Manual de implementación para la facilitación de las inversiones en América Latina y el Caribe Volumen I: Resumen de la Guía COMPETITIVENESS FOR JOBS & ECONOMIC RMA TRANSFORM ATION © 2024 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento / Banco Mundial 1818 H Street NW Washington DC 20433 Teléfono: 202-473-1000 Internet: www.worldbank.org Este trabajo es un producto del personal del Banco Mundial con contribuciones ​​ este trabajo externas. Los hallazgos, interpretaciones y conclusiones expresados en no necesariamente reflejan las opiniones del Banco Mundial, su Directorio Ejecutivo o los gobiernos que representan. El Banco Mundial no garantiza la exactitud, integridad o actualidad de los datos incluidos en este trabajo y no asume responsabilidad por errores, omisiones o discrepancias en la información, ni responsabilidad con respecto al uso o falta de uso de la información, los métodos, los procesos o las conclusiones establecidas. 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Índice Introducción ................................................................................................................... 5 Acuerdo FID: Contexto ............................................................................................. 9 Estructura y contenido del manual de implementación para la facilitación de las inversiones ................................................................................ 15 Apoyo del GBM a la implementación de reformas del clima para la inversión .......................................................................................................................... 39 Lista de siglas Acuerdo FID – Acuerdo de la OMC sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo AII – Ecuerdo Internacional de Inversión AIR – Análisis de Impacto Regulatorio CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe CER – Conducta Empresarial Responsable CINDE – Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo COFEMER – Comisión Federal de Mejora Regulatoria (México) CONAMER – Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (México) EMN – Empresas Multinacionales GBM – Grupo Banco Mundial IED – Inversión Extranjera Directa IFT – Instituto Federal de Telecomunicaciones (México) OCDE – Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ODS – Objetivos de Desarrollo Sostenible OID – Ombudsman de Inversiones Directas OMC – Organización Mundial del Comercio OPI – Organismo de Promoción de Inversiones PIB – Producto Interno Bruto PMD – Países menos Desarrollados POE – Procedimiento Operativo Estándar SUCOP – Sistema Único de Consulta Pública TIC – Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TUPA – Texto Único de Procedimientos Administrativos UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo USD – Dólar Estadounidense 4 Agradecimientos Este informe fue elaborado por el equipo de Comercio, Inversión y Competitividad (TIC, por sus siglas en inglés) de la Unidad de Clima para la Inversión del Banco Mundial, en colaboración con el Departamento de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones (EFI, por sus siglas en inglés) para la Región de América Latina y el Caribe. La redacción estuvo a cargo de un equipo liderado por Ivan Nimac y Sylvia Solf y conformado por Daniela Gómez Altamirano, Yago Aranda Larrey, Altagracia Evangelista Cuevas Arthur, Luis Aldo Sánchez Ortega y Tatiana Whately De Moura. El informe se preparó bajo la supervisión de Thomas Haven y Woori Lee y la orientación general de Yira Mascaró, Doerte Doemeland, Asya Akhlaque, Mona Haddad y Oscar Calvo-González. El equipo agradece a los revisores pares Alejandro Espinosa-Wang y Pierre Sauve por sus comentarios. Esta publicación fue financiada por el fondo fiduciario general Competitividad para el Empleo y la Transformación Económica, del Grupo Banco Mundial. https://www.worldbank.org/en/programs/ competitiveness-for-jobs-and-economic-transformation. 5 Introducción El Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo (FID) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tiene como objetivo aumen- tar la participación de los países en desarrollo y los países menos desa- rrollados (PMD) en los flujos mundiales de inversión para mejorar el clima de negocios a nivel nacional e internacional y facilitar la participación de los inversionistas en todos los sectores. Contiene reglas que permiten es- tablecer estándares mundiales claros y coherentes sobre medidas de faci- litación de las inversiones, aumentar la transparencia entre los Gobiernos y las empresas, simplificar y agilizar los trámites, y proporcionar un foro global para promover las mejores prácticas y la cooperación internacional1. El Acuerdo FID tiene el potencial de generar beneficios globales2.Esto resulta especialmente importante para el futuro porque la inversión ex- tranjera directa (IED) constituye un factor clave para la transición ener- gética sostenible. No obstante, cabe recalcar que en la actualidad los PMD reciben apenas el 2 % de los flujos de inversión totalmente nuevos a nivel mundial3. A partir de su aplicación efectiva, este acuerdo centrado en el desarrollo sostenible ayudará a alcanzar los Objetivos de Desarro- llo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para el 2030. El Acuerdo FID es el primer acuerdo internacional de inversión a nivel mundial. Durante la 13.ª Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en febrero de 2024, y después de más de seis años de intensas negociacio- nes, se finalizó oficialmente el texto del documento. En la actualidad, el acuerdo cuenta con la participación de más de 128 miembros de la OMC de todas las regiones, que constituyen más de las tres cuartas partes de todos sus representantes4. 1 OMC (2024), WT/MIN(24)/17, Declaración Ministerial Conjunta relativa al Acuerdo sobre Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo, artículo 1. 2 Balistreri, Edward J. y Zoryana Olekseyuk (2024), Investment Facilitation for Development Agreement: Potential Gains (Acuerdo de facilitación de las inversiones para el desarrollo: Posibles beneficios), documento de trabajo del Instituto Yeutter, Universidad de Lincoln, Nebraska. 3 UNCTAD, Global Investment Trends Monitor (Monitor de las tendencias mundiales de inversión), n.o 45. 4 Véase: https://www.wto.org/english/tratop_e/invfac_public_e/invfac_e.htm. 6 Un aspecto clave del Acuerdo FID es que proporciona a los países en desarrollo y a los PMD un trato especial y diferenciado, al permitirles especificar el tipo de asistencia técnica y apoyo para el fortalecimiento de la capacidad que necesitan para implementar el acuerdo y acceder a sus beneficios. Para esto, los países miembros que deseen beneficiarse del trato especial y diferenciado deberán notificar a la OMC el plazo que re- querirán para aplicar las disposiciones específicas del acuerdo, junto con sus necesidades de asistencia técnica y fortalecimiento de la capacidad. El proceso de notificación para los países en desarrollo y los PMD miem- bros comienza con un ejercicio de evaluación de necesidades. Esto implica un análisis detallado de las deficiencias de cada medida respecto de las obligaciones del Acuerdo FID. Para esto, la OMC, junto con siete organiza- ciones internacionales —incluido el Grupo Banco Mundial (GBM)— elaboró una guía de autoevaluación5. La guía tiene por objeto. asistir a los países en desarrollo y a los PMD miembros a clasificar las disposiciones del acuerdo en las categorías A, B y C, en vista de la futura aplicación del instrumento, mediante un análisis de situación o deficiencias y el llenado de un cuestio- nario sobre cada una de las disposiciones. Con base en la guía de autoevaluación, el GBM preparó este manual no solo como una herramienta para asistir a los países durante la evaluación de las necesidades basada en buenas prácticas internacionales, sino también como un conjunto de guías de reforma que los responsables de formular políticas pueden utilizar en el proceso de reforma para la plena implemen- tación del Acuerdo FID. El manual se concibió como un bien público para brindar apoyo a los países de la región de América Latina y el Caribe que desean utilizar el Acuerdo FID como punto de referencia para atraer inver- siones y mejorar su clima de inversión nacionales6. Se eligió a América Latina y el Caribe debido a la importancia de las inver- siones para ayudar a la región a adaptarse a las tendencias geopolíticas y estructurales, como el cambio climático, la transformación digital y la rea- lineación de las cadenas de valor mundiales. 5 The international organizations include the WBG, the Inter-American Development Bank (IDB); the International Trade Centre (ITC); the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD); the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD); the United Nations Economic Commission for Africa (UNECA); and the World Economic Forum (WEF). 6 Although the Handbook has been conceived to support the implementation of the IFD Agreement, it can be generally applied to any reform agenda on investment facilitation. Some of the material offered on each measure goes beyond what is required by the IFD Agreement and the Self-Assessment Guide to include further information on good practices. 7 El cambio climático genera riesgos y oportunidades para América La- tina y el Caribe. Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes e intensos, y la gran dependencia de las exportaciones agrícolas y el turismo que se observa en muchos países de la región los hace particularmente vulnerables. Las políticas climáticas de los prin- cipales socios comerciales (Estados Unidos, la Unión Europea y China) pueden ofrecer oportunidades de exportación para los productores que demuestren competitividad del carbono. Se necesita inversión pri- vada en los ámbitos de mitigación, adaptación y sectores verdes (por ejemplo, transición energética en las cadenas de valor de los minerales), a fin de mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades. La transformación digital está ampliando los tipos de bienes y ser- vicios que pueden ofrecer los países de América Latina y el Caribe. La inversión privada es clave para desarrollar los sectores tecnoló- gicos de la región (por ejemplo, la inversión de Intel en Costa Rica) y los servicios digitales (por ejemplo, la tercerización de procesos de conocimientos). La inversión también es fundamental para mejorar la infraestructura digital. Debido a las tensiones geopolíticas y a un mayor énfasis en el riesgo y la resiliencia frente a la COVID-19, se llevan a cabo procesos de re- estructuración de las cadenas de valor mundiales. Las inversiones de relocalización en América Latina y el Caribe son una parte clave de esta tendencia. Si bien el manual se centra en ejemplos de América Latina y el Caribe, éste también es pertinente para los hacedores de políticas de otras regio- nes que buscan atraer más inversión. El manual para América Latina y el Caribe está estructurado de tal ma- nera que cada disposición sobre FID puede ser revisada de forma inde- pendiente, dada la naturaleza específica de las disposiciones del Acuerdo. Ofrece a los hacedores de políticas que se centran en áreas específicas de facilitación de inversiones los pasos necesarios para realizar un diag- nóstico sobre la existencia y la eficacia de una determinada en el país. También proporciona a estas autoridades medidas para implementar re- formas, que, junto con estudios de casos y recursos adicionales, harán del manual una guía diaria para la implementación de reformas. Este Volumen I presenta un resumen del manual, mientras que el Volu- men II contiene un análisis completo de las medidas de facilitación de las inversiones previstas en el Acuerdo FID. 8 Acuerdo FID: Contexto La economía mundial experimenta cambios rápidos, marcados por una creciente incertidumbre. Mientras el mundo se esfuerza por recuperarse de los impactos de la COVID-19, ciertos acontecimientos nuevos y existentes plantean amenazas para el crecimiento y la prosperidad. A pesar de la relativa resiliencia de América Latina y el Caribe frente a desafíos tales como el sobreendeudamien- to, el espacio fiscal limitado, la inflación y los conflictos geopolíticos, es fundamental que la región capitalice las oportunidades que presenta esta economía mundial en evolución. Dos áreas clave estrechamente relacionadas con la inversión que requieren atención son la tendencia hacia la relocalización y la necesidad de movilizar recursos para adaptarse al cambio climático y mitigarlo. Para aprovechar las oportunidades del nuevo contexto mundial, se requiere una mayor integración de la región en la economía global. Durante la última década, el volumen de flujos de capital hacia los países en desarrollo, medido como proporción del producto interno bruto (PIB), ha dismi- nuido constantemente7. La IED en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe también ha caído un 35 % en la última década8. Para posicionarse como un destino com- petitivo y amigable para los inversionistas, la región debe aumentar su atractivo mediante la mejora del clima de negocios y la infraestructura, la reducción del riesgo político y el fortalecimiento de las instituciones regulatorias. 