de Presupuestos, la cual cierra los presupuestos en diciembre sobre la base de un informe elaborado por el SEP. Los presupuestos ejecutados y la ejecución corriente del presu- puesto se informan en el sitio Web de la Dirección de Presupuestos.28 Informes: Monitoreo del desempeño y divulgación ex post 47. Informes de ejecución presupuestaria. Se les exige a las EP que presenten informes mensuales al SEP en los que indiquen cualquier desviación del presupuesto original. Posteriormente, estos informes son enviados a la Dirección de Presupuestos. 48. Chile está realizando avances significativos en la armonización de normas para todas las EP en las áreas de divulgación de la información, disposiciones conta- bles y auditorías. . La Ley de Transparencia, que entró en vigencia en abril de 2009, exige que todas las EP divulguen la misma información y cumplan las mismas normas contables que las que se aplican a empresas privadas similares, en su mayoría Normas Internacionales de Información Financiera (International Financial Reporting Standards - IFRS). El SEP ha establecido un compendio de criterios, llamado “Código SEP”, que tiene por objeto formalizar y unificar las prácticas de gobierno corporativo29 de todas las EP, incluidas las políticas de gestión interna, auditoría interna, gestión de riesgos y supervisión del directorio, del CEO y del personal. 49. Cada EP tiene la obligación de elaborar Informes de Gestión trimestrales. Los informes deben emitirse dentro del mes posterior al final del trimestre y presentarse al Consejo del SEP para su revisión. 50. Además, cada EP entrega una Memoria Anual. No están estandarizadas, lo que da lugar a que se presenten en distintos formatos e inclusive con contenidos par- cialmente distintos. La extensión de estos informes varía,30 y su contenido puede divi- dirse en dos áreas de temas. En la primera, la empresa sólo revisa los valores y misiones de las EP, los estatutos y la organización interna. La segunda usualmente cubre áreas de transparencia y rendición de cuentas e incluye administración, auditorías externas y estados financieros. 51. Desde su creación en 2001, el SEP ha estado centralizando toda la informa- ción de las EP bajo su control y recopilado una Memoria Anual consolidada. Dicha me- moria es enviada al Presidente de la República y a los Presidentes de las dos Cámaras del Congreso. La Memoria Anual contiene una breve introducción del SEP (administra- ción, historia, funcionarios del Consejo, misión, etc.) que se centra en los proyectos, inversiones y resultados de las EP bajo su control. El resto de la memoria se refiere a cada EP. En este sentido, no se trata de una autoevaluación, sino de una evaluación de los resultados y logros de cada EP en un año determinado. Las memorias también se encuentran disponibles en línea en los sitios Web correspondientes de las EP y en el del SEP.31 No obstante, dado que algunas de las EP más importantes no están bajo 28 Para obtener más información, visite http://www.dipres.gob.cl/572/channel.html 29 Las prácticas de gobierno corporativo se centran en tres objetivos: directorio, gestión integral de riesgos y cultura organizacional. Para cada uno de esos objetivos el SEP desarrolló un cuerpo normativo propio denominado “Guías de Gobierno Corporativo Empresas- SEP” que establecen los estándares que deben cumplir dichas empresas. Los están- dares se refieren a las áreas de auditoría externa, códigos de conducta, canales de denuncia, modelos preventivos de fraude, y remplazo del personal jerárquico. 30 Por ejemplo, pueden abarcar desde 14 páginas (Coquimbo) hasta más de 100 páginas (Antofagasta y Metro S.A). 31 Las memorias pueden encontrarse en http://www.sepchile.cl/en/documentacion/memorias 92 supervisión del SEP, la memoria no representa completamente la situación entera del sector de las EP en Chile. Auditorías de las EP 52. En Chile se les solicita a todas las EP que tengan auditores internos. El Có- digo del SEP estipula que se establezcan procedimientos de auditoría interna con la vigilancia del Directorio. Los auditores internos se centran en la gestión de riesgos si- guiendo las directrices del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno utilizan- do la metodología del Comité de Organizaciones Patrocinadoras. El Directorio y el SEP examinan los resultados. Las EP que no integran el SEP también tienen funciones de auditoría interna. 53. Todas las EP están sujetas a una auditoría externa anual efectuada por fir- mas de auditoría independientes. En el caso de las sociedades anónimas, son designa- dos por la Junta de Accionistas, en el resto de las sociedades los auditores externos son designados por el Directorio con la aprobación del SEP. Una empresa auditora externa no puede auditar por más de 4 años consecutivos, al quinto año debe ser otra empre- sa la que audita. Dichas auditorías se centran en los estados financieros y luego se incluyen en la Memoria Anual. En 2011, por ejemplo, la empresa portuaria, Empresa Portuaria de Iquique, fue auditada por KPMG y Enami por PWC. Las EP que cotizan en bolsa también están sujetas a supervisión por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) de Chile. 54. Por otra parte, las EP son auditadas por la Contraloría General de la Repúbli- ca que supervisa el cumplimiento de las regulaciones administrativas. Estas auditorías se encuentran disponibles públicamente en el sitio Web de la Contraloría General de la República.32 Directorios y administración de las EP 55. Todas las EP son dirigidas por un directorio. Las responsabilidades y deberes del directorio son similares a las que se verifican en el sector privado: designación y destitución del CEO, designación del contralor interno, propuesta o designación de un auditor externo, definición del plan estratégico de la EP, determinación de los sistemas de compensación para los CEO, y supervisión de la administración de la EP. 56. En el caso de las empresas que son propiedad del Estado al 100%, el Con- sejo del SEP está a cargo de designar a los miembros del directorio de las EP (ver de- talles en el Cuadro 2 que figura a continuación). Estas designaciones están sujetas a la aprobación de la Contraloría General de la República. En las EP organizadas como sociedades anónimas, los miembros del directorio también son definidos y propuestos por el Consejo del SEP en la respectiva junta de accionistas y elegidos por esta última. Los ministros, políticos y altos funcionarios pueden ejercer funciones en los directorios de algunas EP. La duración de la designación oscila entre uno y cuatro años, período que no sigue el mandato del gobierno. Asimismo, no es habitual nombrar directores su- plentes. En las EP sin supervisión del SEP, la designación de los miembros del directorio sigue sus propias reglamentaciones jurídicas o corporativas. 57. Por lo general, los directorios de las EP se reúnen una vez al mes. En algu- nos casos, las asambleas se llevan a cabo dos veces por mes, como en el caso de las 32 Las auditorías pueden encontrarse en http://www.contraloria.cl/appinf/basesdocumentales/bifaPortalCGR.nsf 93 El Caso de Chile empresas portuarias. Es frecuente que las EP establezcan diferentes comités a cargo de supervisar áreas específicas (auditoría, compras, remuneraciones y gestión de riesgos), los cuales se reúnen mensualmente. El Código SEP prevé evaluaciones anuales del di- rectorio, que se complementan además con una autoevaluación. 58. Existe una clara definición de roles entre el Directorio de la EP y el CEO. El CEO no puede presidir el Directorio de la misma empresa, y su ámbito de responsabi- lidad se centra en la gestión empresarial de la EP. Los mecanismos de selección de los CEO son responsabilidad de los respectivos directorios. Cuadro II.1: EP: Reglas y normas para las nominaciones de los Miembros del Directorio El presidente de la República de Chile, junto con los Ministros de Hacienda, Obras Públicas y Reconstrucción, aprobó el decreto Nº 113, 2001, por el cual se autoriza al SEP a asesorar al Presidente de la República y a los Ministros sobre la designación y remoción de los miembros del Directorio de las EP. Existen cuatro criterios principales con respecto a la nominación de los Directores: (a) Los candidatos deben ser capaces de cumplir con altas normas éticas; deben tener suficiente integridad, carácter, sentido común, competencia y capacidad de aprender de la organización; (b) Los candidatos deben poseer experiencia y conocimientos en el área respectiva; (c) Los candidatos deben ser capaces de trabajar en equipo y colaborativamente de modo tal que puedan obtener beneficios mutuos (complementariedad); y (d) Los candidatos deben velar por los mejores intereses de la empresa independientemente de quién los haya designado. Un comité de nominaciones le propone al Consejo del SEP una lista de candidatos prospectivos para los cargos del directorio de la EP. Dicho Comité de Nominaciones está integrado por el Presidente, cuatro miembros más del Consejo y el Vicepresidente del Consejo de SEP y otro miembro designado por el Consejo de SEP Por política de buena práctica, un head hunter sele- ciona cinco candidatos cuales son evaluados por el Comité Nominador para elegir el Presidente del Directorio de la EP. 94 Iniciativas de reforma II.2.4 59. Hasta 1997, las empresas públicas chilenas estuvieron administradas por la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). Creada en 1939 con el fin de pro- mover el desarrollo industrial y el crecimiento económico, CORFO fomentó una amplia variedad de industrias en la economía chilena, principalmente, la del petróleo (Empresa Nacional del Petróleo), del azúcar (Industria Azucarera Nacional) y la del acero (Empre- sa de Acero del Pacífico). CORFO fue y todavía es el principal accionista en muchas EP y como tal, controla la propiedad de las EP. Aumentaron de 46 en 1970 a más de 500 en 1973. Luego Chile inició un importante proceso de privatización que incluyó a las grandes empresas, como las del sector energético y de telecomunicaciones. La principal meta de la CORFO en la década de 1990 fue reestructurar y subsanar los altos déficits de las EP. Desde entonces, la CORFO se ha dedicado a fomentar la investigación y el desarrollo tecnológicos (I+D), a promover el desarrollo de las sociedades comerciales privadas, a modernizar la gestión de las empresas privadas y facilitar el acceso al cré- dito por parte de éstas. 60. El primer paso en la reforma de la función de propiedad en Chile consistió en la creación del Sistema Administrador de Empresas (SAE) en 1997. Esto respondió a la necesidad de separar la política de desarrollo industrial de la función de propiedad, que sigue siendo competencia de la CORFO. El Consejo de la CORFO33 delegó al SAE la administración de los derechos y las acciones de las EP. Además, el SAE podía designar y remover sus propios representantes en la asamblea de accionistas de las EP en las que se lo había facultado a hacerlo. Paralelamente a este proceso de reorganización, tuvo lugar otra reforma de privatización, que consistió en dos etapas: en primer lugar, la transformación de muchas empresas en empresas mixtas; y en segundo lugar, la in- troducción de capital privado en empresas públicas en los sectores de suministro de agua, como EMOS S.A. (hoy Aguas Andinas S.A.), ESVAL S.A., ESSBIO S.A. y ESSAL S.A (Servicios Públicos de Agua). 61. El segundo paso de la reforma fue la creación del Sistema de Empresas (SEP), que buscaba alcanzar una función de propiedad más clara. Como resultado de un proceso consensuado que finalizó con recomendaciones34 para fortalecer la función de propiedad del Estado, se reemplazó al SAE por una nueva entidad, el Sistema de Empresas (SEP). Poco después de su creación, se le concedió al SEP un importante rol en la designación y remoción de los directores de todas las EP bajo control del Estado (a excepción de CODELCO, Banco Estado, Televisión Nacional, ENAMI y empresas de defensa). 33 Los miembros del Consejo de la CORFO son siete: el Ministro de Economía, Fomento y Turismo; el Vicepresidente Ejecutivo; el Ministro de Relaciones Exteriores; el Ministro de Desarrollo Social ; el Ministro de Hacienda; el Ministro de Agricultura y un miembro designado por el Presidente de la República. Para obtener información detallada, visite http://www.corfo.cl/acerca_de_corfo/estructura_corporativa/consejo_directivo 34 Institucionalidad y Criterios de Gestión para las Empresas Públicas (2001). 95 El Caso de Chile Tabla II.4: Evolución de la organización gubernamental a cargo de la supervisión de las EP HASTA 1997 1997 - 2001 DESDE 2001 Corporación de Fomento Sistema Administrador de Empre- Sistema de Empresas de la Producción sas (SEP) (CORFO) (SAE) Reemplaza al SAE Controla algunas EP en Ejerce la función de propiedad Chile 62. Desde hace varios años, Chile ha estado centrando su atención en la incor- poración de buenas prácticas de gobierno corporativo en la administración de las EP. Como resultado de esta decisión, el desempeño de las EP ha mejorado sustancialmen- te. Algunas de las medidas más relevantes son las siguientes: • Se les ha concedido mayor autonomía a las EP. Se han adoptado medidas para proteger a las empresas de recibir “instrucciones” de los gobiernos y para garantizar que las EP no reciban un trato preferencial. Del mismo modo, también se les ha permitido a las EP una mayor autonomía operativa. El SEP orienta su gestión en términos de no “duplicar el trabajo” de los directorios de las EP. • Se han observado mejoras significativas en el área de transparencia y divulgación de la información. Por lo general, los estados financieros y otros informes de las EP se ponen a disposición del público trimestralmente. Los informes anuales consolidados se recopilan de forma centralizada, se envían al poder ejecutivo y/o al Congreso y se los divulga públicamente. La Ley de Transparencia, (abril de 2009), exige que todas las EP divulguen la misma información que las sociedades anónimas deben suministrar a la SVS. • Se han tomado importantes medidas para fortalecer la calidad de la divulgación financiera y no financiera, adoptando Normas Internacionales de Información. • El Código SEP establece una norma ética que cada EP particular debe implementar, de ser necesario adaptada a su situación y reglamentaciones específicas. • Chile muestra grandes avances en relación a garantizar la igualdad en el trato de los accionistas en las EP con participación no estatal minoritaria. Por ley se les garantiza a los accionistas minoritarios la no discriminación, el acceso a la información y el acceso al voto en las asambleas de accionistas. El Estado no está legalmente autorizado para obtener información con preferencia sobre otros accionistas en las EP. 96 Desafíos futuros 63. El principal desafío que enfrentan las reformas implementadas en Chile se refiere a la condición jurídica concedida hasta la fecha a las nuevas disposiciones ins- titucionales en la administración de las EP. Ciertas funciones del SEP han sido introdu- cidas a través de leyes y decretos. Además, se han elaborado recientemente proyectos legislativos con el fin de fortalecer el marco institucional actual, en particular, existe un proyecto de ley en consideración y estudio por el Parlamento que de aprobarse le concedería al SEP la condición jurídica de servicio público autónomo. 97 El Caso de Chile El caso de Colombia II.3 II.3.1 Cartera de Empresas Públicas 64. Como en muchos otros países Latinoamericanos, en Colombia, las Empresas Públicas (EP) continúan siendo actores importantes a pesar de su reciente historia de intensas privatizaciones.35 El presupuesto agregado de las EP vinculadas al Gobierno Cen- tral en Colombia representa aproximadamente 8 por ciento del PIB y 24,5 por ciento del presupuesto del Gobierno;36 la inversión total de las EP alcanza una cifra cercana al 5 por ciento del PIB: y contribuyen a las cuentas del Estado por medio de dividendos que alcanzan casi el 1,3 por ciento del PIB o el 4 por ciento de los ingresos públicos totales.37 Tres de las EP cotizan en el mercado de valores nacional (Ecopetrol, ISAGEN e ISA); constituyen el 15 por ciento del Mercado de Valores Nacional y 50 por ciento del valor total de las EP.38 65. El universo de las EP en Colombia está representado por 37 EP vinculadas al Gobierno Central.39 Esta cifra incluye empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de capital mixto (MCC), tal como lo reconoce el marco legal vigente. Las EP en Colombia operan tanto en los mercados competitivos como en los no-competitivos. Sus actividades se distribuyen en varios sectores, pero tienen un rol significativo en los sectores del petróleo, el financiero y el de la electricidad. Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), una empresa de capital mixto con participación estatal mayo- ritaria,40 es dominante en el sector del petróleo con un presupuesto que alcanza casi 7 por ciento del PIB de Colombia (ó 20 por ciento del presupuesto del Gobierno Central. El presupuesto agregado de las EP es de 0,87 por ciento del PIB (3,18 por ciento del presupuesto del Gobierno Central) en el sector financiero, y 0,44 por ciento del PIB (1,53 por ciento del presupuesto público) en el sector electricidad. 35 Este trabajo sólo centra su atención en las EP vinculadas al Gobierno Central. Sin embargo, contando también las EP sub-nacionales, hay un total de 105 EP en Colombia que representan 16,7 por ciento del PIB y 0,7 por ciento del empleo (OCDE). 36 Es de notar que los gastos de ECOPETROL, la empresa petrolera del estado, representan casi 7 por ciento del PIB y 20 por ciento del presupuesto del gobierno. 37 Las cifras son para 2010 y se calcularon usando datos oficiales obtenidos del Ministerio de Planificación y del Minis- terio de Finanzas. 38 The Governance of Mixed-Ownership Enterprises in Latin America: Discussion Paper, OECD 2013b. Corporate Go- vernance Working Paper No. 12, Colombian SOEs: A review against the OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, escrito por Hector Lehuede 39 El Anexo C ofrece una lista completa de las EP vinculadas al Gobierno Central. 40 El Estado posee 89 por ciento de las acciones de ECOPETROL. 98 66. Hay 15 EP en el sector financiero y seis de ellas ofrecen servicios financieros agrícolas. Otras siete EP operan en el sector energético, abasteciendo servicios domici- liarios. Por otro lado, concentran cuatro EP of Number SOEs sus actividades en las telecomunicaciones, tres en transporte, y el resto en áreas como productos veterinarios (VECOL S.A.), turis- mo (Sociedad Hotelera), y artesanías (Artesanías de Colombia). Figura II.6: Distribución de las EP por Sector Fuente: DNP, MF Petróleo y Gas Natural Otros 1 6 Financiero Transporte 15 3 Total 37 Telecomunicaciones 4 Servicios Postales 1 Electricidad 7 Tabla II.5 Gastos Sector % del Presupuesto Público % del PIB Petróleo y Gas Natural 19,70 6,81 Financiero 3,18 0,87 Electricidad 1,53 0,44 Servicios Postales 0,04 0,01 Telecomunicaciones 0,02 Menos del 0,01 Transporte Menos del 0,01 Menos del 0,01 Otros 0,02 Menos del 0,01 Total 8,13 24,50 99 El Caso de Colombia II.3.2 Función de propiedad: Marco y organización institucional 67. La función de propiedad de las EP en Colombia está descentralizada y es ejercida por varias unidades del gobierno. En general, los ministerios sectoriales u or- ganismos similares están a cargo de ejecutar los derechos de propiedad. Sin embargo, para algunas empresas la propiedad completa recae en manos del Ministerio de Hacien- da y Crédito Público (MF). Para complementar esta organización institucional, otras en- tidades relevantes del sector público también desempeñan un papel clave, entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en términos de planeamiento y supervi- sión y control de regalías de las EP, y el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) en términos de programación financiera de algunas empresas. 68. En la mayoría de los casos, el ministerio sectorial ejerce los derechos de pro- piedad junto con otro ministerio u organismo. Estas EP siguen políticas específicas del sector y articulan sus planes de acuerdo con el proceso de planificación del sector. Por ejemplo, las empresas en el sector de las telecomunicaciones implementan las políticas sectoriales dictadas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica- ciones o la Comisión Nacional de Televisión. Alternativamente, en otros pocos casos, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ejerce los derechos de propiedad de las EP junto con el ministerio sectorial. En este último caso, mientras que el MF monitorea los indicadores financieros, el ministerio sectorial centra su atención en los indicadores de desempeño. Por ejemplo, las decisiones estratégicas y operativas que toma ECOPETROL están sujetas a la aprobación del Ministerio de Minería y Energía. Sin embargo, el MF ejerce la función de propiedad como accionista principal de la empresa.41 69. El Departamento de Planificación Nacional de Colombia (DNP) es uno de los organismos gubernamentales principales a cargo de supervisar las EP. El DNP es un organismo administrativo ejecutivo altamente técnico que depende directamente de la Presidencia, y cuyos objetivos principales son la preparación, implementación y evaluación de las actividades desarrolladas por todo el sector público. El DNP evalúa los proyectos de inversión pública desarrollados por las EP que son financiados por el Presupuesto General de la Nación, y monitorea sus resultados. A las EP se les solicita que les envíen sus estados financieros al DNP anualmente, pero este organismo pue- de también solicitar información específica en cualquier momento. El DNP centraliza la información enviada por las EP sobre eventuales excedentes financieros, y en algunos casos, sobre sus respectivos presupuestos de inversión. Además recibe información financiera de otros organismos gubernamentales, y coordina la formulación del Plan Nacional de Desarrollo para todo el sector público. En 2010, el DNP elaboró una metodo- logía para monitorear el desempeño de las EP.42 El principal objetivo de tal metodología es “crear un sistema de información integrado para monitorear la administración de las EP para poder adoptar estrategias políticas hacia la optimización del desempeño de las EP”. Esta metodología incluye tres dimensiones: financiera, de la organización interna, y del desempeño. 70. El Consejo Nacional sobre Política Económica y Social (CONPES) está a cargo de definir los montos correspondientes a utilidades o excedentes financieros de las 41 La última columna de la tabla en el Anexo C muestra el principal ministerio sectorial a cargo de supervisar la EP correspondiente. 42 El DNP reconoció en el Plan Nacional de Desarrollo de 2003 la importancia de definir claramente el concepto de autonomía en las políticas de organización aplicables a las EP. El DNP puso énfasis en la necesidad de clarificar las responsabilidades y los roles de los ministerios sectoriales, el MF y el DNP en relación a la administración de las EP (Departamento Nacional de Planeación, Colombia, 2003). También resaltó la importancia de implementar las buenas prácticas de gobierno corporativo para mejorar el desempeño de las EP. 100 empresas industriales, comerciales y MCC que serán asignados al tesoro nacional.43 Al menos 20 por ciento de estos superávits continúan en las respectivas EP. El CONPES informa a los directorios de las EP acerca de la distribución de los superávits. 71. Las comisiones reguladoras de Agua Potable y Saneamiento Básico, de Ener- gía Eléctrica y Gas y de Telecomunicaciones también ejercen funciones de supervisión sobre las EP. Las comisiones reguladoras son unidades administrativas dentro de sus respectivos ministerios sectoriales (Secretaría de Desarrollo Económico, Ministerio de Minas y Energía, o el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicacio- nes) con autonomía técnica, financiera y administrativa. Entre las responsabilidades de estas comisiones se incluyen fijar tarifas, garantizar el cumplimiento de contratos y adhesión a las leyes, y recoger y analizar toda información relevante emitida por las empresas de servicios públicos. 71. Existen distintas superintendencias que supervisan el desempeño de las EP. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, organismo que es parte de la jerarquía del DNP, supervisa el cumplimiento de la Ley Nº 142/1994 (Ley de Servicios Públicos Domiciliarios); las normativas y los indicadores de desempeño establecidos por las comisiones reguladoras (agua y saneamiento, energía y telecomunicaciones); y los contratos entre los usuarios y las empresas de servicios públicos, los requisitos técnicos establecidos por los ministerios sectoriales en relación a los procedimientos, equipamiento y obras públicas. Las EP comerciales están controladas por la Superin- tendencia de Sociedades, y la Superintendencia Financiera supervisa aquellas EP que ofrecen servicios financieros y aquellas que realizan operaciones bursátiles.44 73. La Contraloría General, de acuerdo con la Constitución Colombiana, supervi- sa la ejecución del presupuesto de todas las EP. El alcance de la función de supervisión que ejerce esta institución comprende a toda entidad que utiliza recursos del Estado. Rendición de cuentas y Mecanismos de supervisión Declaraciones de objetivos y documentos de planificación II.3.3 74. Contratos de gestión/desempeño. Los objetivos financieros y de desempeño en el suministro de servicios son definidos por los Directorios de las EP. Estos objetivos deben estar alineados con las metas nacionales, el Plan de Desarrollo Nacional, y tie- nen que ser aprobados por los accionistas. Sin embargo, a menudo los objetivos son demasiado amplios, por lo que se hace difícil a veces incorporarlos en la administración de una EP de un modo concreto. Por consiguiente, cada EP elabora sus planes corpora- tivos, tomando en cuenta los planes del sector estratégico (por Ej. el Plan Nacional de Energía) y sus propios objetivos. 75. Formulación y aprobación del presupuesto. La Oficina del Presupuesto Na- cional (OPN) del MF controla los presupuestos de las EP industriales y comerciales, y las MCC que operan en las actividades no financieras. La OPN recoge toda información 43 Se aplica a las EP una vez que se les aprueba el presupuesto. 44 En un informe de país elaborado por la Superintendencia Financiera (2007), esta institución argumentó que el Códi- go de Gobierno Corporativo (Código País) “() se usará como norma para que los emisores le proporcionen al mercado información relevante y adecuada relativa a su gobierno corporativo. Esta información pasaría a ser una herramienta importante para el proceso de toma de decisiones orientado a las inversiones.” Entre las EP que han adoptado este Código de Gobierno Corporativo están ECOPETROL, Banco Agrario S.A., FINAGRO (Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario) y Fondo Nacional de Garantías. 101 El Caso de Colombia relevante acerca de los procesos de planificación presupuestaria de estas EP por medio de un sistema de información financiera que opera en forma independiente del sistema integrado de información financiera (SIIF), lo cual comprende a todos lo demás recursos del Presupuesto General de la Nación También establece reglas y procedimientos para divulgación de la información. Los presupuestos anuales de las EP no financieras con participación accionaria mayoritaria del Gobierno Central son supervisados por el Con- sejo Superior de Política Fiscal45 (CSPF); los ministerios sectoriales correspondientes también participan en el proceso. El marco legal Colombiano dispone que la aprobación y eventual modificación de los presupuestos de las EP —se trate de las denominadas “industriales y comerciales” o de las sociedades de capital mixto — es atribución del CONFIS, organismo adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargado de dirigir la Política Fiscal y coordinar el Sistema Presupuestal. Informes: Monitoreo del desempeño y divulgación ex post 76. Informes de ejecución presupuestaria. El MF y el DNP supervisan la eje- cución del presupuesto por parte de las EP con participación mayoritaria del Gobierno Central. Los informes mensuales sobre la ejecución presupuestaria son elaborados y publicados en el sitio Web del MF.46 Estos informes se basan en la información re- cogida por el OPN por medio de un sistema de información financiera. 77. El DNP está a cargo de recoger y difundir información acerca de la eje- cución de los planes de inversión de las empresas y el progreso del Plan Nacional de Desarrollo.También se reporta regularmente a la Presidencia sobre la ejecución de la inversión pública, la implementación del plan de desarrollo, y realiza tareas de asesoría sobre la preparación de un informe anual enviado al Congreso con infor- mación relativa a estos temas.47 78. Otros informes clave de las EP. En general, no existen reglas específicas para que los ciudadanos accedan a la información financiera de las EP. No obstante, a las EP se les solicita que preparen y revelen la siguiente información: • Informes Financieros. Las declaraciones financieras son elevadas a la Oficina de Inversión y Finanzas Públicas del DNP y están disponibles en los sitios web de las EP.48 • Informes de la Gerencia General o del Gobierno Corporativo. El Presidente y el Directorio emiten un informe acerca del desempeño de la EP en la asamblea general de accionistas. • Informes de desempeño (Resultados en el Suministro de Servicios). Se elaboran informes de gestión anuales y trimestrales. Sin embargo, el CEO es responsable de presentar informes de gestión trimestrales. • Otros informes específicos solicitados a las EP. Los informes financieros son emitidos a la Superintendencia Financiera o la Superintendencia de Servicios Públicos, dependiendo del tipo de EP. 45 El CSPF está formado por el MF, el director del Departamento Administrativo del DNP, el Consejero Económico para la Presidencia, los Viceministros de Finanzas, y los Directores Nacionales de la OPN, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 46 Esta información está publicada en el sitio web del MF http://www.pte.gov.co/ 47 La información se pueden encontrar en http://www.dnp.gov.co/Deafutl.aspx. 48 Para citar un par de ejemplos, en el caso de ECOPETROL, se puede consultar esta información en http://www.eco- petrol.com.co/english/contenido.aspx?catID=305&conID=41397, y en el caso de la empresa de electricidad DISPAC, en http://dispac.com.co/nuestra-empresa/informes-empresariales/ 102 • Nivel de divulgación de la información ex post. Los informes financieros y administrativos están públicamente a disposición y se los carga regularmente en el sitio Web de la empresa. 79. Además, las superintendencias recogen y publican información acerca del desempeño de las EP. La Superintendencia de Servicios Públicos, por ejemplo, publica el desempeño de la gestión e indicadores de calidad para el año bajo revisión que inclu- ye información sobre reclamos, satisfacción al cliente, y sanciones a las empresas que no cumplen con los estándares específicos.49 Auditorías de las EP 80. Las EP están sujetas a auditorías internas y externas. La tabla a continuación caracteriza ambos tipos de control ejercidos sobre las EP. Tabla II.6: Tipos de auditoría Tipo Quién es responsable Alcance de la auditoría Frecuencia Interna Den- Auditor (supervisor Supervisa los estados financie- Perma- tro de fiscal) ros y procesos contables. nente la EP Comité auditor (for- Supervisa la gestión de control mado por miembros interno. del directorio) Oficina de control Garantiza los procesos, la interno implementación de planes de mejoras y el cumplimiento de las normas ISO. Gob. Contraloría General Control financiero, legal y gerencial, Anual auditoría y evaluación de procesos y resultados de control interno. Externa Firmas auditoras A solicitud de los accionistas con Anual privadas más del 5% de las acciones. Directorios y administración de las EP 81. Directorio y CEO. A nivel nacional, los ministros sectoriales y los directores de los departamentos administrativos coordinan y dirigen las actividades de las EP in- dustriales y comerciales y de las MCC en sus sectores respectivos. Comúnmente, la dirección y administración de estas EP están a cargo de un directorio y un director o un presidente o CEO de la empresa. 49 Consultar en http://www.superservicios.gov.co/home/web/guest/inicio 103 El Caso de Colombia 82. No existen reglas específicas que dicten la designación de los miembros del directorio, directores o presidentes de las EP. La Ley Nº 489/1998 sólo establece directrices genéricas. El Presidente de la República o las respectivas Juntas Directivas seleccionan a los CEO o presidentes de las EP. El Presidente puede destituir a los de- signados en cualquier momento. La designación de los miembros del directorio está establecida en la ley o normativa que crea a la EP correspondiente. Los miembros del directorio tienen que seguir las directrices de la política del sector y preservar el interés de la EP. Aquellos miembros que provengan del sector privado no son considerados empleados públicos a pesar de que realicen un servicio público. En general, se puede argumentar que para realizar nombramientos en estos cargos, las EP deben cumplir con la Ley Nº489/1998 y su propio estatuto. 83. En la práctica, los criterios de selección no han sido homogéneos. En algu- nos casos, al CEO se le solicita que tenga antecedentes específicos consistentes con el tipo de negocios desarrollados por la EP o el ministerio que ejerce los derechos de propiedad. Por ejemplo, el CEO de la Sociedad Hotelera Tequendama tiene que ser un oficial del ejército, ya que el Ministerio de Defensa es el principal accionista en esta EP. 84. El DNP estableció en su Plan Nacional de Desarrollo de 2003 que la desig- nación, permanencia y promoción de los directores y gerentes se decidan por criterios basados en el mérito o su desempeño, lo cual se cumple en la práctica sólo en forma parcial. En algunos casos, este tipo de prácticas se realiza de acuerdo a criterios de índole política, lo cual no sólo crea incertidumbre sino que también genera incentivos erróneos; en estos casos, los directores y gerentes tienden a dedicar una importante cantidad de recursos a satisfacer necesidades políticas a expensas de garantizar políti- cas sólidas a largo plazo para las empresas. 85. Las siguientes características definen el funcionamiento de los directorios de las EP en Colombia: • Frecuencia de las asambleas: Las asambleas ordinarias son de frecuencia anual, mientras que las juntas directivas se reúnen en forma mensual o bimestral, según la empresa que se trate. • Registro de las actas de las asambleas: Conforme al Código de Comercio. Un secretario es responsable de redactar las actas que deben ser aprobadas por las respectivas asambleas. • Existencia de un conjunto específico de normas (es decir, un código de ética) que brinde información sobre el comportamiento y la composición del directorio: Muchas EP tiene un código de ética aprobado para la empresa en su totalidad, no para el directorio específicamente. • Reglas para la designación y destitución de los miembros del Directorio: Las normativas relativas a la composición del directorio están establecidas en la ley que da lugar a la conformación de las EP. • Período/duración de la designación: One year. • Responsabilidades del directorio: interacción con el CEO (supervisión, destitución) y con el Ministerio/ Unidad de Administración de la EP. • Mecanismos de valoración del desempeño del Directorio: Las auto-evaluaciones son presentadas por el Presidente en la asamblea de accionistas. 86. Los salarios de los gerentes, miembros del directorio y otros empleados no se establecen en todos los casos en base al desempeño. Existe una escala salarial fija que limita la incorporación de incentivos salariales o primas por buen desempeño. 104 Una mejora realizada en este área fue el pago una “prima técnica” adicional, que aplica sólo para aquellas EP que se rigen bajo el derecho público, y que en la práctica terminó siendo parte del salario regular, perdiendo su intención original. En casos de empresas que operan bajo reglas de derecho privado, suelen establecerse bonificaciones en base a resultados. 87. Las EP que operan en el sector financiero cumplen con reglas y lineamientos adicionales. En 2005, el Congreso aprobó la Ley del Mercado de Valores-964. Esta ley estableció la obligatoriedad de las prácticas de gobierno corporativo para las institucio- nes emisoras50 y entre otras cosas, establece un porcentaje mínimo obligatorio (25 por ciento) de directores independientes en el directorio, y un comité auditor obligatorio formado por miembros del directorio independientes. Además, en 2006, un grupo de trabajo liderado por el Superintendente Financiero elaboró un código para promover las buenas prácticas de gobierno. El código enumera unas pocas recomendaciones acerca del funcionamiento del directorio, en las que pone énfasis sobre temas como el número de directores, sus antecedentes, la independencia, frecuencia de las asambleas del di- rectorio y responsabilidades. Iniciativas de reforma II.3.4 88. En Colombia, al igual que en muchos otros países, en la actualidad se ve al gobierno corporativo como la oportunidad que tienen las EP de acceder y competir abiertamente en los mercados internacionales. Se ha demostrado que la transparencia, la probidad, las buenas prácticas empresariales, y el control pueden ayudar a estas empresas a lograr sus objetivos encomendados de modo efectivo y eficiente. 89. Se pueden resaltar dos tipos de reforma en el área del gobierno corporativo de las EP. En primer lugar, la creación y proliferación de las MCC y la consiguiente in- corporación de accionistas privados a las EP han contribuido a mejorar el desempeño y transparencia de las empresas. En segundo lugar, algunas EP han comenzado a imple- mentar códigos de ética específicos. Sin embargo, debe notarse que no se ha elaborado ninguna directriz general para la creación de dichos códigos. Desafíos futuros 90. La administración eficiente de las EP en Colombia es todavía un desafío sig- nificativo para la administración del sector público. El gobierno ha centrado su atención en reforzar las buenas prácticas de gobierno corporativo en diferentes áreas. Algunos de los asuntos que presentan desafíos específicos son la falta de una estructura de propiedad centralizada; la existencia de estándares para la elaboración de informes ba- sados en normativas locales y que no necesariamente sigan los requerimientos interna- cionales (i.e. Normas Internacionales de Información Financiera, IFRS); y, para algunas EP, una insuficiente separación entre los objetivos comerciales y los políticos. 50 Emisoras son las empresas con valores registrados en el Registro Nacional de Valores y Emisores. 105 El Caso de Colombia El caso de Paraguay II.4 II.4.1 Cartera de Empresas Públicas 91. A pesar de haber tenido una historia reciente de privatizaciones, las Empre- sas Públicas (EP) continúan siendo actores importantes en Paraguay.51 Una cantidad de información clave confirma su relevancia en la economía. Por ejemplo, emplean cerca de 17.000 personas en total; el presupuesto agregado de las EP es de 14,5 por ciento del PIB (ó 32 por ciento del Presupuesto General de la Nación (PGN); y la inversión total por parte de las EP alcanza casi el 1,3 por ciento del PIB (3,3 por ciento del PGN).52 92. El universo de las EP en Paraguay incluye a 13 EP vinculadas con el Gobierno Central. Cinco de estas empresas tienen control directo del Estado y su funcionamiento está regido por sus respectivas Cartas Orgánicas, y cuatro son sociedades anónimas donde el Estado es el accionista mayoritario. En cuanto a las restantes 4 —no incluidas en la muestra considerada para este capítulo— 3 de ellas corresponden al sector públi- co financiero, y una a servicios de correos.53 Las EP en Paraguay operan tanto en mer- cados competitivos como en los no-competitivos. La participación de las EP se extiende en todos los sectores, pero está concentrada en el petróleo, la electricidad y las teleco- municaciones. Comúnmente las EP de mayor importancia tienen un papel estratégico en sus respectivos sectores. Por ejemplo, en el sector del petróleo, la empresa estatal Petróleos Paraguayos (PETROPAR) tiene un presupuesto que asciende a casi el 6,2 por ciento del PIB de Paraguay (13,8 por ciento del PGN); en el sector eléctrico, Empresa Paraguaya de Energía & Electricidad (Administración Nacional de Electricidad - ANDE) tiene un presupuesto que alcanza el 5,1 por ciento del PIB (11,4 por ciento del PGN); y en el sector de las telecomunicaciones, el presupuesto de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO) es del 1,4 por ciento del PIB (3,6 por ciento del PGN). Otros sectores relevantes se relacionan con transporte, agua y saneamiento, y producción de bebidas. 51 Este trabajo sólo centra su atención en las EP vinculadas con el Gobierno Central. 52 Las cifras corresponden al año 2010 y se calcularon utilizando datos oficiales obtenidos del Ministerio de Hacienda. 53 En la tabla 11 se presenta una lista completa de las EP. Las empresas consideradas aquí son las que se presentan en el Presupuesto General de la Nación de Paraguay como empresas públicas y sociedades anónimas con participación del gobierno. No se incluyen entidades públicas financieras como el Banco Nacional de Fomento, el Fondo Ganadero, Crédito Agrícola de Habilitación, y la Agencia Financiera de Desarrollo, ni tampoco la empresa postal Correo Paraguayo que opera como una entidad descentralizada dentro de la estructura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicacio- nes. 106 Tabla II.7: Lista de EP nacionales en Paraguay Fuente: MF Presupuesto de las EP Como Sector EP % del Como Presu- % del puesto PIB Público Petróleo Petróleos Paraguayos (PETROPAR) 13,8% 6,3% Administración Nacional de Electricidad Electricidad 11,4% 5,2% (ANDE) Compañia Paraguaya de Comunicaciones Telecomunicacio-nes 3,2% 1,5% S.A. (COPACO) Construcción Industria Nacional del Cemento (INC) 1,7% 0,7% Empresa de Servicios Sanitarios del Agua y saneamiento 0.8% 0.4% Paraguay S.A. (ESSAP) Dirección Nacional de Aeronáutica Civil 0,5% 0,2% (DINAC) Transporte Administración Nacional de Navegación y 0,3% 0,1% Puertos (ANNP) Ferrocarriles del Paraguay S.A. (FEPASA) 0,0% 0,0% Bebidas Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA) 0,1% 0,0% TOTAL 31,8% 14,4% Función de propiedad: Marco y organización institucional II.4.2 93. En los últimos años, el gobierno de Paraguay ha estado tomando una serie de medidas que tienen por objetivo establecer un modelo más centralizado para la or- ganización de la función de propiedad de las EP. Estas medidas han estado dirigidas a dejar atrás gradualmente el modelo tradicional descentralizado, donde los ministerios sectoriales supervisan a las EP e implementar un modelo más centralizado, donde una entidad única actúe como accionista de las EP en nombre del Estado. La mayoría de estas iniciativas han sido promovidas por el Ministerio de Hacienda (MF), en un intento por reducir los efectos fiscales y sociales no deseados relacionados con la pobre admi- 107 El Caso de Paraguay nistración y un suministro de servicio de las EP sub-óptimo. 94. La introducción de un Consejo de Empresas Públicas (CNEP) en 2008 consti- tuyó la base de la actual organización de la función de propiedad de las EP en Paraguay. El CNEP está formado por el Ministro de Hacienda, el Ministro de Obras Públicas y Co- municaciones, el Ministro de Industria y el Procurador General de la República. El Minis- tro de Hacienda ejerce la Presidencia del CNEP. Su principal objetivo es conducir, coor- dinar y ejecutar los planes, programas y estrategias de modernización y supervisión de las empresas públicas y sociedades del Estado prestadoras de servicios públicos. 95. Para el cumplimiento de sus funciones el CNEP ha creado la Unidad de Monitoreo de las Empresas Públicas (UMEP), constituyéndose en su órgano interno y ejecutor de decisiones.54 La UMEP funciona dentro de la estructura orgánica de la Subsecretaría de Estado de Economía (SEE), una de las principales subsecretarías del MF y recientemente se le ha otorgado el rango de Dirección. La Unidad está conformada por un Director y tres Jefaturas de Departamento en las áreas de Control de Gestión, de Estudio y Planificación, y de Regulación. Además cuenta con un equipo profesional multidisciplinario, organizado en grupos de trabajos para supervisar cada una de las EP. 96. El CNEP en la actualidad se encuentra trabajando en su plan estratégico plurianual dentro de las directrices de políticas formuladas por el Gobierno Nacional. El equipo profesional de la UMEP ha ido adoptando progresivamente un papel funda- mental en su elaboración. El plan tiene como objetivo ofrecer una mayor previsibilidad a las principales políticas del sector y define las acciones específicas que tiene pensado implementar el Gobierno Nacional en los próximos años. Como tal, el plan está siendo diseñado sobre la base de los siguientes cinco objetivos estratégicos: (i) fortalecer el marco institucional para la supervisión de las EP; (ii) desarrollar más extensamente las capacidades del CNEP en el monitoreo y supervisión de las EP; y (iii) avanzar en térmi- nos de la regularización de los pagos atrasados de los servicios públicos por la Admi- nistración Central del Gobierno, iv) fortalecer el marco regulatorio para la provisión de servicios públicos e; (v) implementar reglas de gobierno corporativo de las EP. 97. Al mismo tiempo, el CNEP tiene como intención desarrollar relaciones inter- institucionales que también puedan impactar favorablemente sobre la supervisión de las EP. En este sentido, se dispone de un convenio de cooperación interinstitucional con la Contraloría General de la República (CGR). Actualmente, se trabaja de manera conjunta con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para la firma de otro convenio en el marco de la cooperación interinstitucional. 98. La creación del CNEP y la UMEP contribuyeron a una significativa mejora desde el punto de vista institucional para la supervisión de las EP. El CNEP aporta agili- dad en la toma de decisiones de manera interinstitucional con el monitoreo profesional y técnico de la UMEP. El CNEP se reúne en forma periódica para tratar una agenda de te- mas prioritarios sobre las EP, elaborada por la UMEP, en base a esta agenda se procede a la toma de decisiones ejecutivas. Personas especializadas y capacitadas regularmen- te monitorean el avance y realizan un seguimiento sobre el impacto de estas decisiones. 54 Decreto Nº 955 del 26 de Noviembre de 2008, que define el rol y el mandato de la UMEP 108 Rendición de cuentas y Mecanismos de supervisión Declaraciones de objetivos y documentos de planificación II.4.3 99. Contratos de gestión/desempeño. Entre el 2009 y 2010, la UMEP ha definido un modelo estandarizado de contrato de gestión de las EP acordando indicadores y metas cualitativas y cuantitativas, consensuados entre las EP y la UMEP, en base a ob- jetivos estratégicos de mediano plazo de las EP. Estos indicadores y metas compren- den las áreas: financiera, comercial, económica, y de servicios o técnicas. Los contratos de gestión tienen una duración de tres años. Las disposiciones de cada contrato de gestión también incluyen mecanismos de monitoreo mensuales y trimestrales, así como informes de auditoría externa. Además, la UMEP está actualmente estableciendo un sistema automatizado para acceder a los datos de las EP y poder reforzar la efectividad de este proceso de monitoreo. 100. Cinco de las principales EP de Paraguay (ANDE, COPACO, ESSAP, INC, y PETROPAR55) firmaron sus respectivos contratos de gestión en 2010. Una sexta empresa pública, la “Administración Nacional de Navegación y Puertos” (ANNP) firmó su con- trato de gestión en 2011. Estos contratos contemplan el cumplimiento sistemático de una serie de indicadores de desempeño tanto en las dimensiones cuantitativas como en las cualitativas realizado por la EP y la UMEP. Como resultado, el CNEP cuenta en la actualidad con un mecanismo de monitoreo estandarizado y un tablero de control, que permite el acceso en línea de la información base y de los resultados de la evaluación periódica y sistemática de las EP. 101. Formulación y aprobación del presupuesto. Las EP en Paraguay someten a consideración sus presupuestos anualmente, junto con el resto de los organismos del Gobierno. En contraposición con las prácticas corrientes observadas en la mayoría de los países, los presupuestos de las EP de Paraguay son consolidados y aprobados como parte del así llamado PGN, que también incluye el presupuesto de la Administración Central y otras entidades (no comerciales) descentralizadas. La Dirección General del Presupuesto del MF consolida anualmente el PGN y lo remite al Congreso para su apro- bación. 102. Para las EP constituidas como sociedades anónimas, la Ley de Presupuesto General de la Nación establece, a partir de 2011, que las sociedades anónimas con par- ticipación accionaria del Estado deben remitir al Ministerio de Hacienda (MF) sus pre- supuestos una vez que han sido aprobados por sus respectivas asambleas ordinarias de accionistas. Informes: Monitoreo del desempeño y divulgación ex post 103. Informes de ejecución presupuestaria. La Dirección General de Contabili- dad Pública es el organismo responsable de consolidar una memoria anual de los esta- dos financieros preparados por las EP y el resto de las entidades y organismos del Es- tado. Estos estados financieros consolidados incluyen información completa sobre los ingresos, gastos y activos y pasivos financieros, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Administración Financiera, y se presenta cada año a la CGR (Contraloría General de la República), y en una etapa subsiguiente, a escrutinio del Congreso. 