7 Grupo Banco Mundial (de próxima publicación), Global Investment Competitiveness Report 2021/2022 (Informe mundial sobre la competitividad de las inversiones 2021/2022); cálculos basados en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 8 Maloney, William F.; Ianchovichina, Elena; Riera-Crichton, Daniel; Vuletin, Guillermo Javier; Beylis, Guillermo Raúl (2023), The Promise of Integration: Opportunities in a Changing Global Economy (La promesa de la integración: Oportunidades de una economía mundial en pleno cambio), Washington, DC, Grupo Banco Mundial. 9 Gráfico 1. Entrada de IED por región, economías en desarrollo (millones de dólares estadounidenses a precios corrientes) 200000 180000 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Asia oriental y el Pacífico Europa y Asia Central América Latina y el Caribe Oriente Medio y Norte de Africa Asia meridional Africa subahariana China Fuente Maloney, William F.; Ianchovichina, Elena; Riera-Crichton, Daniel; Vuletin, Guillermo Javier; Beylis, Guillermo Raúl (2023). Cálculos basados en datos de IED de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). En un contexto caracterizado por la volatilidad, la incertidumbre y el estan- camiento de los flujos de capital, es fundamental revitalizar el programa de políticas regionales de inversión para fomentar una mayor integración entre América Latina y el Caribe y la economía mundial. La pandemia de COVID-19 y sus consecuencias han traído consigo volatilidad y un panorama incierto para la economía mundial, influido por perspectivas macroeconómicas debilitadas, crecien- tes tensiones geopolíticas y la transformación actual de las cadenas de valor mun- diales. Factores como el cambio climático, el aumento de las tasas de interés y los cambios en las políticas de los países avanzados también han tenido importantes repercusiones en las decisiones sobre asignación de inversiones en todo el mundo9. El aumento de los flujos de capital privado hacia América Latina y el Caribe es esencial para abordar estos desafíos, aprovechar las oportunidades y satisfa- cer las crecientes necesidades de inversión para financiar los ODS en la región. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)10, de las 9 Grupo Banco Mundial (de próxima aparición), Global Investment Competitiveness Report 2021/2022 (Informe mundial sobre la competitividad de las inversiones 2021/2022); cálculos basados en datos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 10 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina y el Caribe en la mitad del camino hacia 2030: Avances y propuestas de aceleración, resumen (LC/FDS.6/4/Rev.1), Santiago, 2023. 10 Naciones Unidas, la región enfrenta importantes desafíos si desea alcanzar los ODS para el 2030. Según las proyecciones, los países de América Latina y el Caribe solo cumplirán el 25 % de las metas de los ODS para el 2030, mientras que el 48 % de las metas muestran una tendencia positiva, pero con un ritmo de avance insuficiente, mientras que el 27 % restante está retrocediendo. Esto se alinea con las últimas estimaciones de las Naciones Unidas11. Para subsanar el déficit de inversión y alcanzar los ODS, los países en desarrollo ahora necesitan inversiones superiores a los USD 4 billones anuales, cifra superior a los USD 2,5 billones estimados en 2014. En este contexto, en julio de 2023 concluyeron en la OMC las negociaciones en torno al texto legal del Acuerdo FID. La iniciativa FID, que comenzó en 201712, ahora incluye a más de 128 miembros participantes de la OMC, 24 de ellos de la región de América Latina y el Caribe13. Esto representa más de dos tercios de los miembros de la OMC, incluidos más de 65 países en desarrollo y 27 PMD14. De integrarse en la estructura jurídica de la OMC15, el Acuerdo FID será el primer acuerdo sobre inversión a nivel mundial. El Acuerdo FID presenta una gran oportunidad para que los países de la región y del mundo generen impulso para las reformas y atraigan inversiones en un contexto global en constante cambio. Mejorar los marcos de facilitación de la inversión y el clima para la inversión será clave para aprovechar las nuevas opor- 11 UNCTAD (2023), World Investment Report 2023 (Informe mundial sobre las inversiones 2023). 12 En la 11.a Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Buenos Aires en diciembre de 2017 (MC11), 70 miembros de la organización ratificaron una Declaración Ministerial Conjunta (OMC WT/MIN(17)/59. Declaración Ministerial Conjunta sobre Inversiones), en la que se instaba a iniciar conversaciones estructuradas con el fin de elaborar un marco multilateral sobre facilitación de las inversiones. En septiembre de 2020, los participantes pasaron formalmente a las negociaciones. 13 Los 22 miembros de la OMC pertenecientes a América Latina y el Caribe que participan actualmente en la iniciativa FID son: Antigua y Barbuda, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Suriname y Uruguay. 14 Para obtener más información sobre la iniciativa FID, incluida la lista actualizada de los miembros participantes, consulte el portal de FID de la OMC: https://www.wto.org/english/tratop_e/invfac_ public_e/invfac_e.htm. 15 En el segundo semestre de 2023, los participantes de la iniciativa continuarán el debate sobre la incorporación jurídica del Acuerdo FID a la arquitectura jurídica de la OMC y analizarán más a fondo los aspectos relativos a los procedimientos, respetando siempre el Acuerdo de la OMC. De esta forma, continuarán realizando ajustes en el texto, mejorando la coherencia técnica y buscando la uniformidad del vocabulario, con el objetivo de alcanzar otro hito en la 13.ª Conferencia Ministerial de la OMC (CM13) de Abu Dhabi. Más información: OMC (2023), Op. cit. 1. 11 tunidades de IED, como la transición hacia la energía limpia16, las tendencias de relocalización impulsadas por las tensiones geopolíticas, y la creciente importan- cia de los sectores de servicios en las economías en desarrollo17. El acuerdo pro- mete ser especialmente beneficioso para los países de ingreso bajo y medio18 de la región de América Latina y el Caribe, donde se registran los niveles más bajos de adopción de medidas de facilitación de las inversiones19. Al hacer hincapié en el mejoramiento de la transparencia y la eficiencia de los trámites e instituciones relacionados con las inversiones, la aplicación de las medidas previstas en el Acuerdo FID puede contribuir a la promoción de las inversiones y a crear un entorno más propicio para los negocios en América La- tina y el Caribe. Estas dimensiones constituyen desafíos en muchas economías de la región, especialmente en los países de bajo ingreso, y han contribuido a la disminución de los flujos de IED en los últimos años, así como a una participación y una integración limitadas de las cadenas de valor mundiales en la economía internacional20. Por ejemplo, países como Ecuador, El Salvador, Granada, Guate- mala, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua y Paraguay no publican leyes y regula- ciones en portales únicos ni en los sitios web de los ministerios o entes regulado- res pertinentes, en contra de buenas prácticas internacionales. En otros países, como Belice, se aplican mecanismos de evaluación ex ante. Panamá o Costa Rica cuentan con plataformas digitales eficientes para facilitar las inversiones. El for- talecimiento de estas dimensiones es fundamental para impulsar la confianza 16 Saurav, Abhishek; Viney, Brody B. (2020), Catalyzing Investment for Green Growth: The Role of Business Environment and Investment Climate Policy in Environmentally Sustainable Private Sector Development (Catalizar inversiones para el crecimiento verde: La función del entorno empresarial y las políticas de clima para la inversión en el desarrollo ambientalmente sostenible del sector privado), Washington, DC, Grupo Banco Mundial, http://documents.worldbank.org/curated/en/464811610960949219/Catalyzing-Investment- for-Green-Growth-The-Role-of-Business-Environment-and-Investment-Climate-Policy-in-Environmentally- Sustainable-Private-Sector-Development. 17 Nayyar y otros (2021) y publicación conjunta del Banco Mundial y la OMC, Trade in services for development 2023 (El comercio de servicios para el desarrollo 2023), . https://www.wto.org/english/ res_e/booksp_e/trade_in_services_and_development_e.pdf. 18 Los países de ingreso bajo y mediano han sido identificados como los principales beneficiarios, según un estudio reciente en el que se modela el posible impacto económico del Acuerdo FID. Balistreri, E. J. y Olekseyuk, Z. (2021), Economic impacts of investment facilitation (Impactos económicos de la facilitación de las inversiones), Center for Agricultural and Rural Development/Iowa State University, serie de documentos de trabajo 21-WP 615. 19 Berger, Axel; Dadkhah, Ali; Olekseyuk, Zoryana (2021), Quantifying investment facilitation at country level: Introducing a new index (Cuantificación de la facilitación de las inversiones a nivel nacional: Introducción de un nuevo índice), documento para deliberación n.° 23/2021, ISBN 978-3-96021-165- 5, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE), Bonn, https://doi.org/10.23661/dp23.2021. 20 Maloney, William F.; Ianchovichina, Elena; Riera-Crichton, Daniel; Vuletin, Guillermo Javier; Beylis, Guillermo Raúl (2023), The Promise of Integration: Opportunities in a Changing Global Economy (La promesa de la integración: Oportunidades de una economía mundial en pleno cambio), Washington, DC, Grupo Banco Mundial. 12 de los inversionistas, reducir los costos operativos y de establecimiento para las empresas, y atraer y retener inversiones21. En una encuesta realizada reciente- mente en América Latina y el Caribe, los inversionistas extranjeros señalaron la importancia de las medidas de facilitación de las inversiones y de las negocia- ciones en curso en relación al Acuerdo DIF22. Más de la mitad de los encuestados consideró que las medidas23 enumeradas en la encuesta eran importantes o muy importantes. El Acuerdo también incluye disposiciones que alientan la conducta empresarial responsable y las medidas contra la corrupción. El objetivo es ayudar a los países a atraer no solo más inversiones, sino también inversiones de mejor calidad que contribuyan al desarrollo sostenible24. Además del Acuerdo FID, en los acuerdos internacionales de inversión (AII) se incluyen cada vez más disposiciones sobre facilitación de inversiones, lo que indica la creciente importancia que tanto los países de origen como los recep- tores le dan a este tipo de iniciativas. Si bien el principal objetivo de los AII tradicionalmente ha sido atraer IED mediante la protección de las inversiones extranjeras contra riesgos políticos y de otro tipo, los países ahora reconocen la necesidad de incluir disposiciones de facilitación y promoción en estos acuerdos. Por ejemplo, el recientemente firmado Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP, región de Asia y el Pacífico), uno de los mayores acuerdos de comercio e inversión preferencial que abarca casi el 30 % del PIB mundial, incluye disposiciones específicas de promoción y facilitación de inversiones dentro de su capítulo sobre inversiones. El fortalecimiento de la labor de los organismos de promoción de inversiones (OPI), en su calidad de instituciones clave en lo que respecta a atraer y pro- mover la IED, será un factor importante para aumentar las entradas de IED, 21 Grupo Banco Mundial (2020), Global Investment Competitiveness Report 2019/2020: Rebuilding Investor Confidence in Times of Uncertainty (Informe mundial sobre la competitividad de las inversiones 2019-20: Reconstruir la confianza de los inversionistas en tiempos de incertidumbre), Washington, DC, Grupo Banco Mundial. http://documents.worldbank.org/curated/en/403901590645496246/Global-Investment-Competitiveness- Report-2019-2020-Rebuilding-Investor-Confidence-in-Times-of-Uncertainty. 