104. Otros informes clave de las EP. La UMEP ha estado recogiendo y procesan- do información en forma trimestral referente a varios indicadores establecidos en los contratos de gestión, desde el año 2010. Si bien esta información no se encuentra toda- 55 Estas empresas conjuntamente representan alrededor del 80 por ciento de los gastos totales consolidados de las EP en 2010. 109 El Caso de Paraguay vía disponible al público, se publica habitualmente el resultado de las evaluaciones que lleva a cabo el CNEP luego de sus sesiones sobre la gestión de las empresas. Por otro lado, el plan estratégico plurianual de la UMEP es un trabajo que se encuentra actual- mente en ejecución, y está disponible en el sitio WEB del MF.56 Finalmente, a pesar del gran tamaño relativo de las EP y su función estratégica en la economía Paraguaya, no se han llevado a cabo estudios o evaluaciones hasta el presente que permitan estimar el riesgo fiscal agregado. Auditorías de las EP 105. Siguiendo un período de bajo cumplimiento, las auditorías externas se im- plementaron satisfactoriamente en 2009 para la mayoría de las EP, y continuaron de manera regular desde ese entonces. Para la auditoría de los estados financieros de 2009, la UMEP les solicitó a las EP que mejoraran y alinearan el alcance de las auditorías externas de acuerdo con las prácticas internacionales. Para mayo 2010, tres EP de gran escala (ANDE, COPACO y ESSAP) firmaron contratos para la realización de auditorías externas con firmas auditoras independientes, siguiendo los procedimientos estableci- dos por la Ley de Contrataciones Públicas (Nº 2051/03). En el marco de la mejora en la transparencia de la gestión de las EP, los resultados de dichas auditorías externas son divulgados públicamente y se encuentran disponibles en el sitio Web oficial del MF57. 106. El principal organismo de control de las actividades económicas y finan- cieras del Estado en Paraguay es la denominada Contraloría General de la República (CGR). Una de sus atribuciones es la de realizar auditorías financieras, administrativas, operativas o de gestión de las EP. La selección de las EP a ser auditadas por la CGR depende de una evaluación de riesgos de auditoría llevada a cabo por esta institución. Por ejemplo, los estados financieros anuales de 2009 de la Empresa Paraguaya de Tele- comunicaciones (COPACO S.A.) fueron auditados por CGR en el año 2010. 107. La UMEP recibe y revisa los informes de auditoría externa. Además, la UMEP se encarga de la publicación oportuna de dichos informes en el sitio Web del MF,58 y posteriormente prepara informes sintéticos de gestión y monitorea el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la auditoría externa. Directorios y administración de las EP 108. Directorio y CEO. Las EP constituidas como sociedades anónimas han co- menzado a conformar Juntas de Directorios que generalmente están formadas por un presidente, otros dos miembros del directorio, y un síndico. Como parte de sus respon- sabilidades, los directorios ejecutan, acatan y hacen cumplir los estatutos, las leyes nacionales y las resoluciones de la asamblea de accionistas;; preparan y entregan in- formes conjuntos a la asamblea; realizan operaciones financieras; firman contratos; y proponen a la asamblea la distribución de dividendos y la creación de reservas en efec- tivo. Por su parte, las EP que son de exclusiva propiedad del Estado tienen solamente un Presidente (CEO), quien usualmente está a cargo del proceso de toma de decisiones, junto con el ministro sectorial. 56 http://www.economia.gov.py/umep/_admin/uploads/umep_plan_estrategico.pdf 57 http://www.economia.gov.py/umep/empresas.php 58 Publicado en http://www.hacienda.gov.py/web-sseei/index.php?c=322 110 109. No existe en la actualidad ninguna norma o directriz de funcionamiento específico relativa a la designación de las autoridades de las EP ni al funcionamiento del directorio. El Presidente de la República tiene la capacidad de designar y destituir a los CEO de las EP por medio de resoluciones y/o decretos presidenciales. Los miembros del directorio y los CEO responden al Presidente de la República a través del CNEP. No se utiliza ningún criterio específico para la selección de los candidatos. Las designaciones no son por un período específico de tiempo pero, en general, tienden a coincidir con el mandato de Gobierno. A pesar de que no hay ningún requerimiento específico, los directorios generalmente se reúnen una vez a la semana. Iniciativas de reforma II.4.4 110. Desde la década de 1950 hasta la fecha, las empresas más grandes de Pa- raguay estuvieron bajo propiedad del Estado. Algunas de estas empresas se privati- zaron en un proceso de modernización de la administración pública que se inició en el año 1991 y que se desarrolló en varias etapas diferentes. No obstante, la cantidad y la relevancia económica y estratégica de las empresas bajo control del Estado continúa siendo muy importante. 111. El Gobierno que asumió el cargo en 2008 introdujo reformas significativas en el marco de supervisión para las Empresas públicas (EP) en Paraguay. Establecer una supervisión efectiva de las EP por parte del Estado y mejorar el desempeño de las mismas formaron parte de los pilares principales del Plan de Gobierno. Las reformas se enfocaron en el establecimiento de una supervisión efectiva de las EP por parte del Estado por medio de la creación del Consejo de Empresas Públicas (CNEP). No obstante, también incluyeron acciones específicas en pos de mejorar la administración financiera e, inclusive, aumentar la participación del sector privado en las EP. La meta clara que tuvo el Gobierno fue la de establecer un nuevo marco institucional para: (i) garantizar una adecuada supervisión de la propiedad de las EP; (ii) garantizar que las EP realicen informes transparentes de su administración financiera; y (iii) promover un marco regu- latorio efectivo de los servicios públicos. 112. Desde el último trimestre de 2008, la organización de la función de pro- piedad dentro de la administración del Estado ha registrado progresos. Luego de la creación del CNEP y la reglamentación de las funciones de la UMEP, se observaron avances en cuanto a su desarrollo institucional, y también en relación con la medición y monitoreo del desempeño de las EP, así como un aumento de la transparencia vinculada a la gestión financiera de las empresas. 113. Los instrumentos que apoyan la transparencia de las finanzas y operacio- nes de las EP y su escrutinio están siendo implementados progresivamente. Particu- larmente, la publicación y difusión de los estados financieros anuales auditados de las EP ya se está realizando, así como la elaboración de nuevas reglas y procedimientos destinados a la contratación de firmas auditoras independientes siguiendo las mejo- res prácticas internacionales. Asimismo, a mediados de 2010 se registraron avances en relación con la definición de metas financieras y de desempeño para el mediano plazo para al menos cinco EP -que representan casi el 80 por ciento de los gastos consolida- dos del total de las EP. 111 El Caso de Paraguay 114. El Gobierno también ha iniciado acciones para regularizar pagos atrasa- dos de los servicios públicos de la Administración Central. Para fines de 2009, las trés principales EP de Paraguay, responsables del suministro de servicios públicos y bienes básicos (ESSAP, ANDE y COPACO), reclamaron pagos atrasados acumulados de la Ad- ministración Central por una suma consolidada de USD 110 millones.59 Como respuesta, el CNEP designó formalmente representantes del Ministerio de Hacienda, de la Procu- raduría General de la Nación, y de las respectivas EP para crear una Comisión Técnica Inter-institucional (CTI) responsable de calcular y garantizar la legitimidad de los débi- tos y créditos devengados que se mantienen entre las EP y la Administración Central a lo largo del tiempo. Desafíos futuros 115. A pesar del avance significativo que se ha logrado en los últimos años, Para- guay todavía tiene varios desafíos por delante. En Septiembre del 2013, el CNEP fue institucionalizado con una ley. Eso tiene un efecto de fortalecimiento el marco institu- cional para la supervisión de las EP y para garantizar la sostenibilidad de las reformas implementadas. Otro desafío importante, concebido para el mediano plazo, es obtener un marco regulatorio consolidado, que incluya, entre otras medidas, la creación de un organismo regulatorio independiente para el sector energético, y realizar mayores avances hacia la efectiva implementación de reguladores del agua y las telecomunica- ciones. 116. Los logros recientes representan la fase inicial de un plan más ambicioso para el mediano plazo. Los próximos pasos incluirían la implementación de planes es- tratégicos en cinco EP; la compensación de deudas entre varias EP y otras entidades del sector público; y la realización de auditorías contables, financieras y tributarias para 5 EP, entre otros. 59 De acuerdo con los datos informados de las EP recogidos por la UMEP. 112 113 El Caso de Paraguay El caso de Perú II.5 II.5.1 Cartera de Empresas Públicas 117. A pesar de haber tenido un capítulo en la historia de intensas privatiza- ciones (década de los noventa), las Empresas Públicas (EP) continúan siendo actores importantes en el Perú.60 A continuación se describe la importancia de este sector en la economía. Por ejemplo, en 2012 las EP emplean alrededor de 22,013 personas (0.3 por ciento del empleo total del país61 ); los gastos operativos agregados de las EP son casi el 3.1 por ciento del PIB; y la inversión total por las EP alcanza aproximadamente 0.33 por ciento del PIB. Al mismo tiempo contribuyen a las finanzas del Estado por medio de impuestos y transferencias directas en un monto que alcanza casi el 2.4 por ciento del PIB.62 118. El universo de las EP en Perú bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financia- miento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) incluye a 31 empresas. El Es- tado peruano es propietario de al menos el 87 por ciento de cada EP (en total posee 31 EP, en 24 EP el Estado posee el 100 por ciento).63 Además, el Estado peruano posee un pequeño porcentaje de otras 13 empresas (con participación estatal hasta 10 por cien- to), y 13 empresas están en proceso de liquidación debido a su situación de insolvencia. 119. Las EP en Perú operan tanto en mercados competitivos como en los no- competitivos. Sus actividades están concentradas en los sectores de electricidad (ge- neración y distribución), financiero, hidrocarburos y remediación de pasivos ambienta- les. Los gastos agregados de las EP que operan en el sector de la electricidad son casi del 1.3 por ciento del PIB; los gastos agregados en el sector financiero son del 0.6 por ciento, y en el de hidrocarburos y remediación ambiental son del 0.6 por ciento. Las EP también están activas en sectores como transportes y comunicaciones, saneamiento alcantarillado e infraestructura portuaria, pero, como se indica en la tabla 6.1, su con- 60 Este trabajo sólo centra su atención en las EP del Gobierno Central bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financia- miento de la actividad Empresarial del Estado (FONAFE), que comprende a 31 empresas. Cabe precisar que la empresa Petróleos del Perú – PETROPERU S.A. es supervisada por el Ministerio de Energía y Minas. También es pertinente aclarar que no se incluyen dentro de la muestra considerada para este capítulo la empresa de Seguro Social de Salud (ESSALUD), ni a sus empresas Servicios Integrados de Limpieza S.A. (SILSA) y Empresa de Seguridad, Vigilancia y Control S.A.C. (ESVICSAC), incorporadas al ámbito presupuestal regulatorio de FONAFE mediante Ley N° 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2011. 61 Nota de prensa N° 064-30 Abril 2013- Instituto Nacional de Estadística e informática. 62 Las cifras corresponden al año 2012 y fueron calculadas utilizando datos oficiales obtenidos de FONAFE. 63 Anexo D muestra una lista completa de las EP. 114 tribución es relativamente menor. La categoría “Otros Sectores” incluye a las empresas del sector defensa (producción, mantenimiento de armas e industria mecánica), en co- mercio, y empresas de astilleros y metalúrgica. En términos de distribución de las firmas entre sectores, ver la siguiente tabla, la mitad de las EP operan en el sector de electri- Number cidad. De hecho, casi el 27 porof SOEs ciento de la energía distribuida por medio del Sistema de Electricidad Interconectado (SEIN) es generada por EP nacionales y las empresas de distribución eléctrica del estado satisfacen el 61 por ciento de la demanda total. Figura II.7: Distribución de las EP por Sector Fuente: FONAFE Financiero 4 Transportes y Electricidad Comunicaciones 16 4 Total 31 Agua y Saneamiento 1 Otros sectores 4 Remediación ambiental y petróleo 2 Tabla II.8 Sector Presupuesto como porcentaje del PIB Electricidad 1.3 % Remediación ambiental y petróleo 0.6 % Financiero 0.6 % Agua y Saneamiento 0.4 % Transportes y Comunicaciones 0.2 % Otros sectores 0.1 % TOTAL 3.2 % 115 El Caso de Perú II.5.2 Función de propiedad: Marco y organización institucional 120. Los principales actores en el modelo peruano de propiedad de las EP son los ministerios sectoriales, el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Em- presarial del Estado (FONAFE), y la administración de las EP (Directorios y los CEO). Hay otras instituciones que también cumplen una función con relación a la rendición de cuentas de las EP, particularmente, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República y las entidades reguladoras. 121. Las EP responden a los objetivos estratégicos de FONAFE, los cuales coadyuvan a los objetivos de los ministerios a los cuales se encuentran adscritas. La función de propiedad para la administración y supervisión de las EP en Perú ha pasado a estar centralizada desde la creación del FONAFE en 1999. La separación entre la propie- dad de las EP y otras funciones del Estado se estableció por ley,64 a través de la creación del FONAFE como sociedad de cartera pública que responde al Ministerio de Economía y Finanzas (MF) y que es responsable de la regulación y administración presupuestaria de todas las empresas del Estado (con excepción de PETROPERU S.A.) vinculadas con el Gobierno Nacional, bajo su ámbito. 122. Entre otras obligaciones, el FONAFE es responsable de: • Regular y dirigir la actividad empresarial del Estado; • Ejercer la propiedad de las acciones de las EP (empresas bajo alguna forma societaria) y los derechos sobre las empresas estatales de derecho público • Aprobar el presupuesto consolidado de las EP; • Establecer reglamentaciones de gobierno corporativo para todas las EP; • Administrar los recursos generados por el ejercicio de la función de propiedad; y • Designar miembros para las asambleas de accionistas y los directorios de las EP. 123. El FONAFE también está a cargo de garantizar que las EP cumplan con los sistemas administrativos que resultan aplicables al llevar a cabo sus actividades. En- tre estas normas se encuentran reglamentaciones acerca del presupuesto, contratación de bienes y servicios, adquisiciones, inversiones, contratación de nuevo personal, y normas contables y de auditoría. La ley general de empresas y el derecho civil también pueden aplicarse de modo complementario. 124. La propia estructura institucional del FONAFE refleja el rol de coordinación inter-ministerial del grupo. El FONAFE está liderado por un Directorio compuesto por los siguientes ministros: (i) Ministro de Economía y Finanzas, quien preside; (ii) Presidente del Consejo de Ministros; (iii) Ministro de Transportes y Comunicaciones; (iv) Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y (v) Ministro de Energía y Minas. El director ejecutivo del FONAFE es designado por el Ministro de Economía y Finanzas. La Figura 3 muestra su estructura organizativa. 64 El marco legal del FONAFE es la Ley Nº 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial de Estado y el Decreto Legislativo Nº 1031. Estas normas se desarrollaron a través del Decreto Supremo 072-2000-EF y el Decreto Supremo Nº 176-2010-EF, respectivamente. 116 Figura II.8: Estructura Organizativa del FONAFE Directorio EP Contraloría Dirección Ejecutiva Administración Planeamiento Liquidación Legal Operaciones y Finanzas y Desarrollo y Cobranza 125. Durante los últimos años, el FONAFE ha estado implementando un nuevo abordaje con respecto a la administración de las EP, que implica la creación de redes de negocios. En resumen, cada red de negocios está constituida por los CEO de diferentes empresas, quienes de manera colaborativa trabajan para identificar los proyectos (o estrategias) que tengan en común que aumentarían el valor de las empresas participan- tes. Al promover la creación de estas redes, el FONAFE tiene como objetivo optimizar el uso de los recursos y mejorar la integración corporativa entre las empresas del grupo, lo cual incluye el fortalecimiento de buenas prácticas de gobierno corporativo.65 126. El FONAFE también ha sido líder en reformas en áreas como recursos huma- nos, al introducir estándares más altos en la selección de los miembros del directorio y los CEO y al hacer que el proceso sea más transparente; y en el área de tecnologías de la información, en la que el FONAFE ha implementado el SIED (Sistema de Intercambio Electrónico de Documentación), un software que interconecta a las EP con FONAFE y les permite compartir documentos y mejorar las comunicaciones a través de las firmas electrónicas. También se ha implementado recientemente un sistema de datos compar- tidos, y el reciclado de papel. 65 Un ejemplo es la así llamada “Red de Cartera de Empresas”, formada por los CEO de empresas de generación y distribución eléctrica, empresas financieras y empresas de infraestructura no-eléctrica, entre otras. Otro ejemplo es la “Red de Negocios de Proceso Transversal Corporativo”, la que integra una serie de distintos procesos clave entre los que se incluyen aquellos relacionados con el presupuesto, la inversión, tecnologías de la información y comunicacio- nes y adquisiciones corporativas. 117 El Caso de Perú II.5.3 Rendición de cuentas y Mecanismos de supervisión Declaraciones de objetivos y documentos de planificación 127. Contratos de gestión/desempeño. A las EP Peruanas se les solicita que defi- nan un plan estratégico de 5 años y sus objetivos relacionados, así como también delin- ear de manera explícita cómo planean lograr estos objetivos, los que, a su vez, tal como se mencionó más arriba, tienen que estar alineados con el Plan Estratégico Corporativo aprobado por FONAFE. 129. Para el período 2012-2016, el FONAFE ha establecido los siguientes obje- tivos estratégicos generales: (i) impulsar el crecimiento de las SOE para contribuir al desarrollo del país; (ii) incrementar la eficiencia a través de la excelencia operacional; (iii) impulsar la creación de valor social; iv) fortalecer el talento humano, la organización y el uso de Tecnología de la Información y Comunicación en la corporación. Figura II.9: Objetivos Estratégicos Generales Impulsar el crecimiento Incrementar el eficiencia Crear valor Social Incrementar valor Crear valor social económico Financiero Stakeholders Incrementar la eficiencia Fomentar el Posicionar la crecimiento corporación Incrementar el Alcanzar excelencia Mejorar la gestión acceso al en los procesos de RSE financiamiento Proceso Optimizar la gestión del portafolio de empresas Impulsar el mejoramiento del marco normativo Fortalecer el talento, la organización y las TIC Aprendizaje Fortalecer el talento, la culture y Mejorar el uso de las TIC la organización corporative 129. Planes Estratégicos de las EP. Estos planes ofrecen un instrumento de gestión que define los objetivos de la institución para el corto, mediano y largo plazo. Están formula- dos por cada EP de acuerdo a directivas, políticas corporativas y planes estratégicos del 118 FONAFE, y deben estar alineados con sus planes de políticas sectoriales. También de- ben estar establecidos para un período de 5 años, e incorporar un diagnóstico descrip- tivo del estado actual de la empresa, objetivos estratégicos, indicadores de desempeño financieros y no financieros y metas asociadas al cumplimiento de dichos indicadores. Estos planes son aprobados en primer lugar por el directorio de la EP, el ministerio sectorial y luego por el directorio del FONAFE. Luego de su aprobación, deben ser ra- tificados por la Asamblea General de Accionistas de cada empresa y ser publicados en línea.66 Los planes estratégicos se actualizan con frecuencia, y los cambios que son aprobados también se publican en los sitios web correspondientes. 130. Formulación y aprobación del presupuesto. El proceso presupuestario de las EP está regido por la Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, la que regula este proceso para todo el Estado peruano. Sin embargo, el presupuesto nacional anual no es aplicable al FONAFE y sus EP, a menos que esté explícitamente estipulado en la Ley. Típicamente, el FONAFE consolida todos los presupuestos de las EP siguiendo los principios que rigen el Sistema Presupuestario Nacional y los envía para su aprobación al directorio del FONAFE. 131. El FONAFE ha desarrollado varias directrices para informar a las EP acerca de los instrumentos de planificación, entre ellos sus planes estratégicos y presupues- tos. Como se expresó anteriormente, el FONAFE es la principal entidad que conduce los procesos presupuestarios de las EP. En 2008 el FONAFE aprobó las Directivas de Formu- lación del Plan Estratégico de las EP67 y, en 2010, las Directivas de Programación, For- mulación y Aprobación del Plan Operativo y Presupuesto.68 Estas directivas establecen un conjunto de directrices, reglas y principios para fomentar una mayor planificación de las actividades de las EP de acuerdo con sus objetivos. Además, contienen formularios detallados que le posibilitan al FONAFE recopilar información de todas las EP de un modo estandarizado. Informes: Monitoreo del desempeño y divulgación ex post 132. Sistema de intercambio electrónico de datos (SIED) del FONAFE. Este siste- ma es usado por el FONAFE para centralizar la entrega de los informes de las EP. Además facilita el intercambio de documentación entre las EP. La Tabla 6.2 resume los informes que el FONAFE requiere de las EP individuales. 66 Por ejemplo, el plan institucional estratégico de CORPAC S.A. se puede encontrar en http://www.corpac.gob.pe/Main.asp?T=4529 67 Directiva de Formulación del Plan Estratégico de las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por Acuerdo del Directorio N° 001-2008/019-FONAFE. 68 Directiva de Formulaciónon del Plan Operativo y Presupuesto de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por Acuerdo del Directorio Nº 001-2010/014-FONAFE. 119 El Caso de Perú Tabla II.9: Informes de las EP solicitados por el FONAFE Tipo de Documentos Frecuencia Especificaciones información Gestión Informe de Control del Plan Trimestral- estratégica Operativo mente Informe de Control y Moni- Semestral- toreo sobre metas y objetivos mente estratégicos Información Estados financieros Mensualmen- presupues- te, trimes- taria tralmente, anualmente Informe ejecutivo Mensualmen- Análisis financiero te, trimes- y presupuestario en tralmente, comparación con anualmente el mismo período bajo evaluación del año anterior y en comparación al marco aprobado Información Informes de Auditoría cortos Anualmente Informes de auditoría de la audi- y largos cortos y largos acerca toría de los estados finan- cieros desde el 31 de diciembre Gobernanza Informe Ejecutivo sobre imple- Anualmente Corporativa mentación del Buen Gobierno Corporativo 133. En general, toda la información relativa a la gestión de las EP se encuentra a disposición del público y está publicada tanto en el sitio Web del FONAFE como en los de las EP.69 El FONAFE emitió una resolución específica relativa a las reglamentacio- nes y medidas de transparencia que tienen que cumplir las EP, llamadas “Directiva de Transparencia en la Gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE”70, y monitorea su cumplimiento atentamente. La Tabla 6.3 contiene la información que deben publicar las EP en sus sitios Web: 69 Referirse a http://www.fonafe.gob.pe/portal 70 Directiva de transparencia en la gestión de las empresas bajo el ámbito de FONAFE, aprobada por Resolución de la Dirección Ejecutiva No. 010-2009/DE-FONAFE, publicada el 11 de febrero de 2009. 