22 BID/ITC/DIE (2022), What foreign investors want: Findings from an investor survey of investment facilitation measures in Latin America and the Caribbean (Lo que quieren los inversionistas extranjeros: Conclusiones de una encuesta sobre medidas de facilitación de las inversiones en América Latina y el Caribe), Ginebra, Centro de Comercio Internacional (ITC). 23 Las medidas enumeradas eran las siguientes: información y transparencia; servicios de ventanilla única; servicio de gobierno electrónico; consultas entre las partes interesadas y el Gobierno; servicios de apoyo a la IED saliente (por países de origen); simplificación de los trámites; función de los organismos de promoción de inversiones; medidas que aumentan directamente el impacto de la IED en el desarrollo. 24 El acceso a los mercados, la protección de las inversiones y la solución de controversias entre inversionistas y el Estado están explícitamente excluidos del alcance del acuerdo. 13 atraer IED de mejor calidad y transformar las economías de los países recep- tores. Algunos países de la región aún no cuentan con un OPI en funcionamiento (por ejemplo, México y Guatemala) y los OPI existentes presentan funciones y niveles de desempeño diversos. Al mismo tiempo, los OPI pueden ser de vital im- portancia para proporcionar información, facilitar las operaciones (por ejemplo, obtener permisos y lidiar con cuestiones burocráticas), conectar a los inversio- nistas con los proveedores locales y promover reformas para mejorar el clima ge- neral de negocios. De acuerdo con las estimaciones, de cada USD 1 que se gasta en la promoción de inversiones se podría generar hasta USD 189 en entradas de IED, y una inversión relativamente modesta de USD 78 en actividades de pro- moción podría crear un puesto de trabajo adicional en los sectores impulsados25. En conclusión, es crucial priorizar la facilitación de las inversiones en la re- gión de América Latina y el Caribe, teniendo en cuenta los desafíos actuales asociados con las inversiones transfronterizas, que a menudo implican altos costos y procesos que consumen tiempo. Las actividades de facilitación de las inversiones en América Latina y el Caribe deben centrarse en reducir los costos reforzando, racionalizando y estandarizando los trámites y las regulaciones rela- tivos a la entrada de IED. Los Gobiernos de la región pueden utilizar este manual para promover soluciones que fomenten mejoras de coordinación, colaboración, transparencia e intercambio de información, así como el establecimiento de es- tructuras de gobernanza que faciliten la aplicación de reformas clave y mejoras específicas en los procedimientos relacionados con las inversiones. 25 Harding, Torfinn y Javorcik, Beata (2011), “Roll Out the Red Carpet and They Will Come: Investment Promotion and FDI Inflows” (Despliegue la alfombra roja y vendrán: La promoción de la inversión y los flujos de IED), Economic Journal, 121, número 557. 14 Estructura y contenido del manual de implementación para la facilitación de las inversiones El manual orienta sobre la mejor manera de implementar el Acuerdo FID, centrando la atención en 16 medidas de facilitación de las inversiones divididas en siete temas. Las medidas se eligieron tomando como base la experiencia de la Unidad de Clima para la Inversión del Banco Mundial y por estar incluidas en el Acuerdo FID26.Se agrupan en sie- te temas que representan dimensiones clave de cualquier marco eficaz de facilitación de las inversiones. En el Volu- men II del manual se presenta un análisis exhaustivo de las 16 medidas de facilitación de las inversiones. El manual de implementación para la facilitación de las inversiones abarca los siguientes temas (A-G) y medidas (1-16): A. Ampliar la accesibilidad y la transparencia de las medidas de política de inversión: La transparencia del sector público es uno de los componentes básicos de un entorno regulatorio sólido para los inversionistas. Tanto para los inversionistas nacionales como para los extranjeros, la información sobre las normas y regulaciones, incluida la forma en que se aplican y sus modificaciones, suele ser un factor determinante a la hora de tomar decisiones de inversión. Esta sección se centra en dos medidas clave del Acuerdo FID: Medida 1 – Publicación y publicación anticipada de las medidas de inversión: La publicación de todas las leyes, regulaciones u otros instrumentos jurídicos, y la notificación anticipada de los cambios regulatorios propuestos, aumentan la previsibilidad re- gulatoria. Los países pueden publicar nuevas leyes o regulacio- nes y presentar una notificación previa a su entrada en vigor, a través de un boletín, gaceta, sitio web u otra fuente pública de 26 No están representados todos los artículos y obligaciones del Acuerdo FID. Se han excluido las secciones del acuerdo que no contienen medidas de aplicación directa, como la sección I (Alcance y principios generales), la sección V (Trato especial y diferenciado para los países en desarrollo partes y los países menos adelantados partes) y la sección VII (Disposiciones institucionales y disposiciones finales). Esto también se extiende a las obligaciones que son específicas del Acuerdo FID (por ejemplo, el artículo 11, Notificación a la OMC). 15 información. Entre las buenas prácticas en este ámbito se en- cuentran la publicación de versiones preliminares y finales de los diferentes tipos de instrumentos jurídicos, y la asignación de un período razonable entre la publicación de las leyes y regulaciones y la fecha en que los inversionistas deben empezar a cumplirlas. También se considera una buena práctica incluir información de los objetivos de política del nuevo instrumento jurídico. Ejemplo de buena práctica: Plataforma de mejora regulatoria de Costa Rica. El Gobierno de Costa Rica estableció, a través de la Dirección de Mejora Regulatoria, el objetivo estratégico de promover acciones para la mejora de las regulaciones y la sim- plificación de trámites. La transparencia de los cambios regu- latorios es crucial a la hora de garantizar la previsibilidad para los ciudadanos y las empresas. Todas las regulaciones de Costa Rica están publicadas en el sitio web de La Gaceta. Además, el Gobierno puso en marcha la plataforma Trámites Costa Rica: Sistema de Simplificación de Trámites y Mejora Regulatoria, que permite a los usuarios buscar trámites, regulaciones o proyectos de regulaciones; planes para la mejora regulatoria por parte de los organismos; consultas públicas (activas o fi- nalizadas), por asunto o por organismo, y un calendario para conocer las actividades planificadas. Medida 2 – Disponibilidad y accesibilidad de la información: Los beneficios de la publicación de instrumentos jurídicos que aplican a los inversionistas y las inversiones extranjeras disminuyen si el acceso a la información pertinente es difícil. Ésta debe presentarse de manera clara y comprensible, en varios idiomas si fuera necesario, y estar disponible a través de múltiples canales. Dicha información puede obtenerse de diferentes maneras y a través de diferentes instituciones gubernamentales, en forma de “guía” consolidada o en un sitio web de fácil acceso en el que se desglosen los diferentes tipos de información o se proporcionen enlaces a otros sitios web que contengan información adicional. La solución recomendada es un portal único de información (véase la medida 5). La información proporcionada debe actualizarse periódicamente y ponerse a disposición de los usuarios sin costo alguno. 16 Ejemplo de buena práctica: Catálogo Nacional de Regula- ciones, Trámites y Servicios de México. En 2017, mediante una reforma constitucional se estableció que las autoridades de todos los niveles de gobierno (federal, estatal y munici- pal), así como los Poderes Legislativo y Judicial, debían im- plementar mejores políticas de regulación. En consecuencia, en el 2018 se aprobó la Ley General de Mejora Regulatoria. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) re- emplazó a la antecesora Comisión Federal de Mejora Regula- toria (COFEMER). El Catálogo Nacional ahora incluye no solo trámites federales, sino también los estatales y municipales. La información sobre dichos trámites se presenta a la CO- NAMER a través de las comisiones o dependencias estatales y municipales de mejora regulatoria. B. Mejorar la eficiencia y la eficacia de los procedimientos adminis- trativos relacionados con las inversiones: Los procedimientos de autorización eficientes y eficaces que aumentan la transparencia, la previsibilidad y la certeza jurídica pueden ayudar a aumentar la confianza de los inversionistas y las autoridades gubernamentales que emiten las autorizaciones. Contar con un marco sólido de pres- tación de servicios para las autorizaciones puede ayudar a reducir tanto la incertidumbre regulatoria como la carga que supone el cumplimiento para los inversionistas. También disminuye la carga administrativa del Gobierno porque se aprovechan activos e in- fraestructura compartidos entre las autoridades pertinentes. Esta sección se centra en tres medidas clave del Acuerdo FID: Medida 3 – Simplificación de los procedimientos de autorización de inversiones: Esta medida puede incluir una serie de reformas destinadas a mejorar los servicios que se prestan de los Gobiernos a las empresas. En la categoría se pueden incluir reformas del marco jurídico, como la introducción de un esquema común para las autorizaciones, o reformas del marco institucional y administrativo para la gestión y tramitación de las autorizaciones, por ejemplo, la reestructuración de la función de las autoridades regulatorias, la introducción de normas para la prestación de servicios y el rediseño de los servicios relacionados con las autorizaciones. La tendencia general se orienta hacia la 17 estandarización e integración de los servicios de apoyo a los inversionistas, con algunas variaciones entre países. Los países pueden adaptar sus enfoques de implementación en función de las prioridades, la disponibilidad de recursos y las deficiencias identificadas en un estudio de diagnóstico. Ejemplo de buena práctica: Implementación de la Ley del Procedimiento Administrativo General en Perú. Perú se ha enfocado desde hace al menos tres décadas en mejorar la calidad de las regulaciones y los procedimientos regulato- rios. En el 2001 se aprobó la Ley del Procedimiento Admi- nistrativo General, que incluye disposiciones para regular la aprobación de los trámites, sus requisitos y costos, así como su sistematización en el Texto Único de Procedimientos Ad- ministrativos (TUPA). En las últimas dos décadas, Perú ha implementado medidas adicionales de simplificación admi- nistrativa, como la publicación de los Planes Nacionales de Simplificación Administrativa (en 2010 y 2013), la imple- mentación de la interoperabilidad para la integración de ser- vicios, la publicación de la Política Nacional de Moderniza- ción de la Gestión Pública (en 2013) y la presentación de una plataforma para la elaboración, aprobación y publicación del TUPA (en 2016). Esta plataforma, denominada “Sis- tema Único de Trámites” (SUT), permite simplificar los procedimientos a través de la reducción de costos, tiem- pos, requisitos y plazos de procesamiento, y la eliminación de trámites y servicios administrativos. En el 2016, Perú también promulgó un decreto legislativo que prohibía a los organismos públicos solicitar información innecesaria o que pudiera obtenerse mediante la interoperabilidad con otros organismos públicos. Medida 4 – Simplificación de los mecanismos de evaluación y aprobación de inversiones: La evaluación de las inversiones puede tener múltiples justificaciones normativas subyacentes. Sin embargo, los engorrosos procesos de aprobación de inversio- nes, que incluyen la evaluación de la IED, representan el obstáculo regulatorio que más afecta a ese tipo de inversión. Si los países deciden evaluar las inversiones extranjeras, el mecanismo de evaluación y aprobación debe ser simplificado, objetivo y trans- 18 parente. Esto puede respaldarse con medidas tales como el uso de evaluación focalizada con limitaciones de alcance y cobertura, la utilización de definiciones claras sobre el alcance de la evaluación, la adopción de procedimientos de autorización previa a la evalua- ción, el establecimiento de criterios objetivos para las decisiones relativas a la evaluación, la adaptación de los procedimientos de evaluación a riesgos específicos y el aumento de la transparencia en las normas y procedimientos de evaluación. Ejemplo de buena práctica: Una evaluación más adecuada de las inversiones contribuyó a fomentar la IED en Chile. Desde 1974, más del 85 % de la inversión extranjera de Chile se ha canalizado por medio del atractivo régimen estable- cido en el DL600, donde se definió un marco jurídico muy sólido para la IED en ese momento, que incluía dimensiones clave de promoción y protección. Sin embargo, en ese mar- co, los inversionistas debían obtener una autorización previa para ingresar al país, y el inversionista extranjero debía sus- cribir un contrato con el Estado de Chile. La adopción de una nueva ley (20848) en el 2015, que reemplazaba al DL600, permitió aplicar un mecanismo de autorización ex post a cargo del recién creado OPI, InvestChile. Los inversionistas extranjeros ya no debían obtener autorización previa para ingresar a Chile, ni se les exigía que firmaran un contrato de inversión con el Estado. Como resultado de la nueva ley, InvestChile recibió el mandato de extender certificados de inversión extranjera en un plazo de 15 días. Este cambio le- gal contribuyó a mantener el sólido desempeño de la IED de Chile, que alcanzó los USD 20 860 millones de entrada de inversión en el 2022 y USD 20 400 millones en el 2023, solo un 2,4 % menos que el récord del año anterior. Medida 5 – Digitalización de los procesos que facilitan las inversiones: Las jurisdicciones que han implementado portales únicos de información y han digitalizado las autorizaciones de inversión y de negocios han logrado reducir las cargas regulatorias y, al mismo tiempo, aumentar la previsibilidad de los regímenes de inversión. Un primer paso para digitalizar los procesos que facilitan las inversiones suele ser la creación de un portal único 19 de información en línea. En dicho portal se consolida toda la información pertinente sobre las autorizaciones de inversión y las medidas regulatorias y se abordan las brechas de transpa- rencia regulatoria. El procesamiento digital de las autorizaciones de inversión también implica servicios transaccionales digitales, como la presentación en línea de formularios de solicitud, el pago en línea de las tarifas de autorización, el seguimiento en línea del estado de las solicitudes, el procesamiento digital de las solicitu- des, el intercambio electrónico de datos para la coordinación de los organismos reguladores involucrados y la emisión de autori- zaciones en formato digital. Ejemplo de buena práctica: La Ventanilla Única para Inver- sionistas y el Registro Único de Proyectos de Inversión de México. Desde 2015, México ha logrado avances significati- vos en el aprovechamiento de la tecnología digital para los servicios públicos a través de la Ventanilla Única Nacional. En el 2023, decidió fortalecer la integración de servicios para inversionistas. El objetivo de las iniciativas de la Ven- tanilla Única para Inversionistas y del Registro Único de Proyectos de Inversión es promover la transparencia y la seguridad jurídica y reducir las cargas administrativas. La ventanilla única proporciona i) información relacionada con los trámites para la creación de proyectos de inversión en lo que respecta a las autoridades competentes, los requisitos, los costos y otros datos pertinentes; ii) orientación relati- va a los trámites y las regulaciones, y iii) información sobre aspectos relevantes de las inversiones, tales como canales de comunicación, cadenas de suministro, mano de obra, in- fraestructura y otros bienes y servicios disponibles, por ubi- cación geográfica dentro del territorio nacional. Los usuarios pueden navegar por la plataforma y realizar búsquedas por servicio o trámite, por sector económico o por entidad fe- derativa. Mientras que la ventanilla única es un portal de información integral en línea, el Registro Único de Proyectos de Inversión es un mecanismo de facilitación administrativa donde los inversionistas pueden presentar sus solicitudes y recibir asistencia de la Secretaría de Economía. 20 C. Fortalecer la gestión de los procesos de autorización: Es importante fortalecer la gestión del proceso de autorización para garantizar que este sea justo, objetivo, transparente y coherente, y se perciba como tal. Una gestión eficaz ayuda a prevenir los abusos de poder, la discre- cionalidad administrativa indebida y la corrupción. En esta sección se abordan dos medidas del Acuerdo FID destinadas a reforzar la gestión de los procesos de autorización: Medida 6 – Independencia de las autoridades competen- tes: Resulta indispensable que las autoridades que supervisan el proceso de autorización no estén afectadas por influencias indebidas, presiones políticas ni por conflictos de intereses. La inde- pendencia de las autoridades que otorgan autorizaciones se refiere al grado de autonomía e imparcialidad que tienen al tomar deci- siones relacionadas con el otorgamiento de permisos o licencias para ciertas actividades, tales como permisos de construcción o licencias comerciales. Para promover la independencia, los organis- mos que otorgan autorizaciones a menudo se constituyen como entidades separadas, con mandatos, financiamiento y poderes de- cisorios independientes claramente establecidos. Ejemplo de buena práctica: Creación de un organismo re- gulador autónomo de las telecomunicaciones y la radiodifu- sión en México. Gracias a una reforma constitucional, en 2013 se creó un órgano regulador autónomo de las tele- comunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicacio- nes (IFT). La reforma incluyó los siguientes aspectos: otor- gar amplias facultades al IFT para cumplir la regulación de manera independiente y generar las condiciones en materia de competencia para los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión; crear la posibilidad de imponer regulaciones asimétricas a los operadores con un poder sustancial de mercado; crear tribunales especializados y eliminar la sus- pensión de regulaciones durante los juicios de amparo, y eliminar las restricciones a la IED para todos los servicios de telecomunicaciones y comunicaciones por satélite, así como establecer restricciones a la IED para el sector de radio- difusión bajo el principio de reciprocidad. Para el 2016, la reforma mostró impactos tangibles, como una mayor com- 21 petencia, reducción significativa de precios, una oferta de servicios más amplia, más inversión en infraestructura e IED, mejoras tecnológicas y mejor calidad de servicios. Medida 7 – Mecanismos de apelación y revisión: Los procesos de apelación o revisión contribuyen a salvaguardar los derechos de los inversionistas y garantizar que sus solicitudes se evalúen de manera justa. Dichos mecanismos varían de una jurisdicción a otra y pueden regirse por estatutos, regulaciones o trámites es- pecíficos. A menudo implican una estructura jerárquica en la que un inversionista perjudicado puede buscar reparación a través de múltiples instancias: puede comenzar con una apelación interna dentro del propio órgano administrativo y luego recurrir, de ser necesario, a organismos externos designados para este propósito, a tribunales administrativos o al sistema judicial (por ejemplo, en los casos donde la legislación administrativa contempla recursos de alzada ante un órgano superior jerárquico). El proceso de apelación y revisión tiene como objetivo lograr un equilibrio entre la necesidad de promover la eficiencia administrativa y la de proteger a los inversionistas y sus intereses. Proporciona una vía para que los inversionistas presenten sus argumentos, pruebas e interpretaciones legales, y para que una autoridad imparcial e independiente revise las decisiones administrativas con el fin de determinar en qué medida son justas y razonables y cumplen con las leyes y regulaciones aplicables. En general, no existe un enfoque único para garantizar un buen proceso de revisión o apelación, pero los países deben adoptar determinados principios, a saber: la transparencia, la equidad y la imparcialidad, la coherencia, la previsibilidad y la rendición de cuentas. Ejemplo de buena práctica: El procedimiento de Jamaica para fortalecer el proceso de apelación y revisión. Jamaica estableció un proceso interno de apelación como una alter- nativa a un proceso de revisión judicial a menudo lento y relativamente costoso que restringía el derecho de los pe- queños y medianos contribuyentes a presentar apelaciones. Sin embargo, dicho proceso, tal como se formuló original- mente, no representaba una alternativa eficiente y creíble a la revisión judicial que llevaban a cabo los tribunales. El Gobierno de Jamaica emprendió una ambiciosa reforma que incluyó el diseño de un nuevo proceso y la especificación de los requerimientos de software, la redacción del instrumen- 22 to jurídico, la gestión del cambio en la institución encarga- da de gestionar las apelaciones, un plan de comunicación pública, el diseño de indicadores clave del desempeño y la capacitación del personal pertinente. El objetivo de la refor- ma era crear un proceso de apelación cuyo tiempo promedio de apelación fuera de 6 meses desde el momento en que se aceptaba el caso y de 60 días desde la fecha en que se concluía una audiencia, sin comprometer la calidad de la decisión de apelación. D. Establecer relaciones sólidas y efectivas con los inversionistas: Para facilitar las inversiones de manera eficaz, es necesario esta- blecer relaciones duraderas y sostenibles con los inversionistas. Los inversionistas a menudo buscan una contraparte directa con la cual ponerse en contacto para solicitar información o ayuda para resol- ver los problemas que se les presenten. Esto se aplica a todas las etapas del ciclo de la inversión: entrada, establecimiento, funciona- miento y salida. Esta sección se centra en dos medidas específicas del Acuerdo FID dirigidas a este tipo de relaciones: Medida 8 – Puntos focales que prestan servicios de infor- mación, asistencia y promoción. Los puntos focales en- cargados de responder las consultas de los inversionis- tas y asistirlos en el proceso de toma de decisiones y de inversión pueden ayudar a superar las asimetrías de in- formación que a menudo constituyen una restricción im- portante a la circulación de capitales entre los distintos paísess: En muchos casos, los OPI funcionan como puntos focales. Los mandatos de los puntos focales referidos a la facili- tación y los modelos de promoción de inversiones que son sólidos comparten algunas características esenciales. En el mandato se exige explícitamente que el OPI preste servicios específicos, como la promoción del país receptor entre potenciales inversionistas, el suministro de información y asistencia a las empresas que intentan iniciar sus operaciones, y la promoción de un clima más propicio para la inversión. Para brindar servicios de