120 Tabla II.10: Informes de las EP disponibles en línea Tipo de información Documentos Información presupues- Información presupuestaria: Presupuesto inicial de taria ingresos y gastos; Modificación al presupuesto inicial de ingresos y gastos; Implementación del presupuesto de ingresos y gastos Información financiera Presupuesto inicial del Estado de Resultados, Balances y predicción de flujos de caja; Modificaciones al Estado de Resultados, Balance y predicción de flujos de caja; Ejecución presupuestaria del Estado de Resultados, Balance y predicción de Flujos de Caja; Estados financieros, inclusive notas a estos Estados Financieros y la opinión de los auditores Proyectos de inversión Lista de proyectos pública en ejecución Indicadores de desempeño Informe de cumplimiento sobre los indicadores del Plan Operativo Informe de cumplimiento sobre los indicadores del Plan Institucional Estratégico 134. De acuerdo a las disposiciones de la Ley de Transparencia e Información Pública, las empresas pueden clasificar cierta información de “acceso restringido” como secreta, reservada y confidencial, como por ejemplo, seguridad nacional, secreto bancario, comercial e industrial.71 135. El FONAFE elabora un informe anual, y es revelado públicamente. Este in- forme agrega información fiscal y financiera relacionada con las EP, y la envía a los mi- nisterios, Presidencia del Consejo de Ministros, Congreso de la República, Contraloría General de la República, entre otras instituciones. 136. La Ley General de Presupuesto establece que el FONAFE tiene que repor- tarse a la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República una vez al año. Duran- te la sesión, el FONAFE presenta y justifica los resultados del ejercicio fiscal anterior y presenta el presupuesto consolidado de las EP para el próximo año fiscal. El Congreso de la República tiene la autoridad de solicitarle información al FONAFE o a cualquier EP en cualquier momento. 71 Esta información puede ser técnica, relacionada al comercio o a los negocios, inclusive acerca de procesos secretos, fórmulas, programas, planes de comercialización, información de investigación y desarrollo, estudios, planes de pre- cios especiales u otra información que esté sujeta a un esfuerzo razonable para ser protegida, recayendo en un objeto particular que tenga valor comercial por el hecho que se mantiene en secreto. 121 El Caso de Perú Auditorías de las EP 137. En 2006, el FONAFE aprobó el Código de Control Interno para todas las EP bajo su supervisión. El código se desarrolló de acuerdo con la Ley de Control Nacional y su objetivo es informar acerca de la implementación de medidas relativas al control interno de las empresas. Este Código propone un sistema estándar y una estructura de control interno que apoya la implementación de procesos de control interno. Tiene como objetivo ser una herramienta que fomente un entorno ético, prevenga riesgos y promueva la permanente mejora de la gestión de las EP. En 2008, la Contraloría General de la República aprobó una guía para la implementación del Sistema de Control Interno, y FONAFE comunicó a las EP que observaran dicha guía para la implementación del con- trol interno. 138. Las medidas de control interno implementadas por las EP son supervisadas por la Oficina de Control Institucional (OCI). La OCI es una unidad dentro de la estruc- tura organizativa de cada EP. Responde directamente al directorio y es responsable de monitorear los recursos y activos administrativos, financieros y económicos de las EP, de acuerdo con el Sistema Nacional de Control liderado por la Contraloría General de la República (CGR). El CEO de la OCI es designado por la CGR, y responde y recibe su remuneración de esta institución. 139. Los estados financieros anuales de las EP son auditados por auditores externos independientes seleccionados a través de un proceso de “solicitud de pro- puestas”. Este proceso está dirigido por la CGR e incluye los requerimientos técnicos propuestos por las EP. Además, en cualquier momento una asamblea general de accio- nistas puede solicitar auditorías externas adicionales. Se requiere que los resultados de la auditoría sean entregados al FONAFE y a la CGR, y deben informar acerca de los siguientes temas: (i) logro de los objetivos y metas delineadas en los Planes Estraté- gicos y Operativos; (ii) ejecución del proceso y procedimientos del presupuesto; (iii) cumplimiento de las obligaciones impositivas; y (iv) estados financieros. Directorios y administración de las EP 140. Todas las EP de Perú están conducidas por un directorio y los CEO son res- ponsables de las operaciones diarias de las empresas. El Directorio de la EP es la más alta autoridad dentro de la EP luego de la Junta General de Accionistas, y tiene la res- ponsabilidad de conducir la empresa y establecer sus estrategias, planes y objetivos, así como garantizar su cumplimiento. Los estatutos de las empresas determinan la can- tidad de miembros del directorio. Sin embargo, este número no podría ser menor que tres o mayor que siete. En la mayoría de los casos el ministerio sectorial y el ME propo- nen un candidato o candidatos a el FONAFE. El FONAFE luego hace una nominación ofi- cial a la Asamblea General de Accionistas la cual se encarga de confirmar al candidato. El directorio regularmente se convoca dos veces por mes. 141. En general, los requisitos profesionales y el procedimiento de designación/ selección para los miembros del directorio se establecen por ley.72 De acuerdo al Decre- to Legislativo 1031, los miembros de directorio deben ser profesionales con una fuerte ética, star familiarizados con el negocio de la EP y tener una amplia experiencia en la gestión estratégica y comercial. No obstante, el FONAFE define normas adicionales para 72 El procedimiento de evaluación está definido por el Decreto Supremo 085-2006-EF. Este decreto establece los pasos precisos que deberían seguirse en el proceso de evaluación. Define varias categorías y le asigna puntajes a cada una de las categorías que los futuros candidatos deben alcanzar. 122 las empresas bajo su supervisión.73 Las normas establecen procedimientos detallados para designar y destituir a los miembros del directorio Incluye el fortalecimiento de los requisitos profesionales establecidos por la ley. Por ejemplo, el candidato debe tener título universitario, o entre cinco y 10 años de experiencia profesional. Si el candidato no cumple con este requisito, debe probar tener 10 años de experiencia profesional en el sector en el que opera la EP. FONAFE también introdujo varias restricciones que impi- dan que los individuos sean miembros del directorio. Por ejemplo, procesos judiciales en curso que involucren a la EP, que hayan sido aprobados o desestimados debido a errores administrativos de parte de alguna institución pública o empresa pública, o que esté en relación comercial con la EP. 142. En agosto de 2010, un decreto apoyado por el FONAFE estableció que al menos uno de los miembros del directorio debe ser seleccionado a través de concurso público. Esta discurso es llevado a cabo por la Autoridad Nacional para el Servicio Civil (SERVIR), o por un reclutador privado. Una vez que la selección se lleve a cabo de este modo, se les exigirá a los candidatos que alcancen estándares profesionales más altos (por ejemplo, poseer un título de maestría en el campo relacionado con el sector de la EP) y otros requisitos adicionales.74 143. Los miembros del directorio no mantienen una relación contractual con la EP. Por consiguiente, no se los considera empleados de las EP en términos legales y no tienen los beneficios o protección que otorgan las regulaciones laborales privadas o públicas. Las designaciones de los miembros del directorio de las EP pueden ser re- vocadas por el FONAFE en cualquier momento y sin ninguna causa. Los miembros del directorio reciben un estipendio por asistir a las asambleas del directorio. Las regula- ciones especifican que estos pagos deber ser determinados buscando crear incentivos para mejorar la productividad y el desempeño, pero en la práctica son menores que los recibidos en el sector privado.75 La duración de la designación es indeterminada, ya que no ha sido establecida por ninguna reglamentación. Sin embargo, al final del mandato presidencial, usualmente se producen varios cambios en la administración pública, lo que también suele afectar a los directorios de las EP. 144. El FONAFE establece ciertos lineamientos para evaluar a los miembros del directorio.76 Sin embargo, las directrices centran su atención en el desempeño de las EP más que en las contribuciones específicas del directorio. En 2006, el FONAFE aprobó el Código de Ética para los Trabajadores de las Empresas del Estado, que se aplica tam- bién a los miembros del directorio77 y la Directiva sobre Neutralidad y Transparencia del personal de las Empresas del Estado durante los procesos electorales78 que regula el comportamiento de los Directorios de las EP durante las campañas electorales. 73 Los lineamientos se denominan Directivas aplicables a los directores de las Empresas públicas en las que FONAFE participa como accionista. Las reglas son también aplicables a los miembros del directorio en las empresas en las que el estado participa como accionista minoritario. 74 Por ejemplo, no deberán estar relacionadas con el personal, la administración, directorio o accionistas de la EP; no deberá ser funcionario público ni deberá haber tenido relación contractual, comercial o laboral directa o indirecta alguna con la empresa durante al menos dos años antes de la designación. Ver D.S. 126-2010-EF, art.15. 75 Esta práctica impide que el FONAFE atraiga a profesionales competitivos a los directorios. Recientemente, en un intento por fomentar el compromiso de los directores en las EP, el FONAFE incluyó un monto variable en estos pagos. Sin embargo, esta propuesta aún no ha logrado una implementación efectiva. 76 Sin embargo, no hay información disponible relativa a los resultados de estas evaluaciones. 77 Aprobado por el Acuerdo Nº 010-2006/004-FONAFE del Directorio, publicado el 3 de febrero de 2006. 78 Aprobado por el Acuerdo Nº 010-2006/004-FONAFE del Directorio, publicado el 18 de enero de 2006. 123 El Caso de Perú 145. Los CEO tienen que ser seleccionados por medio de un concurso público llevado a cabo por un reclutador privado, y nombrados por el directorio de la EP. En 2009, el FONAFE estableció una política general para la selección del CEO y otros cargos gerenciales utilizando los servicios de reclutadores privados, y desarrolla directrices para este fin.79 Los CEO son responsables ante el directorio de la EP y el FONAFE. Des- de 2010 reglamentaciones administrativas exigen al FONAFE desarrollar mecanismos para evaluar el desempeño de los CEO, pero estos mecanismos no han sido aprobados todavía.80 En general, el personal gerencial en las EP se contrata bajo leyes laborales privadas. Esta práctica les otorga a las EP más flexibilidad en el manejo de los recursos humanos en comparación con otras entidades públicas. No existen reglas específicas para destituir de su puesto a los CEO ya que los directorios de las EP los contratan “a voluntad”. 146. En Perú, el mandato del CEO supuestamente no está atado al mandato del gobierno. Sin embargo, la interferencia política en las instituciones burocráticas todavía es alta en el país, por lo cual los cambios en los cargos en los ministerios pueden afectar la estabilidad de la administración de las EP, principalmente en la designación de los Directores. II.5.4 Iniciativas de Reforma 147. El marco de propiedad de las EP que estuvo vigente en Perú hasta 1990 no dio buenos resultados. Los mecanismos de supervisión y de rendición de cuentas fueron inadecuados y poco claros. En la práctica, los ministerios sectoriales ejercían la función de propiedad: estaban a cargo de designar miembros del directorio y decidir e implementar políticas específicas para cada sector. Sin embargo, estas decisiones generalmente estaban guiadas por motivos políticos y no existía coordinación entre los sectores. El MF sólo intervenía en asuntos presupuestarios o en políticas salariales, pero no tenía control efectivo sobre las empresas. Todo esto dio lugar a un bajo des- empeño de las EP, una ineficiente provisión de bienes y servicios y, consecuentemente, bajos niveles de inversión en el sector. 148. En 1990, un proceso agresivo de privatización liderado por el MF comenzó en Perú. Las privatizaciones transformaron a la cartera de las EP de Perú de más de 300 empresas en manos del Gobierno Central a 31, las cuales se encuentran en la ac- tualidad bajo supervisión del FONAFE. Los principales sectores que participaron en el proceso de privatizaciones son energía (transmisión de hidrocarburos y electricidad) e infraestructura (puertos y aeropuertos). El principal objetivo de este proceso no fue se- parar las funciones de propiedad de las funciones regulatorias o de políticas públicas: principalmente tuvo como objetivo reducir el tamaño de las EP y reorganizarlas para privatizarlas. 149. Una nueva constitución, aprobada en 1993, estableció que las actividades comerciales del Estado deben estar autorizadas por ley, deben ser accesorias a las ac- tividades privadas, y deben atender al interés público. Para organizar y llevar a cabo el proceso de privatización de las EP, el gobierno de Perú creó la Oficina de Instituciones y 79 Directiva aplicable a la selección de gerentes y cargos equivalentes en las EP bajo el FONAFE. Aprobado por Acuer- do del Directorio del FONAFE Nº 006-2009/09-FONAFE el 04.09.09 (Publicado el 20 de octubre de 2009). 80 En la práctica el FONAFE evalúa el desempeño de los CEO por medio del desempeño de la EP. Esto significa que si se logran los objetivos de las EP, se asume que los CEO han tenido un buen desempeño. 124 Organismos del Estado (OIOE), una dependencia con autonomía financiera, bajo el MF. Todas las funciones de supervisión y control sobre las empresas públicas fueron trans- feridas a esta nueva dependencia que tenía absoluto control sobre la gestión de las EP (adquisición, inversión, salarios) y presupuesto. En 1998, cuando el proceso de privati- zación llegó a su fin y estaba claro que el Estado iba a continuar operando algunas de las EP, el OIOE adoptó varias medidas para mejorar la administración de las EP, en tres niveles: presupuesto, costos de personal, y contratos de gestión. 150. En 1999, el FONAFE fue creado como tenedor de todas las acciones del Estado y como órgano de gobierno para las actividades comerciales del estado. Todas las entidades públicas que tenían acciones en una EP se las transfirieron al FONAFE. Por medio de la creación del FONAFE como órgano de gobierno de la actividad comercial del Estado hubo una separación de la función de propiedad de las políticas públicas. 151. La siguiente tabla sintetiza el nivel de protección legal otorgado al nuevo acuerdo institucional en la propiedad y supervisión de las EP vigentes desde la creación del FONAFE en 1998. Tabla II.11: Protección legal de las reformas Nivel de protección legal Consti- Norma tución Ley Decreto de menor Protección rango División de responsabilidades entre los Ministerios en la función de X propiedad Creación de la Unidad de Monitoreo X de las EP Reglas de designación y destitución X X X del Directorio/CEO de las EP Requerimientos de informes de las X X EP Requerimientos de auditoría de las EP X X X Mecanismos de evaluación del des- X X X empeño de las EP 125 El Caso de Perú El caso de España II.6 II.6.1 Cartera de Empresas Públicas 152. En términos generales, el tamaño del sector de las empresas públicas en España es relativamente reducido. 81 Los gastos corrientes agregados de todo el sector alcanzan cerca del 5 por ciento del PIB ó 13 por ciento del presupuesto de la Administra- ción Central; y la inversión total es de aproximadamente 0,5 por ciento del PIB ó 1,3 por ciento del presupuesto del sector público consolidado. Al mismo tiempo, contribuyen a las finanzas públicas por medio de impuestos, ganancias, y otras transferencias en una cifra que alcanza cerca del 1,3 por ciento del PIB ó 3,6 por ciento de los ingresos totales del sector público consolidado.82 153. El sector de las empresas públicas83 en España está compuesto por aproxi- madamente 260 empresas públicas (EP). Esta cifra incluye a las empresas directamente controladas por la Administración Central, a través del Ministerio de Hacienda y Admi- nistraciones Públicas (MF) y de otros ministerios sectoriales (Industria, Agricultura, Fo- mento); y las empresas públicas bajo la órbita de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales-SEPI, entidad pública empresarial, también dependiente del MF.84 154. La SEPI es el mayor holding del sector público estatal. Al 31 de diciembre de 2012, la SEPI tenía participación directa y mayoritaria en 18 empresas que emplean en total más de 80.000 trabajadores. Bajo su control económico-financiero también se encuentra la Corporación de la Radio y Televisión (CRTVE),85 actualmente conformada como una fundación pública. Además, la SEPI tiene participación como accionista mi- 81 Este trabajo centra su atención en las EP bajo la órbita de la Administración Central de Gobierno. 82 Las cifras corresponden al año 2010 y se calcularon usando datos oficiales obtenidos del Ministerio de Economía. 83 El artículo 3.2 de la Ley General Presupuestaria (Ley 47/2003), establece que el sector público empresarial estatal está compuesto por las entidades públicas empresariales (como SEPI) y las sociedades mercantiles estatales (empre- sas públicas). Se considera empresa pública aquélla en cuyo capital social la participación del capital público de forma directa o indirecta es superior al 50%. 84 En el inventario de entes de la Administración Central se puede conocer la estructura, dimensión y composición del sector, constituido por todas las formas jurídicas relacionadas en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (con excepción de las estructuras propiamente administrativas). www.igae.pap.minhap.gob. es/sitios/igae/es-ES/ClnInvespe/Paginas/invespe.aspx 85 En 2006, el Ente Público RTVE entró en liquidación (bajo la supervisión de SEPI) y se creó la Corporación RTVE. 126 noritario directo en siete empresas (cinco de ellas cotizan en mercados bursátiles), e indirectamente en más de 100 empresas. Los gastos totales corrientes de las empresas en el grupo de la SEPI suman casi 0,4 por ciento del PIB y 1 por ciento del presupuesto de la Administración Central. 155. La Tabla 7.1 agrupa a las EP según el porcentaje de participación del Estado. Tal como fue indicado en la tabla, la mayoría de las EP son de total propiedad estatal.86 Tabla II.12: Participación del Estado en las EP. Fuente: MF Participación del Estado Número de entidades % 100% 192 73.28 ≥ 90% and < 100% 17 6.49 ≥ 70% and < 90% 10 3.82 ≥ 60% and < 70% 7 2.67 > 50% and < 60% 35 13.36 ≤ 50% 1 0.38 TOTAL 262 100.00 156. Las EP en España operan tanto en mercados competitivos como en los no- competitivos. Sus actividades se extienden a través de toda la economía. La Tabla 7.2 describe la participación de las EP por sector calculada agregando los gastos corrientes de las EP por EP en cada sector respectivo. La tabla indica que las EP en España tienden a concentrar sus operaciones en actividades de comercio, transporte, y turismo (los gastos agregados de las EP en estos sectores son de casi 2,6 por ciento del PIB y 7 por ciento del presupuesto de la Administración Central), actividades artísticas y recreati- vas (1 por ciento del PIB y casi 3 por ciento del presupuesto), y actividades financieras y de seguros. La participación en otros sectores es relativamente pequeña. 86 Anexo E muestra una lista completa de las EP bajo la supervisión de SEPI. 127 El Caso de España Tabla II.13: Participación de las EP en los Sectores Fuente: MF Presupuesto sectorial de la EP Sector Como % del Como % del presupuesto de la PIB Administración Central Agricultura, Ganadería, Silvicultura, 0.07% 0.02% Pesca Artístico, Recreativo 2.00% 0.74% Construcción 0.96% 0.35% Defensa, Educación, Sanidad y 0.24% 0.09% Actividades de Servicios Sociales Industrias de Extracción, Manufacturas 2.06% 0.76% Energía, Agua, Sanidad Financieras, Seguros 0.37% 0.14% Information, Communications 0.20% 0.07% Profesionales, Científicas, Técnicas, 0.79% 0.29% Administrativas Bienes Raíces 0.18% 0.07% Comercio, Transporte, Turismo 6.04% 2.22% TOTAL 12.92% 4.74% II.6.2 Función de propiedad: Marco y organización institucional87 157. La SEPI centraliza la función de propiedad del Estado en las empresas pú- blicas bajo su control —es decir, cuando opera como accionista mayoritario. La SEPI fue constituida inicialmente por la Ley 5/1996, de creación de determinadas entidades 87 El marco institucional y los mecanismos de supervisión descriptos en las siguientes secciones son los que se apli- can a las EP bajo supervisión de la SEPI. 88 Esta Ley fue posteriormente modificada parcialmente por las siguientes normas: Ley 13/1996, sobre medidas fis- cales y administrativas; Decreto-Ley 15/1997; Ley 66/1997, sobre medidas fiscales, administrativas y del orden social; y Ley 20/2006. 128 de derecho88 , como Corporación Pública dentro de la Administración Central, y bajo la responsabilidad del Ministerio de Industria, pasando dicha responsabilidad en el año 2001 al Ministerio de Hacienda. El marco jurídico que regula el funcionamiento actual del SEPI se basa en la Ley General Presupuestaria No. 47/2003. 158. La ley define a la SEPI como un organismo legalmente responsable, cuyas actividades económicas y obligaciones contractuales se rigen por el ordenamiento jurí- dico privado, civil, mercantil y laboral. Sin embargo, en determinadas áreas (por ejem- plo, contratación de personal, adquisiciones, presupuesto), sus actividades se rigen por el derecho público, estando sometidas a los mismos controles (presupuestarios, auditorías, control político, etc.) que el conjunto del sector público. 159. La SEPI se desempeña como un instrumento de política del Gobierno, cons- tituyendo un agente especializado en procesos de restructuración y modernización de empresas públicas. Además, la SEPI también realiza un importante papel como agente de promoción y desarrollo económico. Según establece su normativa de creación y re- gulación, sus principales funciones son: • impulsar y coordinar la actividad de las sociedades de las que sea titular; • fijar la estrategia y supervisar la planificación de las sociedades en las que participe mayoritariamente; • administrar la cartera de sus acciones y participaciones; • realizar todo tipo de operaciones financieras activas y pasivas, tanto respecto de su propio capital, como aquel de sus sociedades participadas directa o indirectamente.89; • actuar como agente privatizador de sus participaciones o en los procesos que le sean encomendados por el Gobierno. 160. La SEPI funciona fundamentalmente como una corporación financiera au- tónoma. Separadas por su significancia, las principales fuentes de financiamiento de la SEPI se derivan de: (i) administración de sus propios activos; (ii) ingresos de procesos de privatizaciones; (iii) dividendos de participación en sus sociedades (participadas tanto mayoritaria como minoritariamente) y (iv) préstamos de mercados financieros pri- vados, dentro de los límites establecidos por la ley anual de Presupuesto General del Estado. Además, desde el año 2006, la SEPI cuenta con la facultad de percibir, en caso de resultar necesario, transferencias del Presupuesto General, aunque desde dicha fe- cha hasta el ejercicio fiscal 2013, nunca se ha presentado esta necesidad. 161.Para el ejercicio de las funciones de supervisión y control que la normativa atribuye respecto de las sociedades del Grupo SEPI, la SEPI aplica los siguientes dos instrumentos de gestión: • Un mecanismo integrado de planificación y supervisión denominado Sistema de Planificación, Seguimiento y Control. Se trata de un conjunto de instrumentos formales, mediante los cuales la SEPI ejerce las funciones de control estratégico y económico-financiero de la gestión de las empresas y fundaciones de su Grupo. Mediante este sistema la SEPI aplica directrices homogéneas para las EP en términos de rendición de cuentas, asuntos fiscales y financieros. El mismo se implementa en tres etapas: supervisión del proceso presupuestario de las empresas; control periódico (mensual o trimestral) de la ejecución del presupuesto de las empresas; y iii) evaluación final del desempeño de las empresas y reporte de los resultados. 89 En algunos casos, estas operaciones necesitan una autorización administrativa previa. También, el nivel máximo de endeudamiento de la SEPI se determina anualmente en las respectivas Leyes de Presupuesto General del Estado. 