información de calidad, los puntos focales deberán disponer de datos creíbles, precisos, pertinentes y completos. Además de brindar servicios de información, los puntos focales, especialmente si pertenecen a 23 un OPI, pueden ayudar activamente a brindar apoyo a los inver- sionistas durante las etapas de exploración, establecimiento, fun- cionamiento, retención y expansión de la inversión. Como servicio adicional, los servicios de promoción pueden ayudar a promover reformas clave para el clima de inversión. Ejemplo de buena práctica: El OPI de Costa Rica (CINDE). Desde su nacimiento, la Coalición Costarricense de Iniciati- vas de Desarrollo (CINDE) ha ido ajustando de manera con- tinua su enfoque estratégico: pasó de ser un organismo de desarrollo general cuando se fundó a mediados de la déca- da de 1980 a convertirse exclusivamente en una entidad de promoción que busca atraer y ampliar proyectos de IED brin- dando todo tipo de servicios a los inversionistas. También ha modificado su enfoque sectorial, cuyo eje se desplazó de la manufactura ligera, a principios de la década de 1990, a los vínculos de las cadenas de valor mundiales estratégicas y es- pecíficas a fines de esa década. Al mismo tiempo, la entidad amplió su oferta de servicios más allá de la etapa inicial de captación de inversiones. Hoy en día, acompaña proactiva- mente a los inversionistas estratégicos en todas las etapas de sus iniciativas de inversión. Debido a que promueve su actividad y los conecta de manera proactiva con el Gobierno como punto focal, CINDE ha ayudado a catalizar reformas clave, desbloquear inversiones estratégicas y multiplicar por 10 la participación del país en las cadenas de valor mundia- les en los últimos 30 años. Medida 9 – Mecanismos de retención: Los mecanismos de retención ayudan a identificar y resolver los problemas enfrenta- dos por los inversionistas en las distintas fases de la inversión, im- pulsando así la expansión y la preservación de las inversiones. Los inversionistas pueden experimentar una multitud de problemas cuando llevan a cabo sus operaciones en los distintos países. De no atenderse, algunos de estos problemas podrían conducir a la desinversión o a controversias legales y, conllevando riesgos signi- ficativos para los países receptores. Los mecanismos de retención incluyen i) programas específicos de asistencia a la inversión (o de aftercare) para abordar los riesgos operativos, ii) mecanismos de gestión de quejas y reclamos para abordar los riesgos políticos y regulatorios, o iii) programas integrales de retención con los que 24 se abordan ambos tipos de riesgos. No existe un modelo único, pero algunos principios generales se aplican a todos ellos. Estos incluyen otorgar facultades a una agencia líder; detectar y registrar los problemas que enfrentan los inversionistas; realizar evalua- ciones jurídicas y económicas; emplear métodos de solución de problemas; y promover la toma de decisiones políticas oportunas. Ejemplo de buena práctica: El Ombudsman de Inversiones Directas de Brasil. Para incrementar la IED orientada a la eficiencia y abordar los obstáculos que enfrentaban los in- versionistas extranjeros, entre los que figuraban los costos operativos elevados, la corrupción, los cambios frecuentes en las leyes y regulaciones, y los problemas con la aplicación de las normas para los inversionistas, Brasil estableció la figura del Ombudsman de Inversiones Directas (OID). El acceso al OID se amplió para incluir a inversionistas de todos los dis- tritos, incluso en los casos en que no existía un acuerdo ra- tificado de cooperación y facilitación de inversiones. Las dos funciones principales del OID son abordar i) las solicitudes de información de los inversionistas potenciales y existentes sobre los procedimientos legales y regulatorios para ingresar y operar en el país, y ii) los reclamos de los inversionistas. El OID también cuenta con una herramienta de seguimiento de quejas y reclamos y con un sitio web externo a través de los cuales los funcionarios pueden recibir, rastrear y monitorear todos los problemas y reclamos de los inversionistas desde el momento en que los presentan hasta su resolución. La plata- forma también permite al Gobierno obtener datos agregados sobre los tipos de reclamos más recurrentes, los organismos involucrados, el tiempo que lleva resolverlos y otras medidas pertinentes. E. Fomentar las relaciones entre las empresas multinacionales (EMN) y los proveedores: Además de los beneficios directos que aporta la IED en términos de aumento de capital, empleo y exportaciones, las EMN también generan beneficios económicos indirectos al aumen- tar la productividad de las empresas locales y ofrecer un canal para que estas diversifiquen su producción y se integren en las cadenas de valor mundiales suministrándoles bienes y servicios. Esta sección se centra en dos medidas que promueven vínculos más sólidos con 25 los proveedores locales abordando las deficiencias del mercado, tales como las asimetrías de información, y facilitando los efectos indirectos: Medida 10 – Bases de datos de proveedores nacionales: El crear una base de datos de proveedores nacionales puede ayudar a las EMN a identificar a los proveedores locales y a vincular- se con ellos. Este esfuerzo puede complementarse ofreciendo a las empresas nacionales programas de calificación y certifica- ción que ayuden a las filiales de EMN a encontrar proveedores locales adecuados. Las bases de datos de proveedores reducen los costos de búsqueda de las EMN al facilitar el acceso a la in- formación, promueven vínculos más sólidos con los proveedores locales y ayudan a impulsar la economía local. El diseño, la con- figuración y las funcionalidades de las bases de datos de provee- dores pueden variar considerablemente para abordar brechas de información específicas. Aunque dichas bases de datos podrían estar a cargo de organismos públicos, en muchos casos son ges- tionadas por empresas del sector privado. El auge de la tecnolo- gía digital y de las plataformas de empresa a empresa ha trans- formado las relaciones entre compradores y proveedores, lo que ofrece nuevas formas para que ambos grupos se conecten y establezcan redes de contacto. Ejemplo de buena práctica: : La base de datos que favore- ce los vínculos empresariales en Costa Rica. En Costa Rica, CINDE ha elaborado una base de datos completa sobre pro- veedores locales, e informa que su directorio de proveedores locales ha sido un elemento clave para ayudar a las empresas a comenzar a operar en el país. En el 2015, esa entidad atrajo un total de 39 nuevos proyectos en los sectores de servicios, manufacturas avanzadas, ciencias de la vida, manufacturas ligeras e industria alimentaria. Cada uno de los nuevos inver- sionistas utilizó el directorio de proveedores de servicios du- rante las fases de determinación del alcance y de instalación. Medida 11 – Programas de desarrollo de proveedores: Estos programas pueden ser herramientas útiles para promover los vínculos entre las empresas extranjeras y las locales en el marco de la IED y mejorar la capacidad de estas últimas. En ellos se abordan las asimetrías de información a través de la organización de eventos 26 especiales de toma de contacto en los que los proveedores locales y las EMN exploran la posibilidad de establecer relaciones comercia- les. Estos programas también pueden trabajar conjuntamente con las EMN para desarrollar programas adecuados de formación y ca- pacitación, de manera que los proveedores locales pudieran producir los insumos necesarios con los estándares de calidad requeridos a cambio de contratos de suministro. Para contribuir al éxito de los programas de desarrollo de la capacidad de los proveedores, se pueden implementar incentivos específicos dirigidos a mejorar sus habilidades y fomentar su participación. Al diseñar este tipo de programas, se deben observar varios principios clave, entre ellos, adoptar un enfoque impulsado por la demanda, enfocarse en las filiales de EMN y empresas nacionales apropiadas, apoyar políticas de desarrollo localizadas, y definir y mantener objetivos a largo plazo y sostener el compromiso con alianzas, entre otros. Ejemplo de buena práctica: Costa Rica: Inversiones estra- tégicas para desarrollar la capacidad de los proveedores. En noviembre de 1996, Intel inauguró una fábrica de ensamblaje y pruebas de microprocesadores en Costa Rica, lo que la con- virtió en el principal inversionista extranjero en el país en ese momento. Como parte de su estrategia de atracción y post in- versión, el Gobierno costarricense trabajó ingeniosamente para mejorar la educación técnica, la ley de incentivos, la regulación y la infraestructura del país con el fin de atraer esta “inversión ancla” y maximizar sus vínculos y efectos secundarios positi- vos. A finales de la década de 1990, los funcionarios costarri- censes, inspirados por las visitas a países asiáticos con sólidos programas de mejora de la industria local, pusieron en marcha Costa Rica PROVEE, un programa para desarrollar la capa- cidad de los proveedores locales. Esta iniciativa, encabezada por organizaciones como CINDE, la Cámara de Industrias de Costa Rica y la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), junto con empresas del sector privado, tenía como objetivo profundizar el impacto económico de la inver- sión extranjera a través del efecto multiplicador y respaldar a los inversionistas extranjeros promoviendo relaciones sólidas con los proveedores locales. Intel trabajó con empresas locales para ayudar a mejorar su calidad y su competitividad en ma- teria de costos para cumplir con los estándares globales, por ejemplo, en el embalaje de cartón. 27 F. Mejorar los procesos de formulación de políticas y leyes de inver- sión: La certidumbre jurídica y un marco regulatorio predecible para los inversionistas pueden ayudar a atraer y retener inversiones. Esto también se extiende al proceso de formulación de políticas y leyes, dado que los cambios regulatorios pueden afectar significativamen- te las condiciones de inversión futuras. Esta sección se centra en tres medidas importantes del Acuerdo FID: Medida 12 – Consultas públicas sobre medidas de inversión: Brindar a los ciudadanos y a la comunidad empresarial, incluidos los inversionistas extranjeros, la oportunidad de opinar sobre los cambios de política propuestos antes de que se promulguen es una forma eficaz de mejorar el proceso de formulación de leyes. De este modo, se promueve la transparencia, la toma de decisio- nes informadas y la legitimidad, dado que las partes interesadas pueden comprender mejor la elaboración de leyes y regulaciones, y contribuir a ello. Los Gobiernos pueden llevar a cabo consultas públicas a través de sitios web, boletines, periódicos y audiencias públicas, así como de una difusión más focalizada dirigida a de- terminados actores. Las áreas de regulación muy especializadas o complejas (por ejemplo, las regulaciones sectoriales) pueden requerir mayor selectividad en las consultas que los regímenes re- gulatorios de interés e impacto público más amplios. Los comenta- rios también se pueden recopilar a través de sondeos, encuestas, grupos de discusión, paneles de ciudadanos y talleres. Ejemplo de buena práctica: La plataforma de Colombia destinada a llevar a cabo consultas públicas sobre proyec- tos de regulación. El Departamento Nacional de Planeación de Colombia desarrolló y puso en marcha una plataforma en línea, el Sistema Único de Consulta Pública (SUCOP), que promueve las consultas públicas sobre los proyectos de regulaciones procedentes de las entidades nacionales y territoriales del Poder Ejecutivo. Proporciona una lista de consultas públicas y permite realizar búsquedas por año, sector, organismo, tipo de documento, etc. En cada consulta se incluyen un resumen y los documentos de respaldo. Los comentarios y sugerencias se envían a través de la plata- forma, y los usuarios deben registrarse e iniciar sesión pre- viamente. Al finalizar la consulta, el SUCOP distribuye un 28 documento con la recopilación de los comentarios recibidos y otro documento con un informe de los resultados de la consulta. Dicho sistema aumenta la transparencia y la par- ticipación ciudadana en la elaboración de las regulaciones a través de una plataforma centralizada con procesos e infor- mación estandarizados. Entre 2020 y octubre del 2023, el SUCOP publicó 306 consultas públicas de 33 organismos y recibió 2961 comentarios de varias partes interesadas. Medida 13 – Análisis de Impacto Regulatorio (AIR). : Los AIR permiten determinar, en términos cuantitativos o cualita- tivos, los posibles impactos económicos, sociales y ambientales de las nuevas regulaciones y ayudar a los responsables de la for- mulación de políticas a identificar los costos y beneficios de las diferentes opciones de política, en consulta con las partes intere- sadas pertinentes. Ayudan a garantizar que las regulaciones se diseñen de manera tal para alcanzar los objetivos previstos y, al mismo tiempo, minimizar los posibles efectos adversos. Depen- diendo de la capacidad administrativa de cada país, se puede establecer un sistema de AIR simplificado. Este enfoque está diseñado para mejorar gradualmente la calidad regulatoria e ini- cialmente se aplica solo a las principales propuestas regulatorias. Ejemplo de buena práctica: El sistema electrónico de AIR de México. Durante la década de 2000, la COFEMER se abocó a establecer la base para las herramientas de gobernanza re- gulatoria, lo que incluyó un sistema de AIR, así como meca- nismos de coordinación con la Administración federal. Para el 2010, los manuales del AIR incluían el análisis ex ante del impacto de las regulaciones propuestas, y en el 2012 se incorporaron componentes de competencia y riesgos en el cuestionario de dicho análisis. En ese mismo año también se introdujo el AIR ex post. En el 2016, el AIR incorporó com- ponentes de comercio exterior y protección al consumidor, y en el 2019, el componente de derechos humanos. En el 2017, el Congreso aprobó una reforma constitucional mediante la cual se ordenó la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria. Esta ley obligó a los 31 estados y la Ciudad de México, así como a los 2469 municipios, a implementar polí- ticas de gobernanza regulatoria, como el mandato para que 29 los estados y la Ciudad de México emitan leyes estatales de mejora regulatoria y la implementación de AIR a nivel estatal. De conformidad con el nuevo marco de gobernanza regulatoria, entre 2018 y 2019, la CONAMER emitió 1690 recomendaciones de simplificación para 929 trámites. En junio de 2019, la carga regulatoria representaba el 4,4 % del PIB. Para noviembre de 2020, una vez implementadas las recomendaciones, se estimó que la carga regulatoria equi- valía al 2,2 % del PIB, lo que representó un ahorro de MXN 20 178 millones (alrededor de USD 1000 millones). Medida 14 – Evaluación periódica de las medidas de facili- tación de las inversiones: Mediante las evaluaciones periódicas ex post se evalúa si una regulación ha logrado sus objetivos origi- nales y si es necesario mejorarla o eliminarla. La evaluación de las regulaciones existentes, la etapa final del proceso regulatorio, es un elemento importante del ciclo de la política reguladora. Existen tres tipos de análisis ex post: i) evaluaciones programadas; ii) evaluaciones específicas, y iii) gestión continua de las regulacio- nes existentes27. Todas las evaluaciones deben incluir consultas con las partes afectadas y, en la medida de lo posible, estar al alcance de la sociedad civil. Ejemplo de buena práctica: El marco de evaluación ex post de la legislación chilena: Para crear un enfoque sistemático de las evaluaciones ex post de las leyes y regulaciones, en el 2010 el Congreso chileno creó el Departamento de Eva- luación de la Ley, cuyas principales competencias son las siguientes: i) evaluar las normas jurídicas aprobadas por el Congreso; ii) establecer un marco metodológico para las eva- luaciones ex post que incluya diferentes tipos de impactos (económicos, financieros, sociales, culturales, ambientales, etc.); iii) involucrar a las redes de organizaciones sociales interesadas en participar en el proceso de revisión, y iv) 27 La gestión continua de las existencias incluye trámites que permiten aprender sobre la marcha a medida que se implementan las regulaciones, así como normas de compensación para nuevas regulaciones y objetivos de reducción de la carga (por ejemplo, diversas iniciativas de “reducción de la burocracia”) como medio de reducir la cantidad de regulaciones existentes y su costo. 30 recomendar reformas a las leyes. El Departamento de Eva- luación de la Ley se ha centrado en involucrar a la sociedad civil en sus evaluaciones. Cuenta con herramientas y me- canismos para recabar información sobre las percepciones de la ciudadanía. Además, el Foro Ciudadano es un espacio abierto donde las organizaciones civiles y los ciudadanos pueden participar de manera presencial o virtual. G. Facilitar inversiones sostenibles: El desarrollo sostenible, tal como se describe en los ODS de las Naciones Unidas, es multifacético e incluye medidas relacionadas con la reducción de la pobreza, la pro- tección del medio ambiente, el fortalecimiento de las instituciones y la mejora de las condiciones humanas. Las inversiones sostenibles requieren que los países promuevan una contribución positiva de las empresas al progreso económico, ambiental y social. Esta sección se centra en dos medidas del Acuerdo FID destinadas a promover la atracción y la retención de inversiones sostenibles: Medida 15 – Promoción de la conducta empresarial res- ponsable: La promoción de la conducta empresarial responsa- ble (CER) reviste gran importancia para los encargados de la formulación de políticas públicas que desean atraer y retener inversiones y garantizar que la actividad empresarial contribuya a la creación de valor y al desarrollo sostenible. Las expectativas de la CER prevalecen en todas las cadenas de valor mundiales y están respaldadas por los principales instrumentos internacio- nales sobre la CER, como las Líneas Directrices de la Organiza- ción para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Cada vez más, las normas de la CER también se aplican a través de las leyes de la cadena de suministro que se originan en los países desarrollados, por ejemplo, la Ley de la Cadena de Suministro alemana. Estas leyes brindan una oportunidad para mejorar la CER, pero su implementación debe analizarse cui- dadosamente. El apoyo del Gobierno a la CER resulta esencial para garantizar la coherencia entre sus propias políticas y la conducta empresarial, y para respaldar a las empresas naciona- les a medida que se adaptan para aumentar su participación en las cadenas de valor mundiales. 31 Ejemplo de buena práctica: Perú Sostenible. Perú Sostenible, también conocido como Perú 2021, es una red de empresas que promueve el desarrollo sostenible de Perú. En este con- texto, se puso en marcha una base de datos denominada Marcas que Marcan, junto con Kunan, una plataforma que impulsa el ecosistema de emprendimiento social y ambien- tal. Asimismo, han desarrollado la primera base de datos de proveedores nacionales, promovida por el sector privado, que integra aspectos relacionados con la sostenibilidad. Esta he- rramienta permite a las empresas extranjeras colaborar con empresas locales que operan de manera sostenible y ayuda a alinear el capital que cumple con criterios ambientales, so- ciales y de gobernanza con inversiones que cumplan con esos mismos criterios. A la vez, la base de datos incentiva a otras empresas nacionales para que lleven a cabo operaciones sos- tenibles y puedan de ese modo acceder a ella. Medida 16 – Lucha contra la corrupción: La adhesión a los acuer- dos y estándares internacionales en materia de corrupción es un proceso continuo que requiere que los países fortalezcan constan- temente sus marcos de anticorrupción, en consonancia con la evo- lución de las normas y mejores prácticas mundiales. En tal sentido, es fundamental contar con un marco jurídico e institucional sólido. Ejemplo de buena práctica: El desempeño de Chile en el Índice de Percepción de la Corrupción. Chile registra el segundo mejor desempeño dentro de América Latina y el Caribe en relación con el indicador de Transparencia Internacional (después de Uruguay). En dicho país, se han adoptado numerosas medidas para reforzar la transparencia y el Estado de derecho en la ad- ministración pública, por ejemplo, la Ley del Lobby. Incluso en las reformas a su Constitución se ha reconocido la transparencia como uno de los principios del ordenamiento jurídico chileno. Cada una de las 16 medidas de facilitación de las inversiones se estructura en torno a cinco principios de implementación clave que deben de considerarse para que las medidas se apliquen con éxito. Dichos principios incluyen la disponibilidad o el grado de adecuación de: a) el marco jurídico y normativo, b) los procedimientos, c) el marco institucional, d) los recursos humanos y la capacitación, y e) las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En la siguiente matriz se presentan algunos ejemplos de los principios de implementación de las 16 medidas incluidas en el Manual. 32 a) Marco jurídico y d) Recursos humanos y Medida b) Procedimientos c) Marco institucional e) TIC normativo capacitación 1 Los requisitos legislativos Los procedimientos Instituciones comunes La capacidad de los Las herramientas de y regulatorios pueden ser formales son útiles para que pueden participar en funcionarios públicos TIC, como un sitio web Publicación útiles para institucionalizar identificar los tipos de la publicación de leyes involucrados en la gubernamental o boletines y publicación la práctica de publicar medidas e información y regulaciones: órganos publicación de leyes y oficiales en línea, pueden proyectos de ley y que deben publicarse, o legislativos o ejecutivos, regulaciones incluye utilizarse para publicar anticipada de regulaciones, trámites y especificar la forma de sistema judicial, boletines habilidades legales y instrumentos jurídicos las medidas de medidas administrativas. publicación según el tipo de oficiales y editoriales técnicas, conocimiento finalizados o en borrador. inversión medida (por ejemplo, en el jurídicas. de los marcos jurídicos, diario oficial o en el sitio web). comunicación, garantía de calidad, etc. 2 Puede ser necesario Procedimientos formales Una unidad o funcionario Entre las habilidades Capacidad para alojar un acto jurídico o una para establecer procesos público de la institución comunes se encuentran información pertinente Disponibilidad política para designar destinados a recopilar, pública relevante (por las competencias en una plataforma digital y accesibilidad a los organismos compilar y preparar ejemplo, entes reguladores legales y técnicas, el (véase la medida 5). gubernamentales documentos para su sectoriales) debe ser conocimiento de los de la responsables de la publicación, garantizar responsable de preparar y marcos regulatorios, información publicación por medios que la información esté mantener actualizada la la participación de las electrónicos y de la disponible con prontitud y información pertinente. partes interesadas, actualización de la sea precisa y pertinente, la gestión de la información oficial y establecer procesos información, el control de relacionada con las de actualización de la calidad y la gestión de medidas de inversión. información publicada, entre proyectos. otros. 3 Políticas que establezcan Procedimientos para La elaboración e Cuando se elaboren Los organismos que las autorizaciones garantizar la uniformidad implementación de los nuevos POE o se reguladores pueden Simplificación se ajusten a las buenas de las autorizaciones, lo POE requiere que las integren servicios y complementar los de los prácticas regulatorias que requiere desarrollar autoridades competentes formularios, el personal esfuerzos para simplificar procedimientos (por ejemplo, leyes o rediseñar los cuenten con una de las autoridades las autorizaciones de autorización horizontales para todos procedimientos operativos estructura organizativa competentes deberá aprovechando las de inversiones los trámites, incluidos estándar (POE) y clara, con funciones recibir capacitación sobre tecnologías digitales, los plazos para procesar formularios estandarizados y responsabilidades los nuevos procesos y como el uso de puntos de las autorizaciones y los para la gestión de datos. bien definidas para su herramientas. entrada únicos (véase la motivos de rechazo). personal. medida 5). 