129 El Caso de España • Un conjunto de normas reguladoras de las relaciones de la SEPI con sus empresas, que establecen los actos y operaciones a ejecutar por éstas. Dichas normas deben ser sometidas a autorización previa por parte de los órganos rectores de la SEPI (Consejo de Administración y Comité de Dirección). II.6.3 Rendición de cuentas y Mecanismos de supervisión Declaraciones de objetivos y documentos de planificación 162. Contratos de gestión/desempeño. La Ley de Presupuestos Generales le asigna a la SEPI la responsabilidad de monitorear el desempeño de las empresas. Gene- ralmente, se les solicita a las empresas que cumplan con algunos niveles de desempeño mínimos (en términos de tasa de retorno, provisión de servicios, etc.) establecidos por la SEPI en la primera etapa del Sistema de Planificación, Control y Monitoreo. Las con- diciones se describen en los contratos de desempeño entre cada empresa y la SEPI. Al final de cada año, la SEPI revisa la información proporcionada por la firma, evalúa el éxi- to de las empresas en el cumplimiento de sus objetivos, y, basado en este desempeño, establece el curso de acción para el siguiente año. En los sitios Web de las empresas se publica información detallada acerca de los indicadores de desempeño y frecuentemen- te se incorpora en las memorias anuales de las empresas. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) también incluye información acerca del desempeño de las empresas en el informe Empresas Estatales: Informe Provisional, pero con cierto retraso.90 163. Formulación y aprobación presupuestaria anual y plurianual. Al comienzo de cada ejercicio fiscal, se les solicita a las EP que elaboren un Plan Operativo Anual (POA) (o presupuesto anual), y un presupuesto proyectado de cuatro años —Plan a Largo (PL), para ser aprobados por la SEPI. En el POA se fijan también los objetivos para cada empresa, base para la aplicación del sistema de incentivos (parte variable del sala- rio) de los directivos de las empresas, y es aprobado por el Comité de Dirección de SEPI. Con los POA-PL de todas las empresas se elabora el Plan de Actuación Plurianual-PAP de SEPI y su grupo consolidado, que es autorizado por el Consejo de Administración de SEPI, que debe ser remitido al MF para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado. SEPI también elabora anualmente un Presupuesto de Explotación y de Capital (individual de la matriz y consolidado del Grupo), que se integra en los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. Informes: Monitoreo del desempeño y divulgación ex post 164. El “Sistema de Planificación, Seguimiento y Control Integral” de la SEPI constituye la principal herramienta de información a lo largo del año, incluyendo los procesos de revisión y la información corriente y ex post. Este tipo de informe y su frecuencia se describen en la tabla que aparece más abajo. 90 http://www.igae.pap.minhap.gob.es/ 130 Tabla II.14: Tipos de informes y su frecuencia Tipo Documentos Frecuencia Ex Ante POA (Plan Operativo Anual), Anualmente PL (Presupuesto proyectado para el largo plazo, para 4 años) Corriente Informe de ejecución mensual y Mensual/Trimestral trimestral de POA y PL Ex Post Informe Integral Anual (tenden- Anualmente cias de negocios, desempeño, estados financieros, metas propuestas y acciones para el próximo año) 165. Informes de ejecución presupuestaria. La SEPI realiza evaluaciones pe- riódicas (mensuales y trimestrales) con relación al nivel de ejecución del presupuesto POA-PL, las tendencias del sector, el nivel del progreso en la implementación de las ac- tividades planeadas, y monitorea los indicadores de seguimiento. El tipo de supervisión ejercida por la SEPI es menos administrativa y más gerencial, enfocada en los resulta- dos y en la creciente competitividad y rentabilidad de la cartera de las EP. Este abordaje facilita la significativa autonomía administrativa dentro de las EP, y el rol de la SEPI está más centrado en la supervisión y autorización de decisiones y acciones estratégicas. La SEPI también envía anualmente al Congreso y publica su Memoria Anual, la que ofrece la ejecución presupuestaria consolidada de todas las EP bajo su supervisión. 166. Otros informes clave de las EP. Al final del ejercicio fiscal, las EP deben enviar un informe anual integral a la SEPI. En el marco de esta evaluación global, que se somete a la aprobación del Comité de Dirección de SEPI, se determinan las propues- tas que se elevarán a autorización del Consejo de Administración de SEPI, respecto de aquellos actos y operaciones que deberán someterse a la aprobación de las respectivas Juntas Generales de Accionistas. Además, SEPI valora la gestión llevada a cabo por la Dirección de las empresas durante el ejercicio. En particular, el cumplimiento de los objetivos fijados para las empresas en el POA-PL correspondiente se utiliza como base para la aplicación definitiva del sistema de incentivos (parte variable del salario de los directivos de las empresas). Directorios y administración de las EP 167. Según establece la Ley 5/1996 (art. 15) los órganos rectores de la SEPI son su presidente y su consejo de administración. El presidente de SEPI es nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y tiene la consideración de alto rango. Su retribución también es fijada por el Gobierno. El Directorio está compuesto por el presidente y un máximo de 15 consejeros, pudiendo nombrarse de entre ellos hasta un máximo de dos vicepresidentes.91 Los consejeros son 131 El Caso de España nombrados por el MF, a propuesta de otros Ministerios. Normalmente, los consejeros son designados con cargos públicos de alta jerarquía (Secretarios de Estado, Subsecre- tarios, Directores Generales) y representan a los Ministerios vinculados a la actividad de las empresas de la SEPI. Los miembros del Directorio de la SEPI —a excepción del presidente y del vice— no perciben remuneración por su asistencia a las reuniones del mismo. Figura II.10: Estructura Organizativa de la SEPI PRESIDENTE DTOR. GABINETE PRESIDENCIA DTOR. AUDITORIA INTERNA DIRECTOR COMUNICACIÓN VICEPRESIDENTE SECRETAIO GRAL. DTOR. GENERAL Y CONSEJO DIV. PARTICIPADAS DIV. PARTICIPADAS COMUNICACIÓN DEFENSA DTORA. ASUNTOS JURÍDICOS DIV. PARTICIP. DIV. PARTICIPADAS ENERGIA ALIM. Y MEDIOAMB. 168. Con carácter general, el funcionamiento del Directorio de las sociedades públicas se regula por la normativa mercantil y societaria pública, no teniendo una re- gulación específica.91 A continuación se detallan algunas características del funciona- miento de los Directorios de las EP de SEPI, común para todas las EP: • Composición del Directorio: La representación del Estado en el Directorio de l as EP es proporcional a la propiedad de las acciones. Lo más habitual es que la participación pública sea del 100%, si bien puede llegar a esto a través de diferentes organismos, por ejemplo a través de los Ministerios de Industria, o de Agricultura No hay miembros de directorio independientes. Con carácter excepcional, en algunas de las EP del Grupo SEPI hay accionistas minoritarios privados, que están presentes en su Directorio. Por último, en algunas sociedades los sindicatos tienen una representación en el Directorio, obtenida 91 A principios de 2013 sólo hay un Vicepresidente. 92 Ley de Sociedades de Capital (Real Decreto Legislativo 1/2012, de 2 de julio) y Normativa reguladora del Registro Mercantil. 132 a través de acuerdos alcanzados en el ámbito de la empresa. En 2012, el Gobierno ha establecido por ley el número máximo de miembros de los Directorios de todas las EP. • Nombramiento: Los miembros de los Directorios de las sociedades públicas de SEPI son nombrados por los respectivos Directorios a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas —la propuesta es realizada por los diferentes Ministerios al Ministro de Hacienda y luego se transmite al Directorio de SEPI, que se encarga de enviarlo al Directorio de la empresa correspondiente. • Asambleas y Reglamentaciones: La normativa mercantil y societaria establece que el Directorio se reunirá periódicamente, al menos para la formulación de las cuentas anuales. • Evaluación del Directorio: No hay evaluación formal de directorio. • Remuneración: Los miembros del Directorio de las sociedades públicas no son remunerados, a excepción de los pagos (dietas) por asistencia a las reuniones del mismo. En el caso de altos cargos (a partir de director general), esta remuneración no es percibida por el miembro del Directorio, sino transferida al Tesoro Público. 169. Respecto al personal de alta dirección (Presidente, Vicepresidente y primeros ejecutivos de SEPI y sus sociedades), el Gobierno establece su régimen contractual y fija sus remuneraciones máximas. Como ya se ha indicado, el Presidente de SEPI es el único directivo del Grupo nombrado por el Gobierno. Los Presidentes de las EP son nombrados por sus respectivos directorios, a propuesta del Directorio de la SEPI. El resto del personal de la SEPI y de las EP es reclutado mediante los mismos mecanismos que en las sociedades privadas y el personal no directivo es reclutado mediante convocatorias públicas. Auditorías las EP 170. Las EP están sujetas a los mismos mecanismos de auditoría que los que se aplican a toda entidad en el sector público. Las auditorías externas sobre asuntos económicos y financieros las realiza la Contraloría del Estado (Intervención General de la Administración del Estado, IGAE) y el Tribunal de Cuentas; y las auditorías sobre re- laciones laborales las realizan comisiones específicas (Comisión de Seguimiento de la Negociación Colectiva y Comisión Interministerial de Retribuciones, CECIR). Como resul- tado, las empresas están sujetas a mecanismos de auditoría muy estrictos. 171. El poder legislativo también ejerce una función de supervisión de distin- tas maneras. Por un lado, a través de la supervisión ad hoc de los comités legislativos. Ambas Cámaras Legislativas y/o cualquier grupo parlamentario puede solicitar la pre- sencia de la SEPI y los representantes de la EP para discutir asuntos relacionados con su desempeño. Además existe una supervisión financiera; SEPI y las EP deben enviar información económica y financiera regularmente al Parlamento. Finalmente, la Unión Europea, por medio de comités especializados controla el desempeño de las EP sobre asuntos concernientes a políticas específicas del sector y prácticas anti-competitivas. 133 El Caso de España II.6.4 Iniciativas de reforma 172. Durante las últimas dos décadas, el rol e importancia de las EP en España decrecieron notablemente debido al proceso de privatización que comenzó a principios de la década de 1980. Entre 1982 y 1996, se vendieron participaciones públicas en 70 empresas, y en algunos casos el Estado se retiró por completo. El proceso privatizador se intensifico a partir del año 1996, tras la aprobación por el Gobierno del Acuerdo del Consejo de Ministros, que organizó y reguló los procedimientos a aplicar para la venta de acciones en empresas públicas. Entre 1996 y 2009 se vendieron participaciones en 60 empresas, obteniéndose unos ingresos de 34 millones de euros. Estas ventas inclu- yeron desinversiones significativas en los principales monopolios estatales y afectaron a algunas de las empresas nacionales más grandes en España.93 173. Creación de la SEPI y consolidación de la supervisión de las EP basada en resultados (1997-2004). La reforma de la supervisión de las EP en las décadas de 1990 y 2000 ha sido liderada por los Ministerios de Industria y de Finanzas. La SEPI fue creada como entidad de derecho público por ley en 1996. Un hito importante en la evolución de SEPI fue la aprobación por el Gobierno de la posibilidad de reestructurar el sector público empresarial mediante la aprobación de Acuerdos del Gobierno (Consejo de Ministros).94 A partir de ese momento, y por medio de sucesivas reformas legales, otras sociedades y corporaciones públicas fueron traspasadas a la SEPI, otorgándosele además a esta última una participación minoritaria en algunas sociedades de sectores estratégicos (electricidad, gas). 174. Se le encomendó a la SEPI supervisar una cartera de las EP que se supone opera en mercados competitivos y desregulados. Para tener éxito en este entorno, la SEPI le solicitó a las empresas que implementen un abordaje de gerenciamiento basado en los resultados. Dentro de este marco, la política industrial permaneció en las manos de los ministerios de línea, las competencias regulatorias fueron implementadas por agencias regulatorias autónomas técnicamente fuertes, y la SEPI estuvo a cargo de su- pervisar la administración financiera y el desempeño real de las firmas supervisadas. 175. La legislación clave que reforma la supervisión de las EP en España fue promovida por las directrices de la Unión Europea e incorporada dentro de la estrategia del Gobierno. Iniciado por el Ministerio de Finanzas y aprobado en el Congreso, el nuevo marco legal para la supervisión de las EP estableció un mecanismo claro de rendición de cuentas tanto para las EP hacia la SEPI, como para la SEPI hacia el resto del Gobierno— incluyendo el Ministerio de Finanzas, la Comisión Interministerial de Gastos Salariales, la Comisión Asesora sobre Privatizaciones, el Parlamento, y el Tribunal de Cuentas/Au- ditores. La reforma de la supervisión de las EP fue progresiva, y llevó casi dos décadas de reformas (1983-2001) completar la transformación del régimen institucional hacia un marco de administración de las EP en los mercados competitivos basado en los resulta- dos. 176. La Unión Europea ha tenido un papel fundamental en propiciar la reforma de la administración de las carteras de las EP. Durante las décadas de 1980 y 1990, las instituciones y tratados europeos transformaron el rol del Estado en la economía. Se 93 Estas empresas siguen siendo grandes y han crecido hasta llegar a ser multinacionales de gran escala como el caso de Repsol (producción y distribución de petróleo), Telefónica (telecomunicaciones), Iberia (líneas aéreas nacionales), ARCELOR-MITTAL (industria de acero), Endesa (producción y comercialización de electricidad), Red Eléctrica de España (distribución de electricidad), y ALTADIS (producción y distribución de tabaco). 94 Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas (Ley 33/2003, de 3 de noviembre). 134 establecieron nuevas directivas y agencias para garantizar la protección del mercado único y la competencia justa dentro de los sectores, lo que forzó a los miembros de la UE a adoptar su legislación nacional. Las directrices de la UE resultantes promulgadas du- rante las últimas dos décadas promovieron la reestructuración (o privatización) de las EP no competitivas, la supresión de los subsidios para las EP, el establecimiento de un abordaje a la administración de las EP basado en los resultados, y una racionalización de los marcos regulatorios. Finalmente, la UE también agregó una etapa adicional a la supervisión pública de las EP, al hacer que la SEPI, el grupo público, continúe rindiendo cuentas a las agencias de la UE relacionadas con la protección de la competencia y las políticas sectoriales. 177. Las últimas reformas del sector público empresarial han sido abordadas por los sucesivos gobiernos en los años 2010 y 2012. Esto se ha llevado a cabo median- te la aprobación de normas que establecieron la liquidación de algunas sociedades y la venta de otras, así como el traspaso a SEPI de una importante sociedad pública, como es el Grupo Correros y Telégrafos, operada en marzo de 2012. 178. El análisis aquí expuesto se ha centrado en aquellas empresas bajo super- visión de la SEPI. Sin embargo, todavía existe un número importante de EP en el sector de empresas públicas de España que son de propiedad directa del Gobierno Central ya sea por medio del MFHP o de los ministerios sectoriales. El principal desafío para el gobierno en el área del gobierno corporativo es continuar desarrollando y adoptando medidas que podrían beneficiar a un conjunto más amplio de las EP. 135 El Caso de España El caso de Uruguay II.7 II.7.1 Cartera de Empresas Públicas 179. Las empresas estatales (EP) tienen un rol importante en Uruguay.95 Una cantidad de información clave confirma su relevancia en la economía. Por ejemplo, em- plean alrededor de 35.000 personas (2,3 por ciento del total de empleo en Uruguay y 16,8 por ciento del empleo del sector público), los gastos agregados corrientes de las EP son aproximadamente 12 por ciento del PIB, y los gastos totales de capital ascienden a aproximadamente 1,7 por ciento del PIB.96 180. Hay alrededor de 15 EP importantes en Uruguay que operan tanto en mer- cados competitivos como en los no competitivos. Sus actividades se concentran en los sectores del petróleo, electricidad, telecomunicaciones, financiero, agua y saneamiento e infraestructura. Las seis EP más grandes en Uruguay (medidas en términos de empleo y gastos corrientes) representan cerca del 70 por ciento del sector de las EP. La Tabla8.1 a continuación muestra varios indicadores que describen la relevancia de estas empre- sas en la economía.97 Los gastos corrientes de la empresa estatal de petróleo, Adminis- tración Nacional de Combustibles, Alcoholes y Portland (ANCAP), ascienden al 6 por ciento del PIB de Uruguay y casi 30 por ciento del gasto corriente del Gobierno Central; en el sector de la electricidad, los gastos corrientes de Administración Nacional de Usi- nas y Transmisiones Eléctricas (UTE) son aproximadamente el 2,6 por ciento del PIB y 16 por ciento del gasto del Gobierno; y en el sector de las telecomunicaciones, los gastos corrientes de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) representan 1,7 por ciento del PIB y 10 por ciento del gasto del Gobierno. Los gastos agregados por las EP que operan en otros sectores representan alrededor del 2 por ciento del PIB. 95 Este trabajo sólo centra su atención en las SOE vinculados al Gobierno Central y regidas por el Derecho Público (En- tes Autónomos y Servicios Descentralizados).Cabe aclarar además que no existen empresas públicas departamentales en Uruguay. 96 Las cifras corresponden al año 2010 y se calcularon usando datos oficiales obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas. 97 En el Anexo F se muestra información adicional acerca de estas empresas. 136 Tabla II.13: Importancia de las seis EP más grandes en Uruguay Gastos corrientes de la EP Nombre Sector Empleo Como % del Gastos PIB corriente del Gob. (*) Administración Nacional de Petróleo 2353 6.0% 29% Combustibles, Alcohol y Pórtland (ANCAP) Administración Nacional de Electricidad 6150 2.6% 16% Usinas y Transmisiones Eléctricas (UTE) Administración Nacional de Telecomuni- 6034 1.7% 10% Telecomunicaciones (ANTEL) caciones Banco República (BROU) Finanzas 4279 1.1% 5% Obras Sanitarias del Estado Agua y 4605 0.6% 4% (OSE) Saneamiento Administración Nacional de Infraestruc- 1087 0.2% 1% Puertos (ANP) tura (admi- nistración portuaria) TOTAL 24508 12,1% 65% Función de propiedad: Marco y organización II.7.2 institucional 181. La función de propiedad de las EP98 en Uruguay se basa en un modelo hí- brido, el cual combina varios aspectos tanto de los acuerdos centralizados como de los duales. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, (OPP) junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MF), los ministerios sectoriales y, en algunos casos, otros organismos autónomos de control, son conjuntamente responsables de la supervisión de las EP. 182. Las EP gozan de cierta autonomía presupuestaria y financiera. Sin embar- go, siguen informando sobre todas las decisiones económicas y financieras y la docu- mentación de los negocios de las EP en curso a la OPP, la cual está a cargo del sistema de planeamiento general del sector público. La OPP responde directamente al Presiden- 98 Estas entidades se denominan colectivamente como Entes Autónomos y Servicios Descentralizados del Dominio Comercial e Industrial del Estado, Artículo 221 de la Constitución. 137 El Caso de Uruguay te de la República y su Director no puede ser interpelado por el Parlamento a diferencia de los restantes Ministros. Su Director tiene rango de Ministro y mantiene comunicación directa con los ministerios y otras entidades gubernamentales. La OPP asesora al Presi- dente sobre varios temas económicos y técnicos, y es responsable de en conjunto con el MF y los ministerios sectoriales el presupuesto nacional y de evaluar la ejecución del presupuesto. 183. La OPP está directamente conectada con las EP a través de su Departa- mento de Empresas Públicas (DEP).99 Las funciones principales de este departamento incluyen: (i) elaborar guías políticas y presupuestarias100 que las EP deberían seguir en la preparación de sus presupuestos; (ii) examinar y aprobar los presupuestos sugeri- dos por las EP; (iii) colaborar en la preparación y control de los acuerdos de gestión firmados entre el Ejecutivo y las EP; (iv) examinar las estructuras tarifarias de las EP; (v) modificar y ajustar las estructuras de organización y compensación de las EP; (vi) examinar los balances de las EP; vii) evaluar los proyectos de inversión de las EP cuyo costo exceda cierto umbral mínimo; y (viii) colaborar en la preparación y monitoreo de programas financieros. 184. El MF también cumple un rol en la supervisión de las EP. Por un lado, el MF define, a través de su Unidad de Asesoría Macroeconómica, las directrices macroeconó- micas que la OPP (y, consecuentemente, las EP) deben seguir en la elaboración de sus planes de inversión. Por otro lado, dado el impacto fiscal significativo de los resultados operativos agregados de las EP, y para garantizar la observancia del programa financie- ro de Gobierno establecido tanto por el plan presupuestario a cinco años y las revisio- nes presupuestarias anuales (Rendición de Cuentas), el MF también controla en forma mensual en conjunto con la OPP (a través del DEP), la posición financiera de las EP. II.7.3 Rendición de cuentas y Mecanismos de supervisión Declaraciones de objetivos y documentos de planificación 185. Contratos de gestión/desempeño. El uso de contratos de gestión y desem- peño en Uruguay está todavía en etapas tempranas de desarrollo. La Constitución de Uruguay (artículos 221 y 231) establece directrices generales para el uso de indicadores de desempeño y contratos de desempeño y aprueba el uso de una escala de pagos va- riable dependiente del desempeño. El Gobierno, a través del DEP, ha estado trabajando durante los últimos dos años en la implementación de contratos de desempeño entre el gobierno y las EP101 que requieren subsidio de Rentas Generales. Los contratos redac- tados por el DEP especifican una serie de indicadores de desempeño financieros y no financieros u operativos, como los indicadores que evalúan la provisión de servicios, y los indicadores que evalúan la gestión interna (recursos humanos, sistemas de control, aspectos técnicos, etc.). Estos contratos también incluyen sanciones por mal desempe- ño: el directorio puede ser presionado a renunciar, los miembros del directorio pueden no tener permitido aceptar pagos de incentivos y el Gobierno puede negar asistencia financiera y/o apoyo para acceder al financiamiento externo. Adicionalmente el DEP 99 Las actividades de la OPP se centran en 5 áreas principales: Presupuesto Público, Empresas Públicas, Políticas Regionales, Estrategias de Desarrollo y Políticas de Inversión, y Gestión Estatal y Evaluación del Desempeño. 100 Las directrices de política son determinadas por el Ejecutivo a través de los ministerios sectoriales y el MF. 101 El Artículo 752, Ley 18.719 requiere la elaboración de contratos de desempeño. La Ley también establece que estos contratos deben estar supervisados por la OPP y el MF. 138 está desarrollando un Sistema de Retribución Variable que implica mejoras retributivas sujetas al cumplimiento de metas globales, sectoriales e individuales. 186. Formulación y aprobación del presupuesto. La Constitución Nacional de Uruguay y su marco legal asociado actual permiten una multiplicidad de mecanismos de formulación y aprobación del presupuesto, lo cual depende de qué entidad esté in- volucrada.102 Las EP se consideran servicios “descentralizados” y, como tales, elaboran su propio presupuesto anualmente, que luego es sometido a la evaluación de la OPP. Una vez realizado el informe de evaluación, el presupuesto propuesto es aprobado por el Poder Ejecutivo lo que requiere las firmas del ministerio sectorial, el MF y la del Presidente de la República. El Parlamento interviene sólo para dirimir eventuales des- acuerdos asociados con el proceso de aprobación descripto. Estos desacuerdos pueden ser por razones de diversa índole en el caso del Poder Ejecutivo o de legalidad en el caso del Tribunal de Cuentas. Si en el plazo de 40 días, el Parlamento no se expide, se en- tiende que levanta las observaciones del Tribunal de Cuentas y mantiene las del Poder Ejecutivo. 187. Inversión y planificación plurianual. Se requiere por ley que cada EP103 prepare inversiones y planes de financiamiento a largo plazo. El informe debe tener una explicación sobre los planes, metas y proyectos cubiertos sólo a lo largo del mandato del Gobierno. Sin embargo, la OPP requiere que las EP preparen planes a cinco años de forma continua año a año. Esta información es enviada a la OPP y al ministerio sectorial correspondiente para su aprobación. Un mecanismo de aprobación similar se aplica para inversiones, contratos, ventas de activos y estructuras arancelarias en curso. Informe: Monitoreo del desempeño y divulgación ex post 188. Informes de ejecución presupuestaria. Todas las EP entregan anualmente sus estados financieros, incluyendo información sobre gastos presupuestados, ingre- sos, activos y pasivos, a la Contraloría General de la Nación (CGN), la OPP, y al Tribunal de Cuentas de la República, (TCR104), la Institución Suprema de Auditoría del Uruguay. Adicionalmente, dada la relevancia fiscal de los resultados operativos de las EP, hay una fluida emisión de informes internos sobre los resultados financieros reales entre cada EP, el Ministerio de Economía y la OPP.105 Las EP publican en el sitio web de las empre- sas, sus estados financieros anuales, el patrimonio neto y las ayudas memorias.106 189. Las EP están sujetas a un régimen de contabilidad uniforme, esencialmente el mismo que se aplica a las empresas privadas, incluyendo el requerimiento de infor- mar de acuerdo con la versión 2003 de las IFRS. Las EP en Uruguay gozan de privilegios especiales bajo la Constitución, incluyendo autonomía operacional vis-à-vis el Gobier- no. Son gobernadas por estatutos y reglamentos específicos para cada entidad y tam- 102 Por ejemplo, la Constitución requiere un presupuesto de 5 años para el Gobierno Central y un presupuesto anual para las SOE y otras entidades descentralizadas. Sin embargo, la Ley 16211, art. 4, establece que los servicios descen- tralizados y las entidades autónomas (con excepción de BROU, BCU y BPS) son responsables de preparar una “presen- tación informativa” que contenga información sobre los planes y metas para los próximos cinco años. En el caso de las SOE rige el artículo 221º de la Constitución de la República. 103 Ver anterior nota al pie. 104 El TCR es la institución suprema de auditoría y es independiente de la rama ejecutiva del gobierno. El Presidente del TCR es designado por la rama legislativa. 105 La ejecución del presupuesto es monitoreada usando la información recogida a través de un sistema integrado de información financiera (SIIF). El SIIF le permite a la OPP y al MF examinar la situación financiera de las SOE y evaluar su cumplimiento con el programa financiero del gobierno mensualmente. 106 Por ejemplo, la información sobre ANCAP se puede encontrar en http://www.ancap.com.uy/ 139 El Caso de Uruguay bién caen dentro del alcance de las leyes contables y de auditoría del sector público. El Artículo 211 F de la Constitución faculta al TCR con la autoridad de establecer estándares de contabilidad en relación a las EP. En diciembre de 2002, el TCR emitió la Ordenanza nº 81, Preparación y Presentación de Estados Financieros, la cual exige estándares con- tables. Como resultado de lo anterior, en la práctica las EP tienen que informar según la versión 2003 de las IFRS, con las excepciones ya mencionadas. 190. Los Informes sobre la Observancia de Normas y Códigos (ROSC) de 2006 examina las prácticas de presentación de informes seguidas por una muestra de cuatro EP. El informe se centra en estados financieros auditados bajo la Ordenanza 81. El infor- me concluye que la presentación general de los estados financieros de 2004 de las EP es buena. Los siguientes comentarios detallados también se indicaron: • Información comparativa: Al contrario de la mayoría de las empresas privadas revisadas, los estados financieros de las EP presentaban información comparativa y tenían una presentación fácil de entender. • Informes de auditoría: Dos empresas no publicaron sus informes de auditoría a pesar de que esas auditorías sí fueron realizadas. • Faltaba una cierta cantidad de información requerida por las IFRS: componentes de efectivo y equivalentes de efectivo, beneficios para empleados, detalles de ganancias y pérdidas de divisas, tipo de interés para los costos de préstamos capitalizados, compensación de gestión, políticas de gestión de riesgo (IAS 32) y explicaciones relevantes sobre pasivos contingentes. • Deterioro del valor de los activos: Excepto en un caso, los estados financieros no indicaban si los activos habían sido probados por pérdida de valor, ni si la pérdida de valor había sido reconocida. • Otro: En un caso, los préstamos no se valuaron al costo amortizado y otros instrumentos financieros no se midieron a un valor justo, según lo requerido por la IAS 39. Además, una empresa no hizo ninguna asignación tributaria (en el patri- monio) a una operación reconocida en el patrimonio neto. Auditorías de las EP 191. Según la Constitución de Uruguay, el organismo encargado del control anual sobre la gestión y los informes financieros de las EP es el TCR. Los reglamentos del TCR ordenan el uso de estándares internacionales de contabilidad y auditoría.107 Su rol se ha centrado tradicionalmente en verificar la conformidad legal de los gastos con las asignaciones presupuestarias hechas por el Congreso. El TCR no tiene la capacidad de sancionar a las EP o a sus auditores; su actividad de monitoreo está limitada a señalar los problemas descubiertos por la auditoría. 192. La mayoría de las EP en Uruguay contratan firmas profesionales inde- pendientes para conducir una auditoría externa e independiente a pesar de que no sea requerido por los estatutos de las empresas. La mayoría de las EP eligen que sus estados financieros sean revisados por una de las cuatro firmas de auditoría interna- cionales más grandes para garantizar un mejor cumplimiento de la auditoría con los estándares internacionales.108 Más recientemente, el TCR comenzó a conducir audito- rías externas de los estados financieros de las EP también. Aunque existe cierto nivel 107 Ordenanza 81 of the Tribunal de Cuentas (TCR). 108 KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers y Ernst & Young son las cuatro firmas más grandes. Se debe notar también que, como en muchos otros países de la región, estas firmas contables internacionales tienden a dominar el mercado de servicios de auditoría en Uruguay. Las SOE suelen contratar auditores externos con compromisos de dos a tres años, con la opción de renovar. 140 de coordinación entre el TCR y las firmas auditoras privadas, hay mucho por mejorar en su interacción. Uno de los temas principales tiene que ver con los tiempos de las auditorías del TCR, que suelen culminarse más tarde.109 Los estados financieros anua- les publicados por las EP en sus sitios Web incluyen la opinión e informe del auditor externo independiente. Los informes de auditoría se publican obligatoriamente en el llamado “Diario Oficial”.110 Directorios y administración de las EP 193. El artículo 185 de la Constitución establece que los servicios industria- les y comerciales del estado deben ser administrados por los Directorios. El artículo también establece que los miembros de Directorio deberían ser designados por el Pre- sidente conforme al Consejo de Ministros, y aprobados por el Senado.111 En la práctica, la designación de los miembros del directorio de las EP normalmente responde a moti- vos políticos, lo que dificulta la implementación de acuerdos efectivos de rendición de cuentas en estas organizaciones. 194. Los directorios de las EP solían estar formados por cinco miembros, pero algunas empresas modificaron sus estatutos recientemente y redujeron este número a tres. Tradicionalmente, el acuerdo político es que el partido mayoritario en el Parla- mento designe el 60 por ciento de los miembros, y el resto lo designe la oposición. Los Directorios son en su mayoría o en un 100 por ciento ejecutivos, lo cual tiene algunas deficiencias. Primero, la más alta dirigencia cambia con cada elección, y tiene una oportunidad limitada de especializarse en el trabajo. Segundo, no es posible para el directorio ejercer la función de supervisión normal sobre la gerencia. 195. La mayoría de las EP no tienen comités de directorio. Hay algunas excepcio- nes, como el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), el cual tiene comités de planeamiento, aprobación de créditos y auditoría. En general, los ministerios sec- toriales y las agencias gubernamentales respectivos tienen mucha influencia sobre las decisiones tomadas por los directorios de las EP. Con respecto al proceso de auditoría, los directorios no parecen beneficiarse completamente de la relación con los auditores. Por ejemplo, los directores no se comprometen a un contacto regular con el equipo de auditoría externa, sino que en cambio le delegan esa comunicación a la agencia de auditoría gubernamental y no monitorean activamente los procesos de contabilidad, auditoría y control. Iniciativas de reforma II.7.4 196. Desde 1992, se introdujeron una serie de reformas en el sector público Uruguayo, inclusive la privatización de varias EP. Al mismo tiempo, se propusieron otras reformas para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia en el sector público, incluyendo las EP, como la implementación de un programa orientado al presupuesto mediante la definición de metas y objetivos precisos, y acuerdos de desempeño, y esca- las de remuneración variable dependientes del desempeño. 197. Sin embargo, la mayoría de estas reformas no han abordado el hecho de 109 La actividad de monitoreo del TCR se limita a señalar los problemas que ellos han descubierto con la auditoría de la SOE pero carece de la capacidad de imponer sanciones sobre las SOE. 110 http://www.impo.com.uy 111 Constitución Nacional artículo 187. Los Directores son designados por el Poder Ejecutivo con 3/5 de aprobación por el Parlamento. 141 El Caso de Uruguay que las EP se rigen por el Derecho Público y que varias EP han optado por “crear” so- ciedades anónimas que operan bajo el Derecho Privado para la consecución de sus pro- pios objetivos (e.g. Construcción del sistema de saneamiento y pluviales en la Ciudad de la Costa, regasificadora, conversora eléctrica con Brasil; etc.) En los últimos años, Uruguay ha experimentado un impulso por renovar la eficiencia de las EP al introducir algunos cambios importantes: • Las EP están ahora sujetas a estándares internacionales de contabilidad e informes; • Ahora es obligatorio someterse a una auditoría externa; • Algunos derechos de monopolio se han flexibilizado; y • el DEP empezó a trabajar en el diseño de un modelo que sistemáticamente evalúe el desempeño de todas las EP. Desafíos futuros 198. El nivel de profesionalismo de los miembros de directorio de las EP y el seguimiento de las recomendaciones de la auditoría son las dos áreas que requerirían un poco más de atención. El nivel de profesionalismo de los miembros de directorio de las EP podría fortalecerse aún más. Es difícil lograr directorios efectivos, incluso en el sector privado, y requieren de capacitación, imposición jurídicamente vinculante de las obligaciones y responsabilidades, y experiencia en los negocios. Recientemente, el Go- bierno uruguayo ha estado abordando este tema específico al apoyar la designación de miembros de directorio de las EP con una mayor formación técnica. Por otro lado, es ex- tremadamente importante el seguimiento de todos los temas importantes informados por los auditores y de su resolución oportuna. Se deben introducir mecanismos para garantizar que las observaciones planteadas por los auditores (internos y externos) se aborden debida y oportunamente por las EP. 199. Otros temas más generales relacionados con la estructura de propiedad de las EP presentan algunos desafíos que también necesitarían ser abordados. En primer lugar, las decisiones de las EP están a veces limitadas por factores políticos, los cuales debilitan el Gobierno de las EP y, de este modo, pueden originar resultados sub-óptimos en términos de desempeño y competitividad. En segundo lugar, varios ministerios y otras agencias gubernamentales con autoridad sobre las EP pueden conllevar objeti- vos contrapuestos para las EP. Como resultado, la gestión de las EP puede no tener un conjunto claro de metas de desempeño, y por lo tanto, no poder rendir cuentas por el desempeño de la empresa. Y en tercer lugar, el Gobierno típicamente desempeña varios roles vis-à-vis las EP (propietario, regulador, proveedor, cliente, financiero, etc.). Estos roles necesitan ser separados y aislados unos de los otros. Otros países han abordado este tema mediante la creación de una agencia gubernamental única donde se concen- tra el monitoreo de las EP (y frecuentemente también la propiedad). Esta agencia luego puede nombrar al directorio, como también ejercer control sobre los negocios de las EP. 142 143 El Caso de Uruguay Empresas líderes del estado: Los casos del Canal de Panamá y PEMEX II.8 II.8.1 Introducción 200. Este capítulo examina los modelos de gobierno corporativo adoptados por dos grandes EP: el Canal de Panamá y PEMEX, la empresa estatal mexicana de petróleo. A pesar de que las dos empresas operan en sectores completamente distin- tos, comparten el hecho de que ambas cumplen roles de liderazgo en sus respectivas economías. El Canal de Panamá genera ingresos que ascienden al 8 por ciento del PIB del país y representan 10 por ciento de los ingresos del gobierno; las ventas de PEMEX son cercanas al 9 por ciento del PIB de México y generan un tercio de los ingresos del gobierno. 201. Dada su significancia económica, el desempeño de las empresas está bajo permanente escrutinio público, y su evaluación típicamente recae en los modelos de gobierno corporativo elegidos para organizar sus actividades. Al mismo tiempo, y debido a las características de los mercados donde operan, estas empresas también enfrentan una importante exposición global, por lo que se ven obligadas a implementar prácticas de gobierno corporativo consistentes con los estándares internacionales. 202. No obstante, las prácticas adoptadas por estas dos empresas muestran algunas diferencias claras. Además, cada modelo presenta unas pocas características nuevas. Por ejemplo, por un lado, la administración del Canal de Panamá recibe el apo- yo de la opinión de expertos de una Junta Consultiva. Esta Junta Consultiva complemen- ta la tarea del Directorio y está constituida por profesionales de renombre internacional en el área del transporte marítimo mundial. Por otro lado, en 2008, PEMEX fue autori- zada legalmente a emitir los así llamados “bonos ciudadanos”, títulos de deuda que les confieren a sus tenedores un retorno relacionado con el desempeño de la entidad. La implementación de este tipo de instrumento financiero intenta, entre otras cosas, des- pertar el interés de los ciudadanos en la empresa, y, consecuentemente, agregar otra etapa de monitoreo a la estructura de supervisión de la empresa. 203. Dada la naturaleza de las EP implicadas, la organización de este capítulo se aleja levemente de las anteriores. La sección 9.2 caracteriza el marco institucional que supervisa y regula las actividades del Canal de Panamá, y describe brevemente algunas de las prácticas de gobierno corporativo implementadas en esa empresa, cen- trando la atención en la rendición de cuentas, transparencia, divulgación de la informa- ción y auditoría. La Sección 9.3 presenta el caso de PEMEX y sigue una organización similar. 144 El caso del Canal de Panamá II.8.2 Antecedentes 204. El Canal de Panamá tiene aproximadamente 80 kilómetros de largo y co- necta los océanos Atlántico y Pacífico. Se abrió por primera vez el 14 de agosto de 1914. Ofrece servicio de tránsito para navegaciones de todas las naciones: aproximadamente 14 mil navíos navegan el Canal cada año. Las actividades de transporte comercial a tra- vés del Canal representan aproximadamente cinco por ciento del comercio mundial. La mayor parte del tráfico a través del Canal se mueve entre la costa este de los Estados Unidos y el Lejano Oriente. Los movimientos entre Europa y la costa Suramericana cons- tituye la segunda mayor ruta comercial en el canal fluvial. El Canal también es relevante para el desarrollo y el comercio de países vecinos de América Central y América del Sur. 205. El Canal contribuye de manera significativa a la economía de Panamá de distintas maneras. Su fuerza laboral alcanza aproximadamente 9.000 empleados; ge- nera un ingreso neto que representa 6,2 por ciento del PIB de Panamá; una fracción del ingreso neto es transferida directamente al Tesoro Nacional (cifra que representa 3,9 por ciento del PIB ú 8,0 de los ingresos del Gobierno Central); también contribuye a las finanzas del gobierno a través de impuestos, seguridad social, y el impuesto al seguro educativo (0,84 por ciento del PIB ó 1,75 por ciento de los ingresos del Gobierno Cen- tral); y las actividades del Canal alcanzan el 4 por ciento del total de las exportaciones del país. La Tabla 9.2.1 más abajo sintetiza estos indicadores. Tabla II.16: Contribución económica del Canal de Panamá Fuente: Canal de Panamá, 2011 Informe Annual. Como % del Como % de Ingresos PIB del Gobierno Central Ingresos netos 6,20 Ingresos totales 8,60 Gastos totales 2,40 Contribución directa al Tesoro Nacional 3.90 8.00 Contribución indirecta al Tesoro Nacional 0.84 1.75 Impuesto a las ganancias 0.20 0.45 Seguridad social 0.04 0.08 Impuesto al Seguro Educativo 0.60 1.22 Exportaciones totales 4.00 145 El Caso del Canal de Panamá Marco y organización institucional 206. El Canal de Panamá constituye una propiedad inalienable de la Repúbli- ca de Panamá, lo que significa que no puede ser vendida, hipotecada o transferida. El modelo de gobierno corporativo elegido para administrar sus operaciones incluye: • La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) establecida bajo Título XIV de la Constitución Nacional de Panamá (debido a que la ACP tiene un mandato constitu- cional, está protegida de las interferencias políticas); • Un Directorio formado y designado conforme a principios y estándares recomenda- dos internacionalmente; • Un Director que tiene rango de Ministro de Estado para Asuntos del Canal, quien también es presidente del directorio y el nexo con el gobierno; • Una gerencia o administración que es independiente del directorio; • Una Junta Consultiva independiente formada por usuarios y especialistas en trans- porte marítimo. 207. Autoridad del Canal de Panamá (ACP). La ACP es la entidad que ejerce la función de propiedad en nombre del Gobierno de Panamá. El Título XIV de la Constitu- ción Nacional le otorga a la ACP un mandato exclusivo para operar, administrar, manejar, preservar, mantener, y modernizar el Canal, como también sus actividades y servicios relacionados. La Ley Orgánica del 11 de junio de 1997 le otorgó a la ACP las herramientas legales para establecer su organización y operación. La ACP es financieramente autóno- ma, posee sus activos y tiene el derecho de administrarlos. 208. La ACP está dirigida por un Administrador y un Sub-Administrador bajo supervisión de un Directorio. El Administrador es el funcionario ejecutivo y represen- tante legal de rango más alto de la Autoridad, y es responsable de su administración y la implementación de las políticas y decisiones de los Directorios. El Administrador es designado por un período de siete años, y puede ser re-electo por un período adicional. 146 Figura II.11: Estructura Organizativa de la ACP Oficina del Administrador Administrador Subadministrador Vicepresidencia de Gestión Corporativa (CO) Vicepresidente Vicepresidencia de Asesoría Jurídica (AJ) Vicepresidente Vicepresidencia de Comunicación Corporativa (CC) Vicepresidente Vicepresidencia Vicepresidencia Vicepresidencia Vicepresidencia Ejecutiva de Ejecutiva de Ejecutiva de Ejecutiva de Ambiente, Agua y Administración y Planificación y Recursos Humanos Energía (EA) Finanzas (FA) Desarrollo (RH) Vicepresidente Vicepresidente Comercial (ME) Vicepresidente Ejecutivo Ejecutivo Ejecutivo Vicepresidencia Vicepresidencia Vicepresidencia Ejecutiva de Ejecutiva de Ejecutiva de Operaciones (OP) Tecnología e Ingenieria y Vicepresidente Información administración de Ejecutivo Vicepresidente programas (IA) Ejecutivo Vicepresidente Ejecutivo División de Ingeniería (IAI) Vicepresidente 209. Directorio. EL Directorio de la ACP es responsable de establecer políticas para la operación, mejora y modernización del Canal, así como de supervisar su administra- ción. El Directorio está formado por once miembros, quienes son designados del si- guiente modo: • Nueve directores son designados por el Presidente de la República de Panamá con consentimiento del Consejo de Gabinete y ratificados por una mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa; • Un director es designado por la rama Legislativa y puede ser designado y removido libremente por la misma; • El Presidente de la República designa un director, quien preside el Directorio. El director tiene el rango de Ministro de Estado para Asuntos del Canal. El Ministro de Asuntos del Canal se hace presente en las asambleas del Consejo de Gabinete, y tiene derecho a voz y voto; y • Los Directores están en su cargo por nueve años. 147 El Caso del Canal de Panamá 210. Para garantizar la independencia de la influencia política, los miembros del primer Directorio fueron designados para plazos superpuestos. 211. Junta Consultiva. En diciembre de 1999, la Autoridad del Canal de Panamá estableció la Junta Consultiva. La Junta Consultiva sirve como cuerpo consultivo para la empresa del Canal. Su principal responsabilidad es ofrecer guías y recomendacio- nes al Directorio y a la Administración del Canal. La Junta Consultiva está formada por profesionales altamente reconocidos con amplia experiencia en el transporte marítimo, negocios, telecomunicaciones, construcciones y desarrollo, el ámbito académico y el sector bancario. No hay requisitos de ciudadanía para los miembros de la Junta Consul- tiva: son elegibles tanto los ciudadanos panameños como los no panameños. 212. El Directorio del Canal de Panamá realiza la designación de los miembros de la Junta Consultiva por un período inicial de dos años. Este períodos puede ser de ahí en adelante extendido a discreción de los Directorios. La Junta Consultiva se reúne, al menos, una vez al año, a solicitud del Directorio. Rendición de cuentas, transparencia y divulgación de la información 213. El buen desempeño económico del Canal de Panamá se basa, entre otras cosas, en la implementación de herramientas clave de rendición de cuentas. Estas he- rramientas incluyen un sistema contable confiable, una planificación financiera y un proceso presupuestario claramente definidos, altos estándares de información, una adecuada política de gestión de riesgo, y un efectivo mecanismo de supervisión. 214. Sistema contable. El sistema contable incluye los controles internos nece- sarios para garantizar que los activos estén protegidos; que los desembolsos estén de- bidamente aprobados y respaldados; que los ingresos públicos aplicables a los activos y las operaciones de la autoridad sean adecuadamente cobrados y justificados; y que los informes financieros sean confiables y oportunos. 215. Planificación financiera. La Administración opera bajo un régimen de plani- ficación y administración financiera durante un período de tres años, con implementa- ción y control anuales. Sin embargo, dada la naturaleza de las actividades desarrolla- das por la empresa, en la etapa de planificación usualmente se consideran períodos de proyección más largos. El Administrador organiza y coordina la estrategia de marketing y el marketing del canal de acuerdo con las directrices dictadas por el Directorio. Las nuevas actividades son respaldadas por un análisis costo-beneficio y aprobadas por el Directorio. 216. Presupuesto. El Administrador prepara un borrador del presupuesto anual de acuerdo con las políticas de planificación financiera adoptadas por el Directorio. La Administración también informa frecuentemente acerca de las actividades y proyectos en curso, y la implementación de otros aspectos del presupuesto. Un borrador del pre- supuesto anual se envía a consideración del Directorio al menos cinco meses antes del comienzo del próximo ejercicio fiscal. La Administración entrega el borrador aprobado para consideración del Consejo de Gabinete por lo menos tres meses antes del comien- zo del próximo ejercicio fiscal. El presupuesto es ejecutado por la Administración y es controlado (control interno) por la autoridad designada por el Directorio. La Contraloría General de la República sólo ejerce un control ex post y función de auditoría. 