33 a) Marco jurídico y d) Recursos humanos y Medida b) Procedimientos c) Marco institucional e) TIC normativo capacitación 4 Creación de instrumentos Se pueden utilizar y combi- No hay consenso sobre la El organismo responsable Utilización de diferentes jurídicos, como una ley nar varias medidas de mit- estructura óptima para del proceso debe contar herramientas de Simplificación marco especializada igación de riesgos, entre las evaluar las inversiones, con personal que posea TIC, como portales de los para el análisis de que se incluyen la evaluación pero el proceso de la experiencia necesaria informativos o sitios web mecanismos riesgos para la seguridad focalizada, los procedimien- evaluación de la IED para evaluar y determinar de evaluación de la IED. de evaluación nacional, mecanismos tos de autorización previa podría estar en manos las implicaciones económi- y aprobación de cooperación para la a la evaluación, los criterios del ministerio encargado cas, estratégicas y de evaluación de la IED o objetivos para las decisiones de regular las inversiones seguridad nacional de las de inversiones acuerdos internacionales relativas a la evaluación extranjeras, o un inversiones extranjeras, de inversión. y los procedimientos de organismo especializado o así como las consid- evaluación adaptados a un comité. eraciones sectoriales. los riesgos específicos que plantean las propuestas de inversión. 5 El marco jurídico debe Procedimientos operativos La responsabilidad de El organismo responsable Para simplificar la naveg- exigir que las autoridades para mantener información mantener el portal único del portal único de ación, debe diseñarse Digitalización competentes publiquen confiable y actualizada de información suele información debe un portal único de de los en línea la información sobre autorizaciones y asignarse a un órgano desarrollar programas información en el que las procesos que pertinente sobre medidas en un portal único específico. En el marco de capacitación autorizaciones o medidas facilitan las las autorizaciones y de información, junto con institucional se deben especializada y estén vinculadas medi- inversiones establezcan servicios el procesamiento digital delinear las funciones materiales para registrar ante referencias cruzadas. transaccionales digitales de autorizaciones para los y responsabilidades y mantener los datos en Además, para crear un (por ejemplo, a través de negocios. relacionadas con el el portal. sistema transaccional un portal único). procesamiento de digital para las autor- autorizaciones. izaciones de inversión es necesario contar con servicios compartidos de gobierno electrónico. 6 El marco jurídico debe Los solicitantes deben ser La solidez del marco Las autoridades que El uso de portales de establecer las funciones informados acerca de los institucional depende otorgan autorizaciones gobierno electrónico Independencia y los mandatos de las procedimientos de solicitud, de la transparencia y de inversión deben y de tecnología de las entidades encargadas los criterios de revisión de la rendición de cuentas recibir capacitación puede aumentar la autoridades de adoptar decisiones la solicitud y el cronograma de las autoridades sobre la importancia transparencia y la competentes administrativas. relacionado con el proceso. competentes, así como de de la independencia y rendición de cuentas, Es importante establecer un marco para abordar las formas de evitar mejorando al mismo políticas sólidas sobre los conflictos de intereses conflictos de intereses. tiempo la calidad del conflictos de intereses que y la influencia política servicio. se apliquen al personal de la indebida, ya sea de otras autoridad competente para partes del Gobierno o de salvaguardar la integridad de los inversionistas. los procedimientos relaciona- dos con la autorización. 34 a) Marco jurídico y d) Recursos humanos y Medida b) Procedimientos c) Marco institucional e) TIC normativo capacitación 7 Las leyes y regulaciones Incorporar formulari- La estructura y la gestión Capacitación dirigida a Las áreas en las que los deben garantizar que los os estandarizados para de la función de apelación los órganos de apelación o sistemas de TIC pueden Mecanismos inversionistas cuenten presentar una solicitud administrativa pueden revisión para que lleven a mejorar la eficiencia del de apelación y con múltiples vías para de revisión o una apel- seguir un mecanismo de cabo el proceso de manera proceso de apelación revisión resolver sus quejas ación y una lista de la apelación administrativa eficaz, de conformidad y revisión incluyen: la y reclamos. El marco documentación necesaria establecido dentro con las leyes, regulaciones presentación y el envío jurídico determina mejora la transparencia y del Poder Ejecutivo, o y manuales de proced- en línea de peticiones o si los inversionistas la previsibilidad del proceso. puede ser un tribunal imiento pertinentes. Otros solicitudes de revisión o tienen derecho a A fin de garantizar la cal- administrativo de aspectos del programa de apelación; sistemas de apelar las decisiones idad y la coherencia de las apelación el que lleve capacitación pueden inclu- notificación para propor- administrativas que decisiones y el cumplimien- a cabo revisiones ir la obligación de cumplir cionar información actu- afectan las inversiones o to de los plazos requeridos, independientes de las los deberes de manera alizada sobre los avances solicitar su revisión. las autoridades deben decisiones administrativas justa, transparente e y el estado del proceso establecer procedimientos adoptadas por los órganos imparcial para mantener la de apelación o revisión, y internos de trabajo para la gubernamentales. integridad del proceso de sistemas electrónicos de tramitación de las apela- apelación o revisión. gestión de casos. ciones y las revisiones. 8 Es posible que se requiera Deben definirse y Los puntos focales pueden El punto focal debe La infraestructura un acto jurídico para formalizarse los POE y presentar distintos mod- contar con personal necesaria incluye, Puntos focales designar a la autoridad o los procesos de trabajo elos organizativos (por suficiente y capacitado. entre otros aspectos, que prestan autoridades responsables para el funcionamiento ejemplo, pueden consti- Esto supone mantener y programas informáticos servicios de de establecer y poner en de los puntos focales (por tuirse como órganos o actualizar el sitio web y de gestión de las información, marcha el punto focal y ejemplo, normas para la unidades separadas que las herramientas en línea relaciones con los clientes, asistencia y de definir sus funciones. tramitación de consultas, dependen de un ministerio, pertinentes. sitios web, aplicaciones, tiempos de respuesta o dentro de la estructura del chats y bases de datos en promoción formularios). OPI, o se puede establecer línea. un punto focal centraliza- do para todo el Gobierno). 9 Para hacer frente El proceso típico de un Un componente clave es Los miembros del personal Una herramienta de a los desafíos que mecanismo de retención el diseño de protocolos deben contar con amplios seguimiento ayuda a los Mecanismos plantea la coordinación que se ajusta a las buenas específicos de coordinación conocimientos (jurídicos, Gobiernos a supervisar y de retención intragubernamental, prácticas consta de seis entre las entidades gu- económicos, y de adminis- monitorear los problemas las facultades del pasos: i) registro de los bernamentales que tratan tración pública, operación que encuentran los organismo rector deben problemas; ii) filtrado; con los inversionistas. La de negocios, solución de inversionistas, así como el estar consagradas en iii) evaluación jurídica y existencia de un organismo problemas y gestión de las monto de las inversiones un instrumento jurídico, económica; iv) solución de rector es fundamental para partes interesadas), a fin y el número de puestos como una ley o una problemas; v) derivación a que la implementación del de poder realizar análisis de trabajo que se ponen regulación secundaria. los niveles donde se toman mecanismo resulte eficaz. jurídicos y económicos de en riesgo debido a esos las decisiones políticas, También es necesaria la los problemas y negociar problemas. y vi) comunicación presencia de una entidad con otras entidades que y seguimiento de la de alto nivel, un comité provocan los reclamos. implementación. interministerial o una junta. 35 a) Marco jurídico y d) Recursos humanos y Medida b) Procedimientos c) Marco institucional e) TIC normativo capacitación 10 No es estrictamente Los POE y los procesos de Las bases de datos Se debe contar con Las bases de datos de necesario contar con trabajo deben definirse, pueden estar alojadas suficiente personal proveedores requieren Bases de un fundamento legal lo que incluye, entre otras en una institución capacitado para una estructura de TIC datos de específico para crear cosas, los estándares para la pública (un OPI o un operar la base de adecuada que permita proveedores una base de datos preselección y verificación de organismo de desarrollo datos de proveedores. al personal ingresar nacionales de proveedores. Un los perfiles de las empresas, empresarial) o en Los miembros del información y a los mandato específico el formato para mostrar la asociaciones industriales. personal deben inversionistas filtrar por puede ser útil para información, los protocolos En el caso de las bases poseer conocimientos diferentes categorías. garantizar la existencia de interoperación, la asisten- de datos de proveedores de adquisiciones y También requieren el de un presupuesto y cia posterior, la vinculación públicas o público- habilidades técnicas y de seguimiento de las la continuidad de las entre distintos actores o privadas, las funciones comunicación. estadísticas de los operaciones. las funciones orientadas a y responsabilidades del usuarios. mejorar el rendimiento de las personal deben estar empresas. claramente definidas. 11 No es estrictamente Los procesos de trabajo Los programas de Para que los programas de Los componentes de la necesario contar con deben definirse y desarrollo de proveedores desarrollo de la capacidad infraestructura de TIC que Programas de un fundamento legal formalizarse, lo que son complejos a la de los proveedores sean pueden ser relevantes para desarrollo de específico para establecer incluye, entre otras cosas, hora de administrar e eficaces, se requiere los programas de desarrol- proveedores un programa de desarrollo la selección de empresas implementar, ya que una serie de habilidades lo de proveedores son los de la capacidad de los locales que participarán en normalmente involucran en diferentes áreas, a sistemas de gestión de la proveedores, pero se programas, capacitaciones a muchas partes. Se saber, comunicación, relación con los proveedores, debe asignar a una para consultores y necesita un organismo fortalecimiento de las los sistemas de planificación autoridad gubernamental empresas locales, y rector sólido que pueda relaciones, conocimientos de recursos empresaria- con competencias que revisiones de procesos llevar adelante los planes analíticos, gestión de les, las herramientas de abarquen dicho aspecto. empresariales. en nombre del Gobierno. proyectos, conocimientos inteligencia empresarial, las técnicos, solución de herramientas de gestión problemas y sensibilidad electrónica de las adquisi- cultural. ciones (e-sourcing), etc. 12 Las obligaciones de llevar La participación de las Las consultas Los funcionarios públicos Los sistemas electrónicos a cabo consultas públicas partes interesadas debe públicas deben estar de los ministerios y facilitan la comunicación Consultas pueden establecerse en comenzar en las primeras principalmente a cargo organismos reguladores con los ciudadanos y las públicas sobre la Constitución, en la etapas del proceso de toma de los departamentos, deben recibir empresas para participar medidas de legislación secundaria de decisiones y antes de ministerios o reguladores. capacitación sobre las en los ejercicios de consul- inversión (en forma de derechos que se adopte la decisión de En ocasiones, los procesos técnicas de participación ta pública. Las plataformas de petición o referendos regular. Los Gobiernos deben de consulta pública están de las partes interesadas. digitales deben permitir a consultivos) o en los llevar a cabo actividades de a cargo de un organismo La capacitación también los funcionarios públicos códigos de conducta. divulgación pública a través de supervisión regulatoria. podría incluir a las partes hacer un seguimiento de de sitios web o reuniones interesadas pertinentes los plazos para recibir co- abiertas, o comunicándose (por ejemplo, la sociedad mentarios y responderlos, y directamente con partes civil o las asociaciones publicar los resultados del interesadas conocidas. empresariales). proceso de consulta. 