148 217. Informe. La ACP le solicita a la Administración que elabore estados finan- cieros interinos (no-auditados) trimestrales y semestrales, y una memoria anual. Los Directorios revisan esta información, y pueden requerir la preparación de informes adi- cionales según su voluntad. La memoria incluye información financiera (balance, estado de los resultados, informe del flujo de caja, y notas complementarias, informes geren- ciales y material explicativo que describa la posición financiera de la empresa, así como los riesgos que está enfrentando), e información acerca de las operaciones y proyectos del Canal. Todos estos informes, además de los informes auditados están disponibles en línea en el sitio Web del Canal de Panamá.112 218. Para aumentar la rendición de cuentas y promover la transparencia, la ACP también revela otro tipo de información. Por ejemplo, la Administración informa los sa- larios y asignaciones por representación de cada empleado y los viajes al exterior del personal y sus gastos. Asimismo, la ACP publica un código de ética y conducta para la ACP y su personal (reglamento de ética y conducta de la Autoridad del Canal de Pa- namá). Este documento provee un marco general para un código de buena conducta con definiciones claras; principios éticos generales, particularmente, reglamentaciones para ejecutivos de primera línea; una guía para la conducción de las actividades inter- nas y las relaciones con las partes externas; y otro tipo de información como directrices para hacer que los informes estén disponibles. La ACP ha puesto todos estos mecanis- mos a disposición del público en su sección sobre transparencia en su sitio Web.113 219. Gestión del riesgo. La Administración también está a cargo de evaluar el pronóstico financiero de la empresa. El Directorio es responsable de establecer y moni- torear las políticas de gestión de riesgo de modo tal que el Canal sea más rentable sin aumentar el riesgo de manera significativa. Los principales riesgos identificados son: • Riesgo de mercado: La Administración está capacitada para firmar contratos de cobertura para mitigar la exposición a la volatilidad en los precios de las commodities relacionados con la operación, mantenimiento y expansión del Canal y las inversiones de capital, tasas de interés y tipos de cambio. • Riesgo de crédito: La empresa está capacitada para invertir sus fondos en instrumentos con calidad de inversión en el corto plazo.114 El Artículo 43 de las Regulaciones Financieras establece los parámetros para la inversión de los activos de la institución. Establece que debería hacerse a través de instrumentos finan- cieros de corto plazo altamente negociables y sólo pueden ser colocados en bancos e instrumentos financieros, que tienen más de una calificación para la inversión internacional por irrigación de no menos que a-2 por Standard & Poor’s, P-2 por Moody’s Bank Deposit Ratings ó F-2 por Fitch Ratings. • Riesgo de liquidez: La empresa financia sus operaciones e inversiones regulares con sus propios recursos. Como consecuencia, tiene que monitorear cada día la disponibilidad de los fondos líquidos para cumplir con sus obligaciones en efectivos con sus proveedores, contratistas, empleados y el estado. 112 Los informes se pueden encontrar en http://www.pancanal.com/eng/fn/index.html 113 Por favor, referirse a http://www.pancanal.com/esp/rend-ctas/index.html. La lista publicada de salarios y asig- naciones por representación ofrece un panorama completo para cada uno de los trabajadores permanentes y tempo- rarios en la ACP. Esto incluye su puesto, escala salarial, y salario básico así como los costos de representación. Esta información está apoyada por una lista que registra las trayectorias de los viajes oficiales al exterior y sus costos anualmente (contiene información sobre el destino, propósito del viaje, duración, y costo de cada viaje). Además de mejorar la transparencia, esta lista le posibilita a la administración de la ACP realizar una estimación más precisa del dinero gastado en viajes. 114 No obstante, estos fondos pueden no ser usados para comprar instrumentos de inversión financiera de otras entidades públicas o privadas, panameñas o extranjeras, o para otorgar préstamos a tales entidades o al gobierno nacional. 149 El Caso del Canal de Panamá • Riesgo operativo: El Canal de Panamá mitiga el riesgo operativo por medio de controles internos, sistemas de gestión de calidad y auditorías de rutina realizadas por la Auditoría General y la Contraloría General de la República. El sistema de control interno ofrece garantías razonables de que las propiedades, activos y otros recursos financieros de la ACP son debidamente usados y protegidos para prevenir el derroche, daño, destrucción y apropiación indebida. Mecanismos de auditoría 220. El sistema de monitoreo y control interno del Canal es asignado al Auditor General. El Directorio también contrata auditores independientes externos. La Contra- loría General está a cargo de revisar todos los actos (ex post). 221. Cada año, el Administrador remite al Directorio los estados financieros de la empresa para su aprobación luego de ser revisados por un auditor externo, dentro de los tres meses posteriores al final del año fiscal respectivo. No obstante, los esta- dos financieros (inclusive si no han sido auditados) deberían ponerse a disposición del Directorio a pedido de éste. El Directorio evalúa los principios contables y estima que hayan sido empleados por el Administrador en la elaboración del presupuesto. 222. La auditoría externa es realizada siguiendo estándares internacionales y el informe incluye una opinión acerca de la precisión de los estados financieros. Esto ofrece una garantía razonable de que los estados financieros son despejados de errores significativos, y son presentados de acuerdo a estándares contables internacionales. El Auditor General es responsable de evaluar la calidad de la auditoría externa. II.8.3 El caso de PEMEX Antecedentes 223. PEMEX ha tenido derechos exclusivos para explotar y administrar las reser- vas de petróleo y gas de México desde la nacionalización de estos recursos en 1938.115 Desde un punto de vista institucional, PEMEX es un organismo público descentralizado del Gobierno Central Mexicano. Es una empresa integrada verticalmente, cuyo mandato legal es comercializar petróleo y derivados del petróleo y satisfacer la demanda nacio- nal de petróleo. 224. Desde su creación, PEMEX constituye uno de los mayores pilares de la economía mexicana. Por ejemplo, las ventas totales de PEMEX alcanzan cerca del 9 por ciento del PIB de México; sus exportaciones representan el 4 por ciento del PIB; y contribuye a las finanzas del gobierno al generar 30 por ciento de los ingresos totales del gobierno. PEMEX es el único productor de crudo, petróleo y gas natural en el país, y el único responsable de la exploración y desarrollo de las reservas de hidrocarburos. También es el único proveedor de productos refinados (importa 40 por ciento del con- sumo doméstico de gasolina); la principal empresa a cargo del almacenaje y transporte de hidrocarburos; el único proveedor de las ventas de gas de primera mano (mercado regulado); y productor de petroquímicos (mercado abierto). 225. Alrededor del mundo, PEMEX es considerado una de las petroleras más 115 La estructura de PEMEX consiste en una Oficina Corporativa y cuatro entidades Subsidiarias. PEMEX Exploración y Producción, PEMEX Refinación, PEMEX Gas y Petroquímica Básica, y PEMEX Petroquímica. 150 importantes por su nivel de producción, exportaciones y reservas en crudo. Con res- pecto a otras empresas, el desempeño de PEMEX puede ser clasificado de la siguiente manera: • 11º productor de petróleo y gas; • 3º en producción de crudo; • 12º en reservas de petróleo; 16º en producción de gas; • 13º en capacidad de refinería; y • 35º reservas de gas. Marco y organización institucional 226. La Reforma Energética de 2008. El año 2008 marcó el comienzo de una nue- va era de gobierno corporativo en PEMEX. En octubre de 2008, la Cámara de Diputados de México aprobó siete iniciativas, las que, en conjunto constituyeron lo que se conoce comúnmente como la Reforma Energética. Estas iniciativas definieron las directrices para el marco institucional en el que debería operar PEMEX. Uno de los objetivos funda- mentales de la reforma fue fortalecer y modernizar la administración de la empresa es- tableciendo una nueva estructura de gobierno corporativo consistente con las prácticas internacionales. Algunas de las características relevantes más salientes de la reforma son: • Fortalecimiento del gobierno corporativo otorgándole al Directorio (Consejo de Administración, CA), mayor autonomía y poder de decisión. • Profesionalización del Directorio al incorporar cuatro directores independientes (consejeros profesionales). • Creación de siete comités ejecutivos para apoyar el Directorio. • Creación de un Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño (CAED) que responde al Directorio. • Emisión de “bonos ciudadanos”. Los bonos ciudadanos son títulos de deuda que les confieren a sus tenedores un retorno relacionado con el desempeño de la entidad. Esta herramienta no sólo constituye una nueva fuente de financiamiento para PEMEX; también funciona como un mecanismo de supervisión social. • Una regulación que le otorga a PEMEX mayor autonomía en la contratación del financiamiento externo, y en la emisión de deuda en mercados internacionales. • Establecimiento de un sistema especial de adquisiciones, arrendamiento, obras públicas, y servicios, que es más flexible y considera las complejidades de las actividades desarrolladas por PEMEX. 227. La reforma creó la Comisión Nacional de Hidrocarburos. La Reforma Ener- gética también cambió el marco de supervisión de PEMEX. Estableció una mejor defi- nición de las responsabilidades de todos los agentes involucrados en el sector. Bajo el nuevo marco regulatorio, la Secretaría de Energía (SENER) es la responsable del sector y está a cargo de definir la política petrolera. El Secretario de Energía es el Presidente del Directorio y el Sub-secretario de Hidrocarburos es un miembro del Directorio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (MF) determina el marco macroeconómico uti- lizado en el proceso presupuestario de la empresa, y fija el balance primario y financiero que debe alcanzarse cada año. La MF está representada en el directorio de la empresa a través del Secretario de Hacienda. 151 El Caso de PEMEX 228. Directorio. El Directorio y un CEO están al frente de la empresa y la admi- nistran. El Directorio de PEMEX está formado por 15 miembros: seis representantes de Estado designados por el Poder Ejecutivo, incluyendo el Presidente del Directorio; cinco representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Petróleo de México, elegidos por el Sindicato; y cuatro miembros del directorio “profesionales”. 116 229. Los miembros del directorio profesionales deben cumplir con ciertos requi- sitos. Se espera que los miembros tengan un profundo conocimiento de la industria del petróleo y gas, experiencia importante como funcionarios públicos, probadas habilida- des técnicas, y fuertes credenciales académicas. La designación es por un período de seis años y puede ser renovada una vez. A los miembros del directorio profesionales también se les ha otorgado un “voto” diferenciado: al menos dos miembros del direc- torio profesionales deberían votar favorablemente en ciertos temas considerados por el Directorio. La designación de los miembros del directorio profesionales no coincide con el término presidencial. El Directorio se reúne cada dos meses y otras asambleas podrían tener lugar en sesiones extraordinarias si fuera necesario discutir temas espe- ciales. 230. Las actividades del Directorio están apoyadas por siete comités: auditoría y evaluación del desempeño (CAED); estrategia e inversión (CEI); adquisiciones, arren- damiento y obras y servicios (CAAOS); transparencia y rendición de cuentas (CRTC); remuneraciones (CR); desarrollo e investigación tecnológica (CDIT); medio ambiente y desarrollo sustentable (CMADS). Los miembros de directorio del Estado y los profesio- nales participan en los comités de acuerdo a la siguiente representación: Tabla II.17: Comités del Directorio Fuente: PEMEX Miembros del Directorio Comité Estatal Profesional Auditoría y evaluación del desempeño 4 3 Estrategia e inversión 4 1 Arrendamiento, adjudicación y obras y 4 1 servicios Transparencia y rendición de cuentas 3 1 Remuneración 3 1 Investigación tecnológica y desarrollo 4 1 Medioambiente y desarrollo sustentable 3 3 231. La representación en los comités es de importancia para la toma de deci- siones del Directorio o Consejo Administrativo. Los representantes del Estado tienen la 116 En 2013, los seis representantes de Estado designados por el Poder Ejecutivo eran: El Secretario de Energía, quien preside el directorio; el Subsecretario de Hidrocarburos; el Secretario de Hacienda; el Subsecretario de Ingresos, el Secretario de Comunicaciones y Transporte, y el Coordinador de Gabinete y Proyectos Especiales de la Oficina del Presidente. 152 potestad de influir en la toma de decisiones del Directorio a través de sus resoluciones, que son aprobadas por la simple mayoría de los miembros presentes. 232. El Directorio tiene un número de funciones, entre las que se incluyen: • Aprobar el presupuesto, plan de negocios y programas operativos y financieros de la empresa; • Revisar y aprobar la memoria anual preparada por el CEO, la que posteriormente se envía al Congreso; y • Revisar y aprobar los estados financieros trimestrales y anuales, los que posterior- mente se ponen a disposición del público. 233. La ley le concede al Directorio un rol importante en la operación de PEMEX, que el Directorio ejecuta a través de los comités. Sin embargo, esto último ha compli- cado aún más las operaciones de la empresa: al permitirle al Directorio involucrarse en el proceso diario de la toma de decisiones, ha entorpecido significativamente las operaciones de la empresa. En muchos casos, la falta de experiencia en los negocios de algunos de los miembros del directorio ha retrasado de manera innecesaria decisiones importantes y urgentes. 234. Director General o CEO. El Presidente de México designa al Director General o CEO de PEMEX, quien, por ley, no es un miembro del Directorio. El Directorio no puede destituir al CEO; puede sin embargo proponer su remoción, pero el Presidente tiene la decisión final. Por ley, el CEO está117 a cargo de los deberes de “implementar el plan estratégico” y “suministrar la información presupuestaria y financiera que requiera el Ministerio de Hacienda y Crédito Público”. El CEO también está a cargo de la adminis- tración de las subsidiarias de PEMEX. En la práctica, sin embargo, no existe una clara separación de las responsabilidades entre el CEO y el Directorio. El resto del equipo de la administración está formado por cuatro Directores Generales (uno para cada una de las cuatro líneas de negocios), y cinco Directores Corporativos. Rendición de cuentas, transparencia y divulgación de la información 235. Proceso presupuestario. La empresa inicia su ciclo presupuestario presen- tando un Plan de Negocios y un borrador del presupuesto al Directorio. Las cifras en el borrador final se calculan empleando una estimación de los precios y la producción in- ternos elaborados por la empresa, y se basa en un marco macroeconómico y un balance financiero y primario establecido por el Gobierno. Una vez aprobado por el Directorio, el borrador del presupuesto se envía a consideración de la MF. Para este entonces, la MF determina el nivel de los precios domésticos para el sector petrolero y los gastos corrientes y los niveles máximos de inversión. El financiamiento de los proyectos de inversión registrados y autorizados está incluido en el presupuesto en esta etapa. El presupuesto final de la empresa se aprueba en el Congreso junto con la aprobación del presupuesto del Gobierno Central. La elaboración del borrador del presupuesto no considera el uso de indicadores de desempeño. 236. La aprobación final del presupuesto trae aparejadas las siguientes etapas: 117 Ley de Petróleos Mexicanos, 2008. 153 El Caso de PEMEX Plan de Borrador del Borrador preliminar Proyecto Proyecto Negocios presupuesto al Congreso Final interno de la empresa La empresa formula Propuesto por La MF define el gasto y El Congreso aprueba La Empresa el presupuesto la empresa. el límite máximo de el presupuesto (Ley reasigna los atado al Plan de Enviado para inversión, y revisa e de Ingresos Públicos recursos. Negocios. validación al integra el presupuesto de y el Presupuesto de La CA aprueba. SENER y la la empresa al Gastos Fiscales) MF presupuesto del Gobierno Central. 237. La Reforma Energética le ha otorgado al Directorio más flexibilidad presu- puestaria. Ahora puede aprobar su propio presupuesto anual condicionado sólo a dos requisitos: (i) el déficit no puede exceder ciertos límites especificados por el presupues- to del Gobierno Central; y (ii) no puede aumentar el gasto en personal y pensiones. 238. El nuevo marco legal establece un período transitorio de cinco años para otorgar una mayor autonomía presupuestaria y financiera a lo largo del año. Esto último está sujeto a las restricciones de balance financiero y primario establecidas anterior- mente. 239. Informes. La empresa debe preparar y entregar los siguientes informes: • Estados financieros trimestrales: Los informes deberían incluir ventas totales, pagos de impuestos, derechos y uso de la tierra, costo de las ventas y gastos operativos, producción de petróleo y gas natural, comercio internacional, activos y pasivos, y deuda en el corto y largo plazo; • “Estados Financieros Consolidados” Anuales, información acerca de los informes de los auditores externos; • Informes bimestrales y anuales elaborados por el CEO y enviados al Directorio acerca del desempeño de la empresa; • Informes trimestrales y anuales elaborados por el CEO y enviados al Congreso acerca del desempeño de la empresa; y • Memoria Anual de la deuda a corto y largo plazo enviada el Congreso. 240. Además, PEMEX publica anualmente los siguientes informes: memoria anual; anuario estadístico, informe sobre desarrollo sustentable, reservas de hidro- carburos; memoria de trabajo; informe de tareas estadísticas; convenio colectivo de trabajo (cada dos años); e informes financieros relacionados a su rol como empresa colocadora de bonos en los mercados doméstico e internacional. Mecanismos de auditoría 241. Auditoría interna. Los auditores internos monitorean la empresa constan- temente y apoyan las evaluaciones externas. La función de auditoría interna es llevada a cabo por dos comités del Directorio (Comité sobre Transparencia y Rendición de Cuen- tas - CTRC) y el Comité de Auditoría y Evaluación del Desempeño (CAED) el Comisiona- do; y los Órganos de Control Interno (OIC). 242. El CTRC define la información que deberá ser publicada, garantiza que los informes sean elaborados siguiendo estándares aceptables, y le propone mecanismos de rendición de cuentas al Directorio. El CAED evalúa el desempeño financiero y opera- tivo de la empresa, verifica que la información sea suficiente, y cuando lo considera ne- cesario ordena auditorías internas especiales, entre otras. Sin embargo, este Comité no 154 define de manera autónoma los programas de trabajo ni el tipo de riesgos que deben ser monitoreados. El CAED está formado por tres miembros de directorio profesionales y también es responsable de designar, monitorear y evaluar al auditor externo. 243. Por ley, el Comisario, quien es directamente designado por el Presidente de la República, monitorea los intereses de los ciudadanos tenedores de bonos. Vigila y formula una memoria anual sobre la veracidad, suficiencia y racionalidad de la infor- mación emitida por el Directorio. El Comisario también lleva a cabo actividades para prevenir la corrupción, y vigila que se cumpla con las normas. 244. Como entidad dentro del sector público, PEMEX está sujeta a control de la estructura de la Administración Pública Central por medio de los Órganos Internos de Control (OIC) de la SFP. Hay cinco OIC cuyos miembros son designados por el Ejecutivo a través de la SFP. Como parte de sus responsabilidades, los OIC reciben reclamos y que- jas generales de incumplimientos de obligaciones en la provisión de servicios públicos. También pueden imponer sanciones cuando se violan las normas. 245. Las auditorías internas han centrado su atención mayormente en la lucha contra la corrupción. Solamente determinan si las operaciones de la empresa han cum- plido con los normas, pero no examinan el desempeño de la empresa. 246. Auditoría externa. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) es el orga- nismo de supervisión del Congreso. Es un organismo altamente profesionalizado, que tiene autonomía y gestión técnica. La ASF monitorea los recursos usados por todos los organismos públicos del Gobierno Central y audita su desempeño. La ASF audita el año fiscal completo y sólo puede hacer recomendaciones. Estas recomendaciones, sin embargo, no son vinculantes. Debido a que PEMEX depende del Ejecutivo, también está sujeto al control del Congreso de la Unión. Finalmente, el CAED tiene a su cargo desig- nar al auditor externo de PEMEX, quien debe ser aprobado por el Directorio. El auditor externo audita los estados financieros de la empresa y su consolidación contable. Desafíos futuros 247. A pesar de que se han producido importantes mejoras en el área de trans- parencia y rendición de cuentas, la opinión pública todavía asocia a PEMEX con falta de transparencia. Para cambiar esta percepción, es esencial que la empresa continúe con la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. 248. Algunos de los desafíos específicos que la empresa todavía necesitaría abordar son: • Garantizar que el Directorio no esté involucrado en la administración de la empresa. El rol del Directorio es esencialmente el de ofrecer lineamientos estratégicos. De este modo, el Directorio podrá ejercer una función de supervisión más efectiva. La proliferación de las actividades del Directorio dejando de lado funciones esenciales da por resultado una cantidad mayor y una más larga duración de las asambleas de Directorio y de los comités del Directorio. • A pesar de que el Directorio ha sido profesionalizado, el Ejecutivo, por ley, todavía concentra una significativa cantidad de poder en el proceso de toma de decisiones de la empresa. • Garantizar que el auditor interno sea dependiente del Consejo, CAED, de modo tal que el control interno de las operaciones y la auditoria de las mismas se lleven a cabo en términos de las mejores prácticas. • Hay áreas donde la información es insuficiente (por ejemplo, procesos de licitación y contratación). 