36 a) Marco jurídico y d) Recursos humanos y Medida b) Procedimientos c) Marco institucional e) TIC normativo capacitación 13 La política del AIR Las políticas de evaluación Los AIR deben ser La capacitación sobre Los sistemas electrónicos debe establecerse del impacto ex ante deben implementados por los el AIR debe abarcar pueden respaldar la imple- Análisis de en un documento exigir que se identifique reguladores. Del mismo técnicas para la mentación de la política Impacto vinculante (por ejemplo, una necesidad de política modo, el proceso de definición de problemas, del AIR. Estas herramien- Regulatorio una ley de reforma específica y el objetivo de AIR suele estar dirigido la formulación de tas ayudan a los usuarios (AIR) o mejora regulatoria, la regulación (por ejemplo, por un organismo de objetivos de política, a calcular los costos de de procedimientos la corrección de una supervisión regulatoria la identificación de cumplimiento de las pro- administrativos, un deficiencia del mercado o para garantizar la calidad soluciones alternativas, puestas regulatorias para decreto presidencial, o la necesidad de proteger de las regulaciones la evaluación del impacto, las empresas, las organi- una instrucción del primer los derechos de los propuestas y permitir la participación de las zaciones comunitarias y ministro). ciudadanos) a través del una retroalimentación partes interesadas y la los particulares. cuestionario de AIR. imparcial sobre el análisis. implementación del AIR. 14 Lo ideal sería que las Las metodologías para Las evaluaciones Las instituciones públicas Las TIC son una herra- evaluaciones periódicas realizar las evaluaciones periódicas deben formar deben contar con mienta útil para seguir de Evaluación se establecieran en una ex post suelen basarse en parte de la planificación personal capacitado para cerca el conjunto de regu- periódica de ley o en una regulación un análisis costo-beneficio, habitual de todos los evaluar periódicamente laciones existentes relacio- las medidas de subordinada. También se en el que debe fomentarse ministerios u organismos las medidas relacionadas nadas con las inversiones. facilitación de puede establecer un plazo la cuantificación siempre reguladores responsables. con las inversiones. Se Las plataformas en línea las inversiones fijo para llevar a cabo que sea posible. las Si ya existe un órgano de necesitan manuales y permiten a los organismos revisiones obligatorias evaluaciones periódicas supervisión regulatoria, guías para incorporar anunciar con anticipación (cinco años desde el deben anunciarse esta institución se al nuevo personal las normas que se eval- momento en que se públicamente. encargaría de coordinar encargado de realizar uarán y presentar los resul- promulgue la regulación). dichas evaluaciones. estas evaluaciones. tados de las mismas. 15 El marco jurídico Los países pueden Entre las instituciones Personal con Las herramientas de TIC sobre promoción de promover y permitir comunes que pueden conocimiento de pueden utilizarse para Promoción de la CER puede abarcar las prácticas de la CER participar en la los instrumentos publicar leyes, regula- la conducta acuerdos internacionales, regulando, facilitando y formulación, la supervisión internacionales a los que ciones y medidas vigentes instrumentos que promoviendo los principios del cumplimiento y la el país se ha adherido relacionadas con la CER, empresarial establezcan principios, y políticas de la CER, y aplicación de la CER o que ha ratificado así como instrumentos in- responsable estándares o directrices cooperando para tales se encuentran las en relación con la ternacionales a los que el que incentiven y faciliten efectos. autoridades legislativas y CER, y capacidad de país se ha adherido o que la adopción voluntaria de ejecutivas, y los OPI. implementación de ha ratificado en relación dicha conducta por parte marcos jurídicos en con la CER, de modo que de las empresas, entre las áreas que abarcan las empresas puedan an- otros. los principios, las ticipar el comportamiento normas y las directrices esperado en un país. internacionales sobre la CER. 37 a) Marco jurídico y d) Recursos humanos y Medida b) Procedimientos c) Marco institucional e) TIC normativo capacitación 16 La adhesión a los El proceso de adopción Establecer instituciones Algunas necesidades Las iniciativas de gobierno acuerdos y normas de medidas para hacer fuertes con estructuras comunes de electrónico y el uso de her- Lucha contra internacionales sobre frente a la corrupción de gobierno sólidas fortalecimiento de las ramientas de TIC pueden la corrupción corrupción es un y el lavado de dinero ayuda a prevenir, capacidades pueden aumentar la transpar- proceso continuo, y los debe llevarse a cabo de detectar y combatir incluir capacitación para encia y la rendición de países deben trabajar manera no discriminatoria. la corrupción. Dichas llevar a cabo campañas cuentas, y reducir las constantemente Los procedimientos instituciones pueden de concientización oportunidades de corrup- para fortalecer sus involucrados en la adoptar la forma de pública y programas ción. Algunos ejemplos se marcos de combate adopción e implementación organismos anticorrupción educativos que refieren a: plataformas contra la corrupción, de tales medidas no deben independientes, promuevan la ética, digitales en línea para la en consonancia con la presentar conflictos de organismos encargados la integridad y los prestación de servicios; evolución de las normas intereses. de hacer cumplir la ley valores de la lucha sistemas electrónicos y mejores prácticas (departamento de lucha contra la corrupción, para la presentación de mundiales. contra la corrupción), así como capacitación declaraciones de impues- organismos de auditoría, para hacer cumplir las tos y pagos; sistemas de entes reguladores leyes y las regulaciones adquisiciones electrónicas; financieros u órganos anticorrupción. portales de datos de libre judiciales. acceso y transparencia financiera; plataformas digitales de denuncias, y líneas directas de lucha contra la corrupción. 38 Apoyo del GBM a la implementación de reformas del clima para la inversión El GBM tiene amplia experiencia en brindar apoyo a los países en la implementación de medidas orientadas a facilitar la inversión y reformas más amplias vinculadas al clima para la inversión (gráfico 2). Se ofrecen servicios de asistencia técnica y fortalecimiento de la capacidad para aplicar las medidas de facilitación de las inversiones que se tratan en este Manual. Esto incluye información sobre las diferentes medidas de facilitación de las inver- siones y los enfoques basados en las mejores prácticas para implementarlas, cómo organizar los diagnósticos de múltiples partes interesadas y los procesos de reforma, cómo elaborar planes de acción y de implementación de reformas y cómo institucionalizarlas. El GBM también presta apoyo a los países en desarrollo y a los PMD du- rante el proceso de notificación de sus compromisos ante la OMC, incluida la realización de ejercicios orientados a evaluar las necesidades. También se proporciona apoyo que va más allá de las medidas establecidas en el Acuerdo FID y que abarca a todo el ciclo de la inversión. La implementación del Acuerdo FID y la promoción de una agenda más amplia para facilitar la inversión pri- vada requerirán una mayor colaboración y coordinación entre las organizaciones internacionales. El GBM busca construir y fomentar asociaciones para mejorar la crea- ción de normas internacionales dirigidas a respaldar la in- versión privada. Entre estas iniciativas figuran el proceso del Acuerdo FID en la OMC, el Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial (DCED, por sus siglas en inglés) y la Alianza Mundial de la Inversión para el Desarrollo (WIDA, por sus siglas en inglés). Los dos últimos son mecanismos de colaboración que reúnen al Banco Mundial, la OCDE, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), el ITC y 39 varios actores bilaterales. También se establecen relaciones de colaboración bila- terales con otras organizaciones internacionales, entre ellas, la OCDE a través de su Iniciativa de Cualidades para la Inversión Extranjera Directa, la UNCTAD con su informe anual sobre las inversiones en el mundo e iniciativas conexas, la Aso- ciación Mundial de Organismos de Promoción de Inversiones (AMOPI) mediante el intercambio de buenas prácticas, y la competencia conjunta sobre servicios de promoción de los OPI. Gráfico 2. Medidas de reforma del clima para la inversión a través de todo el ciclo de inversión Internacionalización, vínculos y efectos indirectos Bases de datos de proveedores Visión y Programas de desarrollo de estrategia proveedores de inversión Programas integrales de Interna- vinculación cionalización, Transparencia y eficacia de las vínculos y Atracción y medidas de facilitación para la efectos indi- estímulo salida de IED rectos Políticas que fortalecen la Visión y estrategia capacidad de absorción a nivel CICLO DE LA de las empresas y de la economía INVERSIÓN Desarrollo del sector privado y (estimulación de la productividad estrategia para atraer IED y el crecimiento de las empresas nacionales, promoción de las Retención y PyMES, desarrollo de capital Entrada expansión Atracción y estímulo humano, inversión en investigación y desarrollo, etc.) Creación de un OPI y prestación de Operaciones servicios Retención y expansión Promoción focalizada de las inversiones Programas de asistencia posterior Inventarios de incentivos integrales (aftercare) Mecanismos de atención de quejas y Mejora de la administración de incentivos reclamos de los inversionistas Entorno contractual adecuado Entrada Operaciones Procedimientos previsibles y eficientes de entrada y establecimiento de empresas (registro de empresas y de impuestos; aprobación/ Transparencia de las medidas relativas a la inversión registro de la IED) Puntos focales Acceso a terrenos y derechos de propiedad claros Consultas al sector privado y seguimiento Regímenes transparentes de entrada de IED (por ejemplo, sobre Promoción de normas de conducta empresarial responsable restricciones a la IED) Portales únicos de información y prestación integral de servicios Obligaciones de los inversionistas para promover una conducta empresarial responsable Uso eficaz de las TIC en los procedimientos de entrada y establecimiento Garantías de protección de las inversiones Barreras de entrada nulas/escasas para la entrada Acceso a la solución de controversias entre y el establecimiento inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) Mejor acceso a los mercados Fuente: Elaboración de los autores. Unidad de Clima para la Inversión, GBM. Note: Las medidas resaltadas en azul son medidas relativas al clima para la inversión que van más allá de la facilitación de las inversiones. 40