155 El Caso de PEMEX Anexos Anexo A Lista de las EP brasileñas bajo supervisión Federal del DEST Nombre Acrónimo Supervisión del Ministerio Sectorial Companhia das Docas do Estado da Bahia CODEBA Presidencia Companhia Docas do Ceará CDC Presidencia Companhia Docas do Espírito Santo CODESA Presidencia Companhia Docas do Estado de São Paulo CODESP Presidencia Companhia Docas do Pará CDP Presidencia Companhia Docas do Rio de Janeiro CDRJ Presidencia Companhia Docas do Rio Grande do Norte CODERN Presidencia Empresa Brasil de Comunicação S.A EBC Presidencia Empresa Brasileira de Comunicação S.A. RADIOBRÁS Presidencia Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. CEASAMINAS MAPA Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais CASEMG MAPA Companhia Nacional de Abastecimento CONAB MAPA Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo CEAGESP MAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária EMBRAPA MAPA Alcantara Cyclone Space- Binacional Brasil/Ucrania ACS MCT Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada CEITEC S.A. MCT Financiadora de Estudos e Projetos FINEP MCT Indústrias Nucleares do Brasil S.A. INB MCT Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. NUCLEP MCT ATIVOS S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros ATIVOS S.A. MF Banco da Amazônia S.A. BASA MF Banco do Brasil S.A. BB MF Banco do Estado de Santa Catarina S.A. BESC MF Banco do Estado do Piauí S.A. BEP MF Banco do Nordeste do Brasil S.A. BNB MF Brasilian American Merchant Bank BAMB MF 156 BB Administração de Ativos - Distribuidora de Títulos e Valo- BB DTVM MF res Mobiliários S.A. BB Administradora de Cartões de Crédito S.A. BB CARTÕES MF BB Administradora de Consórcios S.A. BB CONSÓRCIOS MF BB Banco de Investimento S.A. BB INVESTIMENTOS MF BB Banco Popular do Brasil S.A. BPB MF BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S.A. BB CORRETORA MF BB Leasing Company Limited BB LEASING MF BB - Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil BB LAM MF BBTUR - Viagens e Turismo Ltda. BB TURISMO MF BESC Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. BESCVAL MF BESC Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimen- BESCREDI MF tos BESC S.A. Arrendamento Mercantil BESC LEASING MF Caixa Econômica Federal CAIXA or CEF MF Casa da Moeda do Brasil CMB MF COBRA Tecnologia S.A. COBRA MF Empresa Gestora de Ativos EMGEA MF IRB - Brasil Resseguros S.A. IRB MF Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO MF Hospital de Clínicas de Porto Alegre HCPA MEC Agência Especial de Financiamento Industrial FINAME MDIC Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES MDIC BNDES Participações S.A. BNDESPAR MDIC Alberto Pasqualini - REFAP S.A. REFAP MME Baixada Santista Energia Ltda. BSE MME Boa Vista Energia S.A. BVENERGIA MME Braspetro Oil Company BOC MME Braspetro Oil Services Company BRASOIL MME Centrais Elétricas de Rondônia S.A. CERON MME Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. ELETRONORTE MME Centrais Elétricas Brasileiras S.A. ELETROBRÁS MME Centro de Pesquisas de Energia Elétrica CEPEL MME Companhia de Eletricidade do Acre ELETROACRE MME Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica CGTEE MME Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais CPRM MME Companhia Energética de Alagoas CEAL MME Companhia Energética do Piauí CEPISA MME Companhia Hidro Elétrica do São Francisco CHESF MME Downstream Participações Ltda. DOWNSTREAM MME Eletrobrás Participações S.A. ELETROPAR MME 157 Anexos Nombre Acrónimo Supervisión del Ministerio Sectorial Eletrobrás Termonuclear S.A. ELETRONUCLEAR MME Empresa de Pesquisa Energética EPE MME ELETROSUL Centrais Elétricas S.A. ELETROSUL MME Fafen Energia S.A. FAFEN ENERGIA MME Fronape International Company FIC MME FURNAS - Centrais Elétricas S.A. FURNAS MME Indústria Carboquímica Catarinense S.A. ICC MME Ipiranga Asfaltos S.A. IASA MME Liquigás Distribuidora S.A. LIQUIGÁS MME Manaus Energia S.A. MANAUS ENERGIA MME Biocombustível S.A. PETROBIO MME Petrobras Comercializadora de Energia Ltda. PCEL MME Petrobras Distribuidora S.A. BR MME Petrobras Gás S.A. GASPETRO MME Petrobras International Braspetro B.V. PIB BV MME Petrobras International Finance Company PIFCo MME Petrobras Negócios Eletrônicos S.A. e-PETRO MME Petrobras Netherlands B.V. PNBV MME Petrobras Química S.A. PETROQUISA MME Petrobras Transporte S.A. TRANSPETRO MME Petroquímica Triunfo S.A. TRIUNFO MME Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS MME Refinaria Abreu e Lima S.A. RNEST MME SFE - Sociedade Fluminense de Energia Ltda. SFE MME Termobahia S.A. TERMOBAHIA MME Termoceará Ltda. TERMOCEARÁ MME Termomacaé Ltda. TERMOMACAÉ MME Termorio S.A. TERMORIO MME Transportadora Associada de Gás S.A. TAG MME Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. TBG MME 5283 Participações Ltda. 5283 PARTICIPAÇÕES MME Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social DATAPREV MPS Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia HEMOBRÁS MS Hospital Cristo Redentor S.A. REDENTOR MS Hospital Fêmina S.A. FÊMINA MS Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. CONCEIÇÃO MS Companhia de Navegação do São Francisco FRANAVE MT 158 Companhia Docas do Maranhão CODOMAR MT VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. VALEC MT Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ECT MC Telecomunicações Brasileiras S.A. TELEBRÁS MC Companhia de Desenvolvimento de Barcarena CODEBAR MMA Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária INFRAERO MD Empresa Gerencial de Projetos Navais EMGEPRON MD Indústria de Material Bélico do Brasil IMBEL MD Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco CODEVASF MI e do Parnaíba Companhia Brasileira de Trens Urbanos CBTU MCidades Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. TRENSURB MCidades Itaipu Binacional-Binacional Brasil/Paraguai Itaipu MME/MRE Nota: MAPA (Ministerio de Sectores Primarios), MC (Ministerio de Comunicaciones) , MC (Ministerio de Comunicaciones), MCidades (Ministerio de Ciudades), MCT (Ministerio de Ciencia y Tecnología), MD (Ministerio de Defensa), MDIC (Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio), MEC (Ministerio de Educación), MF (Ministerio de Finanzas), MI (Ministerio de Integración Nacional), MMA (Ministerio de Medioambiente), MMA (Ministerio de Medioambiente), MME (Ministerio de Minas y Energía), MPS (Ministerio de Previsión Social), MRE (Ministerio de Relaciones Exteriores) MS (Ministerio de Salud), MT (Ministerio de Transporte). 159 Anexos Anexo B Lista de EP en Chile Sector Empresa Nombre completo Porcentaje SEP de propiedad pública Transporte METRO S.A. Empresa de Transportes de Pasajeros 100 X EFE Empresa de los Ferrocarriles del Estado 100 X EPA Empresa Portuaria Estatal Arica 100 X EPI Empresa Portuaria Estatal Iquique 100 X EPA Empresa Portuaria Estatal Antofagasta 100 X EPCO Empresa Portuaria Estatal Coquimbo 100 X EPV Empresa Portuaria Estatal Valparaíso 100 X EPTHNO Empresa Portuaria Estatal Tahno-San Vicente 100 X EMPORMOTT Empresa Portuaria Estatal Puerto Montt 100 X EPCHA Empresa Portuaria Estatal Chacabuco 100 X EPA Empresa Portuaria Estatal Austral 100 X EPSA Empresa Portuaria San Antonio 100 X Minería y petróleo ENACAR S.A. Empresa Nacional del Carbon S.A. 100 X CODELCO State Copper Mining Company 100 ENAMI Empresa Nacional de Minería 100 X ENAP Empresa Nacional del Petróleo 100 Servicios ZOFRI S.A Zona Franca de Iquique S.A. 72.7 X CASAMONEDA Casa de la Moneda de Chile S.A. 100 S.A. CORREOSCHILE Empresa de Correos de Chile 100 X POLLA S.A. Polla Chilena de Beneficencia S.A. 100 X COTRISA S.A. Empresa Comercializadora de Trigo S.A. 97.2 X SASIPA LTDA. Sociedad Agrícola y Serv. Isla de Pascua Ltda. 100 X SACOR LTDA. Sociedad Agrícola Ltda. 100 X EMAZA Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas 100 X Finanzas BECH Banco Estado de Chile 100 Agua y ECONSSA Chile S.A. Empresa Concesionaria de Serv. Sanitarios S.A. 100 X saneamiento PEÑUELAS S.A. Empresa de Serv.Sanitarios Lago Peñuelas S.A. 98.7 X Comunicaciones TVN Televisión Nacional de Chile 100 LA NACION Empresa Periodística La Nación S.A. 69.3 GPM Puerto Madero Impresores S.A. 69.3 Empresas de ASMAR Astilleros y Maestranzas de la Armada 100 defensa ENAER Empresa Nacional de Aeronáutica 100 FAMAE Fábrica y Maestranzas del Ejército 100 160 161 Anexos Anexo C SECTOR EMPRESA CARACTERÍSTICAS Presupuesto Merca- PIB Tipo Gob. do (a) PETRÓLEO Ecopetrol 6.81% 19.70% M MCC (b) POSTAL Servicios Postales Nacionales S.A. 0.01% 0.04% M EICE TRANSP. Centro de Diagnóstico automotor de Cúcuta LTDA 0.00% M EICE Centro de Diagnóstico automotor de Caldas LTDA 0.00% 0.00% M EICE Centro de Diagnóstico automotor de Tolima LTDA 0.00% M EICE TELECOM. Sociedad Canal Regional de Televisión 0.00% 0.01% O EICE Sociedad Canal Regional Limitada 0.00% O EICE Canal Regional de Televisión del Caribe 0.00% 0.01% O EICE Radio Televisión Nacional de Colombia 0.00% O EICE ENERGIA/ Empresa Multiproposito de Urra S.A. 0.05% 0.19% O MCC, SPD ELECT. Centrales Eléctricas de Nariño S.A. 0.04% 0.15% O MCC, SPD Gestión Energética S.A. E.S.P. 0.09% 0.34% O MCC, SPD Empresa de Energía del Amazonas 0.00% 0.02% O MCC, SPD Empresa Distribuidora del Pacífico 0.01% 0.04% O MCC, SPD Generadora y Comercializadora de Energia del Caribe 0.20% 0.60% O MCC, SPD Empresa de Energia de Boyaca S.A. 0.05% 0.19% O MCC, SPD FINANCIERO Almagrario S.A. 0.01% 0.04% C MCC Banco Agrario S.A. 0.31% 1.11% C MCC Fondo Financiamiento Sector Agropecuario 0.07% 0.25% M MCC Central de Inversiones 0.01% 0.04% M EICE Fiduagraria 0.01% 0.03% C MCC, EICE Fiduciaria La Previsora 0.02% C MCC, EICE Fiducoldex 0.00% 0.02% C MCC Bancoldex S.A. 0.20% 0.74% C MCC 162 FUNCIÓN DE LA PROPIEDAD Tipo de Part.Estatal Accionistas Ministerio Sectorial Partic. (d) 89% MF D MME 93% Administración postal (en liq.) I MITC 82.50% MT D MT 57% MT D MT 20% Gob. local I 13.20% MT D MT 48.45% Gobernación del Tolima 98% Gob. Reg. Risaralda, Quindioy Caldas D/I MITC 90,4% MITC D CNT 21% MITC D/I MITC 79% Gob. Regional 70% Teveandina Ltda. I MITC 30% Par Adpostal 77% MF D MME 22% MME 64.90% IPPES D/I MME 35% MF 95.21% MF D MME 90.70% IPPES D/I MME 0.93% Gob. local 75% MME D MME 25% MF 100% MF D MME 99.40% MF D MME 64,6% Banco Agrario I MARD 99,99% MF D/I MARD 65.30% MARD D/I MARD 12.90% MF 21,8% Bancos Privados 99.90% MF D MF 93.70% Banco Agrario I MARD 99.90% La Previsora S.A Co. de Seguros I MF 89.10% Bancoldex I MIC 91.90% MIC D MIC 7.80% MF 163 Anexos SECTOR EMPRESA CARACTERÍSTICAS Presupuesto Merca- PIB Tipo Gob. do (a) Financial La Previsora S.A. Compañía de Seguros 0.12% 0.43% C MCC, EICE Findeter 0.07% 0.26% O EICE Fondo Nacional de Garantías 0.03% 0.11% M MCC, EICE Financiera Energética Nacional S.A. 0.03% 0.11% M MCC, EICE Fondo Ganadero de Córdoba S.A. 0.00% 0.00% M MCC, SPA Positiva Compañia de Seguros S.A. 0.00% 0.00% O MCC Bolsa Nacional Agropecuaria S.A. 0.01% 0.02% M MCC OTROS Sociedad Hotelera Tequendama 0.00% C MCC, EICE Artesanías de Colombia S.A 0.00% 0.01% M MCC, EICE Vecol S.A. 0.01% 0.04% C MCC, SPA Corporación de la Ind. Aeronáutica Colombiana 0.01% 0.03% M MCC, EICE Central de Abastos de Cucuta S.A. 0.00% 0.00% C MCC Central de Abastos del Caribe 0.00% 0.00% C MCC Referencias: IPPES: Instituto para la Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas MARD: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MF: Ministerio de Economía y Finanzas MIC: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo MITC: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones MME: Ministerio de Minas y Energía MND: Ministerio de Defensa Nacional MSD: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MT: Ministerio de Transporte CNT: Comisión Nacional de Televisión SPD: Servicios Públicos Domiciliarios SPA: Sociedad por acciones EICE: Empresa industrial, comercial del estado, Notas: (a) C: competitivo; O: oligopólica; M: monopólica, (b) Ecopetrol S,A, es una MCC organizada como una sociedad por acciones, Ver www,ecopetrol,com,co, (c) Las MCC en las que el Estado posee el noventa por ciento (90%) o más de su capital accionario están sujetas a las normativas para las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, (d) Participación directa significa que la institución del gobierno ejerce los derechos de propiedad directamente, Participación indirecta implica que la institución gubernamental ejerce sus derechos de propiedad a través de una empresa que es la accionista, 164 FUNCIÓN DE LA PROPIEDAD Tipo de Part.Estatal Accionistas Ministerio Sectorial Partic. (d) 99.50% MF D MF 0.17% MSD 92.50% MF D MF 61,6% MF D/I MIC 17.30% MIC 95.36% MME D/I MME 15% MARD D MARD 90.50% MF D/I MF 11.80% MARD D MARD 97.97% Fuerzas Armadas, Fondos de Retiro I MND 57% Proexport D MIC 23,5% MF I 4.30% MIC 61.70% MARD D/I MARD 99.96% MND D MND 75,15% MARD D MARD 24,85% Otras empresas, gob, subnacio 31,09% Ministerio de Hacienda y Crédito Público D MARD 17,17% MARD 51,74% Instituciones/empresas públicas, gob, locales 165 Anexos Anexo D Lista de EP peruanas bajo supervisión del FONAFE Sector Nombre Línea de negocios Participación del estado Electricidad ADINELSA Administración de infraestructura eléctrica 100% desarrollada por las agencias del estado EGASA Generación y comercialización 100% EGEMSA Generación y comercialización 100% EGESUR S.A. Generación y comercialización 100% ELECTRO ORIENTE S.A. Generación, transmisión, distribución y 100% comercialización ELECTRO PUNO S.A.A. Distribución y comercialización 99.59% ELECTRO SUR ESTE S.A.A. Distribución y comercialización 99.61% ELECTRO UCAYALI S.A. Generación, transmisión, distribución y 99.90% comercialización ELECTROCENTRO S.A. Distribución y comercialización 100% ELECTRONOROESTE S.A. Distribución y comercialización 100% ELECTRONORTE S.A. Distribución y comercialización 99.99% ELECTROPERU S.A. Generación y comercialización 100% ELECTROSUR S.A. Distribución y comercialización 100% HIDRANDINA S.A. Distribución y comercialización 95.11% SAN GABAN S.A. Generación y comercialización 100% SEAL S.A. Distribución y comercialización 87.33% 166 Financiero AGROBANCO Servicios financieros para productores 100% agropecuarios BANCO DE LA NACION Servicios financieros 100% COFIDE S.A. Servicios financieros para proyectos de in- 98.70% fraestructura, y micro y pequeñas empresas FONDO MIVIVIENDA Servicios financieros para desarrollar 100% proyectos inmobiliarios y adquisición de Transportes y CORPAC S.A. Operar, equipar y mantener aeropuertos y 100% Comunicaciones sistemas de navegación aérea EDITORA PERU S.A Imprentas, publicación y distribución del pe- 100% riódico oficial y noticias y servicios gráficos. ENAPU S.A. Administrar y ofrecer servicios portuarios en 100% puertos estatales SERPOST S.A. Servicios postales 100% Agua y sanea- SEDAPAL Provisión de servicios de agua y saneamiento 100% miento Remediación ACTIVOS MINEROS Remediación de pasivos ambientales 100% ambiental mineros Minería PERUPETRO S.A. Promover la inversión en la exploración y 100% explotación de hidrocarburos Otros Sectores ENACO S.A. Comercio interno: Producción y comercial- 100% ización de productos de hoja de coca y sus derivados FAME SAC Defensa Nacional 100% SIMA IQUITOS S.R.L. Astilleros y metalúrgica: Construcción, man- 100% tenimiento y reparación de barcos para la Armada peruana en la región del Amazonas SIMA PERU S.A. Astilleros y metalúrgica: Construcción, 100% mantenimiento y reparación de barcos para la Armada peruana 167 Anexos Annex E Cartera de las EP manejadas por la SEPI % MIEMBROS DEL EP SECTOR PROPIEDAD PERSONAL PROPIEDAD AL 100% O ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE LAS EP 1. Agencia EFE Medios 100.00% 1,253 2. Alimentos y Aceites Administración de Cartera 91,96% 90 3. CETARSA Tabaco 79.00% 573 4. Corporacion RTVE Medios 52,19% 6,397 6. Grupo Cofivacasa Administración de Cartera 100.00% en proceso de liquidación 7. Grupo Defex Defensa 51.00% 19 8. Grupo Ensa Manufacturas 100.00% 689 9. Grupo Enusa Energía 60.00% 939 10. Grupo Hunosa Minería 100.00% 2,347 11. Grupo Izar Astilleros civiles 100.00% en proceso de liquidación 12. Grupo Mercasa Distribución de alimentos 51.00% 161 13. Grupo Navantia Astilleros navales 100.00% 5,665 14. Grupo Sepides Fondo de Inversión 100.00% 56 15. Grupo Tragsa Agro-industria 51.00% 21,520 16. Hipodromo Zarzuela Entretenimiento 96.00% 145 17. Mayasa Minería 100.00% en proceso de liquidación 18. Saeca Finanzas 80.00% 32 ACCIONISTA MINORITARIO 1. Enagas Energía 5.00% -- 2. Enresa Manejo de desechos radioactivos 20.00% -- 3. CASA-EADS Aeroespacial 5.48% -- 4. Hispasat Telecomunicaciones 7.41% -- 5. Red Electrica Corp. Energía 20.00% -- 6. IAG Transporte aéreo 2,71% -- 7. P4R Comercio exterior 11,87% -- 168 % MIEMBROS DEL EP SECTOR PROPIEDAD PERSONAL ADSCRIPTO 1. Ente RTVE Medios 100% en proceso de liquidación FUNDACIONES PÚBLICAS 1. Fundacion Laboral Fundación 100% 51 2. Fundacion SEPI Fundación 100% 18 169 Anexos Anexo F EP más grandes de Uruguay Nombre Ministerio Descripción Tipo de Sectorial Mercado Empresa estatal de petróleo Entidad Combustibles = M (Administración Nacional de Com- ANCAP MIEM autónoma Resto = C bustibles, Alcohol y Pórtland) Empresa Energética del Estado Entidad Generación = C (Administración Nacional de Usinas UTE MIEM autónoma Resto = M y Transmisiones Eléctricas) Empresa estatal de telecomunica- Servicio Líneas telefonía fija = M ciones (Administración Nacional de ANTEL MIEM descentralizado Resto = C Telecomunicaciones) Entidad Banco de la República (Banco BROU MF autónoma C República) Empresa Estatal de agua y Servicio M saneamiento (Obras Sanitarias del OSE MUPEP descentralizado Estado) Servicio descentralizado M Administración Nacional de Puertos ANP MTPW Referencias: MIEM: Ministerio de Industria, Energía y Minería; MUPEP: Ministerio de Planeamiento Urbano y Pro- tección Medioambiental; MTPW: Ministerio de Transporte y Obras Públicas; MF: Ministerio de Economía y Finanzas: M: monopolio; C: competitivo, 170 Referencias Bibliográficas Allen, R. & S. Vani. (2013). Financial Management and Oversight of State-Owned  Enterprises, in The International Handbook of Public Financial Management, ed. R. Hemming, R. Allen and B. Potter. London: Palgrave McMillan. Bernal, A., et al., (2012). Gobierno Corporativo en América Latina. Importancia para las Empresas de Propiedad Estatal, Serie Políticas Públicas y Transformación Productiva, No. 6. Colombia Capital, (2009). Código País, Bolsa de Valores de Colombia, en http://www.colombiacapital.com.co/phocadownload/cartilla_codigopais_2009. pdf Cebotari, A. (2008). Contingent Liabilities: Issues and Practice. IMF Working Paper 08/245. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2008/wp08245.pdf Cebotari, A., J. Davis, L. Lusinyan, A. Mati, P. Mauro, M. Petrie & R. Velloso. (2009). Fiscal Risks: Sources, Disclosure and Management. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/dp/2009/dp0901.pdf Chivakul, M. & R. York. (2006). Implications of Quasi-Fiscal Activities in Ghana. IMF Working Paper WP 06/24. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2006/wp0624.pdf Corporación Andina de Fomento, (2010). Lineamientos para el Buen Gobierno Corporativo de las Empresas del Estado, CAF. Franco. B., Muñoz. I., Sánchez. P., & Zavala. V. (2000). Las privatizaciones y concesiones, en R. Abusada. F, Du Bois. E. Morón, & J. Valderrama. La Reforma Incompleta: rescatando los noventa (Págs. 13-105), Instituto Peruano de Economía y Universidad del Pacífico, Lima Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE), (2013). Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, FONAFE. Gobierno de Chile (2001). Institucionalidad y Criterios de Gestión para las Empresas Públicas. Ministerio Secretaría General de la Presidencia Hardy, K. (2010). Managing Risk in Government: An Introduction to Enterprise Risk Management. Financial Management Series, IBM Center for the Business of Government. Available in: http://worldriskday.com/wp-content/uploads/RiskinGovernment.pdf IMF. (2005). Public Investment and Fiscal Policy--Lessons from the Pilot Country Studies. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/040105a.pdf IMF. (2005a). Government Guarantees and Fiscal Risks. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2005/040105c.pdf IMF. (2007). Manual on Fiscal Transparency. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/101907m.pdf IMF. (2007a.) Barbados: Report on the Observance of Standards and Codes -- Fiscal Transparency Module. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2007/cr07338.pdf IMF. (2011). El Salvador: Report on the Observance of Standards and Codes -- Fiscal Transparency Module. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2011/cr11147.pdf IMF. (2012). Fiscal Transparency, Accountability, and Risk. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2012/080712.pdf 171 Referencias Bibliográficas Irwin, T. (2012). Accounting Devices and Fiscal Illusions. IMF Staff Discussion Note SDN/12/02. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2012/sdn1202.pdf International Finance Corporation (IFC) (2012), Corporate Governance Methodology, Washington Kopits, G. & J. Craig. (1998). Transparency in Government Operations. IMF Occasional Paper No. 158. Washington: IMF. Available in: http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/158/op158.pdf Núñez G. & Oneto, A. (coords.), (2012). Gobernanza Corporativa en el Brasil, Colombia y México. La determinación del riesgo en la emisión de instrumentos de deuda corporativa, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Marzo 2012 OECD (2005). Guidelines for Corporate Governance of State-Owned Enterprises. OECD Publishing, Paris: Available at: http://www.oecd.org/daf/ca/corporategovernanceofstate- ownedenterprises/34803211.pdf OECD (2010). Corporate Governance: Accountability and Transparency, a Guide for State Ownership, OECD Publishing, Paris OECD (2011). State-Owned Enterprise Governance Reform. An Inventory of Recent Change, OECD Publishing, Paris OECD (2013), Boards of Directors of State-owned Enterprises: An overview of National Practices, OECD Publishing, Paris Oliva, C., & Ugarte. M, (2006). Uso y efectividad de los convenios de gestión. Consultoría para la Unidad Ejecutora Programa de Modernización y Descentralización del Estado - Presidencia del Consejo de Ministros, Lima Petrie, M. (2013). Managing Fiscal Risk. In The International Handbook of Public Financial Management, ed. R. Hemming, R. Allen and B. Potter. London: Palgrave McMillan. Polackova, H. & A. Schick. (2002). Contingent Liabilities and Fiscal Risk. Washington: World Bank. Tommasi, D. (2013). The Coverage and Classification of the Budget.”In The International Handbook of Public Financial Management, ed. R. Hemming, R. Allen and B. Potter. London: Palgrave McMillan. Torero, M. (2002). La privatización peruana: impactos sobre el desempeño de las empresas. Benefits and costs of privatization: What should we do next? Lima: Banco Interamericano de Desarrollo. Verhoeven, M., Le Borgne, E., Medas, P. & Jones, L. (2008). Assessing Fiscal Risk from State-Owned Enterprises. Washington, DC, International Monetary Fund World Bank. (1995). Bureaucrats in Business: The Economics and Politics of Government Ownership. New York: Oxford University Press. World Bank. (2006). Held by the Visible Hand: The Challenge of SOE Corporate Governance in Emerging Markets. Washington: World Bank. Available in: http://documents.worldbank.org/curated/en/2006/05/7124122/ held-visible-hand-challenge-state-owned-enterprise-corporate-governance- emerging-markets World Bank (2006a). Held by the Visible Hand: The Challenge of EP Corporate Governance for Emerging Markets. The World Bank Corporate Governance. Washington. World Bank (2006b). EP Corporate Governance Country Assessment Peru. 172 Corporate Governance Policy Practice. Private Sector Vice Presidency. Washington. World Bank (2014). “Toolkit for Corporate Governance of State Owned Enterprises”. Washington (forthcoming). Yépez-García, R. & J. Dana. (2012). Mitigating Vulnerability to High and Volatile Oil Prices: Power Sector Experience in Latin America and the Caribbean. Washington: World Bank. Available in: http://elibrary.worldbank.org/doi/ book/10.1596/978-0-8213-9577-6 Leyes, Reglamentos, y Códigos de Buen Gobierno Corporativo Consultados (en texto original) Brasil Decreto-Lei no. 200, de 25 de fevereiro de 1967, que estabelece diretrizes para a Re- forma Administrativa e dá outras providências Decreto no. 6021 de 22 de janeiro de 2007, que cria a Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União – CGPAR, e dá outras providências Decreto-Lei no. 200 de 25 de fevereiro de 1967, organização da Administração Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e dá outras providências Lei No. 5.662, de 21 de junho de 1971, que enquadra o Banco Nacional do Desenvolvi- mento Econômico (BNDE) na categoria de empresa pública, e dá outras providências Lei No. 6.404 de 15 de dezembro de 1976, sobre as Sociedades por Ações Lei No. 10303 de 31 de outubro de 2001, que altera e acrescenta dispositivos na Lei no. 6404, de 15 de dezembro de 1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe sobre o mercado de valores mobil- iários e cria a Comissão de Valores Mobiliários Lei No. 11638 de 28 de dezembro de 2007, que altera e revoga dispositivos da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e da Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, e es- tende às sociedades de grande porte disposições relativas à elaboração e divulgação de demonstrações financeiras Chile Ley núm. 20.392, que modifica el Estatuto Orgánico de la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO) y las normas sobre disposición de sus pertenencias mineras que no forman parte de yacimientos en actual explotación Ministerio de Hacienda, DFL 211, que fija normas por que se regirá la Corporación de Fomento de la Producción, de 26 de marzo de 1960 173 Referencias Bibliográficas Sistema de Empresas SEP, Código SEP Colombia Código de Comercio de 1971 ECOPETROL, Declaración de la Nación en su calidad de Accionista Mayoritario de 26 de julio de 2007 Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domicili- arios y se dictan otras disposiciones Ley 489 de 1998, por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones Ley 964 de 2005, por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras disposiciones Ley 1118 de 2006, por la cual se modifica la naturaleza jurídica de Ecopetrol S.A. y se dictan otras disposiciones, Diario Oficial No. 46.494 de 27 de diciembre de 2006 Superintendencia Financiera, Circular Externa 028 de 2007 sobre Adopción Encuesta de Mejores Prácticas Corporativas Superintendencia Financiera, Circular Externa 056 de 2007 sobre Modificación de la Circular Externa 028 de 2007 Ecuador Ley Orgánica de Empresas Públicas España Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas México Ley Federal de las Entidades Paraestatales 174 Ley de Petróleos Mexicanos Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Panamá Ley no. 19 de 11 de junio de 1997 por la que se organiza la Autoridad del Canal de Panamá Paraguay Decreto no. 163 por el cual se crea el Consejo de Empresas Públicas, 25 de agosto de 2008 Decreto no. 955 por el cual se reglamentan las funciones de la Unidad de Monitoreo de las Empresas Públicas, órgano interno del Consejo de Empresas Públicas, creado por Decreto no. 163 del 25 de agosto de 2008, 26 de noviembre de 2008 Perú Decreto Legislativo no. 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado Corporación FONAFE, Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito de FONAFE, Marzo 2013 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, no. 27170 Reglamento del Decreto Legislativo no. 1031, que promueve la eficiencia de la activi- dad empresarial del Estado Reglamento de la Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empre- sarial del Estado Uruguay Constitución de la República Oriental del Uruguay 175 Referencias Bibliográficas Banco Mundial